Barquero cuestiona convocatoria a Reservas de Fuerza Pública.

Liberacionista Dinorah Barquero Alerta sobre Implicaciones de Reserva Policial

La diputada del Partido Liberación Nacional, Dinorah Barquero, ha expresado serias preocupaciones respecto a la reciente convocatoria de las reservas de la Fuerza Pública mediante un decreto presidencial de Rodrigo Chaves. Barquero cuestiona la necesidad y la legalidad de esta medida, sugiriendo posibles riesgos para la transparencia de las próximas elecciones de 2026.

La legisladora señaló que ningún presidente anterior ha recurrido a la reserva de la Fuerza Pública para abordar calamidades o huelgas. “La conmoción interna implica una alteración del orden público. En esos momentos, había que llamar a la reserva. Y bastó con nuestra Fuerza Pública, comprometida, honesta, responsable, valiente, porque eso es la Fuerza Pública de este país”, afirmó Barquero. “¿Dónde está la conmoción interna?, ¿dónde está la calamidad?, ¿dónde está la guerra? Que nos obliguen hoy a llamar a la reserva”, inquirió, enfatizando que, afortunadamente, Costa Rica no atraviesa una situación de gran escala que justifique medidas tan extraordinarias.

Preocupación por el Control Electoral y la Opacidad de la Reserva

Una de las principales inquietudes de Barquero radica en el futuro de esta fuerza de reserva. “Otra preocupación que surge aún más grave y se da al considerar que una vez iniciada la campaña electoral, esta fuerza de reserva pasará a estar bajo el mando del Tribunal Supremo de Elecciones“, advirtió. La diputada planteó interrogantes cruciales sobre la composición y control de este grupo: “¿La reserva nombrada por el presidente, que no sabemos quiénes son, no sabemos cuántos son, no sabemos dónde van, dónde van a estar, no sabemos de dónde van a salir los recursos para su armamento y para sus uniformes, y bajo qué criterios fueron seleccionados?”.

Barquero expresó su escepticismo sobre la potencial función de estas reservas en el proceso electoral. “¿El Tribunal Supremo de Elecciones, ¿será que está dispuesto a que estas personas trasladen y le den resguardo a las tulas con los votos?”, cuestionó, haciendo una analogía con un “cuento del gato con botas”. “El tico es malicioso, y el tico, sobre todo, no es tonto. Y aquí tenemos claro que se está cocinando algo con esto. Aquí es donde encendemos una señal de alerta”, aseguró.

La Sombra del Autoritarismo y el Riesgo para la Democracia

La legisladora liberacionista profundizó en sus objeciones: “¿Quiénes integrarán realmente esta reserva? ¿Bajo qué criterios se están siendo seleccionados? ¿Con qué formación? ¿Con qué lealtades o motivaciones? ¿A quién le van a responder? Nadie lo sabe”. Para Barquero, este “manto de opacidad” genera una “inquietud legítima en un contexto democrático”, alertando sobre un posible “instrumento de presión o de intimidación, directa o indirecta”.

La diputada fue incisiva al referirse al gobernante. “En el caso de seguridad, debemos de ser muy maliciosos, debemos ser críticos sobre todo, con un gobernante que nos ha dado visos, que nos ha dado muestras, que nos ha dado seguridades de que es un autoritario”, sentenció. Por ello, considera que “convocar a la reserva policial bajo esas condiciones, no sólo carece de fundamento legal, sino que representa un uso temerario del poder, un uso abusivo”.

Barquero hizo un llamado a la memoria histórica, recordando cómo los gobernantes autoritarios en otros países, “ahora los dictadores no llegan al poder por la fuerza de las armas, llegan por la fuerza de los votos, y es precisamente con esos manejos turbios, oscuros, malolientes y perversos que se mantienen en el poder”. Por lo tanto, instó a estar “alertas con estos jueguitos de quien ha demostrado ser un pichón de dictador”. Concluyó que se trata de una decisión “desproporcionada que debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones, y sobre todo, en una policía que ha sido respetada por la ciudadanía de este país”. A pesar de estas críticas, el acuerdo del Ejecutivo, publicado en La Gaceta, “amplía de forma abiertamente ilegal sus competencias”, según la diputada.