Minería: Nicaragua concede 85.000 hectáreas a firmas chinas.
El régimen de Nicaragua concedió este martes más de 85.000 hectáreas para la explotación de minerales a tres empresas de capital chino. Las resoluciones fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta.
Una porción de estas concesiones incluye áreas limítrofes, afectando la frontera con Costa Rica y también zonas adyacentes a Honduras. En los últimos años, el gobierno nicaragüense ha incrementado la entrega de licencias mineras a firmas procedentes del gigante asiático.
Concesiones en Río San Juan y zonas fronterizas
El Ministerio de Energía y Minas entregó las concesiones por un período de 25 años para el “aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos”.
La concesión más extensa se otorgó a la empresa Zhong Fu Development S. A., que recibió 49.997,5 hectáreas. Esta zona se localiza en el departamento sureño de Río San Juan, directamente fronterizo con Costa Rica.
Las otras concesiones de Nicaragua minería China fueron:
- Three Gold Coins Company S. A.: Recibió 23.223,53 hectáreas en el norte del país, abarcando una zona entre Nueva Segovia y Madriz. Esta área colinda con Honduras.
- Norther Mining Company S.A.: La compañía, representada por el empresario chino Bao Jiang, obtuvo dos concesiones separadas. La primera por 3.115,5 hectáreas en Chinandega (noroeste) y la segunda por 8.720 hectáreas en Jinotega (norte), ambas limítrofes con Honduras.
Denuncias por impacto ambiental y político
La entrega masiva de licencias ocurre bajo la administración de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes mantienen una alianza con el mandatario chino Xi Jinping. El gobierno nicaragüense restableció relaciones diplomáticas con China en 2021, rompiendo sus lazos con Taiwán.
Medios de prensa nicaragüenses exiliados indican que estas firmas chinas explotan principalmente oro en el país.
Organizaciones ecologistas, como la ONG Fundación del Río (también exiliada), han denunciado el proceso de concesiones. La ONG afirma que los permisos se entregan en áreas protegidas sin realizar la consulta previa a los pueblos indígenas que habitan dichas zonas.
