La modernización aeroportuaria entra en la agenda electoral,
Costa Rica podría entrar en una nueva era de conectividad aérea.
La candidata presidencial Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, presentó una propuesta para modernizar el sistema aeroportuario de Costa Rica. El plan busca actualizar la infraestructura, atraer inversión y garantizar seguridad jurídica a las aerolíneas que operan en el país.
Fernández considera que la Ley de Aviación Civil actual ya no responde a las exigencias del turismo ni de la logística moderna. Por eso, propone una reforma integral que fortalezca la gobernanza del sector y agilice los trámites en los principales aeropuertos.
Uno de los ejes del plan es la expansión del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Su equipo realizará estudios de demanda para planificar su crecimiento durante las próximas dos décadas.
En Liberia, el proyecto incluye habilitar una terminal de carga aérea 24/7, con el fin de reducir los tiempos de envío y abrir rutas hacia Asia y Europa.
En Limón, la propuesta contempla obras de protección costera y la reubicación de la pista para evitar daños por marejadas. Así se garantizaría mayor seguridad operacional.
Para la Zona Sur, Fernández impulsa la creación de un aeropuerto internacional sostenible en Osa, que respete los hallazgos arqueológicos y promueva el desarrollo regional.
La estrategia también busca modernizar los aeródromos locales, fundamentales para el turismo interno, el transporte comercial ligero y las emergencias médicas. Según su equipo técnico, esta red aérea fortalecería la conexión entre comunidades rurales y polos económicos, generando empleo directo e indirecto.
Durante una reunión con la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Fernández y su fórmula presidencial, Francisco Gamboa y Douglas Soto, discutieron mecanismos para mejorar la coordinación con las compañías que representan cerca del 90 % de los vuelos internacionales.
Los representantes empresariales valoraron positivamente la apertura del diálogo y destacaron la importancia de garantizar seguridad jurídica y eficiencia operativa.
