Trump cancela TPS a hondureños y nicaragüenses
Una decisión reciente de la administración de Donald Trump dejará a miles de hondureños y nicaragüenses vulnerables a la deportación desde Estados Unidos. El gobierno ha anunciado el término del Estatus de Protección Temporal (TPS) para estas comunidades, una medida que los amparó por más de 25 años. La ONG Alianza TPS estima que casi 45.000 personas se verán afectadas. Para muchos, la noticia ha caído como un “balde de agua fría”.
A partir del 6 de septiembre, nicaragüenses y hondureños se unirán a ciudadanos de otras cinco naciones cuyo TPS ya fue cancelado por decisiones previas. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
Orígenes y Alcance del Estatus de Protección Temporal
El TPS, una medida de carácter humanitario, busca resguardar de la deportación a individuos que no pueden retornar a sus países de origen de forma segura. Para Honduras y Nicaragua, esta designación data de 1999. El entonces presidente Bill Clinton la aprobó. La razón principal fue la devastación causada por el huracán Mitch un año antes, un desastre que cobró unas 10.000 vidas.
Desde su implementación, el estatus había sido renovado por todas las administraciones subsiguientes. La última extensión fue en 2023, cuando el presidente Joe Biden argumentó que los efectos del huracán Mitch, junto con tormentas posteriores, la inestabilidad política y los problemas económicos, aún persistían. Gracias al TPS, sus beneficiarios pudieron vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, sin ser considerados indocumentados y, por ende, protegidos de ser deportados. Es importante señalar que, según Alianza TPS, alrededor de 32.000 hondureños lograron regularizar su situación migratoria y obtener la “tarjeta verde”, por lo que la actual decisión no les afectará.
Argumentos de la Administración Trump
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la terminación de estos programas. Subrayó que el TPS fue concebido para ser una medida temporal. Argumentó que las condiciones en Honduras y Nicaragua han mejorado significativamente en comparación con 1999, cuando se otorgó la protección.
En el caso de Honduras, el comunicado señala que el país “ha logrado un progreso significativo al recuperarse de la destrucción del huracán y ahora es un popular destino turístico y de inversión inmobiliaria”. Para Nicaragua, la justificación de Noem indica que ha hecho “un progreso significativo” para superar los estragos del huracán y es “un líder en crecimiento en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable”.
Reacciones Diversas y Críticas a la Decisión
La decisión ha generado un rechazo explícito por parte del gobierno hondureño. La cancillería emitió un comunicado lamentando la medida. Destacó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ya había solicitado oficialmente una nueva extensión a la administración de Donald Trump. El Ministerio de Exteriores de Honduras también ofreció apoyo a los “tepesianos” afectados.
Por parte de Nicaragua, no ha habido un pronunciamiento oficial del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta ausencia contrasta con la política del régimen, que ha despojado de nacionalidad y ha exiliado a cientos de opositores, impidiendo su regreso y negándoles pasaportes.
Defensores de estas comunidades han expresado su sorpresa y decepción. Rebaten la afirmación de que la situación en Honduras y Nicaragua es mejor que en 1999. Un comunicado de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA) subraya que “además de múltiples desastres naturales, Honduras y Nicaragua han enfrentado durante décadas la impunidad estructural, la violencia, la pobreza y la falta de acceso a los servicios públicos básicos”.
El viceministro de Exteriores hondureño, Antonio García, sugirió que la verdadera motivación detrás de la decisión es un sentimiento antiinmigrante por parte de la administración Trump, más allá de cualquier supuesta recuperación. José Palma, de la Alianza Nacional del TPS, lamentó el impacto en comunidades que han contribuido a EE. UU. por casi tres décadas. “Han establecido familias. Inversiones. Es una comunidad que ha demostrado todos sus aportes a este país. Es cruel lo que está pasando”, afirmó Palma. Murad Awawdeh, de la Coalición de Inmigración de Nueva York, coincidió, acusando a Trump de “quitarles el estatus legal a cientos de miles de personas que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante mucho tiempo, arruinando vidas, separando familias y desestabilizando comunidades”.
Perspectivas Legales y Precedentes
Esta no es la primera vez que Trump intenta poner fin al TPS para estas naciones. Durante su primer mandato, un intento similar fue frustrado por tribunales federales, que lo consideraron “ilegal”.
No obstante, en esta nueva gestión, Trump ya ha cancelado el TPS de otras cinco nacionalidades: venezolanos, haitianos, afganos, nepalíes y cameruneses. Un precedente importante es la “luz verde” que la Suprema Corte dio en el caso venezolano. Revirtió una decisión de un tribunal de California, lo que permitió a Trump terminar el TPS y el parole humanitario para venezolanos, y continuar con deportaciones.
Recientemente, el 25 de junio, Estados Unidos y Honduras firmaron un convenio migratorio. Esto ocurrió durante una visita de la secretaria Noem a Tegucigalpa. El encuentro había generado optimismo sobre una posible extensión del TPS.
Se espera que las comunidades afectadas presenten recursos legales para intentar revertir la cancelación. Sin embargo, el éxito de estos esfuerzos es incierto. Las recientes decisiones de la Suprema Corte sugieren un panorama legal complejo para quienes buscan mantener esta protección.
