$70 millones fondos públicos : el conflicto entre Sugeval y el BCR.
Una disputa judicial sin precedentes pone en el centro de la atención al Banco de Costa Rica (BCR) y a la Superintendencia General de Valores (Sugeval). El escándalo en el BCR, que involucra una pérdida millonaria de fondos públicos, ha escalado a los tribunales después de que las autoridades reguladoras exigieran una compensación de 70 millones de dólares para inversionistas.
La génesis del problema se remonta a 2020, bajo la administración de Carlos Alvarado Quesada, cuando el BCR y su subsidiaria, BCR SAFI, realizaron la compra de una propiedad industrial conocida como Parque Empresarial del Pacífico (PEP). Lo que se vendió como un negocio de alto rendimiento, resultó ser una inversión con fuertes cuestionamientos. Años después, la propiedad, por la que se pagó un valor de $70 millones, ha sido tasada en apenas $34,7 millones, revelando una significativa pérdida de valor.
La exigencia de protección para miles de inversionistas
Ante la evidente afectación al fondo de inversión, la Sugeval intervino para proteger a los inversionistas. El superintendente general de Valores, Tomás Soley, ordenó al BCR compensar la pérdida con fondos propios. La decisión busca resguardar el dinero de miles de costarricenses, ya que el fideicomiso no solo incluye a individuos, sino que los fondos de pensiones tienen una participación superior al 30%.
Sin embargo, el BCR ha rechazado la orden de la Sugeval, dando inicio a una compleja batalla legal. Tras apelar, sin éxito, ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el banco optó por llevar el caso al Tribunal Contencioso Administrativo. Este movimiento, según Soley, prolongará el proceso para los afectados.
Un futuro financiero incierto
La Junta Directiva del BCR ha argumentado que es la orden de la Sugeval la que pone en riesgo los fondos públicos, al obligar al banco a transferir su capital. Esta postura es rechazada por la Sugeval, que insiste en que el riesgo fue creado por la decisión inicial del BCR.
Mientras la disputa legal avanza, los inversionistas afectados han exigido transparencia al BCR para conocer el plan de acción y el futuro de sus fondos. Por ahora, el desenlace del conflicto sigue siendo incierto, dejando en vilo a quienes confiaron su patrimonio en la entidad bancaria.
