Ariel Robles: El populismo de sus propuestas de seguridad.

El debate sobre la seguridad pública en Costa Rica se ha vuelto un terreno fértil para el marketing político, donde las soluciones prometidas a menudo colisionan de manera violenta con la realidad jurídica e institucional del país. Un análisis profundo de las recientes declaraciones del candidato Ariel Robles revela una propuesta que, si bien resuena con la angustia ciudadana, carece de la viabilidad necesaria para ser implementada en un Estado de derecho. Este artículo, elaborado desde la óptica de especialistas en seguridad, derecho, y análisis político, desmantela la narrativa y expone las razones por las cuales estas promesas son un eslogan electoral, no un plan de gobierno.

1. La Declaración de “Emergencia”: El Uso Retórico de un Instrumento Legal

La propuesta de declarar la inseguridad como una “emergencia nacional” es, desde el punto de vista del marketing político, una jugada magistral que comunica una acción inmediata y decidida. Sin embargo, su factibilidad jurídica es prácticamente nula. En Costa Rica, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Ley No. 8488) define con precisión los eventos que califican para tal declaratoria: desastres naturales, catástrofes, calamidades públicas o situaciones de fuerza mayor que sobrepasan la capacidad de respuesta ordinaria del Estado.

La crisis de seguridad, aunque grave, no se ajusta a estos presupuestos legales. Intentar forzar una declaratoria de este tipo para fines de seguridad pública sería una extralimitación del Poder Ejecutivo que sería inmediatamente impugnada y anulada por la Sala Constitucional. Esta no es una hipótesis, es una garantía constitucional del sistema de pesos y contrapesos.

Adicionalmente, la promesa de “girar los recursos” es un desconocimiento de la Ley de Presupuesto Nacional. La reasignación de fondos de un ministerio a otro no es un acto discrecional del presidente. Requiere un complejo y prolongado proceso legislativo, lo que contradice la idea de una solución “de emergencia”. La compra de equipamiento para la Fuerza Pública, aunque indispensable, se rige por la Ley de Contratación Pública (Ley No. 9986), un marco legal diseñado para garantizar la transparencia que, por su naturaleza, no permite la inmediatez que el discurso pretende. En esta área, la solución no es un decreto, sino una gestión presupuestaria y legislativa diligente.

2. Devolver a la Policía a los Territorios: Una Visión Anacrónica del Crimen Organizado

La idea de que los cuerpos policiales deben “devolver a los territorios a nuestros cuerpos policiales” apela a un modelo de policía de proximidad que, si bien es valioso para la prevención del delito común, es completamente ineficaz contra la amenaza actual. El crimen organizado y el narcotráfico no respetan jurisdicciones cantonales o fronteras administrativas. Operan en red, utilizando tecnologías de comunicación, rutas internacionales y complejas estructuras de lavado de dinero.

Reducir la estrategia de seguridad a una simple presencia policial en parques o barrios es ignorar la complejidad de esta amenaza. La eficacia del combate al narcotráfico radica en la acción especializada de unidades como el Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.), la Policía de Control de Drogas (P.C.D.) y la Unidad Especial de Intervención (U.E.I.), que operan con inteligencia, infiltración y coordinación a nivel nacional e internacional. La propuesta del candidato es una simplificación peligrosa que descuida la verdadera naturaleza del problema.

3. La “Mano Dura”: El Límite Constitucional de la División de Poderes

La más audaz y, a la vez, más insostenible de las promesas es la de “mano dura contra los líderes del narco” y la implantación de medidas contra funcionarios corruptos. Esta declaración ignora el pilar fundamental del sistema democrático costarricense: la división de poderes.

El Poder Ejecutivo (al que el candidato aspira) no puede “implantar medidas” contra individuos. Esa es una función exclusiva del Poder Judicial, que a través del Ministerio Público, el O.I.J. y los jueces, investiga, acusa y sentencia, siempre bajo el amparo del debido proceso y la presunción de inocencia. Un gobierno que intente saltarse estos controles constitucionales para aplicar una “mano dura” sin sustento legal no sería un gobierno fuerte, sino un gobierno inconstitucional que vería sus acciones bloqueadas por la Sala Constitucional y las cortes internacionales.

La persecución de funcionarios públicos que colaboran con el crimen organizado no es una medida nueva; es una función que ya se lleva a cabo dentro del marco de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Afirmar que se “implantarán medidas” es, en el mejor de los casos, un desconocimiento del sistema legal y, en el peor, una promesa populista de tomar un poder que no le corresponde.

La Inconsistencia entre el Discurso y la Gobernabilidad

Las promesas de Ariel Robles son, en esencia, un conjunto de soluciones simplistas para problemas sistémicos. Son atractivas porque ofrecen una respuesta inmediata a la frustración. Sin embargo, al ser examinadas bajo la lupa del derecho, las finanzas públicas y la estrategia de seguridad, se desmoronan por su falta de viabilidad. La verdadera fortaleza de una democracia como la costarricense radica en sus leyes y sus instituciones, no en la voluntad personal de un gobernante. El ciudadano debe exigir no solo promesas, sino planes de acción concretos y legalmente sostenibles, que demuestren un entendimiento profundo del Estado y sus limitaciones. La seguridad es un tema demasiado serio para ser reducido a un eslogan de campaña.