Por Hannibal Newman

Hay partidos que pierden elecciones.

Y hay partidos que, mucho antes de perder votos, empiezan perdiéndose a sí mismos.

El reciente pacto impulsado por el PLN volvió a despertar una inquietud incómoda, ¿qué ocurre cuando una organización política deja de ser reconocida por sus convicciones y empieza a ser recordada únicamente por sus alianzas?.

Las alianzas no son un pecado. En democracia se negocia, se dialoga y se construyen acuerdos. Así funciona cualquier sistema político serio.

La señal de alerta aparece cuando el pacto necesita más explicaciones que convicciones.

Una cosa es unir fuerzas para impulsar proyectos concretos. Otra muy distinta es presentar una fotografía política que deja más dudas que certezas sobre el rumbo que pretende seguir un partido.

Ahí es donde comienza el desgaste.

El PLN fue durante décadas una de las principales referencias políticas del país. Precisamente por eso, hoy esa duda resulta imposible de ignorar: ¿qué representa realmente en este momento de la historia?.

No se trata de descalificar por descalificar. Se trata de observar un fenómeno que tarde o temprano termina pasándole factura a cualquier partido. Cuando la identidad pierde claridad, también empieza a perderse la confianza.

Antes los partidos buscaban convencer.

Hoy, algunos parecen concentrar buena parte de su esfuerzo en mantenerse vigentes.

Y eso cambia completamente la relación con el electorado.

El ciudadano observa. Compara. Recuerda. Y cuando encuentra posiciones que cambian con demasiada facilidad, inevitablemente aparece la duda.

Porque la confianza no nace de los discursos. Nace de la coherencia.

El PLN puede firmar los acuerdos que considere necesarios. Está en todo su derecho.

Lo que no puede pedir es que la ciudadanía haga de cuenta que esos movimientos no significan nada.

En política, las alianzas no solo construyen mayorías.

También revelan prioridades.

Y cada fotografía termina diciendo mucho más de lo que algunos discursos intentan explicar.

Cuando una organización necesita explicar constantemente por qué está donde está, quizá el verdadero diálogo ya no sea con quién decidió caminar.

Quizá la interrogante más importante sea otra.

¿Sigue caminando hacia algún lugar… o simplemente está tratando de no quedarse atrás?.

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Ante las declaraciones de la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro. Cuyas palabras tacha al presidente Rodrigo Chaves, como perrito faldero del presidente de los Estados Unidos de Norte América, Donald Trump, tras romper relaciones con la isla de Cuba, diré lo siguiente.

“La mula no era chúcara…La hicieron a pellizcos”…

Nosotros, costarricenses, defendemos a capa y espada nuestras libertades, los procesos democráticos, el poder votar cada cuatro años y penalizar la tortura y las injusticias.

Nuestra neutralidad no implica aplaudir un sistema de presos políticos, tortura y represión del régimen castrense.

Elegir a dedo a Raúl luego de la muerte de Fidel, es uno de los tantos pellizcos que debemos valorar.

En el 2023, la ONG Prisioners Defenderse identificó 181 presos políticos torturados por el régimen nefasto en Cuba: desde negligencia al no proveer de médicos y medicinas, pasando por confinamiento solitario, restricción de líquidos, agresiones físicas y deprivación de sueño, entre otros .

Perros falderos aquellos que lamen las botas de tales depredadores políticos en la isla. Pero no creo que lo comprenda en esos términos: “Perres falderes”. Ahora sí.

Costa Rica tiene todo el derecho a pellizcarse y ser chúcara con regímenes como el citado.

El autor es Análisis político y actualidad de la situación Costarricense.
Literatura, historia, anécdotas.

Nota editorial – MUNDO ACR

Este artículo corresponde a una columna de opinión firmada.
Las valoraciones, juicios y enfoques expresados pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Su publicación se ampara en el derecho a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege de forma reforzada el debate y la crítica sobre asuntos de interés público y actores políticos.

MUNDO ACR promueve el pluralismo, el análisis crítico y el debate democrático, sin asumir ni adoptar como propias las opiniones de sus colaboradores.

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Hay elecciones que el país recuerda por los nombres y hay elecciones que el país recuerda por sus consecuencias. La del domingo 1 de febrero de 2026 es de las segundas: se recordará por sus consecuencias. Ese día elegimos Presidencia, Vicepresidencias y 57 diputaciones, con jornada continua de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
El dilema real no es romántico ni abstracto. Es este. Gobernabilidad o parálisis. Democracia adulta o berrinche institucional con altavoz. Si Costa Rica vuelve a premiar la fragmentación y a reciclar a los partidos tradicionales como árbitros del chantaje legislativo, el país se condena a cuatro años de bloqueo fino, de comisiones eternas, de mociones como metralla y de “control político” convertido en sabotaje, al mejor estilo del Circo de Moras. Eso no es pluralismo. Eso es un país inmovilizado con sello de legalidad.

La elección como plebiscito contra la parálisis.

En ciencia política esto no tiene misterio. Se llama gobierno dividido con demasiados jugadores de veto. Entre más actores con poder de bloquear, más fácil es frenar y más difícil es ejecutar. El resultado no es un Estado más democrático. Es un Estado más lento, más caro e incapaz de responder cuando el país se incendia. Y el país sí tiene incendios. Uno de ellos es brutal y está documentado con números que no se
discuten con ideología. En 2022 Costa Rica registró 656 personas fallecidas por homicidio doloso, cifra récord entonces. En 2023 esa cifra subió a 905, un salto de 38 por ciento. En los análisis oficiales, una proporción mayoritaria de los hechos se vinculó a dinámicas de ajuste de cuentas o venganza, y una parte dominante de los homicidios se cometió con arma de fuego. Eso no es un debate de tertulia. Es una alarma nacional. Ahora, miremos el otro frente, el económico social, porque también ahí la ideología se estrella contra los datos. En diciembre de 2025 la inflación interanual medida por el índice de precios
al consumidor cerró en menos 1,23 por ciento según series oficiales. En paralelo, el INEC reportó para el tercer trimestre de 2025 una tasa de desempleo nacional de 5,7 por ciento. El Banco Central proyectó crecimiento cercano al 4 por ciento para 2024 y 2025 en su comunicación oficial. Y el Fondo Monetario Internacional aprobó para Costa Rica una Línea de Crédito Flexible por 1.500 millones de dólares como respaldo preventivo ante choques externos.
Estos no son trofeos para aplaudir en redes. Son señales de un país que puede sostener estabilidad macro y empleo, pero que no puede darse el lujo de un Congreso dedicado a impedir, diluir o extorsionar toda reforma estructural. Por eso esta elección funciona como plebiscito práctico. No es solo quién se sienta en Zapote. Es si dejamos al Ejecutivo gobernar con herramientas reales o lo amarramos con una Asamblea diseñada para la inacción.

Democracia adulta no es berrinche institucional.

En una democracia sana, el control político sirve para exigir cuentas, fiscalizar con evidencia, corregir errores y mejorar políticas públicas. En una democracia enferma, el control político se degrada en tres vicios. El primero es el control como espectáculo. Mucho ruido, poca sustancia y cero resultados.

El segundo es el control como revancha. No se fiscaliza para corregir. Se fiscaliza para desgastar.

El tercero es el control como veto profesional. Se bloquea para obligar a negociar cuotas, privilegios o impunidad disfrazada de consenso. Eso no es institucionalidad. Eso es una captura blanda del proceso político. Cuando el control se convierte en oficio de bloqueo, la democracia deja de producir resultados y solo produce excusas. Y el país lo ha visto cuando iniciativas urgentes se vuelven interminables, cuando la
agenda legislativa se convierte en un laberinto, cuando el Ejecutivo es obligado a gobernar con freno de mano porque a ciertos partidos les conviene que el gobierno fracase, aunque el país pague el precio. Sin mayorías claras, el sistema se vuelve rehén de minorías organizadas y de coaliciones negativas. Esto fue lo que hicieron, a la vista de todos, el PLN, PUSC, FA y otros en estos cuatro años de contubernio legislativo contra el gobierno de Chaves. Además, por el diseño constitucional vigente, la continuidad de un proyecto político depende de una candidatura sucesora y, sobre todo, de una bancada fuerte. Eso coloca el foco donde debe estar: en el voto completo, coherente, que alinee Presidencia y diputaciones.

El costo oculto del gobierno dividido.

La gente subestima el costo de la parálisis porque la parálisis no hace escándalo. No explota. No se viraliza. Solo se acumula. Parálisis es seguridad pública con reformas a medias. Parálisis es inversión frenada por incertidumbre política. Parálisis es Estado incapaz de ejecutar porque todo se negocia como si fuera botín. Parálisis es una democracia cansada, donde el ciudadano termina diciendo “todos son iguales” y se retira del juego democrático, justo cuando más debería entrar. Eso es lo que los partidos tradicionales ofrecen cuando vuelven a su hábitat. Fragmentación, reparto, bloqueo y sermones. Mucho discurso moral y poco músculo de Estado. Y aquí sí pongo la línea política con total claridad. Si usted quiere continuidad de rumbo, si usted quiere reformas que caminen, si usted quiere un Estado que responda y no un Estado secuestrado por el veto permanente, entonces la decisión racional es una. Votar por el continuismo y aplastar con el voto a los partidos tradicionales. Aplastar con el voto significa
quitarles la capacidad de extorsión legislativa que han usado durante décadas para negociar el
país en cuotas.
El 1 de febrero no se vote con miedo. Se vote con cálculo democrático. Se vote con memoria institucional. Se vote entendiendo que estabilidad macro y empleo no se sostienen con un Congreso dedicado a jugar ajedrez contra el país. Se vote entendiendo que, si el Ejecutivo no cuenta con una bancada fuerte, volveremos al deporte nacional de siempre. Bloquear, negociar, posponer y culpar. La democracia adulta no es un concurso de pureza. Es un sistema para producir resultados bajo reglas, con controles reales y con responsabilidad política. Lo demás es un berrinche institucional con presupuesto público. ¡El domingo 1 de febrero Costa Rica decide si gobierna o se estanca!.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Nota editorial – MUNDO ACR

Este artículo corresponde a una columna de opinión firmada.
Las valoraciones, juicios y enfoques expresados pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

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MUNDO ACR promueve el pluralismo, el análisis crítico y el debate democrático, sin asumir ni adoptar como propias las opiniones de sus colaboradores.

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Las encuestas no votan, pero sí revelan dónde está parada la conversación pública. En los últimos tres meses, la tendencia ha sido consistente. En noviembre, el IDESPO de la Universidad Nacional colocó a Laura Fernández al frente con 28,1 por ciento. En diciembre, la misma medición la mostró subiendo a 32,8 por ciento. Hoy, 22 de enero de 2026, el IDESPO vuelve a medir y la ubica con 39,9 por ciento de intención de voto entre quienes dicen estar decididos a votar, con indecisos todavía relevantes, 35,2 por
ciento. No es una profecía, pero sí una señal de dirección.

Esto no es un accidente estadístico. En ciencia política, cuando una candidatura captura el centro del conflicto y logra ordenar el debate público a su favor, tiende a consolidarse. Laura Fernández no compite solo por simpatía personal, compite por continuidad de rumbo. Y ese rumbo tiene un nombre que irrita a la vieja política, Rodrigo Chaves. La encuesta del CIEP de la UCR ha registrado una aprobación
presidencial del 58 por ciento. Ese capital político suele transferirse cuando la ciudadanía interpreta que el rumbo general del gobierno ha sido útil para su vida cotidiana y para la estabilidad del país.

Hablar de logros exige higiene intelectual. Hay que poner números sobre la mesa y, sobre todo, fuentes. En el frente macroeconómico, el Fondo Monetario Internacional ha señalado un progreso económico notable, con crecimiento robusto y deuda pública cayendo de forma sostenida a niveles por debajo del 60 por ciento del PIB. En 2025, el mismo FMI aprobó para Costa Rica una Línea de Crédito Flexible por 1.500 millones de dólares, un instrumento reservado para países con marcos de política fuertes y
credibilidad macroeconómica. En castellano llano, el país pasó de pedir permiso a inspirar confianza.

En empleo, el INEC reportó para el tercer trimestre de 2025 una tasa de desempleo de 5,7 por ciento. En finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda reportó para agosto de 2025 un déficit financiero equivalente a 2,1 por ciento del PIB, con mejora frente al mismo periodo del año anterior. En octubre de 2025, S&P Global Ratings subió la calificación soberana de Costa Rica a BB desde BB menos. Estos datos no son
propaganda, son termómetros institucionales, y su convergencia importa porque reduce vulnerabilidades y amplía margen de maniobra para políticas públicas con sentido.

Esto no borra los desafíos cotidianos. Un país puede mejorar en macro y, aun así, tener bolsillos tensos, zonas con rezagos y sectores que sienten que la recuperación no les llega. Precisamente por eso la continuidad importa. Sin estabilidad fiscal y credibilidad, el Estado vuelve al viejo vicio. Promete con una mano y endeuda con la otra. Luego llega la factura, siempre en el peor momento y siempre pagada por el
ciudadano común, mientras los de siempre se esconden detrás de excusas ideológicas y manuales de moralina selectiva.

Ahora bien, Laura Fernández no se juega solo en Zapote. Se juega también en Cuesta de Moras. Aquí entra una lección elemental del poder moderno. George Tsebelis lo explica con su enfoque de jugadores de veto. Cuando aumentan los actores con capacidad de bloquear, y cuando están lejos entre sí, crece la probabilidad de parálisis. En términos ticos, más fragmentación legislativa equivale a más bloqueo y a menos reformas, incluso cuando el país las necesita con urgencia. La encuesta del IDESPO también recuerda el dato decisivo. En intención legislativa, Pueblo Soberano lidera con 35,5 por ciento, pero la indecisión ronda el 33 por ciento, mientras PLN marca 8,2 por ciento, Frente Amplio 6,8 por ciento y CAC 3,8 por ciento. Ese mapa es el manual de instrucciones de la parálisis.

James Madison lo resumió con un realismo incómodo. Si los hombres fueran ángeles, no haría falta gobierno. Como no lo somos, la arquitectura del poder importa. Los controles deben existir, pero también debe existir capacidad de gobernar. Un Ejecutivo sin respaldo legislativo suficiente termina atrapado en vetos cruzados, en chantajes encubiertos y en una política de migajas. En ese terreno, las reformas se deforman en transacciones y se hunden en la arena movediza de la politiquería.

Por eso el cierre es directo y sin eufemismos. El día de las elecciones no hay que quebrar el voto. Si el electorado quiere continuidad, reformas profundas y el desmantelamiento real de la casta corrupta que se atrincheró durante décadas, entonces debe votar de forma coherente. Costa Rica necesita a Laura Fernández en la Presidencia y necesita por igual a sus 57 diputados en la Asamblea Legislativa para Pueblo Soberano. Sin Asamblea no hay reformas. Sin reformas, el país vuelve a la rueda de la misma casta canalla, la misma red clientelar y el mismo deterioro institucional que tantos costarricenses ya aprendieron a identificar. ¡Costa Rica maduró!.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Nota editorial – MUNDO ACR

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Su publicación se ampara en el derecho a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege de forma reforzada el debate y la crítica sobre asuntos de interés público y actores políticos.

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