El TSE cambia su toga por un megáfono.

La alocución de la Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones dirigida al Presidente fue celebrada como firmeza. En realidad, fue una pésima jugada institucional porque el árbitro dejó de arbitrar y se colocó en el centro del ring.

En democracia, el poder del árbitro no proviene de “ganar debates”, sino de rechazar toda tentación protagónica y hablar con los actos que la ley le manda. La señora magistrada despliega un andamiaje emotivo que convierte la crítica política en “amenaza a la paz”. Esa equivalencia es desproporcionada e inaceptable. La crítica presidencial, incluso áspera, forma parte del ruido inevitable de toda competencia democrática. Convertirla en predicción de “violencia” rebaja el debate público. No somos una república de cristal. Somos una democracia robusta donde las instituciones resisten el cuestionamiento sin dramatizar cada desacuerdo como amenaza existencial.

El núcleo lógico del discurso es frágil. Se intenta probar imparcialidad listando deberes legales básicos. Es como si un árbitro de fútbol afirmara su imparcialidad porque cronometró correctamente los noventa minutos. Cumplir el reglamento no es prueba de ecuanimidad en decisiones discrecionales. Más preocupante es la tutela discursiva. Cuando se afirma que “el foco no debe estar en el Presidente, sino en las candidaturas”, se pretende gestionar la agenda pública. ¡Qué osadía! Como si el TSE tuviera potestad para decidir qué merece la atención ciudadana.

El TSE administra procesos, interpreta normativa, resuelve impugnaciones. No decide “de qué se habla” en el espacio público. Un juez electoral que dicta el tema del día deja de ser árbitro y se aproxima a un editor moral de la República. La interpelación directa al Presidente, imputándole “faltar a la verdad” y asociándolo a un riesgo para la estabilidad, cruza otra línea peligrosamente.

La autoridad electoral puede desmentir hechos con lenguaje despersonalizado y técnico. Lo que no puede hacer es adjetivar moralmente al primer mandatario electo. Ese tránsito de lo técnico a lo valorativo es el umbral de la beligerancia. Levitsky y Ziblatt han mostrado que la estabilidad democrática descansa en la autor restricción de actores con poder, incluida la capacidad de resistir provocaciones sin sobre reaccionar.

El arbitraje electoral se legitima por su distancia, no por su intensidad retórica. Como enseñó Linz, las democracias sobreviven menos por las reglas escritas que por los hábitos que impiden que las reglas se usen como armas. La apelación al “sagrado” de las urnas no convierte al TSE en seminario.

Si el voto es sagrado, el primer deber del custodio es la sobriedad, no el sermón. Como lo colocó O’Donnell, los órganos de control no se auto eximen del escrutinio ciudadano ni son depositarios de una superioridad moral. Invocar a los “1.400 funcionarios probos” como blindaje ético es el argumento más endeble. Apelar al número de personas para probar rectitud es como argumentar que un ejército es virtuoso porque cuenta con muchos soldados.

La probidad se mide en actos, no en nóminas. Seguramente se dirá que el TSE “debía defenderse”. ¡No de ese modo! Existían rutas sobrias: un comunicado técnico con datos verificables, una conferencia de prensa con documentos, o el silencio institucional que es disciplina republicana en tiempos encendidos. También se dirá que “alguien tenía que poner límites”. En democracia, los límites se ponen con resoluciones, no con reprensiones. Un discurso puede ganar aplausos inmediatos. Una resolución bien fundada gana legitimidad durable. Y la legitimidad es el único capital que un árbitro no debe dilapidar. El efecto de la alocución es adverso. A partir de ahora, cada decisión del TSE será leída en clave política porque el propio Tribunal decidió entrar en la cancha.

Quien abraza el escenario ya no puede reclamar invisibilidad. Y la invisibilidad estratégica es disciplina institucional, el único blindaje que protege a los árbitros en democracias maduras. No escribo esto para absolver al Presidente de sus excesos retóricos. La prudencia es una forma de inteligencia y la investidura presidencial también exige mesura. Pero dos errores no se corrigen mutuamente. Que el Presidente se exceda no autoriza jamás al TSE a abandonar su rol arbitral. Lo reafirmo porque el árbitro no puede ser parte. Si el órgano electoral adopta el tono del adversario al que pretende corregir, el país pierde el único referente capaz de enfriar los conflictos.

Y cuando todos se calientan al mismo tiempo, la democracia se vuelve exactamente eso que el discurso dice temer, un lugar donde la paz se usa como reproche y no como método. La salida es sencilla y exigente, ya sea volver al carril técnico, hablar con resoluciones, corregir con datos, cuidar el lenguaje y evitar la tentación del púlpito. El día que el TSE entienda que su autoridad no se defiende con discursos grandilocuentes sino con resoluciones impecables, habrá recuperado en silencio lo que un aplauso fácil jamás le devolverá. Mientras tanto, Costa Rica observa con preocupación cómo uno de sus árbitros más respetados cambió su toga por un megáfono. Y ese trueque, créanme, la historia no lo celebrará. El autor es politólogo, académico universitario y ex Director de Desarrollo Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

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