Las sillas vacías de las jerarquías judiciales en la inauguración del CACCO, el 14 de octubre, dejaron una imagen políticamente deplorable. Pero hay otra silla que merece más atención. La que algunos parecen considerar una prolongación de su anatomía. No asistir a una ceremonia no demuestra incumplimiento de funciones; gobernar una institución que acumula reformas pendientes sí exige responder por ellas. La ausencia protocolaria fue el símbolo. La crisis de gobernanza es el problema.

El 19 de octubre, la Corte Plena reeligió al fiscal general Carlo Díaz por cuatro años más, con el respaldo de los 21 magistrados participantes; el 26 está prevista la elección de la Presidencia de la Corte. La primera decisión ya se tomó y la segunda no debería ser una ceremonia de confirmación entre colegas. Son decisiones que exigen un examen mucho más riguroso de la conducción institucional. Mi posición es clara: la Fiscalía necesitaba relevo y la Corte necesita una presidencia reformadora. Cambiar nombres sin cambiar métodos sería apenas retapizar las mismas sillas.

La factura obliga a hablar seriamente. El presupuesto inicial judicial de 2026 ascendió a ₡541.525,7 millones. En el ejercicio cerrado de 2025, Hacienda registró ₡512.155,6 millones ejecutados, equivalentes al 96,84 % del presupuesto definitivo; las remuneraciones representaron el 82,47 % del gasto. Son magnitudes de toda la institución, incluidos investigación, tribunales, Fiscalía y Defensa Pública, no solamente de sus magistrados. Pero financiar servicios indispensables no dispensa de demostrar cómo funcionan.

La ciudadanía no compra solemnidad por kilo ni expedientes por tonelada. Financia protección de derechos y resoluciones oportunas. Ejecutar recursos es una condición administrativa, no una prueba suficiente de eficacia. Tampoco se mejora la justicia asfixiando peritajes o investigaciones. Se mejora asignando recursos según necesidades comprobadas, suprimiendo duplicidades y exigiendo resultados. Ni el presupuesto es un cheque en blanco ni la independencia una exención de responsabilidad.

El Quinto Informe Estado de la Justicia, de 2025, identificó estancamiento del gobierno judicial. Documentó que la propuesta de desconcentración administrativa presentada en 2020 continuaba pendiente, mientras las comisiones habían pasado de 97 en 2020 a 107 en 2023. Además, los indicadores de seguimiento incorporados al sistema de planificación anual en 2020 fueron eliminados de este a partir de 2021. Un diagnóstico incómodo para una institución que debe gobernarse con información, seguimiento y capacidad de corregir.

El problema no se resuelve añadiendo otra comisión al inventario. Una reforma que se eterniza puede convertirse en la coartada de quienes administran su espera. Max Weber, en La política como vocación, vinculó la ética de la responsabilidad con hacerse cargo de las consecuencias previsibles de los propios actos. Aplicado al gobierno judicial, el criterio es inequívoco. No basta tener atribuciones; hay que responder por su ejercicio. El organigrama no puede servir de escondite.

Los tiempos procesales muestran el costo humano. Entre los 15.456 asuntos concluidos con sentencia por tribunales penales en 2024, 2.403 tardaron entre cinco y menos de diez años, y 381 alcanzaron diez años o más en su tramitación total. El promedio mejoró respecto de 2023. Pero una década no es una demora ornamental; es vida consumida, tanto para víctimas como para personas acusadas que esperan una resolución. La mejora estadística no devuelve el tiempo perdido.

La institución también informó en septiembre de 2026 un aumento de productividad del 26,92 % entre 2021 y 2025. Hay trabajo y avances que reconocer. Precisamente por eso, la crítica debe concentrarse en lo que esos indicadores todavía no explican. ¿Dónde persisten las demoras más graves? ¿Qué calidad tienen las respuestas? ¿Qué reformas produjeron mejoras replicables? El esfuerzo de quienes sostienen el servicio no puede convertirse en inmunidad gerencial para quienes lo dirigen.

En la Fiscalía, el Estado de la Justicia examinó expedientes terminados entre 2022 y septiembre de 2024. Más del 65 % correspondió a archivos fiscales y desestimaciones; alrededor del 15 % terminó con acusación. Archivar puede ser jurídicamente correcto. Convertir esos porcentajes en una tasa automática de impunidad sería falso. Lo exigible es distinguir delitos sin autor identificado, insuficiencia probatoria y denuncias improcedentes, y explicar qué obstáculos impiden llevar investigaciones fundadas a juicio. Contar cierres no basta para evaluar la persecución penal.

Carlo Díaz recibió una asombrosa evaluación interna de 98,95 % por su desempeño de 2025. En aquella sesión, magistrados cuestionaron el instrumento utilizado para evaluar altos cargos. Entretanto, el CIEP-UCR reportó en septiembre de 2026 notas ciudadanas de 5,5 para la Fiscalía, 5,8 para el Poder Judicial y 7,1 para el OIJ, en una escala de cero a diez. No son mediciones equivalentes ni una encuesta sobre destituciones. Pero obligan a preguntar qué significa la excelencia administrativa cuando la valoración pública de la institución es tan modesta.

No hace falta fingir unanimidades populares para exigir renovación. A mi juicio, una nota interna sobresaliente no justificaba por sí sola otros cuatro años del mismo liderazgo. La Corte debe explicar públicamente qué resultados atribuye a la gestión de Díaz, qué deficiencias reconoce y por qué consideró preferible su continuidad a abrir un concurso. Mi criterio era favorecer ese relevo mediante una selección rigurosa. La Fiscalía necesita competencia por idoneidad, no continuidad por costumbre.

La cooperación internacional ofrece una lección útil. “Escudo Internacional”, en octubre de 2025, articuló investigaciones del OIJ con la DEA y el FBI. En marzo de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense documentó extradiciones vinculadas a investigaciones de ambas agencias y agradeció expresamente la colaboración de autoridades fiscales y policiales costarricenses. Son resultados conjuntos, no motivos para borrar a los equipos nacionales. La exigencia es convertir esa cooperación en capacidades permanentes de inteligencia, investigación financiera y prueba, no en una colección de operativos excepcionales.

Beccaria, en De los delitos y de las penas, situó la prevención y la certeza de la respuesta penal por encima de la crueldad inútil. Su enseñanza conserva actualidad. Una persecución eficaz necesita pruebas que resistan el juicio y sanciones legítimas, no solamente anuncios. Que se informe cuántas estructuras criminales pierden capacidad operativa, qué patrimonios ilícitos se recuperan, qué ocurre con las acusaciones y cuánto esperan las víctimas. La contundencia debe demostrarse en el expediente, no únicamente ante el micrófono.

La nueva Presidencia necesita visión estratégica y capacidad de ejecución. Propongo que, durante sus primeros cien días, presente un programa público con responsables, plazos y metas por jurisdicción. Que impulse la desconcentración administrativa con las reformas legales necesarias, priorice los peritajes críticos y mejore la interoperabilidad de los sistemas. Modernizar no consiste en trasladar una burocracia lenta a una pantalla. La digitalización debe reducir trámites, no darles contraseña.

Coordinar con los otros poderes tampoco significa obedecerlos. Se pueden acordar recursos, prioridades operativas y reformas sin negociar sentencias ni persecuciones. El fiscal que necesita Costa Rica debe actuar con independencia frente al Gobierno, los partidos, las redes económicas y la propia corporación judicial. Valentía sin selectividad; eficacia sin arbitrariedad. La cooperación institucional no es servilismo, como el aislamiento no es una credencial de imparcialidad.

También debe reformarse la permanencia de las magistraturas. El artículo 158 constitucional establece períodos de ocho años y presume la reelección, salvo que dos tercios de la totalidad de diputados acuerden lo contrario. Hoy se requieren 38 votos para impedirla, no para confirmarla expresamente. Propongo invertir esa lógica mediante reforma constitucional. Cada renovación debe requerir 38 votos afirmativos, públicos y motivados, apoyados en una evaluación verificable. La continuidad debe ganarse, no heredarse del silencio parlamentario.

Para establecer un máximo de doce años y permitir una sola reelección, propongo períodos de seis años, renovables una única vez. Se necesitan reglas de transición y garantías de independencia, no represalias por sentencias incómodas. El nombramiento debe premiar mérito, integridad y capacidad, nunca gratitud hacia un padrino. Publicar criterios, evaluaciones y conflictos de interés sería más útil que otra declaración ceremonial contra el favoritismo. La renovación sin reglas puede cambiar los apellidos y conservar las dependencias.

El relevo generacional no consiste en despreciar la experiencia ni en convertir la edad en defecto. Consiste en abrir oportunidades y cerrar el paso al inmovilismo. Ninguna magistratura debe concebirse como patrimonio personal o sala de espera de una pensión. Si una autoridad carece de voluntad para transformar lo que dirige, apartarse puede ser su último servicio honorable. El salario remunera una función; no compra el derecho a ocuparla indefinidamente.

El artículo 11 constitucional define a los funcionarios como depositarios de autoridad y exige evaluación de resultados y rendición de cuentas. La ciudadanía no puede ordenar sentencias, pero sí exigir explicaciones por la administración del servicio. No hay vacas sagradas en una República. Hay competencias, deberes y responsabilidades. La crítica no profana la justicia; recuerda a sus jerarcas que la institución merece mucho más que la defensa de sus ocupantes.

Si la aspiración de una Tercera República pretende significar renovación, debe comenzar por una justicia capaz, independiente y responsable, no por rebautizar las viejas complacencias. La elección pendiente de la Presidencia de la Corte ofrece una oportunidad concreta. No la conviertan en otra sesión solemne de conservación del mobiliario. Señorías, las tachuelas no forman parte de la Constitución. Levántense a rendir cuentas. Y quienes no puedan conducir el cambio, tengan la dignidad y vergüenza de dejar la silla antes de que su permanencia termine de desgastar y deslegitimizar la institución que juraron honrar.

Sobre el autor

Milton Madriz Cedeño es máster y politólogo. Fue docente universitario y director interino del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Nota editorial | MUNDO ACR

Este artículo es una columna de opinión firmada. Las ideas, interpretaciones y valoraciones son responsabilidad de su autor. No representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Publicamos esta columna como parte de nuestro compromiso con la libertad de expresión y el pluralismo. Defendemos la circulación de distintas corrientes de pensamiento, incluso cuando contienen críticas a las instituciones públicas.

Este compromiso se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

MUNDO ACR distingue las opiniones de sus colaboradores de su cobertura informativa. También mantiene su compromiso con el rigor periodístico, el respeto a los derechos de terceros y la responsabilidad editorial.

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Hay ausencias que hacen más ruido que un discurso. Este 14 de octubre, durante la inauguración del CACCO en La Reforma, quedaron vacías las sillas de jerarcas judiciales, entre ellos el fiscal general Carlo Díaz. La presidenta Laura Fernández señaló públicamente la ausencia de magistrados. La imagen quedó registrada. No fue necesario un comunicado de veinte páginas para que el vacío adquiriera significado político.

No se les pedía aplaudir a un Gobierno. Se esperaba altura de Estado. Ante una infraestructura destinada a contener criminalidad de alto perfil, comparecer habría significado reconocer una responsabilidad compartida, no rendir pleitesía. Una toga no se contamina por coincidir con otro poder de la República. Lo que sí empobrece una institución es proyectar que su distancia del adversario pesa más que su cercanía con el ciudadano.

La ausencia merece una explicación pública. No asistir a una ceremonia no demuestra por sí solo abandono de funciones; pero quienes ejercen poder también responden por las señales que transmiten. La independencia judicial exige libertad para resolver, no incomunicación ceremonial. Cuando el país necesita cooperación, las sillas vacías son una pésima tarjeta de presentación.

El problema, además, no empieza en esas sillas. La evaluación oficial de Hacienda registra para el Poder Judicial, en 2025, un presupuesto definitivo de ₡528.872 millones y un gasto ejecutado de ₡512.156 millones. Se ejecutó el 96,84 % y las remuneraciones absorbieron el 82,47 % del gasto efectivamente realizado. Son cifras institucionales, no ocurrencias de un crítico malhumorado.

Ese dinero sostiene también a investigadores, fiscales, defensores y personal indispensable. Su magnitud no prueba que sobren recursos. Pero sí impide tratar la exigencia de resultados como una insolencia. Ejecutar presupuesto no equivale a impartir justicia oportuna. El contribuyente no paga para que una estructura certifique su propia continuidad, sino para recibir un servicio. Una nómina cumplida no es una misión cumplida.

La estadística del propio Poder Judicial ofrece una prueba incómoda. Entre los 15.456 asuntos concluidos con sentencia por los tribunales penales en 2024, hubo 2.403 cuya tramitación total tomó entre cinco y menos de diez años, y 381 que alcanzaron diez años o más. El informe registra mejoras frente a 2023 y reconoce factores diversos de demora. Nada de eso vuelve aceptable acostumbrarse a esas duraciones.

Una década no es un plazo cualquiera. Es una porción de vida. Es la víctima envejeciendo con su reclamo y el acusado cargando una incertidumbre que el Estado debería resolver oportunamente. No todo retraso nace de un juez negligente; administrar las causas de ese retraso, sin embargo, es responsabilidad institucional. El ciudadano pide justicia, no una relación de larga duración con un expediente.

Aquí conviene recuperar dos artículos que no deberían necesitar recordatorio. El 41 constitucional exige justicia pronta y cumplida; el 11 somete la Administración Pública, en sentido amplio, a evaluación de resultados y rendición de cuentas. La independencia no borra ninguno de esos deberes. No existe una dispensa republicana para la ineficiencia por el solo hecho de vestir de negro.

El Ministerio Público tampoco puede escudarse en el volumen de papeles despachados. El Quinto Informe Estado de la Justicia examinó expedientes terminados entre enero de 2022 y septiembre de 2024. Los archivos fiscales y las desestimaciones representaron más del 65 % de las salidas; las acusaciones, un 14 % en 2022 y alrededor del 15 % en los períodos siguientes analizados. Esos porcentajes corresponden a asuntos terminados, no a todas las denuncias de un mismo año.

No toda desestimación significa impunidad, ni sería honesto fabricar esa equivalencia. Puede no existir delito, no identificarse al responsable o faltar prueba suficiente. Precisamente por eso, señor fiscal general, hace falta explicar qué ocurre detrás de las categorías. ¿Cuánto responde a denuncias improcedentes y cuánto a investigaciones que no lograron esclarecer hechos delictivos? ¿Dónde están los obstáculos y quién debe corregirlos? Contar expedientes cerrados no es contar bandas desarticuladas.

La rendición de cuentas que necesitamos debe distinguir homicidio, sicariato, narcotráfico y delincuencia organizada; seguir cohortes de casos, medir tiempos, explicar fracasos probatorios y mostrar resultados firmes. No se reclama condenar sin pruebas. Se reclama investigar con capacidad suficiente para obtenerlas. Entre el garantismo serio y la impotencia burocrática hay una diferencia que ninguna solemnidad verbal debería conseguir borrar.

La enfermedad de la conducción institucional tampoco es una invención partidaria. El Informe Estado de la Justicia de 2025 documentó que la desconcentración administrativa, promovida como reforma urgente desde 2017, seguía sin concretarse. La propuesta de gobierno corporativo de 2020 continuaba pendiente de aprobación. Entretanto, las comisiones judiciales habían pasado de 97 en 2020 a 107 en 2023. Ocho años después del anuncio, aquella urgencia seguía esperando.

Hay burocracias que no resuelven sus problemas; les nombran una comisión. Y después otra que estudie las recomendaciones de la primera. El expediente de la reforma termina reproduciendo exactamente la patología que debía curar. Si desprenderse de funciones administrativas exige semejante peregrinación, ¿con qué autoridad gerencial se reclama paciencia infinita al usuario? La reforma urgente no puede convertirse en una pieza del mobiliario histórico.

El mismo informe advirtió limitaciones en la evaluación de políticas institucionales. Diez políticas registraron un cumplimiento del 100 % de sus metas en 2024, sin que esa medición acreditara por sí misma el cumplimiento integral de sus objetivos. Cumplir una actividad programada y transformar una realidad son cosas diferentes. La perfección del formulario no absuelve las deficiencias del servicio.

Por eso la crítica no es enemiga de la justicia. Lo que la debilita es confundir la dignidad de la función con la susceptibilidad de quien la ejerce. Una institución respetable debe poder explicar su presupuesto, reconocer sus fallas y corregir su diseño sin convertir cada pregunta en una afrenta. La toga no es un título de nobleza. Mucho menos una póliza contra el escrutinio.

Hay investigadores, fiscales y jueces cuyo trabajo merece respeto. La Sala Tercera incluso presentó esta semana una propuesta para incorporar el vínculo con crimen organizado como criterio de prisión preventiva. Pero reconocer esos esfuerzos no supone entregar un salvoconducto a las jerarquías. El trabajo de quienes sostienen el servicio no exime a la cúpula de responder por la conducción institucional ni por el mensaje de su ausencia.

El CACCO no puede quedar como una obra aislada. Debe integrarse a un esfuerzo que impida convertir el encierro en oficina de operaciones criminales. Precisamente por eso interesa un Estado articulado, no una competencia de vanidades. A la infraestructura penitenciaria deben corresponder investigaciones rigurosas, acusaciones sólidas y resoluciones oportunas. Cada eslabón debe cumplir su tarea. La delincuencia organizada no necesita que el Estado le regale, además, una desorganización solemne.

Lo ocurrido hoy me parece una muestra de desidia política, no porque la asistencia equivalga a combatir el crimen, sino porque la conducción de un poder también exige presencia pública y disposición a reconocer esfuerzos ajenos. Si había razones atendibles para no concurrir, que las expliquen. La ciudadanía no tiene por qué adivinarlas ni dispensar automáticamente a sus jerarcas del costo de una señal tan desafortunada.

Mi juicio es claro. Esta conducción necesita una renovación profunda, sometida a los procedimientos constitucionales, no otra ceremonia de autojustificación. Si de mi voto dependiera su continuidad, no la respaldaría. Ni la antigüedad del magistrado ni la permanencia del fiscal constituyen un mérito suficiente para seguir. Los cargos se justifican con idoneidad, resultados y responsabilidad pública; no con la destreza para sobrevivir dentro del organigrama.

La República no les pertenece. La autoridad se la presta el ciudadano y el respeto no viene cosido a la toga. Hoy quedaron vacías unas sillas. Lo intolerable sería que siguiera vacante la responsabilidad pública.

Sobre el autor

Milton Madriz Cedeño es máster y politólogo. Fue docente universitario y director interino del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Nota editorial | MUNDO ACR

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Publicamos esta columna como parte de nuestro compromiso con la libertad de expresión y el pluralismo. Defendemos la circulación de distintas corrientes de pensamiento, incluso cuando contienen críticas a las instituciones públicas.

Este compromiso se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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La democracia necesita oposición. Lo que no necesita es una coalición que confunda el contrapeso con el ancla, la fiscalización con la insinuación y el Reglamento legislativo con una fábrica de obstáculos financiada por quienes esperan soluciones.

LA TRINCHERA ANTES DEL GOBIERNO

La oposición costarricense ha consumado una proeza digna de una cátedra sobre alquimia parlamentaria. Logró unir bajo una misma fotografía a la socialdemocracia del PLN, a la representación unipersonal del PUSC, a la izquierda del Frente Amplio y a la Coalición Agenda Ciudadana. El prodigio ocurrió el 1 de mayo, cuando veintiséis diputaciones anunciaron una agenda común y presentaron una papeleta conjunta para disputar el Directorio Legislativo.¹ Laura Fernández asumiría la Presidencia hasta el 8 de mayo.² La trinchera, por tanto, apareció antes que el nuevo gobierno.

Formar un bloque no es ilegal ni antidemocrático. La cronología, sin embargo, resulta políticamente reveladora. No hubo primero una reforma evaluada, una política rechazada o un presupuesto cuestionado. Hubo primero una coalición de contención y después una administración a la cual contener. La identidad común no nació de una doctrina compartida sobre productividad, deuda, seguridad, educación o modernización estatal. Nació, sobre todo, de la voluntad de actuar juntos frente a una mayoría que acababa de ganar las urnas. El ecumenismo ideológico alcanzó así una forma curiosa. No consiguieron ponerse de acuerdo sobre el Estado que desean construir, pero sí sobre el poder al que querían limitar.

La Unión Interparlamentaria establece un estándar bastante menos pintoresco. La función principal de una oposición democrática es ofrecer una alternativa creíble a la mayoría, además de escrutar al Ejecutivo para proteger la integridad, la eficiencia y el interés público.³ Fiscalizar, entonces, no es llenar la agenda de sospechas. Controlar no es convertir cada divergencia en un apocalipsis constitucional. Oponerse tampoco consiste en levantar una muralla y cobrar después por haber impedido el tránsito. Una oposición responsable dice no cuando corresponde, sí cuando conviene al país y, sobre todo, presenta una solución superior.

DEL BLOQUE ELECTORAL AL PACTO DE LOS INTERESES ORGANIZADOS

El 29 de junio la arquitectura adquirió una segunda planta. Álvaro Ramírez, José María Villalta y Claudia Dobles firmaron, por el PLN, el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, el llamado Pacto Patriótico Costarricense con RENASES. No hace falta imaginar una sociedad secreta detrás de una cortina de terciopelo. El documento está firmado y publicado. Establece canales para que la red aporte proyectos de ley y solicitudes de control político, permite que las fracciones pidan acciones coordinadas a la organización y ordena integrar un equipo de asesores técnicos y políticos con personal parlamentario y de RENASES.⁴

El diálogo con sindicatos, sectores productivos, estudiantes y organizaciones sociales es legítimo. Lo que merece escrutinio es la asimetría. ¿Quién integra ese equipo? ¿Cuánto tiempo de personal pagado por el erario se dedica a esa coordinación? ¿Qué proyectos y solicitudes llegaron por esa vía? ¿Qué acceso equivalente poseen los ciudadanos, empresas, profesionales y comunidades que no forman parte de la red? Cuando un pacto convierte a determinados grupos en proveedores privilegiados de agenda y control político, la transparencia deja de ser una cortesía y se vuelve una obligación.

El propio texto proclama la defensa de la CCSS, el ICE, el INS, el BCR, el AyA, el PANI y las universidades públicas. Defender servicios esenciales es una responsabilidad republicana. Sacralizar estructuras, presupuestos y privilegios como si todo organigrama hubiese descendido del Sinaí es otra cosa. La Cámara de Industrias objetó precisamente que la defensa institucional no debería colocarse por encima de la evaluación, la eficiencia y las reformas estructurales.⁵ Ahí reside el verdadero desacuerdo. Para unos, modernizar significa revisar resultados, gasto, regulación y gobernanza. Para otros, cada revisión parece anunciar el fin de la patria, especialmente cuando la reforma toca la caja, la plaza o el feudo correcto.

George Tsebelis explicó que el cambio de políticas se vuelve más difícil cuando aumentan los actores con capacidad de veto, su distancia ideológica y su cohesión.²⁰ Esa estabilidad puede proteger a una democracia contra el abuso. También puede petrificarla. El contrapeso evita que el barco vuelque. El ancla impide que navegue. La oposición costarricense debe explicar en cuál de esas dos tareas ha decidido especializarse.

PAPEL, MICRÓFONO Y DINERO PÚBLICO

El expediente de las jornadas 4 por 3 ofrece una radiografía difícil de maquillar. Durante todo el trámite se acumularon 5.129 mociones y revisiones. La Asamblea actual tuvo que conocer 4.248.⁶ El número no demuestra que cada enmienda fuese inútil, pero tampoco constituye un doctorado colectivo en defensa laboral. Su efecto operativo fue obstructivo. Durante semanas el Plenario dedicó sesiones dobles al expediente y otros asuntos quedaron desplazados. En lenguaje político algunos llaman a estas prácticas “terrorismo parlamentario”. No es una categoría jurídica. El término técnico es filibusterismo u obstrucción procesal. El nombre menos teatral no vuelve menor la factura.

Quienes presentaron las mociones tienen derecho a alegar que defendían garantías laborales. También tienen el deber de mostrar el rendimiento de su estrategia. ¿Cuántas enmiendas mejoraron realmente el texto? ¿Cuántas fueron acogidas? ¿Cuántas repitieron el mismo argumento con nueva envoltura? ¿Cuánto tiempo absorbieron? La democracia no se fortalece contando papeles como si cada hoja fuese una victoria moral. Se fortalece cuando la deliberación produce mejores normas.

Crucitas repite la liturgia. Después de cuatro sesiones, la Comisión de Ambiente había conocido apenas 16 de 486 mociones pendientes.⁷ Mientras el procedimiento levanta una catedral de formalidades, el problema real continúa en el territorio. El oro no espera el acta, la minería ilegal no solicita receso y el daño ambiental no se suspende hasta que la última revisión encuentre micrófono. La oposición puede objetar el proyecto gubernamental. Lo que no puede hacer es convertir la demora en política pública y luego presentar la parálisis como virtud ecológica.

Nada de esto es gratuito. El presupuesto de la Asamblea Legislativa para 2026 asciende a ₡50.115,2 millones, de los cuales ₡28.058,4 millones corresponden a remuneraciones. La institución dispone de 965 plazas y el propio documento presupuestario relaciona aumentos de carga, tiempo extraordinario y nuevos puestos con el crecimiento de sesiones, comisiones y complejidad normativa.⁸ No sería serio dividir el presupuesto entre días y bautizar el resultado como precio de una sesión. Pero sería igualmente absurdo fingir que el papel, los asesores, la seguridad, la Secretaría, los servicios técnicos, las transmisiones y las horas extraordinarias brotan gratis de los jardines de Cuesta de Moras. El aplauso puede no costar. El teatro sí.

LA REPÚBLICA DEL MEGÁFONO

La degradación no ocurre únicamente mediante mociones. También aparece cuando el control político abandona la prueba y se enamora de la insinuación. Claudia Dobles afirmó en el Plenario que Rodrigo Chaves “pareciera” estar en estado etílico durante los hechos de Cartago. La cobertura disponible no aportó evidencia médica o material que sustentara esa apreciación.⁹ Abril Gordienko relató que un pastor le habría ofrecido 42.000 votos por ₡420 millones, sin identificar públicamente al supuesto responsable, lo que llevó a la Federación Alianza Evangélica a exigir precisión y a un diputado a solicitar una investigación ante el TSE.¹⁰ Edgardo Araya preguntó quién había pagado autobuses y alimentación para simpatizantes gubernamentales y anunció que lo averiguaría.¹¹

Preguntar es legítimo. Denunciar hechos graves también. Lo impropio es invertir el orden republicano y utilizar primero el micrófono, después el titular y finalmente, quizá, la prueba. Una acusación no se vuelve más verdadera porque su autor la pronuncie desde una curul. El Plenario no puede convertirse en una lavandería de insinuaciones donde entra una sospecha, se centrifuga bajo inmunidad política y sale convertida en escándalo nacional. El estándar democrático exige exactamente lo contrario. Hechos, documentos, responsables y consecuencias.

Las universidades públicas tienen pleno derecho a defender su autonomía y su presupuesto. La comunidad universitaria tiene derecho a marchar. Pero cuando la UCR emite una circular institucional para invitar al Plantón en Defensa de la Democracia y otra para suspender clases y reprogramar evaluaciones con motivo de una marcha, ya no estamos únicamente ante ciudadanos ejerciendo libertades individuales.¹² ¹³ Estamos ante decisiones administrativas de una institución financiada con recursos públicos. Corresponde conocer su fundamento, costo, alcance y garantías para quienes discrepan. La autonomía protege la libertad académica. No convierte a la universidad en partido político ni exonera a sus autoridades de rendir cuentas.

Hay una ironía que merece mármol. Los mismos sectores que describen una deriva autoritaria marchan, convocan plantones, suspenden clases, publican manifiestos, acuden a tribunales, ocupan páginas enteras y hablan durante horas en el Parlamento sin que nadie les cierre la boca. La democracia puede tener riesgos y los poderes deben vigilarse. Pero una dictadura en la que la oposición posee 26 curules, las universidades organizan protestas, la prensa acusa al Gobierno y los tribunales resuelven contra él sería una tiranía de una incompetencia casi conmovedora.

Tampoco hace falta inventar una sala de mando donde partidos, sindicatos, universidades y medios reciban instrucciones simultáneas. La teoría de agenda setting de McCombs y Shaw explica algo más sencillo. La selección, repetición y jerarquía de los asuntos influyen en aquello que la ciudadanía considera importante.²¹ Cuando una insinuación obtiene el gran titular y su posterior comprobación apenas un susurro, el megáfono parlamentario encuentra amplificador. El periodismo responsable debe investigar al Gobierno con severidad. También debe verificar a quienes lo acusan, seguir el desenlace y corregir con la misma visibilidad. De lo contrario, la fiscalización se convierte en militancia por otros medios.

EL ESTADO QUE NO QUIEREN TOCAR

El Poder Judicial ofrece el ejemplo más barroco. El 9 de setiembre, veinticinco diputados de oposición respaldaron la continuidad de Julia Varela. Como se requerían 38 votos para impedir la reelección, la magistrada inició un cuarto período que puede llevarla hasta 2034, después de ocupar el cargo desde 2002.¹⁴ Abril Gordienko promueve, simultáneamente, una reforma para limitar las magistraturas futuras a tres períodos de ocho años.¹⁵ Se puede defender la experiencia de Varela y se puede proponer un nuevo régimen. Lo que no debería hacerse es predicar renovación para mañana mientras se garantiza continuidad por treinta y dos años hoy, sin explicar la aparente acrobacia.

El discurso opositor invoca con especial intensidad la independencia judicial cuando el Gobierno critica a la Corte, pero rara vez exhibe la misma energía para discutir mora, autogobierno, nombramientos, productividad, rendición de cuentas o reelección automática. Algo semejante ocurre con las universidades, las empresas públicas y ciertos regímenes laborales. La institución se convierte en tótem justo cuando alguien propone medirla. El presupuesto se vuelve derecho adquirido, la autonomía se transforma en muralla y la evaluación recibe el ceremonial nombre de ataque a la democracia.

Costa Rica necesita exactamente la discusión contraria. La OCDE ha recomendado continuar la reducción de la deuda, cumplir la regla fiscal, introducir revisiones del gasto, mejorar la eficiencia pública, reformar la formación técnica, ampliar carreras STEM y alinear mejor la educación universitaria con las necesidades del trabajo.¹⁹ Esa no es una agenda contra el Estado. Es una agenda para impedir que el Estado envejezca administrando sus propias inercias. La buena gobernanza no consiste en conservar cada institución como pieza de museo. Consiste en demostrar que cada colón, competencia y puesto produce valor público.

LOS DATOS ARRUINAN EL APOCALIPSIS

La crítica gubernamental sigue siendo necesaria. El crecimiento interanual del IMAE fue de 2,5 % en julio de 2026 y se desaceleró respecto del año anterior, aunque el Banco Central proyecta un crecimiento de 3,4 % para todo 2026.¹⁷ La pobreza de los hogares bajó del 18 % en 2024 al 15,2 % en 2025, un resultado anterior a la actual administración que no debe adjudicársele artificialmente.¹⁸ El país no vive en un paraíso y el Gobierno no posee patente de infalibilidad. Pero los datos tampoco describen el naufragio total que requiere la escenografía opositora.

La propia encuesta del CIEP de setiembre registró un 64 % de valoraciones positivas para la gestión de Laura Fernández, frente a un 25 % negativas.¹⁶ Una encuesta no cancela la crítica ni convierte cada iniciativa oficial en correcta. Sí demuestra que existe una distancia considerable entre el dramatismo de ciertos micrófonos y la percepción de una mayoría de ciudadanos entrevistados. El Gobierno puede equivocarse. La oposición también. La diferencia es que algunas voces opositoras han presentado su derrota electoral como si concediera una superioridad moral automática.

¿Qué Estado defiende, entonces, esta oposición? Los documentos examinados muestran una coalición que protege instituciones, enlaza fracciones con organizaciones sectoriales, utiliza intensamente los instrumentos de veto y produce una poderosa narrativa de alarma. No muestran todavía una carta programática conjunta de reforma estatal comparable en detalle con su maquinaria de contención. Sabemos qué temen, qué rechazan y qué presupuestos desean preservar. Sabemos mucho menos sobre qué gasto eliminarían, qué estructura fusionarían, qué privilegio revisarían, qué reforma judicial aprobarían, qué universidad exigirían transformar o qué indicador nacional se comprometerían a mejorar.

No se les pide silencio. Se les pide algo bastante más difícil. Una idea de país. Una oposición adulta no existe para impedir que el Gobierno gobierne, sino para obligarlo a gobernar mejor y demostrar que posee una alternativa superior. El contrapeso protege la nave de los excesos del timón. El ancla, en cambio, la condena a permanecer en el mismo puerto mientras el mundo sigue avanzando. Costa Rica ya paga suficiente por su Parlamento como para recibir, a cambio, otra temporada de papel, micrófono y veto.

Fuentes consultadas

1. El Observador — Bloque legislativo de oposición, 2 mayo 2026.
2. TSE — Credenciales presidenciales, 17 marzo 2026.
3. Indicators for Democratic Parliament — Función de la oposición.
4. Pacto Patriótico Costarricense–RENASES, 29 junio 2026.
5. La República — Cámara de Industrias y Pacto Patriótico, 8 julio 2026.
6. El Observador — Jornadas 4×3 y 5.129 mociones, 17 setiembre 2026.
7. El Observador — 486 mociones sobre Crucitas, 25 agosto 2026.
8. Ministerio de Hacienda — Presupuesto Asamblea Legislativa 2026.
9. El Observador — Declaraciones de Claudia Dobles, 16 setiembre 2026.
10. El Mundo CR — Caso Gordienko y solicitud ante el TSE, 17 setiembre 2026.
11. El Mundo CR — Declaraciones de Edgardo Araya, 16 setiembre 2026.
12. UCR — Circular VD-41-2026.
13. UCR — Circular VD-45-2026.
14. Asamblea Legislativa — Votación sobre Julia Varela, 9 setiembre 2026.
15. Expediente 25.718 — Reforma sobre magistraturas.
16. CIEP-UCR — Encuesta de opinión pública, 9 setiembre 2026.
17. BCCR — IMAE julio 2026 y proyección anual.
18. INEC — ENAHO 2025.
19. OCDE — Estudio Económico de Costa Rica 2025.
20. George Tsebelis — Veto Players in Political Systems.
21. McCombs y Shaw — The Agenda Setting Function of Mass Media.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Nota editorial – MUNDO ACR

Este artículo corresponde a una columna de opinión firmada.
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Su publicación se ampara en el derecho a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege de forma reforzada el debate y la crítica sobre asuntos de interés público y actores políticos.

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A Costa Rica, con gratitud por lo recibido y esperanza en lo que podemos llegar a ser.

Este 15 de septiembre quiero hablarle a mi patria con la voz en alto. Con gratitud por quienes la
levantaron, orgullo por lo conseguido y una ambición que no pida permiso para soñar en grande.
Doscientos cinco años de independencia no nos autorizan a descansar en la obra ajena. Nos
obligan a continuarla. Costa Rica merece más que una celebración de calendario. Merece un
pueblo consciente de su grandeza y resuelto a ensancharla.

La patria tiene el rostro de nuestros abuelos y la mirada de nuestros hijos. Está en quien enseña,
cultiva, cuida, emprende y sirve con honradez. Ningún partido puede reclamar su propiedad.
Recibimos educación, seguridad social, una nación sin ejército y naturaleza protegida. Honrar
esa herencia exige reconocer a quienes nos precedieron y perderle el miedo a superarlos. Nuestra
bandera es más grande que nuestras trincheras. La gratitud no consiste en dejar el país intacto.
Consiste en entregarlo mejor.

Tenemos razones verificables para levantar la frente. Desde 2025, el Banco Mundial nos
clasifica entre las economías de ingreso alto. Ese año crecimos un 4,6 %, según el Banco Central,
dinamismo destacado también por la OCDE. PROCOMER registró exportaciones de bienes y
servicios, sin incluir viajes, por US$35.243 millones, un 11 % más que en 2024. Los dispositivos
médicos superaron los US$10.800 millones. Entre enero y julio de 2026, las ventas de bienes
sumaron US$13.821 millones, un 5 % más interanual, según COMEX. La tierra del café y del
banano aprendió también a producir tecnología para cuidar vidas. No abandonamos nuestras
raíces. Ampliamos nuestras capacidades.

La inversión extranjera directa superó los US$5.000 millones por segundo año consecutivo en
2025. El INEC registró una reducción de la pobreza del 18 % de los hogares en 2024 al 15,2 %
en 2025. Ninguna cifra significa que todos vivamos holgadamente. Pero negar un avance porque
todavía no resuelve todo sería tan injusto como utilizarlo para olvidar lo pendiente. El
crecimiento adquiere sentido cuando se convierte en empleo, alimento, estudio y tranquilidad.

El Informe Mundial de la Felicidad 2026 nos sitúa cuartos del mundo y primeros de América
Latina, según la valoración que las personas hacen de sus vidas. El Panorama de la Salud 2025
de la OCDE registra una esperanza de vida de 81 años, prácticamente a la altura de sus 81,1 años
de promedio. Freedom House nos califica como país libre, con 91 puntos sobre 100 en 2026.
Vivir más, conservar la libertad y valorar positivamente la vida también es construir riqueza.

PISA 2025, divulgado este septiembre, ofrece otra razón para avanzar. Mejoramos
significativamente en Ciencias, de 411 a 424 puntos, y obtuvimos la tercera puntuación entre los
participantes latinoamericanos en Ciencias y Lectura, detrás de Chile y Uruguay. Seguimos por debajo del promedio de la OCDE y sin mejoras significativas en Matemáticas y Lectura respecto
de 2022. Celebrar el avance no exige ocultar la tarea. Además, el 86 % de nuestros estudiantes
reconoce el interés de su profesor de Ciencias por el aprendizaje de cada alumno, frente al 69 %
de la OCDE. A estudiantes y docentes les debemos respaldo, herramientas y exigencia, no
complacencia ni derrotismo.

Nuestra naturaleza también habla por nosotros. La OCDE sitúa alrededor del 60 % la cobertura
forestal y cerca del 6 % la biodiversidad mundial que albergamos. Según el ICE, en 2025
produjimos el 98,6 % de nuestra electricidad con fuentes renovables (electricidad, no toda la
energía). El turismo generó unos US$5.500 millones en ingresos por viajes y 183.000 empleos
directos en 2024, según la OCDE. Un bosque protegido y una comunidad con oportunidades
deben ser partes de una misma promesa nacional.

Nada de esto cancela la inseguridad, las esperas en salud, los rezagos educativos o las
desigualdades territoriales. Tampoco esas heridas cancelan lo conseguido. Costa Rica no es una
utopía, pero mucho menos un fracaso. El patriotismo mira de frente lo que duele y moviliza lo
que funciona para repararlo. No se arrodilla ante el pesimismo ni se duerme sobre una medalla.

Los medios tienen una responsabilidad decisiva. Fiscalizar al poder y denunciar la corrupción es
indispensable. También lo es explicar los avances y reconocer a quienes los hacen posibles. La
objetividad no se mide por la cantidad de desaliento que produce un titular. Una nación no puede
narrarse como un obituario interminable. El ciudadano merece conocer el país completo, no
solamente su inventario de desgracias.

No pido una prensa que aplauda al Gobierno. Pido una prensa que no confunda su distancia del
Gobierno con distancia del país. Informar y educar sobre ciencia, exportaciones, conservación o
reducción de la pobreza también construye ciudadanía. Los aciertos no se vuelven falsos porque
incomoden una preferencia política. Reconocerlos con el mismo rigor con que se denuncian las
fallas también es servir a la libertad.

Ese orgullo debe convertirse en dirección. Miremos hacia 2046, cuando cumplamos 225 años de
independencia. Propongámonos ser una nación productora de conocimiento, tecnología y
empresas capaces de competir en el mundo. La soberanía del porvenir también dependerá de
nuestra capacidad de investigar, innovar y decidir con criterio propio. No llegamos hasta aquí
para convertir la medianía en destino nacional.

Escuelas, colegios, universidades, INA y empresas deben encontrarse alrededor de esa ambición.
Las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)
necesitan prioridad estratégica. Más lectura comprensiva, razonamiento, experimentación, inglés,
formación técnica y educación dual. Más becas, prácticas e investigación vinculada con
necesidades reales. Sin desterrar historia, artes, filosofía ni ética. Necesitamos ingenieros que
comprendan a la sociedad y humanistas capaces de comprender la tecnología.

En un mundo de inteligencia artificial, memorizar sin comprender no puede ser nuestro
horizonte. Necesitamos personas que formulen preguntas, interpreten datos y comprueben respuestas. La OCDE advierte que producir mejores trabajos con inteligencia artificial no
garantiza aprender más. La herramienta debe ampliar la inteligencia humana, no reemplazar su
ejercicio. Sería una derrota graduar usuarios veloces de respuestas ajenas e incapaces de sostener
un pensamiento propio.

Universalizar capacidades tecnológicas exige conectividad, dispositivos accesibles, laboratorios
y formación docente, con usos adecuados a cada edad y protección de datos. Desde la educación
inicial hasta la capacitación de adultos. Ni la discapacidad, ni los ingresos, ni el lugar de
residencia deben excluir del futuro. Una niña rural debe poder imaginarse diseñando tecnología
médica sin sentir que ese porvenir pertenece a otros.

La Hoja de Ruta de Semiconductores de 2024 ofrece un punto de partida. Debemos fortalecer
diseño, ingeniería y pruebas, junto con tecnología médica, biotecnología, inteligencia artificial y
ciberseguridad. No solamente atraer inversión, sino generar investigación, propiedad intelectual,
proveedores y emprendimientos costarricenses. Que nuestro talento no sea únicamente un
recurso que otros contratan, sino una fuerza capaz de crear y dirigir.

Propongo una red de hubs regionales, polos de conocimiento y producción construidos con las
comunidades. Limón puede apostar por logística portuaria inteligente, servicios digitales y
aprovechamiento sostenible del mar. La Zona Sur, por bioeconomía, biotecnología y agricultura
de mayor valor. Guanacaste, por energías limpias, gestión del agua, tecnologías agropecuarias y
turismo de calidad. Son propuestas que requieren viabilidad comprobada, no destinos impuestos
desde un escritorio.

Un hub no nace por bautizar un edificio en inglés. Necesita talento, laboratorios, seguridad,
financiamiento y empresas. Universidades, municipalidades, INA, Gobierno y sector productivo
deben comprometer recursos, plazos y resultados. El éxito se medirá en empleos de calidad y
oportunidades locales. Ningún joven debería abandonar su comunidad para que su talento
encuentre un porvenir. Una Costa Rica próspera no puede terminar donde termina el Valle
Central.

Esa visión exige más electricidad limpia y confiable, con geotermia, agua, viento, sol,
almacenamiento y redes robustas, respetando ecosistemas y comunidades. También puertos,
aeropuertos, corredores logísticos, transporte público, agua y saneamiento. Con evaluación
rigurosa, financiamiento responsable y mantenimiento. Necesitamos infraestructura que una el
territorio y acerque oportunidades, no inauguraciones inconexas.

Por eso he planteado una Tercera República. No para renegar de las anteriores, sino para hacerlas
fecundas en otro tiempo. Conservar libertad, vocación social y naturaleza exige instituciones
capaces de responder. La legitimidad democrática necesita justicia oportuna, seguridad, atención
al enfermo y servicios que funcionen. Independencia con responsabilidad, autonomía con
resultados y poder sometido a controles. Reformar lo insuficiente también es lealtad a la
República.

La digitalización debe simplificar trámites, transparentar decisiones y permitir que los sistemas
compartan información de forma segura. No necesitamos una burocracia antigua con
computadoras nuevas, sino un Estado competente, íntegro y cercano. Su transformación exige
acuerdos duraderos y ciudadanos que contribuyan, vigilen y participen. Nadie puede exigir que
todo cambie reservándose el privilegio de permanecer inmóvil.

Defiendo un nacionalismo cívico que una responsabilidades y oportunidades. No necesitamos
pensar igual para caminar en una misma dirección. La seguridad de las familias, el aprendizaje
de los niños, la honradez y la prosperidad nacional están por encima de cualquier facción. La
unidad no es silencio. Es la madurez de discutir sin olvidar lo que debemos construir juntos.

En 2076, cuando celebremos 255 años de independencia, otros preguntarán qué hicimos con esta
herencia. Que respondan las escuelas fortalecidas, los bosques preservados, la seguridad
recuperada y las oportunidades extendidas. Celebremos sin pedir disculpas por amar a Costa
Rica. Con la bandera en alto y los pies sobre la tierra, unidos por una patria más libre, segura,
culta, próspera y sostenible. Nuestros mayores no nos legaron un país para administrarle el
cansancio. Nos confiaron una esperanza para llevarla más lejos. La patria que heredamos merece
nuestra gratitud. La República que debemos construir exige nuestro coraje. ¡Viva Costa Rica!

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Nota editorial – MUNDO ACR

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