Carlos Alvarado reaparece tras dejar el país incendiado.

Este 8 de enero de 2026, Carlos Alvarado publicó un video para “regañar” al presidente Rodrigo Chaves y, de paso, pedir perdón por haberlo nombrado ministro de Hacienda. El gesto no es nuevo. Es el viejo truco del político en retirada: cuando el balance de su gobierno lo persigue, intenta reescribirlo con un monólogo moralizante y un par de frases bien ensayadas para redes.

Pero la política no es un escenario para confesiones terapéuticas. Es un registro público de decisiones y resultados. Y en ese registro, Carlos Alvarado no aparece como árbitro moral de nada. Aparece como un expresidente que terminó su mandato con una percepción ciudadana adversa y con un país cansado de un estilo de gobierno que confundió “gestión” con “control” y “comunicación” con “realidad”.

Empecemos por lo elemental: la autoridad para pontificar no se declara, se gana. En marzo de 2022, mediciones del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR) reportaron que la administración Alvarado se acercaba al cierre con una mayoría de opiniones negativas. En paralelo, una encuesta del IDESPO (UNA) consignó una valoración promedio de 5,03, una nota “media-baja” para un gobierno que pretendía presentarse como moderno, técnico y superior. Eso no es un detalle cosmético. Es el veredicto social de un cuatrienio.

Ahora miremos el país real que ese cuatrienio dejó. En materia social, la pobreza por ingresos saltó a 26,2% en 2020 (un año crítico, sí, pero también un año de decisiones). En 2021 bajó a 23,0%, todavía con casi uno de cada cuatro hogares en pobreza. En empleo, el INEC reportó una tasa de desempleo nacional de 19,1% a inicios de 2021. La pandemia golpeó, sin duda. Lo imperdonable fue la manera en que el gobierno administró la crisis: con un aparato regulatorio pesado, cambiando reglas, imponiendo controles y comunicando “éxitos” mientras el ciudadano promedio intentaba sobrevivir entre cierres, trámites, incertidumbre y un mercado laboral en ruinas.

En finanzas públicas, Alvarado quiso vestir de heroísmo lo que fue, en buena parte, un ejercicio de supervivencia política. En octubre de 2020 el país ardió en protestas y bloqueos por la propuesta inicial de negociación con el FMI. El gobierno tuvo que retirar esa propuesta y convocar a un “diálogo nacional” para apagar el incendio que él mismo había alimentado. Meses después, en marzo de 2021, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó para Costa Rica un acuerdo ampliado (SAF/EFF) por alrededor de USD 1.778 millones. Esa aprobación vino atada a la narrativa de “reformas indispensables” y a una agenda fiscal que terminó negociándose, como casi siempre en Costa Rica, con los partidos del viejo sistema: pactos, mayorías armadas a empujones y costos políticos trasladados al ciudadano.

¿Ejemplo? La Ley Marco de Empleo Público. Se aprobó en segundo debate el 7 de marzo de 2022 con 39 votos a favor y 13 en contra, y fue presentada como parte de la agenda vinculada al acuerdo con el FMI. Es legítimo debatir su contenido, a favor o en contra. Lo que no es legítimo es que Alvarado se venda como “outsider” o “renovador” cuando su gobernabilidad dependió de negociaciones con las mismas estructuras partidarias que hoy pretende señalar con condescendencia. Si el país quiere claridad, empecemos por llamar las cosas por su nombre.

En transparencia y manejo institucional, el episodio UPAD fue un parteaguas. El 28 de febrero de 2020 la Fiscalía allanó Casa Presidencial, Mideplán y viviendas por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, investigando posibles delitos vinculados con tratamiento de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. A partir de ahí, el gobierno pasó de la pose tecnocrática a la defensiva permanente. Esa es la clase de “incidente” que no se borra con un video de dos minutos y un tono de “yo sí soy decente”.

Y en pandemia, el país vivió una gobernanza más obsesionada con el decreto que con la persuasión. Hubo medidas como el uso del código QR como requisito de acceso en ciertos contextos y la vacunación obligatoria para funcionarios públicos. La Sala Constitucional, por ejemplo, rechazó una acción contra el decreto que establecía la vacunación obligatoria en el sector público (comunicado del 6 de enero de 2022). El punto no es reabrir una guerra sanitaria. El punto es recordar el estilo: un gobierno que prefería el “se ordena” antes que el “se convence”, y que confundió legitimidad con legalidad.

Así que cuando hoy Alvarado sale a decir, con cara de mármol, que “si en algo se equivocó fue en traer a Chaves al país”, lo que hace no es asumir responsabilidad. Lo que hace es un intento de traslado de culpas: convertir un nombramiento en chivo expiatorio para esquivar el balance total de su administración. El país no necesita esa gimnasia moral. Necesita honestidad intelectual, porque el deterioro que vivimos no nació ayer ni se arregla con un video oportunista.

Alvarado tiene derecho a hablar. Nadie lo ha exiliado. Pero si va a reaparecer, que sea con algo más que un sermón. Que explique, con la misma vehemencia con que hoy acusa, por qué su gobierno terminó con un respaldo tan frágil, por qué su ruta fiscal detonó protestas, por qué su administración cargó con el lastre del caso UPAD, y por qué su modelo de gobernanza se percibió como distante, reglamentarista y, en demasiados momentos, soberbio.

Porque lo verdaderamente ofensivo no es que critique a Chaves. Lo verdaderamente ofensivo es que intente hacerlo desde una superioridad moral que los datos, los hechos y la memoria pública no le conceden. Si va a salir de las sombras, que sea para rendir cuentas, no para repartir indulgencias. Y si lo que busca es “dar lecciones”, entonces que empiece por la primera: en democracia, la credibilidad no se improvisa. Se paga. Y él dejó la factura sobre la mesa.

Fuentes consultadas (selección)
 INEC (04/03/2021). “Desempleo nacional es de 19,1 %”.
 INEC (15/10/2020). “Pobreza por ingresos alcanzó un 26,2 %”.
 INEC (21/10/2021). “Incidencia de pobreza en hogares es de 23,0 %”.
 FMI (01/03/2021). Comunicado: acuerdo ampliado de 36 meses para Costa Rica por USD
1.778 millones (SAF/EFF).
 El Financiero (04/10/2020). Retiro de la propuesta inicial de negociación con el FMI y
anuncio de diálogo nacional.
 France 24 (06/10/2020). Protestas y bloqueos contra plan de financiamiento con el FMI.
 Semanario Universidad (28/02/2020). Allanamientos por caso UPAD.
 Asamblea Legislativa (Informe UPAD). Documentación de la comisión investigadora (Exp.
21818).
 Sala Constitucional (06/01/2022). Comunicado: rechazo de acción contra decreto de
vacunación obligatoria para funcionarios públicos.
 Delfino.cr (07/03/2022). Aprobación de la Ley Marco de Empleo Público en segundo debate
(39 a favor, 13 en contra).
 CIEP-UCR (22-23/03/2022). Resultados: valoración negativa alta al cierre de la
administración Alvarado.
 IDESPO-UNA (2022). Informe: valoración promedio 5,03 para el presidente Carlos
Alvarado.
 Teletica y CRHoy (08/01/2026). Cobertura del video público de Carlos Alvarado dirigido a
Rodrigo Chaves.

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