Campaña del TSE contra supuesta injerencia política del Gobierno.
TSE lanza campaña audiovisual para recordar la prohibición de injerencia gubernamental
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica ha iniciado una nueva campaña audiovisual centrada según en un principio fundamental de la democracia del país: la prohibición de la beligerancia política para funcionarios gubernamentales. La iniciativa busca educar a la población sobre las reglas que rigen la participación de los servidores públicos en el proceso electoral.
La campaña subraya que esta prohibición no es nueva. Ha existido en Costa Rica desde 1927, una normativa que en solo dos años cumplirá un siglo. El TSE explica que el propósito de esta ley es simple: quienes están en el gobierno deben dedicarse a su labor de gobernar y mantenerse al margen de las campañas, garantizando que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes con plena libertad.
El Código Electoral es la base de la equidad
Según las reglas del sistema electoral costarricense, los funcionarios en el poder tienen prohibido utilizar los recursos públicos, o incluso la visibilidad de sus cargos, para apoyar o ir en contra de cualquier grupo político en una elección. La competencia debe limitarse únicamente a los partidos y candidatos que están en la contienda.
El Código Electoral es claro al respecto. Su artículo 146 establece que los funcionarios de más alto rango del Estado únicamente pueden ejercer su derecho al voto el día de las elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones ha demostrado su compromiso con esta norma al tramitar 446 denuncias por beligerancia contra funcionarios de siete gobiernos distintos desde el año 2001.
Un compromiso institucional por la democracia
El TSE afirmó en su campaña que continuará investigando y sancionando estas acciones. La institución asegura que es su responsabilidad hacer cumplir lo que dictan tanto la Constitución como la ley, garantizando así un proceso electoral justo e imparcial.
La campaña de la TSE campaña audiovisual destaca el papel del Tribunal como garante de la equidad democrática y subraya la importancia de la vigilancia ciudadana para mantener la integridad del sistema.
