¿Qué Estado defiende la oposición?

La coalición del papel, el micrófono y el veto

La democracia necesita oposición. Lo que no necesita es una coalición que confunda el contrapeso con el ancla, la fiscalización con la insinuación y el Reglamento legislativo con una fábrica de obstáculos financiada por quienes esperan soluciones.

LA TRINCHERA ANTES DEL GOBIERNO

La oposición costarricense ha consumado una proeza digna de una cátedra sobre alquimia parlamentaria. Logró unir bajo una misma fotografía a la socialdemocracia del PLN, a la representación unipersonal del PUSC, a la izquierda del Frente Amplio y a la Coalición Agenda Ciudadana. El prodigio ocurrió el 1 de mayo, cuando veintiséis diputaciones anunciaron una agenda común y presentaron una papeleta conjunta para disputar el Directorio Legislativo.¹ Laura Fernández asumiría la Presidencia hasta el 8 de mayo.² La trinchera, por tanto, apareció antes que el nuevo gobierno.

Formar un bloque no es ilegal ni antidemocrático. La cronología, sin embargo, resulta políticamente reveladora. No hubo primero una reforma evaluada, una política rechazada o un presupuesto cuestionado. Hubo primero una coalición de contención y después una administración a la cual contener. La identidad común no nació de una doctrina compartida sobre productividad, deuda, seguridad, educación o modernización estatal. Nació, sobre todo, de la voluntad de actuar juntos frente a una mayoría que acababa de ganar las urnas. El ecumenismo ideológico alcanzó así una forma curiosa. No consiguieron ponerse de acuerdo sobre el Estado que desean construir, pero sí sobre el poder al que querían limitar.

La Unión Interparlamentaria establece un estándar bastante menos pintoresco. La función principal de una oposición democrática es ofrecer una alternativa creíble a la mayoría, además de escrutar al Ejecutivo para proteger la integridad, la eficiencia y el interés público.³ Fiscalizar, entonces, no es llenar la agenda de sospechas. Controlar no es convertir cada divergencia en un apocalipsis constitucional. Oponerse tampoco consiste en levantar una muralla y cobrar después por haber impedido el tránsito. Una oposición responsable dice no cuando corresponde, sí cuando conviene al país y, sobre todo, presenta una solución superior.

DEL BLOQUE ELECTORAL AL PACTO DE LOS INTERESES ORGANIZADOS

El 29 de junio la arquitectura adquirió una segunda planta. Álvaro Ramírez, José María Villalta y Claudia Dobles firmaron, por el PLN, el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, el llamado Pacto Patriótico Costarricense con RENASES. No hace falta imaginar una sociedad secreta detrás de una cortina de terciopelo. El documento está firmado y publicado. Establece canales para que la red aporte proyectos de ley y solicitudes de control político, permite que las fracciones pidan acciones coordinadas a la organización y ordena integrar un equipo de asesores técnicos y políticos con personal parlamentario y de RENASES.⁴

El diálogo con sindicatos, sectores productivos, estudiantes y organizaciones sociales es legítimo. Lo que merece escrutinio es la asimetría. ¿Quién integra ese equipo? ¿Cuánto tiempo de personal pagado por el erario se dedica a esa coordinación? ¿Qué proyectos y solicitudes llegaron por esa vía? ¿Qué acceso equivalente poseen los ciudadanos, empresas, profesionales y comunidades que no forman parte de la red? Cuando un pacto convierte a determinados grupos en proveedores privilegiados de agenda y control político, la transparencia deja de ser una cortesía y se vuelve una obligación.

El propio texto proclama la defensa de la CCSS, el ICE, el INS, el BCR, el AyA, el PANI y las universidades públicas. Defender servicios esenciales es una responsabilidad republicana. Sacralizar estructuras, presupuestos y privilegios como si todo organigrama hubiese descendido del Sinaí es otra cosa. La Cámara de Industrias objetó precisamente que la defensa institucional no debería colocarse por encima de la evaluación, la eficiencia y las reformas estructurales.⁵ Ahí reside el verdadero desacuerdo. Para unos, modernizar significa revisar resultados, gasto, regulación y gobernanza. Para otros, cada revisión parece anunciar el fin de la patria, especialmente cuando la reforma toca la caja, la plaza o el feudo correcto.

George Tsebelis explicó que el cambio de políticas se vuelve más difícil cuando aumentan los actores con capacidad de veto, su distancia ideológica y su cohesión.²⁰ Esa estabilidad puede proteger a una democracia contra el abuso. También puede petrificarla. El contrapeso evita que el barco vuelque. El ancla impide que navegue. La oposición costarricense debe explicar en cuál de esas dos tareas ha decidido especializarse.

PAPEL, MICRÓFONO Y DINERO PÚBLICO

El expediente de las jornadas 4 por 3 ofrece una radiografía difícil de maquillar. Durante todo el trámite se acumularon 5.129 mociones y revisiones. La Asamblea actual tuvo que conocer 4.248.⁶ El número no demuestra que cada enmienda fuese inútil, pero tampoco constituye un doctorado colectivo en defensa laboral. Su efecto operativo fue obstructivo. Durante semanas el Plenario dedicó sesiones dobles al expediente y otros asuntos quedaron desplazados. En lenguaje político algunos llaman a estas prácticas “terrorismo parlamentario”. No es una categoría jurídica. El término técnico es filibusterismo u obstrucción procesal. El nombre menos teatral no vuelve menor la factura.

Quienes presentaron las mociones tienen derecho a alegar que defendían garantías laborales. También tienen el deber de mostrar el rendimiento de su estrategia. ¿Cuántas enmiendas mejoraron realmente el texto? ¿Cuántas fueron acogidas? ¿Cuántas repitieron el mismo argumento con nueva envoltura? ¿Cuánto tiempo absorbieron? La democracia no se fortalece contando papeles como si cada hoja fuese una victoria moral. Se fortalece cuando la deliberación produce mejores normas.

Crucitas repite la liturgia. Después de cuatro sesiones, la Comisión de Ambiente había conocido apenas 16 de 486 mociones pendientes.⁷ Mientras el procedimiento levanta una catedral de formalidades, el problema real continúa en el territorio. El oro no espera el acta, la minería ilegal no solicita receso y el daño ambiental no se suspende hasta que la última revisión encuentre micrófono. La oposición puede objetar el proyecto gubernamental. Lo que no puede hacer es convertir la demora en política pública y luego presentar la parálisis como virtud ecológica.

Nada de esto es gratuito. El presupuesto de la Asamblea Legislativa para 2026 asciende a ₡50.115,2 millones, de los cuales ₡28.058,4 millones corresponden a remuneraciones. La institución dispone de 965 plazas y el propio documento presupuestario relaciona aumentos de carga, tiempo extraordinario y nuevos puestos con el crecimiento de sesiones, comisiones y complejidad normativa.⁸ No sería serio dividir el presupuesto entre días y bautizar el resultado como precio de una sesión. Pero sería igualmente absurdo fingir que el papel, los asesores, la seguridad, la Secretaría, los servicios técnicos, las transmisiones y las horas extraordinarias brotan gratis de los jardines de Cuesta de Moras. El aplauso puede no costar. El teatro sí.

LA REPÚBLICA DEL MEGÁFONO

La degradación no ocurre únicamente mediante mociones. También aparece cuando el control político abandona la prueba y se enamora de la insinuación. Claudia Dobles afirmó en el Plenario que Rodrigo Chaves “pareciera” estar en estado etílico durante los hechos de Cartago. La cobertura disponible no aportó evidencia médica o material que sustentara esa apreciación.⁹ Abril Gordienko relató que un pastor le habría ofrecido 42.000 votos por ₡420 millones, sin identificar públicamente al supuesto responsable, lo que llevó a la Federación Alianza Evangélica a exigir precisión y a un diputado a solicitar una investigación ante el TSE.¹⁰ Edgardo Araya preguntó quién había pagado autobuses y alimentación para simpatizantes gubernamentales y anunció que lo averiguaría.¹¹

Preguntar es legítimo. Denunciar hechos graves también. Lo impropio es invertir el orden republicano y utilizar primero el micrófono, después el titular y finalmente, quizá, la prueba. Una acusación no se vuelve más verdadera porque su autor la pronuncie desde una curul. El Plenario no puede convertirse en una lavandería de insinuaciones donde entra una sospecha, se centrifuga bajo inmunidad política y sale convertida en escándalo nacional. El estándar democrático exige exactamente lo contrario. Hechos, documentos, responsables y consecuencias.

Las universidades públicas tienen pleno derecho a defender su autonomía y su presupuesto. La comunidad universitaria tiene derecho a marchar. Pero cuando la UCR emite una circular institucional para invitar al Plantón en Defensa de la Democracia y otra para suspender clases y reprogramar evaluaciones con motivo de una marcha, ya no estamos únicamente ante ciudadanos ejerciendo libertades individuales.¹² ¹³ Estamos ante decisiones administrativas de una institución financiada con recursos públicos. Corresponde conocer su fundamento, costo, alcance y garantías para quienes discrepan. La autonomía protege la libertad académica. No convierte a la universidad en partido político ni exonera a sus autoridades de rendir cuentas.

Hay una ironía que merece mármol. Los mismos sectores que describen una deriva autoritaria marchan, convocan plantones, suspenden clases, publican manifiestos, acuden a tribunales, ocupan páginas enteras y hablan durante horas en el Parlamento sin que nadie les cierre la boca. La democracia puede tener riesgos y los poderes deben vigilarse. Pero una dictadura en la que la oposición posee 26 curules, las universidades organizan protestas, la prensa acusa al Gobierno y los tribunales resuelven contra él sería una tiranía de una incompetencia casi conmovedora.

Tampoco hace falta inventar una sala de mando donde partidos, sindicatos, universidades y medios reciban instrucciones simultáneas. La teoría de agenda setting de McCombs y Shaw explica algo más sencillo. La selección, repetición y jerarquía de los asuntos influyen en aquello que la ciudadanía considera importante.²¹ Cuando una insinuación obtiene el gran titular y su posterior comprobación apenas un susurro, el megáfono parlamentario encuentra amplificador. El periodismo responsable debe investigar al Gobierno con severidad. También debe verificar a quienes lo acusan, seguir el desenlace y corregir con la misma visibilidad. De lo contrario, la fiscalización se convierte en militancia por otros medios.

EL ESTADO QUE NO QUIEREN TOCAR

El Poder Judicial ofrece el ejemplo más barroco. El 9 de setiembre, veinticinco diputados de oposición respaldaron la continuidad de Julia Varela. Como se requerían 38 votos para impedir la reelección, la magistrada inició un cuarto período que puede llevarla hasta 2034, después de ocupar el cargo desde 2002.¹⁴ Abril Gordienko promueve, simultáneamente, una reforma para limitar las magistraturas futuras a tres períodos de ocho años.¹⁵ Se puede defender la experiencia de Varela y se puede proponer un nuevo régimen. Lo que no debería hacerse es predicar renovación para mañana mientras se garantiza continuidad por treinta y dos años hoy, sin explicar la aparente acrobacia.

El discurso opositor invoca con especial intensidad la independencia judicial cuando el Gobierno critica a la Corte, pero rara vez exhibe la misma energía para discutir mora, autogobierno, nombramientos, productividad, rendición de cuentas o reelección automática. Algo semejante ocurre con las universidades, las empresas públicas y ciertos regímenes laborales. La institución se convierte en tótem justo cuando alguien propone medirla. El presupuesto se vuelve derecho adquirido, la autonomía se transforma en muralla y la evaluación recibe el ceremonial nombre de ataque a la democracia.

Costa Rica necesita exactamente la discusión contraria. La OCDE ha recomendado continuar la reducción de la deuda, cumplir la regla fiscal, introducir revisiones del gasto, mejorar la eficiencia pública, reformar la formación técnica, ampliar carreras STEM y alinear mejor la educación universitaria con las necesidades del trabajo.¹⁹ Esa no es una agenda contra el Estado. Es una agenda para impedir que el Estado envejezca administrando sus propias inercias. La buena gobernanza no consiste en conservar cada institución como pieza de museo. Consiste en demostrar que cada colón, competencia y puesto produce valor público.

LOS DATOS ARRUINAN EL APOCALIPSIS

La crítica gubernamental sigue siendo necesaria. El crecimiento interanual del IMAE fue de 2,5 % en julio de 2026 y se desaceleró respecto del año anterior, aunque el Banco Central proyecta un crecimiento de 3,4 % para todo 2026.¹⁷ La pobreza de los hogares bajó del 18 % en 2024 al 15,2 % en 2025, un resultado anterior a la actual administración que no debe adjudicársele artificialmente.¹⁸ El país no vive en un paraíso y el Gobierno no posee patente de infalibilidad. Pero los datos tampoco describen el naufragio total que requiere la escenografía opositora.

La propia encuesta del CIEP de setiembre registró un 64 % de valoraciones positivas para la gestión de Laura Fernández, frente a un 25 % negativas.¹⁶ Una encuesta no cancela la crítica ni convierte cada iniciativa oficial en correcta. Sí demuestra que existe una distancia considerable entre el dramatismo de ciertos micrófonos y la percepción de una mayoría de ciudadanos entrevistados. El Gobierno puede equivocarse. La oposición también. La diferencia es que algunas voces opositoras han presentado su derrota electoral como si concediera una superioridad moral automática.

¿Qué Estado defiende, entonces, esta oposición? Los documentos examinados muestran una coalición que protege instituciones, enlaza fracciones con organizaciones sectoriales, utiliza intensamente los instrumentos de veto y produce una poderosa narrativa de alarma. No muestran todavía una carta programática conjunta de reforma estatal comparable en detalle con su maquinaria de contención. Sabemos qué temen, qué rechazan y qué presupuestos desean preservar. Sabemos mucho menos sobre qué gasto eliminarían, qué estructura fusionarían, qué privilegio revisarían, qué reforma judicial aprobarían, qué universidad exigirían transformar o qué indicador nacional se comprometerían a mejorar.

No se les pide silencio. Se les pide algo bastante más difícil. Una idea de país. Una oposición adulta no existe para impedir que el Gobierno gobierne, sino para obligarlo a gobernar mejor y demostrar que posee una alternativa superior. El contrapeso protege la nave de los excesos del timón. El ancla, en cambio, la condena a permanecer en el mismo puerto mientras el mundo sigue avanzando. Costa Rica ya paga suficiente por su Parlamento como para recibir, a cambio, otra temporada de papel, micrófono y veto.

Fuentes consultadas

1. El Observador — Bloque legislativo de oposición, 2 mayo 2026.
2. TSE — Credenciales presidenciales, 17 marzo 2026.
3. Indicators for Democratic Parliament — Función de la oposición.
4. Pacto Patriótico Costarricense–RENASES, 29 junio 2026.
5. La República — Cámara de Industrias y Pacto Patriótico, 8 julio 2026.
6. El Observador — Jornadas 4×3 y 5.129 mociones, 17 setiembre 2026.
7. El Observador — 486 mociones sobre Crucitas, 25 agosto 2026.
8. Ministerio de Hacienda — Presupuesto Asamblea Legislativa 2026.
9. El Observador — Declaraciones de Claudia Dobles, 16 setiembre 2026.
10. El Mundo CR — Caso Gordienko y solicitud ante el TSE, 17 setiembre 2026.
11. El Mundo CR — Declaraciones de Edgardo Araya, 16 setiembre 2026.
12. UCR — Circular VD-41-2026.
13. UCR — Circular VD-45-2026.
14. Asamblea Legislativa — Votación sobre Julia Varela, 9 setiembre 2026.
15. Expediente 25.718 — Reforma sobre magistraturas.
16. CIEP-UCR — Encuesta de opinión pública, 9 setiembre 2026.
17. BCCR — IMAE julio 2026 y proyección anual.
18. INEC — ENAHO 2025.
19. OCDE — Estudio Económico de Costa Rica 2025.
20. George Tsebelis — Veto Players in Political Systems.
21. McCombs y Shaw — The Agenda Setting Function of Mass Media.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

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