El vínculo sistémico: La inacción Legislativa en Eurobonos y la crisis del crédito informal “Gota a Gota”.
La decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de no aprobar la emisión de $1.000 millones en eurobonos, una medida enfocada en la gestión óptima de la deuda pública, ha desatado una cadena de consecuencias que se extienden desde el costo del financiamiento nacional hasta la vulnerabilidad social. El análisis de esta coyuntura revela una conexión directa entre las decisiones macroeconómicas del Congreso y la crisis del crédito informal conocido como “Gota a Gota”, que afecta a los sectores más frágiles de la población.
1. El Factor ‘Crowding Out’: Encarecimiento del Crédito Formal
La consecuencia financiera inmediata del rechazo a los eurobonos es la obligación del Gobierno de sustituir ese financiamiento internacional con deuda interna. Esta inyección de demanda de capital en el mercado costarricense, comparativamente pequeño, provoca el efecto conocido como Crowding Out (desplazamiento).
Presión sobre las Tasas: La Contraloría General de la República ha advertido que esta sustitución incrementa la presión al alza sobre las tasas de interés, ya que los inversionistas locales exigen un rendimiento más alto.
Impacto Ciudadano: El resultado directo es un encarecimiento generalizado del crédito de consumo, vivienda y para pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Este aumento de costos actúa como un filtro restrictivo, limitando el acceso al sistema financiero regulado, especialmente para solicitantes con menor capacidad de pago.
2. El Doble Golpe: Restricción por Costo y por Riesgo
La restricción generada por el Crowding Out se combina con una vulnerabilidad estructural en el marco regulatorio del crédito local, cerrando la puerta del sistema formal a los segmentos más necesitados.
El analista financiero Daniel Sucharzomer expone la restricción por riesgo que enfrenta el sistema bancario:
“Es importante recordar que desde que se promulgó la ley de tasas de usura… lamentablemente se les olvidó colocar ese apartado para agilizar el tema de los cobros judiciales. Entonces, ¿qué hace que los bancos y el sistema financiero tengan que limitar el crédito a muchísimas personas que siguen necesitando el consumo, pero que lamentablemente por tener un historial crediticio mucho más comprometido, no se les puede dar el crédito.”
Las entidades restringen la oferta por alto riesgo debido a la ineficacia en los mecanismos de cobro judicial (tal como señala Sucharzomer).
Mecanismo de Exclusión: Las personas que requieren liquidez urgente son expulsadas del circuito formal por un doble factor:
El crédito se vuelve inalcanzable por costo (exacerbado por el Crowding Out y el rechazo a los eurobonos).
3. La Fuga a la Informalidad y el Impacto Social
La restricción de la banca formal se traduce directamente en la crisis del “Gota a Gota”. El estudio de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) para 2025 confirma que entre 50.000 y 66.000 personas mantienen activamente este crédito informal.
La OCF subraya que el crédito informal impacta mayoritariamente a hogares donde “el dinero no les alcanza”. Este segmento, al ser rechazado o no poder costear la banca regulada, es capturado por redes de préstamos ilegales.
El analista Daniel Sucharzomer concluye sobre la gravedad del efecto:
“La persona… tiene que irse sí o sí a buscar estos gota a gota… [Es] lamentable que en algún momento se les avisó a todos los promulgadores de la ley de tasas de usura, pero queriendo hacer algo bueno se les olvidó algo tan fundamental como el cobro… la vida de las personas es la que termina siendo hipotecada en los gota a gota.”
El “Gota a Gota” no solo implica un costo financiero exorbitante, sino que se convierte en un problema de seguridad y estabilidad social, al utilizar métodos de cobro basados en la coerción, vinculados a estructuras criminales.
La inacción de la Asamblea Legislativa respecto a la gestión óptima de la deuda pública no es solo un error fiscal, sino un factor que exacerba la exclusión financiera al encarecer y restringir el crédito formal. Esta restricción actúa como un canal de transmisión que empuja a los ciudadanos más vulnerables a la inseguridad del mercado informal. La factura por este conflicto político se traduce directamente en un aumento del costo de vida y una merma en la seguridad de los hogares.
