Canara frena subasta de SUTEL por orden judicial.

Una orden emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Apelaciones ha paralizado el concurso público para la reasignación del espectro radioeléctrico, anunciado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) el pasado 25 de septiembre. La medida, obtenida por la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara) y emisoras asociadas, pone un freno inmediato a cualquier modificación en la asignación y explotación de frecuencias.

La intervención judicial garantiza la continuidad de las transmisiones de las radioemisoras mientras se resuelven las demandas de fondo que existen contra el Estado por la materia de radiodifusión. La acción del tribunal ocurrió en los mismos días en que SUTEL daba luz verde al proceso en el Diario Oficial La Gaceta, lo que genera un conflicto procesal de horas.

La Justicia exige incluir a SUTEL y ARESEP

El Tribunal de Apelaciones no solo concedió la medida cautelar radioemisoras, sino que también ordenó un ajuste procesal clave. El voto 379-2025 exige la integración inmediata de la SUTEL y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) al litigio.

Según los argumentos legales, ambas entidades son consideradas “litis consortes pasivos necesarios”. La inclusión de estos entes reguladores es esencial para la validez de las órdenes judiciales sobre el concurso, dado que la SUTEL es el promotor del proceso y no era parte original de la demanda.

El abogado y exdiputado Federico Malavassi indicó que este paso es fundamental para blindar la orden judicial y evitar la nulidad de cualquier fallo sobre el concurso de frecuencias de SUTEL.

La disputa de fondo: La prórroga de 20 años

El litigio ante el Tribunal Contencioso Administrativo gira en torno al vencimiento de las concesiones de radio y televisión en 2024. Las emisoras reclaman un derecho contractual a una prórroga de concesiones radio por un período de 20 años más sin necesidad de subasta, algo que el Poder Ejecutivo se ha negado a conceder.

Esta negativa ha sido objeto de fuertes críticas por parte de los radiodifusores. El letrado Malavassi afirmó que la decisión del Ejecutivo de no prorrogar se tomó “sin ningún derecho y sin ningún debido proceso, sin indemnización”, señalando un presunto “pleito con la libertad de expresión”.

Debido a que la Administración no logró reasignar el espectro tras el vencimiento de 2024, fue el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) quien previamente se vio obligado a dictar la más reciente prórroga para garantizar la cobertura mediática durante el inminente proceso electoral de 2026.