Argentina discute bajar la edad de imputabilidad penal a 14 años.
El debate por la edad de imputabilidad en Argentina: Un caso emblemático.
En Argentina, la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal ha tomado un nuevo impulso. La Cámara de Diputados aprobó recientemente en comisiones un dictamen que podría reducir la edad de punibilidad a los 14 años. Esta propuesta, que plantea penas de hasta 15 años de prisión, está respaldada por diversos sectores políticos, incluyendo al gobierno actual y partidos de centro y centro-derecha.
Actualmente, la ley penal juvenil argentina establece que los menores de entre 16 y 18 años pueden ser juzgados y condenados penalmente solo si cometen delitos con penas superiores a los dos años de prisión. Hasta cumplir la mayoría de edad, estos jóvenes permanecen en centros especializados, no en cárceles de adultos. Para los menores de 16 años, la ley contempla medidas de privación de libertad bajo un enfoque tutelar, si un juez lo considera necesario.
Cifras y perspectivas sobre la delincuencia juvenil
El debate sobre la edad de imputabilidad no está exento de controversia. Claudia Cesaroni, abogada especializada en criminología y miembro de la red Argentina No Baja (que se opone a la medida), plantea una pregunta central: “¿Qué se hace con los que no son punibles? Siempre va a haber uno, dos o 10 chicos en todo el país que cometan delitos por debajo de esa edad”.
Según las últimas cifras oficiales de 2022, el número de menores detenidos en institutos penales juveniles o con arresto domiciliario era de 4.437. Al compararlo con la población total de adolescentes de 13 a 17 años (más de 3.5 millones), Cesaroni destaca que representan solo el 0.1% de esa franja. Ella argumenta que poner el foco en esta “absoluta minoría” desvía la atención de los cientos de miles de jóvenes a quienes no se les garantizan derechos básicos como la alimentación o la educación.
Argumentos a favor y en contra de la baja de punibilidad
El presidente Javier Milei ha apoyado la medida con la frase “a delito de adulto, pena de adulto”. Sin embargo, no todos los promotores de la baja de edad comparten esta postura. Carla Carrizo, diputada de la Unión Cívica Radical, señala que el texto final de la ley aún se está debatiendo y que el enfoque de su sector apunta a una “justicia restaurativa”. El proyecto que propone bajar la edad a 14 años establece que solo habrá privación de libertad si el delito tiene una pena superior a los 3 años.
Por otro lado, directivos como Natalia Licardi del centro Legarra advierten que las instituciones actuales no están preparadas para esta nueva función y carecen de recursos. “Si hubiese un programa en el que bajás la edad, y esos chicos puedan salir y tener un seguimiento, que puedan reforzar un montón de cosas para darles herramientas para que se defiendan en la vida… Pero lamentablemente estamos carentes de esas situaciones, hay falta de personal, están desbordados”, sostiene Licardi. Ella aboga por una “intervención previa, bien pensada”, antes de recurrir al encierro.
Estudios de Unicef y del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Universidad Tres de Febrero) respaldan esta visión, indicando que la privación de libertad es “perjudicial para la salud física, mental y emocional y el curso de vida de los niños y adolescentes”. La privación de libertad, como medida habitual, puede favorecer la reincidencia y socializar la violencia. Investigaciones han concluido que quienes reciben su primera condena a más temprana edad tienden a tener carreras delictivas más largas.
Cesaroni enfatiza que para muchos de estos jóvenes, el delito no es central en sus vidas, sino “algo tangencial”. Argumenta que “si el sistema penal ya los capta de tan chicos, los etiqueta con un cartel de delincuentes, el delincuente del barrio”. Para ella, el abordaje debe ser diferente: trabajar en reponer los derechos no garantizados y ayudarles a comprender sus acciones, sin estigmatizarlos desde edades tempranas.
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