“Teatro Lawfare: Anatomía de la persecución contra el Presidente”.

El lawfare no es una consigna, es un método. Consiste en torcer la legalidad para producir un
resultado político con apariencia de neutralidad técnica. Se ejecuta con togas, dictámenes y
solemnidades, pero su objetivo es simple, desgastar al adversario, vaciarle la agenda y, si es
posible, inhabilitarlo. Costa Rica ofrece hoy un caso de estudio. No estamos ante investigaciones
ordinarias, estamos ante lawfare cuando distintos aparatos se activan en secuencia y con
precisión de relojería, en momentos de alta sensibilidad electoral, para rodear al Ejecutivo desde
la Fiscalía, la Corte, la Asamblea, la Contraloría y, ahora, el Tribunal Supremo de Elecciones.
El libreto se consolidó con la acusación por presunto financiamiento electoral ilícito de la
campaña 2022. Investigar siempre es legítimo, lo cuestionable es el timing y la elasticidad de los
cargos, filtrados en clave de espectáculo para maximizar el daño reputacional antes de cualquier
juicio. Ese episodio, difundido en junio, involucró al Presidente y a colaboradores de alto rango,
y fue amplificado como veredicto moral antes de que existiera una sentencia judicial. Eso es
lawfare.
La escena siguiente subió de tono cuando la Corte Suprema pidió a la Asamblea levantar el fuero
presidencial, en un hecho sin precedentes, con el caso vinculado al BCIE. El gesto era más
político que jurídico, porque terminó en el Congreso sin alcanzar los 38 votos. El resultado
formal fue un “no”, el resultado práctico fue horas de erosión simbólica y una presidencia
gobernando entre solicitudes y titulares. Eso también es lawfare, la sanción por desgaste aun
cuando el trámite fracasa.
El acto más reciente expone la naturaleza del fenómeno, el Tribunal Supremo de Elecciones
solicita a la Asamblea retirar la inmunidad del Presidente por supuesta beligerancia política,
agrupando quince de veinticuatro denuncias. La figura es notoriamente lábil, permite perseguir
conductas discursivas y administrativas en plena contienda, y abre la puerta a sanciones como
inhabilitación o incluso destitución. Cuando el árbitro electoral abandona la mesura y toma el
centro del escenario, el juego deja de parecer juego. Eso, en ciencia política, es manual de
lawfare.
Los defensores de esta secuencia repetirán el mantra del “imperio de la ley”. La teoría
institucional exige, sin embargo, distinguir entre control legítimo y lawfare. Hay lawfare cuando
se acumulan frentes procesales en cascada, cuando la acusación ocupa el lugar del veredicto en la
conversación pública, cuando la inmunidad se trata como capricho personal y no como garantía
funcional para que un presidente gobierne sin ser destrabado por la coyuntura, cuando los pedidos de desafuero se vuelven periódicos, cuando el árbitro electoral opera como actor político
y no como custodio de reglas. Eso es exactamente lo que estamos observando.
Conviene recordar algo elemental. Investigar no es condenar y el fuero no es impunidad, es un
valladar constitucional contra el acoso táctico. El lawfare prospera cuando confundimos estos
planos y aplaudimos la “fortaleza” de las instituciones porque emiten más oficios y más
comunicados. La fortaleza del Estado de derecho no se mide por el volumen del ruido, se mide
por el rigor probatorio, la proporcionalidad y el respeto a la función democrática del Ejecutivo.
Cuando esos criterios ceden ante la conveniencia del momento, lo que queda no es justicia, es
dramaturgia con ropajes legales.
No se trata de canonizar a nadie. Se trata de preservar una línea roja civilizatoria, que el derecho
no sea arma de proscripción contra proyectos electos por mayorías. Si la política se decide en
expedientes y no en urnas, la república cambia de manos, del ciudadano al aparato. El episodio
del TSE, sumado a la ofensiva previa de Fiscalía, Corte y Asamblea, confirma un patrón que
todo demócrata debería reconocer por su nombre, lawfare. Y el lawfare no se derrota con
silencio culpable ni con devoción a las formas mientras se normaliza el fondo. Se derrota
defendiendo el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de funcionalidad del
fuero, y exigiendo a cada órgano de control que recuerde su papel, custodiar reglas, no coronar
reemplazos.
Que cada quien elija su bando. Yo elijo la república de las urnas y de los hechos, no la de las
inquisiciones con membrete. Si al final del día habrá veredicto, que sea por la obra de gobierno.
Lo demás es lawfare con incienso.

Nota del editor:
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