POR MUNDO ACR Las declaraciones hacen ruido. Las decisiones dejan consecuencias. Nuestro trabajo es seguir ambas sin confundirlas

La nueva cárcel recibirá a sus primeros internos el lunes 26 de octubre. El Gobierno también abrió la licitación de San José–San Ramón, mientras la conferencia dejó fuertes declaraciones políticas y una propuesta contra el dopaje deportivo.

El CACCO comenzará a recibir privados de libertad el próximo lunes. La ampliación de la carretera San José–San Ramón ya salió a licitación. Y, en medio de esos anuncios, la presidenta Laura Fernández volvió a confrontar a diputados, autoridades judiciales y críticos de su Gobierno.

La conferencia de este miércoles 21 de octubre tuvo espacio para decisiones concretas y declaraciones de alto voltaje político. Fernández defendió su apuesta penitenciaria, llamó «terroristas políticos» a diputados del PLN, cuestionó al fiscal general Carlo Díaz y señaló a Ariel Robles por sus declaraciones relacionadas con las manifestaciones.

Rodrigo Chaves también intervino con una advertencia contra comunistas y sindicalistas. La jornada incluyó, además, una iniciativa legislativa sobre dopaje deportivo impulsada desde el despacho del primer caballero.

El CACCO pasa de la inauguración a los traslados

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, anunció que el lunes 26 de octubre comenzará el traslado de privados de libertad al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), inaugurado recientemente en San Rafael de Alajuela.

Según explicó, entre los primeros internos estarán personas señaladas como implicadas en el homicidio del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales. Después ingresarán privados de libertad que actualmente permanecen bajo regímenes de alta contención.

La vinculación con ese caso penal corresponde a lo comunicado por las autoridades y no implica que todas las personas mencionadas tengan una condena por el crimen.

El centro tiene una capacidad anunciada de 5.100 personas y forma parte de la estrategia gubernamental para aumentar el control sobre privados de libertad vinculados con estructuras criminales.

Fernández, quien visitó recientemente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, insistió en la urgencia de actuar frente al crimen organizado.

«Costa Rica está a tiempo de no llegar hasta allá», manifestó al referirse a la crisis de violencia que enfrentó ese país.

La presidenta también solicitó a Aguilar una explicación pública de los protocolos que regirán el CACCO. Quiere que se detallen las condiciones de atención médica, ejercicio físico, servicios jurídicos y otros aspectos del funcionamiento del centro.

La solicitud llega después de cuestionamientos sobre el régimen que se aplicará a los internos.

Fernández no cede ante los críticos de la nueva cárcel

La mandataria respondió a quienes cuestionan la construcción del CACCO y consideran que el país debería concentrar más recursos en educación y prevención.

Fernández rechazó que los problemas sociales asociados con personas que hoy están en prisión puedan atribuirse únicamente a su administración. Sostuvo que las consecuencias de las políticas educativas se observan a lo largo de muchos años.

«A mí que me pidan cuentas dentro de 20 años cuando estos niños y estos jóvenes tengan 21 o 22 años», afirmó.

Su argumento es que el Estado debe actuar sobre la criminalidad actual sin abandonar las oportunidades educativas de las nuevas generaciones.

Con los primeros traslados a pocos días de comenzar, el funcionamiento del CACCO entrará en una etapa distinta. Ya no se tratará solamente de su infraestructura o de los anuncios oficiales, sino de cómo operarán los controles y servicios dentro del establecimiento.

San José–San Ramón tiene licitación, pero todavía no obras

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció la apertura de la licitación pública internacional para ampliar y mejorar la carretera San José–San Ramón.

El proyecto contempla intervenir 55,6 kilómetros de la Ruta Nacional 1, desde las cercanías de La Sabana hasta San Ramón, además de 4,45 kilómetros de la radial de Río Segundo.

La contratación será bajo la modalidad de llave en mano e incluye diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento.

El financiamiento anunciado es de US$770 millones, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Las empresas interesadas tendrán hasta el 21 de abril de 2027 para presentar ofertas. El Gobierno proyecta adjudicar durante el primer semestre de ese año e iniciar las obras físicas en el segundo, una vez cumplidos los procedimientos correspondientes.

El ministro Efraín Zeledón también anunció estudios para intervenir posteriormente el tramo entre Barranca y San Ramón.

La publicación del cartel representa un avance en un proyecto que lleva años de espera. Sin embargo, todavía falta seleccionar a la empresa responsable, formalizar el contrato y ejecutar las obras.

Del PLN al fiscal general, la confrontación subió de tono

La presidenta dirigió parte de sus críticas hacia diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), a quienes llegó a llamar «terroristas políticos».

La expresión fue utilizada por Fernández en el marco de sus cuestionamientos a legisladores de esa agrupación. Se trata de una acusación política, no de una condición penal acreditada contra los diputados.

El fiscal general Carlo Díaz también fue blanco de sus declaraciones.

Fernández le pidió que dejara de «instrumentalizar politiqueramente la justicia de este país», según la frase recogida durante la conferencia.

El señalamiento refleja la posición de la mandataria sobre la actuación del jerarca del Ministerio Público. No demuestra por sí mismo que la Fiscalía haya utilizado sus competencias con fines políticos.

Las dos intervenciones se suman a una relación marcada por diferencias públicas entre el Ejecutivo, sectores legislativos y autoridades judiciales.

Chaves advierte y Fernández señala a Ariel Robles

Rodrigo Chaves también participó con una advertencia dirigida a la ciudadanía.

«Costarricenses, si no nos despabilamos, los comunistas y los sindicalistas van a tomar este país», expresó.

La frase fue presentada como una advertencia política de Chaves, en un contexto de tensiones con organizaciones sindicales y sectores críticos del Gobierno.

Fernández, por su parte, se refirió a la manifestación del martes en defensa de la educación pública y agradeció que sus participantes no siguieran lo que ella atribuyó a Ariel Robles como un llamado a quemar llantas y destruir infraestructura.

Ese señalamiento requiere distinguir la interpretación de la presidenta de las palabras originales de Robles. La acusación, por sí sola, no permite afirmar que él haya convocado expresamente a cometer actos de destrucción.

La manifestación reunió a sectores educativos y universitarios que reclamaron por decisiones relacionadas con el financiamiento de la educación pública.

El dopaje deportivo también llegó a la conferencia

Fuera de los enfrentamientos políticos, el despacho del primer caballero, Jeffry Umaña, participó en la presentación de una iniciativa legislativa para sancionar conductas relacionadas con el dopaje deportivo.

La propuesta, vinculada con la participación del ciclista costarricense Andrey Amador, busca establecer responsabilidades cuando terceras personas suministren sustancias prohibidas a deportistas sin su conocimiento.

El planteamiento apunta a proteger a los atletas frente a actuaciones de personas involucradas en su preparación o atención que puedan provocar infracciones antidopaje.

El proyecto deberá seguir su trámite en la Asamblea Legislativa antes de que las sanciones propuestas puedan entrar en vigor.

Las fechas que quedan después de los discursos

La conferencia dejó varios asuntos con seguimiento pendiente.

El primero llegará el lunes 26 de octubre, cuando está previsto el ingreso de los primeros internos al CACCO. También queda pendiente la explicación oficial de sus protocolos.

La ampliación de San José–San Ramón tendrá su próxima fecha clave el 21 de abril de 2027, cuando cierre la recepción de ofertas. La propuesta contra el dopaje deberá avanzar en el Congreso.

Las declaraciones contra diputados del PLN, el fiscal general, Ariel Robles y sectores sindicales pertenecen a otro terreno, el de la confrontación política.

En MUNDO ACR seguiremos las decisiones por lo que ocurra después de anunciarlas. El inicio de los traslados, la adjudicación de la carretera y el avance del proyecto legislativo permitirán comprobar cuánto de esta jornada llega a convertirse en resultados.

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POR MUNDO ACR | Una frase puede explicar una posición. Para explicar un país hace falta bastante más.

Donald Trump necesitó pocas palabras para recorrer una parte considerable del mapa político mundial.

Rusia es una “gran maquinaria”. Ucrania tiene que querer terminar la guerra. Lo que ocurre en Francia es “inmigración”. América Latina se está moviendo hacia la derecha.

Las declaraciones aparecieron durante intervenciones consecutivas del presidente estadounidense y algunas retomaron ideas que ya había expresado semanas antes. Vistas juntas tienen una particularidad: problemas con historias, protagonistas y causas muy diferentes terminan reducidos a diagnósticos fáciles de reconocer dentro del discurso político de Trump.

Pero las frases no pesan igual cuando se comparan con los hechos.

La presión cae sobre Ucrania

El 20 de octubre, Trump volvió a hablar de las negociaciones para terminar la guerra iniciada por la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

“Ucrania tiene que querer resolver esta guerra”, dijo desde el Despacho Oval.

También describió a Rusia como una “gran maquinaria” capaz de continuar avanzando y conquistando territorio. Las palabras llegaron mientras su enviado especial Steve Witkoff mantenía conversaciones con Volodímir Zelenski y dirigentes europeos sobre posibles caminos hacia un acuerdo. (Reuters)

Trump no estaba estrenando esa presión.

Un día antes había cuestionado públicamente a Zelenski y llegó a plantear que quizá había llegado el momento de que otra persona negociara por Ucrania. También sostuvo que el mandatario ucraniano pudo haber conseguido anteriormente un acuerdo mejor. (CNN)

Zelenski sostiene que Ucrania sí está dispuesta a discutir propuestas de paz. Después de reunirse con Witkoff y dirigentes europeos en Oslo habló de propuestas concretas que Estados Unidos podría trasladar a Moscú.

Ahí está una parte que desaparece cuando el asunto se resume en si Ucrania “quiere” terminar la guerra.

La negociación no ocurre sobre una hoja en blanco. Rusia ocupa territorio ucraniano, los ataques continúan y cualquier acuerdo obliga a discutir territorio, seguridad y las garantías que existirían después de un eventual alto el fuego.

La posición de Trump queda clara. Lo que permanece abierto es el precio del acuerdo que está pidiendo.

Francia no empezó con la inmigración

Trump fue todavía más breve cuando le preguntaron por los disturbios en Francia.

“Es inmigración”, respondió.

Rechazó que las escuelas fueran la causa y recordó que había advertido a Emmanuel Macron sobre la necesidad de cerrar las fronteras. Un día antes había utilizado imágenes de la violencia francesa durante un mitin en Kansas para advertir sobre lo que, según él, podría ocurrir en Estados Unidos. (Roll Call / Factba.se)

La cronología francesa empieza antes.

Las primeras movilizaciones surgieron entre estudiantes que denunciaban deterioro de centros educativos, falta de profesores y problemas dentro del sistema. Después se sumaron reclamos relacionados con salarios, costo de vida y servicios públicos.

Para el 17 de octubre, cientos de miles de personas participaban en manifestaciones. Muchas transcurrieron pacíficamente, mientras grupos protagonizaron saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía. (Reuters)

Associated Press examinó específicamente la atribución de esa violencia a inmigrantes y no encontró evidencia suficiente para sostenerla de manera general. Autoridades francesas señalaron entre los responsables de los disturbios violentos a grupos radicales de izquierda y delincuentes oportunistas. (Associated Press)

Francia sí mantiene desde hace años una fuerte discusión política alrededor de la inmigración. Eso es distinto de demostrar que los inmigrantes originaron estas protestas o fueron responsables de la violencia que las acompañó.

Trump juntó ambos asuntos.

Y utilizó el resultado para hablarle a Estados Unidos.

El giro latinoamericano sí está ocurriendo

Con América Latina la comprobación produce un resultado diferente.

Trump dijo que la región está moviéndose hacia la derecha.

Hay evidencia electoral para sostener una parte importante de esa afirmación.

Durante los últimos años, fuerzas de derecha han ganado terreno en varios países latinoamericanos. El fenómeno no cubre toda la región ni responde a una sola causa, pero el mapa político cambió.

Trump ha ido más lejos al hablar de ese movimiento. También ha recordado sus respaldos a candidatos que posteriormente ganaron elecciones y se ha atribuido influencia sobre algunos de esos resultados.

Ya lo había hecho el 2 de septiembre, cuando celebró que gobiernos latinoamericanos estuvieran pasando “de la izquierda a la derecha”. (Reuters)

La diferencia está entre identificar una tendencia y explicar por qué ocurrió.

No existe una elección latinoamericana única que pueda utilizarse para demostrarlo. Cada país llegó a las urnas con sus propios conflictos, pero inseguridad, economía, desgaste de gobiernos y voto de castigo aparecen repetidamente entre las explicaciones utilizadas por analistas para entender el desplazamiento regional. (Confidencial)

Trump respaldó candidatos y su regreso a la Casa Blanca alteró nuevamente el peso político de Washington en el continente.

Determinar cuánto de una victoria electoral pertenece a esa influencia exige bastante más que comprobar que existió un respaldo.

Lo que cambia cuando se abre cada frase

Las declaraciones que dieron origen a esta historia llegaron fragmentadas.

Una hablaba de Zelenski. Otra de Rusia. Después aparecieron Francia, la inmigración y América Latina.

Era fácil convertir cada una en un titular independiente.

Al reconstruirlas, las diferencias importan más que la semejanza.

La afirmación sobre el giro latinoamericano tiene detrás resultados electorales que permiten observar una tendencia real, aunque no demuestran por sí solos la influencia que Trump se atribuye.

La explicación sobre Francia encuentra un problema distinto: la cronología de las protestas y la evidencia disponible no sostienen que la inmigración pueda presentarse como su causa comprobada.

Y en Ucrania no estamos ante una afirmación que pueda reducirse simplemente a verdadera o falsa. Estamos frente a una posición política. Trump está aumentando la presión sobre Kyiv para alcanzar un acuerdo mientras Rusia continúa ocupando territorio ucraniano y combatiendo.

Ahí aparece algo que se pierde cuando cada frase viaja sola.

Trump no solamente está describiendo acontecimientos fuera de Estados Unidos. Está seleccionando qué parte de ellos considera importante.

En Francia escoge la inmigración. En América Latina, el avance de la derecha. Frente a la guerra, la capacidad rusa para continuar y la necesidad de que Ucrania negocie.

Las palabras del presidente estadounidense son noticia porque pueden convertirse en política.

Precisamente por eso vale la pena abrirlas antes de repetirlas.

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Las sillas vacías de las jerarquías judiciales en la inauguración del CACCO, el 14 de octubre, dejaron una imagen políticamente deplorable. Pero hay otra silla que merece más atención. La que algunos parecen considerar una prolongación de su anatomía. No asistir a una ceremonia no demuestra incumplimiento de funciones; gobernar una institución que acumula reformas pendientes sí exige responder por ellas. La ausencia protocolaria fue el símbolo. La crisis de gobernanza es el problema.

El 19 de octubre, la Corte Plena reeligió al fiscal general Carlo Díaz por cuatro años más, con el respaldo de los 21 magistrados participantes; el 26 está prevista la elección de la Presidencia de la Corte. La primera decisión ya se tomó y la segunda no debería ser una ceremonia de confirmación entre colegas. Son decisiones que exigen un examen mucho más riguroso de la conducción institucional. Mi posición es clara: la Fiscalía necesitaba relevo y la Corte necesita una presidencia reformadora. Cambiar nombres sin cambiar métodos sería apenas retapizar las mismas sillas.

La factura obliga a hablar seriamente. El presupuesto inicial judicial de 2026 ascendió a ₡541.525,7 millones. En el ejercicio cerrado de 2025, Hacienda registró ₡512.155,6 millones ejecutados, equivalentes al 96,84 % del presupuesto definitivo; las remuneraciones representaron el 82,47 % del gasto. Son magnitudes de toda la institución, incluidos investigación, tribunales, Fiscalía y Defensa Pública, no solamente de sus magistrados. Pero financiar servicios indispensables no dispensa de demostrar cómo funcionan.

La ciudadanía no compra solemnidad por kilo ni expedientes por tonelada. Financia protección de derechos y resoluciones oportunas. Ejecutar recursos es una condición administrativa, no una prueba suficiente de eficacia. Tampoco se mejora la justicia asfixiando peritajes o investigaciones. Se mejora asignando recursos según necesidades comprobadas, suprimiendo duplicidades y exigiendo resultados. Ni el presupuesto es un cheque en blanco ni la independencia una exención de responsabilidad.

El Quinto Informe Estado de la Justicia, de 2025, identificó estancamiento del gobierno judicial. Documentó que la propuesta de desconcentración administrativa presentada en 2020 continuaba pendiente, mientras las comisiones habían pasado de 97 en 2020 a 107 en 2023. Además, los indicadores de seguimiento incorporados al sistema de planificación anual en 2020 fueron eliminados de este a partir de 2021. Un diagnóstico incómodo para una institución que debe gobernarse con información, seguimiento y capacidad de corregir.

El problema no se resuelve añadiendo otra comisión al inventario. Una reforma que se eterniza puede convertirse en la coartada de quienes administran su espera. Max Weber, en La política como vocación, vinculó la ética de la responsabilidad con hacerse cargo de las consecuencias previsibles de los propios actos. Aplicado al gobierno judicial, el criterio es inequívoco. No basta tener atribuciones; hay que responder por su ejercicio. El organigrama no puede servir de escondite.

Los tiempos procesales muestran el costo humano. Entre los 15.456 asuntos concluidos con sentencia por tribunales penales en 2024, 2.403 tardaron entre cinco y menos de diez años, y 381 alcanzaron diez años o más en su tramitación total. El promedio mejoró respecto de 2023. Pero una década no es una demora ornamental; es vida consumida, tanto para víctimas como para personas acusadas que esperan una resolución. La mejora estadística no devuelve el tiempo perdido.

La institución también informó en septiembre de 2026 un aumento de productividad del 26,92 % entre 2021 y 2025. Hay trabajo y avances que reconocer. Precisamente por eso, la crítica debe concentrarse en lo que esos indicadores todavía no explican. ¿Dónde persisten las demoras más graves? ¿Qué calidad tienen las respuestas? ¿Qué reformas produjeron mejoras replicables? El esfuerzo de quienes sostienen el servicio no puede convertirse en inmunidad gerencial para quienes lo dirigen.

En la Fiscalía, el Estado de la Justicia examinó expedientes terminados entre 2022 y septiembre de 2024. Más del 65 % correspondió a archivos fiscales y desestimaciones; alrededor del 15 % terminó con acusación. Archivar puede ser jurídicamente correcto. Convertir esos porcentajes en una tasa automática de impunidad sería falso. Lo exigible es distinguir delitos sin autor identificado, insuficiencia probatoria y denuncias improcedentes, y explicar qué obstáculos impiden llevar investigaciones fundadas a juicio. Contar cierres no basta para evaluar la persecución penal.

Carlo Díaz recibió una asombrosa evaluación interna de 98,95 % por su desempeño de 2025. En aquella sesión, magistrados cuestionaron el instrumento utilizado para evaluar altos cargos. Entretanto, el CIEP-UCR reportó en septiembre de 2026 notas ciudadanas de 5,5 para la Fiscalía, 5,8 para el Poder Judicial y 7,1 para el OIJ, en una escala de cero a diez. No son mediciones equivalentes ni una encuesta sobre destituciones. Pero obligan a preguntar qué significa la excelencia administrativa cuando la valoración pública de la institución es tan modesta.

No hace falta fingir unanimidades populares para exigir renovación. A mi juicio, una nota interna sobresaliente no justificaba por sí sola otros cuatro años del mismo liderazgo. La Corte debe explicar públicamente qué resultados atribuye a la gestión de Díaz, qué deficiencias reconoce y por qué consideró preferible su continuidad a abrir un concurso. Mi criterio era favorecer ese relevo mediante una selección rigurosa. La Fiscalía necesita competencia por idoneidad, no continuidad por costumbre.

La cooperación internacional ofrece una lección útil. “Escudo Internacional”, en octubre de 2025, articuló investigaciones del OIJ con la DEA y el FBI. En marzo de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense documentó extradiciones vinculadas a investigaciones de ambas agencias y agradeció expresamente la colaboración de autoridades fiscales y policiales costarricenses. Son resultados conjuntos, no motivos para borrar a los equipos nacionales. La exigencia es convertir esa cooperación en capacidades permanentes de inteligencia, investigación financiera y prueba, no en una colección de operativos excepcionales.

Beccaria, en De los delitos y de las penas, situó la prevención y la certeza de la respuesta penal por encima de la crueldad inútil. Su enseñanza conserva actualidad. Una persecución eficaz necesita pruebas que resistan el juicio y sanciones legítimas, no solamente anuncios. Que se informe cuántas estructuras criminales pierden capacidad operativa, qué patrimonios ilícitos se recuperan, qué ocurre con las acusaciones y cuánto esperan las víctimas. La contundencia debe demostrarse en el expediente, no únicamente ante el micrófono.

La nueva Presidencia necesita visión estratégica y capacidad de ejecución. Propongo que, durante sus primeros cien días, presente un programa público con responsables, plazos y metas por jurisdicción. Que impulse la desconcentración administrativa con las reformas legales necesarias, priorice los peritajes críticos y mejore la interoperabilidad de los sistemas. Modernizar no consiste en trasladar una burocracia lenta a una pantalla. La digitalización debe reducir trámites, no darles contraseña.

Coordinar con los otros poderes tampoco significa obedecerlos. Se pueden acordar recursos, prioridades operativas y reformas sin negociar sentencias ni persecuciones. El fiscal que necesita Costa Rica debe actuar con independencia frente al Gobierno, los partidos, las redes económicas y la propia corporación judicial. Valentía sin selectividad; eficacia sin arbitrariedad. La cooperación institucional no es servilismo, como el aislamiento no es una credencial de imparcialidad.

También debe reformarse la permanencia de las magistraturas. El artículo 158 constitucional establece períodos de ocho años y presume la reelección, salvo que dos tercios de la totalidad de diputados acuerden lo contrario. Hoy se requieren 38 votos para impedirla, no para confirmarla expresamente. Propongo invertir esa lógica mediante reforma constitucional. Cada renovación debe requerir 38 votos afirmativos, públicos y motivados, apoyados en una evaluación verificable. La continuidad debe ganarse, no heredarse del silencio parlamentario.

Para establecer un máximo de doce años y permitir una sola reelección, propongo períodos de seis años, renovables una única vez. Se necesitan reglas de transición y garantías de independencia, no represalias por sentencias incómodas. El nombramiento debe premiar mérito, integridad y capacidad, nunca gratitud hacia un padrino. Publicar criterios, evaluaciones y conflictos de interés sería más útil que otra declaración ceremonial contra el favoritismo. La renovación sin reglas puede cambiar los apellidos y conservar las dependencias.

El relevo generacional no consiste en despreciar la experiencia ni en convertir la edad en defecto. Consiste en abrir oportunidades y cerrar el paso al inmovilismo. Ninguna magistratura debe concebirse como patrimonio personal o sala de espera de una pensión. Si una autoridad carece de voluntad para transformar lo que dirige, apartarse puede ser su último servicio honorable. El salario remunera una función; no compra el derecho a ocuparla indefinidamente.

El artículo 11 constitucional define a los funcionarios como depositarios de autoridad y exige evaluación de resultados y rendición de cuentas. La ciudadanía no puede ordenar sentencias, pero sí exigir explicaciones por la administración del servicio. No hay vacas sagradas en una República. Hay competencias, deberes y responsabilidades. La crítica no profana la justicia; recuerda a sus jerarcas que la institución merece mucho más que la defensa de sus ocupantes.

Si la aspiración de una Tercera República pretende significar renovación, debe comenzar por una justicia capaz, independiente y responsable, no por rebautizar las viejas complacencias. La elección pendiente de la Presidencia de la Corte ofrece una oportunidad concreta. No la conviertan en otra sesión solemne de conservación del mobiliario. Señorías, las tachuelas no forman parte de la Constitución. Levántense a rendir cuentas. Y quienes no puedan conducir el cambio, tengan la dignidad y vergüenza de dejar la silla antes de que su permanencia termine de desgastar y deslegitimizar la institución que juraron honrar.

Sobre el autor

Milton Madriz Cedeño es máster y politólogo. Fue docente universitario y director interino del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Nota editorial | MUNDO ACR

Este artículo es una columna de opinión firmada. Las ideas, interpretaciones y valoraciones son responsabilidad de su autor. No representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Publicamos esta columna como parte de nuestro compromiso con la libertad de expresión y el pluralismo. Defendemos la circulación de distintas corrientes de pensamiento, incluso cuando contienen críticas a las instituciones públicas.

Este compromiso se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

MUNDO ACR distingue las opiniones de sus colaboradores de su cobertura informativa. También mantiene su compromiso con el rigor periodístico, el respeto a los derechos de terceros y la responsabilidad editorial.

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Hay ausencias que hacen más ruido que un discurso. Este 14 de octubre, durante la inauguración del CACCO en La Reforma, quedaron vacías las sillas de jerarcas judiciales, entre ellos el fiscal general Carlo Díaz. La presidenta Laura Fernández señaló públicamente la ausencia de magistrados. La imagen quedó registrada. No fue necesario un comunicado de veinte páginas para que el vacío adquiriera significado político.

No se les pedía aplaudir a un Gobierno. Se esperaba altura de Estado. Ante una infraestructura destinada a contener criminalidad de alto perfil, comparecer habría significado reconocer una responsabilidad compartida, no rendir pleitesía. Una toga no se contamina por coincidir con otro poder de la República. Lo que sí empobrece una institución es proyectar que su distancia del adversario pesa más que su cercanía con el ciudadano.

La ausencia merece una explicación pública. No asistir a una ceremonia no demuestra por sí solo abandono de funciones; pero quienes ejercen poder también responden por las señales que transmiten. La independencia judicial exige libertad para resolver, no incomunicación ceremonial. Cuando el país necesita cooperación, las sillas vacías son una pésima tarjeta de presentación.

El problema, además, no empieza en esas sillas. La evaluación oficial de Hacienda registra para el Poder Judicial, en 2025, un presupuesto definitivo de ₡528.872 millones y un gasto ejecutado de ₡512.156 millones. Se ejecutó el 96,84 % y las remuneraciones absorbieron el 82,47 % del gasto efectivamente realizado. Son cifras institucionales, no ocurrencias de un crítico malhumorado.

Ese dinero sostiene también a investigadores, fiscales, defensores y personal indispensable. Su magnitud no prueba que sobren recursos. Pero sí impide tratar la exigencia de resultados como una insolencia. Ejecutar presupuesto no equivale a impartir justicia oportuna. El contribuyente no paga para que una estructura certifique su propia continuidad, sino para recibir un servicio. Una nómina cumplida no es una misión cumplida.

La estadística del propio Poder Judicial ofrece una prueba incómoda. Entre los 15.456 asuntos concluidos con sentencia por los tribunales penales en 2024, hubo 2.403 cuya tramitación total tomó entre cinco y menos de diez años, y 381 que alcanzaron diez años o más. El informe registra mejoras frente a 2023 y reconoce factores diversos de demora. Nada de eso vuelve aceptable acostumbrarse a esas duraciones.

Una década no es un plazo cualquiera. Es una porción de vida. Es la víctima envejeciendo con su reclamo y el acusado cargando una incertidumbre que el Estado debería resolver oportunamente. No todo retraso nace de un juez negligente; administrar las causas de ese retraso, sin embargo, es responsabilidad institucional. El ciudadano pide justicia, no una relación de larga duración con un expediente.

Aquí conviene recuperar dos artículos que no deberían necesitar recordatorio. El 41 constitucional exige justicia pronta y cumplida; el 11 somete la Administración Pública, en sentido amplio, a evaluación de resultados y rendición de cuentas. La independencia no borra ninguno de esos deberes. No existe una dispensa republicana para la ineficiencia por el solo hecho de vestir de negro.

El Ministerio Público tampoco puede escudarse en el volumen de papeles despachados. El Quinto Informe Estado de la Justicia examinó expedientes terminados entre enero de 2022 y septiembre de 2024. Los archivos fiscales y las desestimaciones representaron más del 65 % de las salidas; las acusaciones, un 14 % en 2022 y alrededor del 15 % en los períodos siguientes analizados. Esos porcentajes corresponden a asuntos terminados, no a todas las denuncias de un mismo año.

No toda desestimación significa impunidad, ni sería honesto fabricar esa equivalencia. Puede no existir delito, no identificarse al responsable o faltar prueba suficiente. Precisamente por eso, señor fiscal general, hace falta explicar qué ocurre detrás de las categorías. ¿Cuánto responde a denuncias improcedentes y cuánto a investigaciones que no lograron esclarecer hechos delictivos? ¿Dónde están los obstáculos y quién debe corregirlos? Contar expedientes cerrados no es contar bandas desarticuladas.

La rendición de cuentas que necesitamos debe distinguir homicidio, sicariato, narcotráfico y delincuencia organizada; seguir cohortes de casos, medir tiempos, explicar fracasos probatorios y mostrar resultados firmes. No se reclama condenar sin pruebas. Se reclama investigar con capacidad suficiente para obtenerlas. Entre el garantismo serio y la impotencia burocrática hay una diferencia que ninguna solemnidad verbal debería conseguir borrar.

La enfermedad de la conducción institucional tampoco es una invención partidaria. El Informe Estado de la Justicia de 2025 documentó que la desconcentración administrativa, promovida como reforma urgente desde 2017, seguía sin concretarse. La propuesta de gobierno corporativo de 2020 continuaba pendiente de aprobación. Entretanto, las comisiones judiciales habían pasado de 97 en 2020 a 107 en 2023. Ocho años después del anuncio, aquella urgencia seguía esperando.

Hay burocracias que no resuelven sus problemas; les nombran una comisión. Y después otra que estudie las recomendaciones de la primera. El expediente de la reforma termina reproduciendo exactamente la patología que debía curar. Si desprenderse de funciones administrativas exige semejante peregrinación, ¿con qué autoridad gerencial se reclama paciencia infinita al usuario? La reforma urgente no puede convertirse en una pieza del mobiliario histórico.

El mismo informe advirtió limitaciones en la evaluación de políticas institucionales. Diez políticas registraron un cumplimiento del 100 % de sus metas en 2024, sin que esa medición acreditara por sí misma el cumplimiento integral de sus objetivos. Cumplir una actividad programada y transformar una realidad son cosas diferentes. La perfección del formulario no absuelve las deficiencias del servicio.

Por eso la crítica no es enemiga de la justicia. Lo que la debilita es confundir la dignidad de la función con la susceptibilidad de quien la ejerce. Una institución respetable debe poder explicar su presupuesto, reconocer sus fallas y corregir su diseño sin convertir cada pregunta en una afrenta. La toga no es un título de nobleza. Mucho menos una póliza contra el escrutinio.

Hay investigadores, fiscales y jueces cuyo trabajo merece respeto. La Sala Tercera incluso presentó esta semana una propuesta para incorporar el vínculo con crimen organizado como criterio de prisión preventiva. Pero reconocer esos esfuerzos no supone entregar un salvoconducto a las jerarquías. El trabajo de quienes sostienen el servicio no exime a la cúpula de responder por la conducción institucional ni por el mensaje de su ausencia.

El CACCO no puede quedar como una obra aislada. Debe integrarse a un esfuerzo que impida convertir el encierro en oficina de operaciones criminales. Precisamente por eso interesa un Estado articulado, no una competencia de vanidades. A la infraestructura penitenciaria deben corresponder investigaciones rigurosas, acusaciones sólidas y resoluciones oportunas. Cada eslabón debe cumplir su tarea. La delincuencia organizada no necesita que el Estado le regale, además, una desorganización solemne.

Lo ocurrido hoy me parece una muestra de desidia política, no porque la asistencia equivalga a combatir el crimen, sino porque la conducción de un poder también exige presencia pública y disposición a reconocer esfuerzos ajenos. Si había razones atendibles para no concurrir, que las expliquen. La ciudadanía no tiene por qué adivinarlas ni dispensar automáticamente a sus jerarcas del costo de una señal tan desafortunada.

Mi juicio es claro. Esta conducción necesita una renovación profunda, sometida a los procedimientos constitucionales, no otra ceremonia de autojustificación. Si de mi voto dependiera su continuidad, no la respaldaría. Ni la antigüedad del magistrado ni la permanencia del fiscal constituyen un mérito suficiente para seguir. Los cargos se justifican con idoneidad, resultados y responsabilidad pública; no con la destreza para sobrevivir dentro del organigrama.

La República no les pertenece. La autoridad se la presta el ciudadano y el respeto no viene cosido a la toga. Hoy quedaron vacías unas sillas. Lo intolerable sería que siguiera vacante la responsabilidad pública.

Sobre el autor

Milton Madriz Cedeño es máster y politólogo. Fue docente universitario y director interino del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Nota editorial | MUNDO ACR

Este artículo es una columna de opinión firmada. Las ideas, interpretaciones y valoraciones son responsabilidad de su autor. No representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

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Este compromiso se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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