Inmunidad Rodrigo Chaves TSE: Diputado objeta base legal.
El diputado oficialista Daniel Vargas hizo público un pronunciamiento en el que cuestiona la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a la Asamblea Legislativa para el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. Vargas alegó que el TSE excede sus facultades constitucionales al intentar remover el fuero por una causa que no constituye un delito.
El pronunciamiento se centra en la jerarquía de las normas en el ordenamiento jurídico costarricense, señalando que la Constitución Política prevalece sobre las leyes y reglamentos. Vargas solicitó a los magistrados del TSE “recapacitar” para evitar un precedente que considera riesgoso para la democracia.
La Constitución: “Formación de Causa Penal, ninguna otra”
El diputado subrayó que el mecanismo para levantar el fuero presidencial está limitado por el texto constitucional.
- Artículo 151 (Inmunidad Presidencial): El diputado citó la norma que indica que el presidente solo podrá ser perseguido o juzgado después de que la Asamblea Legislativa haya declarado “haber lugar a formación de causa penal, ninguna otra”.
- Artículo 121 (Asamblea Legislativa): Mencionó los incisos 9 y 10 que establecen el mecanismo para la remoción de fuero a miembros de los supremos poderes únicamente en el marco de delitos comunes.
Vargas afirmó categóricamente que la beligerancia política “no está tipificada como delito en nuestro ordenamiento jurídico” y, por lo tanto, no cumple con el requisito constitucional para iniciar el proceso de desafuero.
Límite al TSE: Solo potestad de “informar”
El pronunciamiento plantea un conflicto directo entre la potestad que el TSE se arroga mediante el Código Electoral y lo que establece la Constitución.
El diputado hizo referencia al inciso 5) del artículo 102 de la Constitución, que circunscribe la potestad del TSE exclusivamente a la posibilidad de presentar un informe a la Asamblea Legislativa ante denuncias de beligerancia presentadas por partidos políticos.
Vargas denunció que el uso de este “ilícito, no delito” podría usarse para “finalmente y sin fundamento, y muy probablemente, destituir al Señor Presidente”.
Finalmente, el diputado advirtió que abrir esta “puerta” sentaría un precedente peligroso para que futuros magistrados puedan “quitarse de enmedio miembros de los supremos poderes que les incomoden”.
