Este 10 de agosto de 2026 se decretó como secreto de Estado la información de tres estructuras de seguridad: la DIS, el Consejo Nacional de Seguridad y la Fuerza Élite.

La justificación central es precisamente evitar que el crimen organizado pueda aprovechar información sensible, más ahora que se vincularon 116 policías con organizaciones criminales. Conocemos algunas por su nombre, pero son como las greñas de la Medusa: le cortan una y crecen diez.

Los diputados expresan su preocupación, y es válido cuestionar lo siguiente: su validez jurídica y democrática, los argumentos de ambos lados y el punto de fondo más importante de todos: ¿declarar el secreto de Estado realmente mejora la seguridad o simplemente reduce la fiscalización, como señala Miguel Guillén, secretario del PLN?

No hay una respuesta sencilla, y no la tengo. Pero reconozco que la dimensión tecnológica del narcotráfico nos da vuelta y media en temas de comunicación cifrada, drones, transporte marítimo y fluvial, armamento, geolocalización, ciberseguridad e infiltración de sistemas y de personas.

Todo esto nos lleva a considerar el tema del “secreto de Estado”, concebido como una excepción restrictiva a los principios de transparencia y publicidad. La propia Procuraduría señala que existe información ultrasensible cuya divulgación puede poner en peligro la seguridad y defensa de nuestro país.

Entonces, ¿qué información concreta debe ser secreta, durante cuánto tiempo, quién puede fiscalizarla y qué cosas NO pueden quedar escondidas bajo esa categoría?

Aquí creo que Guillén mezcla dos cosas diferentes.

Ocultar corrupción o incompetencia.B. Proteger información operativa de inteligencia.

Si tuviera la mente de una organización narco, buscaría lo siguiente: integrantes de las unidades de inteligencia; capacidades tecnológicas y sistemas de vigilancia más recientes; fuentes y topos que puedan filtrar información; policías investigados; rutas bajo vigilancia para crear rutas alternas; infiltraciones y protocolos detectados.

Toda esa información puede tener un valor enorme para quienes operan en la acera del frente. Y entonces nos acercamos a ese debate central: secreto no es ausencia de control, ni información secreta es sinónimo de “todo es secreto”.

La noticia versa sobre declarar secreto “toda la documentación, archivos e información” vinculados con esos organismos.

Si esa formulación se interpreta literalmente como un paraguas prácticamente absoluto, la crítica de la oposición adquiere mucha más fuerza, porque no toda la información producida por un organismo de inteligencia tiene necesariamente el mismo nivel de sensibilidad.

Un principio sano podría ser clasificar la información sensible, no blindar institucionalmente a la institución.

La existencia de infiltración policial, que puede abortar trabajos de años en materia de seguridad, es un argumento a favor de cierta reserva. Y ese elemento falta en el discurso de la oposición: la transparencia mal administrada puede convertirse en inteligencia gratuita para el adversario.

También existe el peligro inverso. Si se permite que el Ejecutivo diga: “Todo esto es seguridad nacional; por tanto, no puedo explicar nada”, podría desencadenarse una caja negra en la que nadie mire y alguien pueda dar rienda suelta al abuso.

Aquí la ecuación no es transparencia total vs. secreto total.

La solución madura es: secreto operativo + fiscalización institucional.

Por último, dos críticas a las afirmaciones de Guillén.

“El Gobierno quiere ocultar sus debilidades”: no está demostrado.

Y “Todo esto debe ser secreto porque es seguridad nacional”: tampoco basta con afirmarlo.

La discusión debería estar precisamente ahí: qué se protege, por qué se protege, durante cuánto tiempo y bajo qué mecanismos de fiscalización.

Porque en seguridad nacional, como en democracia, ambos frentes importan.

Nota editorial – MUNDO ACR

Este artículo corresponde a una columna de opinión firmada.Las valoraciones, juicios y enfoques expresados pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Su publicación se ampara en el derecho a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege de forma reforzada el debate y la crítica sobre asuntos de interés público y actores políticos.

MUNDO ACR promueve el pluralismo, el análisis crítico y el debate democrático, sin asumir ni adoptar como propias las opiniones de sus colaboradores.

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Por Hannibal Newman

Hay partidos que pierden elecciones.

Y hay partidos que, mucho antes de perder votos, empiezan perdiéndose a sí mismos.

El reciente pacto impulsado por el PLN volvió a despertar una inquietud incómoda, ¿qué ocurre cuando una organización política deja de ser reconocida por sus convicciones y empieza a ser recordada únicamente por sus alianzas?.

Las alianzas no son un pecado. En democracia se negocia, se dialoga y se construyen acuerdos. Así funciona cualquier sistema político serio.

La señal de alerta aparece cuando el pacto necesita más explicaciones que convicciones.

Una cosa es unir fuerzas para impulsar proyectos concretos. Otra muy distinta es presentar una fotografía política que deja más dudas que certezas sobre el rumbo que pretende seguir un partido.

Ahí es donde comienza el desgaste.

El PLN fue durante décadas una de las principales referencias políticas del país. Precisamente por eso, hoy esa duda resulta imposible de ignorar: ¿qué representa realmente en este momento de la historia?.

No se trata de descalificar por descalificar. Se trata de observar un fenómeno que tarde o temprano termina pasándole factura a cualquier partido. Cuando la identidad pierde claridad, también empieza a perderse la confianza.

Antes los partidos buscaban convencer.

Hoy, algunos parecen concentrar buena parte de su esfuerzo en mantenerse vigentes.

Y eso cambia completamente la relación con el electorado.

El ciudadano observa. Compara. Recuerda. Y cuando encuentra posiciones que cambian con demasiada facilidad, inevitablemente aparece la duda.

Porque la confianza no nace de los discursos. Nace de la coherencia.

El PLN puede firmar los acuerdos que considere necesarios. Está en todo su derecho.

Lo que no puede pedir es que la ciudadanía haga de cuenta que esos movimientos no significan nada.

En política, las alianzas no solo construyen mayorías.

También revelan prioridades.

Y cada fotografía termina diciendo mucho más de lo que algunos discursos intentan explicar.

Cuando una organización necesita explicar constantemente por qué está donde está, quizá el verdadero diálogo ya no sea con quién decidió caminar.

Quizá la interrogante más importante sea otra.

¿Sigue caminando hacia algún lugar… o simplemente está tratando de no quedarse atrás?.

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Ante las declaraciones de la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro. Cuyas palabras tacha al presidente Rodrigo Chaves, como perrito faldero del presidente de los Estados Unidos de Norte América, Donald Trump, tras romper relaciones con la isla de Cuba, diré lo siguiente.

“La mula no era chúcara…La hicieron a pellizcos”…

Nosotros, costarricenses, defendemos a capa y espada nuestras libertades, los procesos democráticos, el poder votar cada cuatro años y penalizar la tortura y las injusticias.

Nuestra neutralidad no implica aplaudir un sistema de presos políticos, tortura y represión del régimen castrense.

Elegir a dedo a Raúl luego de la muerte de Fidel, es uno de los tantos pellizcos que debemos valorar.

En el 2023, la ONG Prisioners Defenderse identificó 181 presos políticos torturados por el régimen nefasto en Cuba: desde negligencia al no proveer de médicos y medicinas, pasando por confinamiento solitario, restricción de líquidos, agresiones físicas y deprivación de sueño, entre otros .

Perros falderos aquellos que lamen las botas de tales depredadores políticos en la isla. Pero no creo que lo comprenda en esos términos: “Perres falderes”. Ahora sí.

Costa Rica tiene todo el derecho a pellizcarse y ser chúcara con regímenes como el citado.

El autor es Análisis político y actualidad de la situación Costarricense.
Literatura, historia, anécdotas.

Nota editorial – MUNDO ACR

Este artículo corresponde a una columna de opinión firmada.
Las valoraciones, juicios y enfoques expresados pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Su publicación se ampara en el derecho a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege de forma reforzada el debate y la crítica sobre asuntos de interés público y actores políticos.

MUNDO ACR promueve el pluralismo, el análisis crítico y el debate democrático, sin asumir ni adoptar como propias las opiniones de sus colaboradores.

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Hay elecciones que el país recuerda por los nombres y hay elecciones que el país recuerda por sus consecuencias. La del domingo 1 de febrero de 2026 es de las segundas: se recordará por sus consecuencias. Ese día elegimos Presidencia, Vicepresidencias y 57 diputaciones, con jornada continua de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
El dilema real no es romántico ni abstracto. Es este. Gobernabilidad o parálisis. Democracia adulta o berrinche institucional con altavoz. Si Costa Rica vuelve a premiar la fragmentación y a reciclar a los partidos tradicionales como árbitros del chantaje legislativo, el país se condena a cuatro años de bloqueo fino, de comisiones eternas, de mociones como metralla y de “control político” convertido en sabotaje, al mejor estilo del Circo de Moras. Eso no es pluralismo. Eso es un país inmovilizado con sello de legalidad.

La elección como plebiscito contra la parálisis.

En ciencia política esto no tiene misterio. Se llama gobierno dividido con demasiados jugadores de veto. Entre más actores con poder de bloquear, más fácil es frenar y más difícil es ejecutar. El resultado no es un Estado más democrático. Es un Estado más lento, más caro e incapaz de responder cuando el país se incendia. Y el país sí tiene incendios. Uno de ellos es brutal y está documentado con números que no se
discuten con ideología. En 2022 Costa Rica registró 656 personas fallecidas por homicidio doloso, cifra récord entonces. En 2023 esa cifra subió a 905, un salto de 38 por ciento. En los análisis oficiales, una proporción mayoritaria de los hechos se vinculó a dinámicas de ajuste de cuentas o venganza, y una parte dominante de los homicidios se cometió con arma de fuego. Eso no es un debate de tertulia. Es una alarma nacional. Ahora, miremos el otro frente, el económico social, porque también ahí la ideología se estrella contra los datos. En diciembre de 2025 la inflación interanual medida por el índice de precios
al consumidor cerró en menos 1,23 por ciento según series oficiales. En paralelo, el INEC reportó para el tercer trimestre de 2025 una tasa de desempleo nacional de 5,7 por ciento. El Banco Central proyectó crecimiento cercano al 4 por ciento para 2024 y 2025 en su comunicación oficial. Y el Fondo Monetario Internacional aprobó para Costa Rica una Línea de Crédito Flexible por 1.500 millones de dólares como respaldo preventivo ante choques externos.
Estos no son trofeos para aplaudir en redes. Son señales de un país que puede sostener estabilidad macro y empleo, pero que no puede darse el lujo de un Congreso dedicado a impedir, diluir o extorsionar toda reforma estructural. Por eso esta elección funciona como plebiscito práctico. No es solo quién se sienta en Zapote. Es si dejamos al Ejecutivo gobernar con herramientas reales o lo amarramos con una Asamblea diseñada para la inacción.

Democracia adulta no es berrinche institucional.

En una democracia sana, el control político sirve para exigir cuentas, fiscalizar con evidencia, corregir errores y mejorar políticas públicas. En una democracia enferma, el control político se degrada en tres vicios. El primero es el control como espectáculo. Mucho ruido, poca sustancia y cero resultados.

El segundo es el control como revancha. No se fiscaliza para corregir. Se fiscaliza para desgastar.

El tercero es el control como veto profesional. Se bloquea para obligar a negociar cuotas, privilegios o impunidad disfrazada de consenso. Eso no es institucionalidad. Eso es una captura blanda del proceso político. Cuando el control se convierte en oficio de bloqueo, la democracia deja de producir resultados y solo produce excusas. Y el país lo ha visto cuando iniciativas urgentes se vuelven interminables, cuando la
agenda legislativa se convierte en un laberinto, cuando el Ejecutivo es obligado a gobernar con freno de mano porque a ciertos partidos les conviene que el gobierno fracase, aunque el país pague el precio. Sin mayorías claras, el sistema se vuelve rehén de minorías organizadas y de coaliciones negativas. Esto fue lo que hicieron, a la vista de todos, el PLN, PUSC, FA y otros en estos cuatro años de contubernio legislativo contra el gobierno de Chaves. Además, por el diseño constitucional vigente, la continuidad de un proyecto político depende de una candidatura sucesora y, sobre todo, de una bancada fuerte. Eso coloca el foco donde debe estar: en el voto completo, coherente, que alinee Presidencia y diputaciones.

El costo oculto del gobierno dividido.

La gente subestima el costo de la parálisis porque la parálisis no hace escándalo. No explota. No se viraliza. Solo se acumula. Parálisis es seguridad pública con reformas a medias. Parálisis es inversión frenada por incertidumbre política. Parálisis es Estado incapaz de ejecutar porque todo se negocia como si fuera botín. Parálisis es una democracia cansada, donde el ciudadano termina diciendo “todos son iguales” y se retira del juego democrático, justo cuando más debería entrar. Eso es lo que los partidos tradicionales ofrecen cuando vuelven a su hábitat. Fragmentación, reparto, bloqueo y sermones. Mucho discurso moral y poco músculo de Estado. Y aquí sí pongo la línea política con total claridad. Si usted quiere continuidad de rumbo, si usted quiere reformas que caminen, si usted quiere un Estado que responda y no un Estado secuestrado por el veto permanente, entonces la decisión racional es una. Votar por el continuismo y aplastar con el voto a los partidos tradicionales. Aplastar con el voto significa
quitarles la capacidad de extorsión legislativa que han usado durante décadas para negociar el
país en cuotas.
El 1 de febrero no se vote con miedo. Se vote con cálculo democrático. Se vote con memoria institucional. Se vote entendiendo que estabilidad macro y empleo no se sostienen con un Congreso dedicado a jugar ajedrez contra el país. Se vote entendiendo que, si el Ejecutivo no cuenta con una bancada fuerte, volveremos al deporte nacional de siempre. Bloquear, negociar, posponer y culpar. La democracia adulta no es un concurso de pureza. Es un sistema para producir resultados bajo reglas, con controles reales y con responsabilidad política. Lo demás es un berrinche institucional con presupuesto público. ¡El domingo 1 de febrero Costa Rica decide si gobierna o se estanca!.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

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