POR MUNDO ACR Las declaraciones hacen ruido. Las decisiones dejan consecuencias. Nuestro trabajo es seguir ambas sin confundirlas

La nueva cárcel recibirá a sus primeros internos el lunes 26 de octubre. El Gobierno también abrió la licitación de San José–San Ramón, mientras la conferencia dejó fuertes declaraciones políticas y una propuesta contra el dopaje deportivo.

El CACCO comenzará a recibir privados de libertad el próximo lunes. La ampliación de la carretera San José–San Ramón ya salió a licitación. Y, en medio de esos anuncios, la presidenta Laura Fernández volvió a confrontar a diputados, autoridades judiciales y críticos de su Gobierno.

La conferencia de este miércoles 21 de octubre tuvo espacio para decisiones concretas y declaraciones de alto voltaje político. Fernández defendió su apuesta penitenciaria, llamó «terroristas políticos» a diputados del PLN, cuestionó al fiscal general Carlo Díaz y señaló a Ariel Robles por sus declaraciones relacionadas con las manifestaciones.

Rodrigo Chaves también intervino con una advertencia contra comunistas y sindicalistas. La jornada incluyó, además, una iniciativa legislativa sobre dopaje deportivo impulsada desde el despacho del primer caballero.

El CACCO pasa de la inauguración a los traslados

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, anunció que el lunes 26 de octubre comenzará el traslado de privados de libertad al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), inaugurado recientemente en San Rafael de Alajuela.

Según explicó, entre los primeros internos estarán personas señaladas como implicadas en el homicidio del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales. Después ingresarán privados de libertad que actualmente permanecen bajo regímenes de alta contención.

La vinculación con ese caso penal corresponde a lo comunicado por las autoridades y no implica que todas las personas mencionadas tengan una condena por el crimen.

El centro tiene una capacidad anunciada de 5.100 personas y forma parte de la estrategia gubernamental para aumentar el control sobre privados de libertad vinculados con estructuras criminales.

Fernández, quien visitó recientemente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, insistió en la urgencia de actuar frente al crimen organizado.

«Costa Rica está a tiempo de no llegar hasta allá», manifestó al referirse a la crisis de violencia que enfrentó ese país.

La presidenta también solicitó a Aguilar una explicación pública de los protocolos que regirán el CACCO. Quiere que se detallen las condiciones de atención médica, ejercicio físico, servicios jurídicos y otros aspectos del funcionamiento del centro.

La solicitud llega después de cuestionamientos sobre el régimen que se aplicará a los internos.

Fernández no cede ante los críticos de la nueva cárcel

La mandataria respondió a quienes cuestionan la construcción del CACCO y consideran que el país debería concentrar más recursos en educación y prevención.

Fernández rechazó que los problemas sociales asociados con personas que hoy están en prisión puedan atribuirse únicamente a su administración. Sostuvo que las consecuencias de las políticas educativas se observan a lo largo de muchos años.

«A mí que me pidan cuentas dentro de 20 años cuando estos niños y estos jóvenes tengan 21 o 22 años», afirmó.

Su argumento es que el Estado debe actuar sobre la criminalidad actual sin abandonar las oportunidades educativas de las nuevas generaciones.

Con los primeros traslados a pocos días de comenzar, el funcionamiento del CACCO entrará en una etapa distinta. Ya no se tratará solamente de su infraestructura o de los anuncios oficiales, sino de cómo operarán los controles y servicios dentro del establecimiento.

San José–San Ramón tiene licitación, pero todavía no obras

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció la apertura de la licitación pública internacional para ampliar y mejorar la carretera San José–San Ramón.

El proyecto contempla intervenir 55,6 kilómetros de la Ruta Nacional 1, desde las cercanías de La Sabana hasta San Ramón, además de 4,45 kilómetros de la radial de Río Segundo.

La contratación será bajo la modalidad de llave en mano e incluye diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento.

El financiamiento anunciado es de US$770 millones, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Las empresas interesadas tendrán hasta el 21 de abril de 2027 para presentar ofertas. El Gobierno proyecta adjudicar durante el primer semestre de ese año e iniciar las obras físicas en el segundo, una vez cumplidos los procedimientos correspondientes.

El ministro Efraín Zeledón también anunció estudios para intervenir posteriormente el tramo entre Barranca y San Ramón.

La publicación del cartel representa un avance en un proyecto que lleva años de espera. Sin embargo, todavía falta seleccionar a la empresa responsable, formalizar el contrato y ejecutar las obras.

Del PLN al fiscal general, la confrontación subió de tono

La presidenta dirigió parte de sus críticas hacia diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), a quienes llegó a llamar «terroristas políticos».

La expresión fue utilizada por Fernández en el marco de sus cuestionamientos a legisladores de esa agrupación. Se trata de una acusación política, no de una condición penal acreditada contra los diputados.

El fiscal general Carlo Díaz también fue blanco de sus declaraciones.

Fernández le pidió que dejara de «instrumentalizar politiqueramente la justicia de este país», según la frase recogida durante la conferencia.

El señalamiento refleja la posición de la mandataria sobre la actuación del jerarca del Ministerio Público. No demuestra por sí mismo que la Fiscalía haya utilizado sus competencias con fines políticos.

Las dos intervenciones se suman a una relación marcada por diferencias públicas entre el Ejecutivo, sectores legislativos y autoridades judiciales.

Chaves advierte y Fernández señala a Ariel Robles

Rodrigo Chaves también participó con una advertencia dirigida a la ciudadanía.

«Costarricenses, si no nos despabilamos, los comunistas y los sindicalistas van a tomar este país», expresó.

La frase fue presentada como una advertencia política de Chaves, en un contexto de tensiones con organizaciones sindicales y sectores críticos del Gobierno.

Fernández, por su parte, se refirió a la manifestación del martes en defensa de la educación pública y agradeció que sus participantes no siguieran lo que ella atribuyó a Ariel Robles como un llamado a quemar llantas y destruir infraestructura.

Ese señalamiento requiere distinguir la interpretación de la presidenta de las palabras originales de Robles. La acusación, por sí sola, no permite afirmar que él haya convocado expresamente a cometer actos de destrucción.

La manifestación reunió a sectores educativos y universitarios que reclamaron por decisiones relacionadas con el financiamiento de la educación pública.

El dopaje deportivo también llegó a la conferencia

Fuera de los enfrentamientos políticos, el despacho del primer caballero, Jeffry Umaña, participó en la presentación de una iniciativa legislativa para sancionar conductas relacionadas con el dopaje deportivo.

La propuesta, vinculada con la participación del ciclista costarricense Andrey Amador, busca establecer responsabilidades cuando terceras personas suministren sustancias prohibidas a deportistas sin su conocimiento.

El planteamiento apunta a proteger a los atletas frente a actuaciones de personas involucradas en su preparación o atención que puedan provocar infracciones antidopaje.

El proyecto deberá seguir su trámite en la Asamblea Legislativa antes de que las sanciones propuestas puedan entrar en vigor.

Las fechas que quedan después de los discursos

La conferencia dejó varios asuntos con seguimiento pendiente.

El primero llegará el lunes 26 de octubre, cuando está previsto el ingreso de los primeros internos al CACCO. También queda pendiente la explicación oficial de sus protocolos.

La ampliación de San José–San Ramón tendrá su próxima fecha clave el 21 de abril de 2027, cuando cierre la recepción de ofertas. La propuesta contra el dopaje deberá avanzar en el Congreso.

Las declaraciones contra diputados del PLN, el fiscal general, Ariel Robles y sectores sindicales pertenecen a otro terreno, el de la confrontación política.

En MUNDO ACR seguiremos las decisiones por lo que ocurra después de anunciarlas. El inicio de los traslados, la adjudicación de la carretera y el avance del proyecto legislativo permitirán comprobar cuánto de esta jornada llega a convertirse en resultados.

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POR MUNDO ACR | 12 votos, 38 votos y 11 días
Dos decisiones distintas pueden definir hasta dónde llega una carrera judicial iniciada en 1988.

Patricia Solano tiene abiertas simultáneamente dos carreras que pueden definir hasta dónde llegará una trayectoria judicial iniciada en 1988. Quiere permanecer otros ocho años como magistrada de Sala Tercera y acaba de confirmar que también competirá por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Las dos decisiones prácticamente se tocarán en el calendario. El 26 de octubre, Corte Plena comenzará a votar por quien dirigirá el Poder Judicial. El nombramiento actual de Solano como magistrada vence el 6 de noviembre. Entre ambas fechas hay apenas 11 días.

Eso coloca a Solano ante una situación poco común. Sus compañeros pueden escogerla para dirigir la Corte antes de que esté resuelta su continuidad como integrante de esa misma Corte.

No son dos votaciones iguales ni dependen de las mismas personas. La Presidencia se decide dentro de Corte Plena. La permanencia de Solano como magistrada está sometida al mecanismo establecido en el artículo 158 de la Constitución Política, según el cual los magistrados se consideran reelectos por períodos iguales salvo que dos terceras partes de la totalidad de los diputados acuerden lo contrario.

La coincidencia no demuestra ninguna irregularidad. Lo que produce es una fotografía institucional difícil de ignorar. Una votación puede elevarla a la cabeza del Poder Judicial mientras otro proceso decidirá si permanece en su máxima cúpula hasta 2034.

Para entender cuánto hay detrás de esas dos votaciones no alcanza con empezar la historia en septiembre de 2026.

Antes de los dos relojes hubo 38 años de historia judicial

Patricia Solano comenzó su carrera en la judicatura en 1988. Pasó por Cañas, San Ramón, Puriscal, Puntarenas y Alajuela, ejerció como jueza superior y trabajó durante años en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. En febrero de 2017 se jubiló después de casi tres décadas de carrera judicial.

La jubilación duró menos de dos años.

En noviembre de 2018, la Asamblea Legislativa necesitó cuatro rondas para escoger a la nueva magistrada de Sala Tercera. Solano terminó obteniendo exactamente los 38 votos necesarios y regresó al Poder Judicial, esta vez directamente a la Corte Suprema de Justicia. Su elección y juramentación quedaron registradas por el Poder Judicial.

El regreso estuvo seguido por un ascenso rápido dentro de la estructura judicial. Poco más de dos meses después de asumir la magistratura, el 21 de enero de 2019, Corte Plena la escogió vicepresidenta con 21 votos favorables y uno en contra, según el registro institucional de aquella elección.

En junio de 2020, sus compañeros de Sala Tercera la escogieron por unanimidad para presidir el máximo tribunal penal, una designación que también quedó documentada por el Poder Judicial. En 2024 fue nuevamente elegida para dirigir la Sala por otros cuatro años.

Su candidatura actual no corresponde, entonces, a una magistrada que intenta entrar por primera vez a los espacios de dirección judicial. Solano ya fue vicepresidenta de la Corte, preside Sala Tercera desde 2020 y hace cuatro años estuvo en la disputa por la Presidencia que vuelve a buscar.

La silla ya se le escapó una vez

En 2022, la elección para sustituir a Fernando Cruz se convirtió en una extensa pulseada dentro de Corte Plena. Pasaron tres semanas y 15 rondas sin que ninguno de los aspirantes consiguiera los 12 votos necesarios.

Cuando la Corte retomó la elección el 26 de septiembre, Patricia Solano quedó directamente frente a Orlando Aguirre. En la primera votación de aquella jornada, Aguirre obtuvo diez votos, Solano nueve y Roxana Chacón tres. Ninguno consiguió la mayoría necesaria. El registro oficial de la elección de 2022 permite reconstruir aquella disputa.

La elección continuó. Aguirre terminó consiguiendo los doce votos necesarios y se convirtió en presidente.

Solano no llega al proceso de 2026 para descubrir si tiene capacidad de construir respaldos dentro de Corte Plena. Ya llegó a colocarse a un voto de quien terminaría ganando aquella elección y a tres votos de alcanzar por sí misma la mayoría necesaria.

Cuatro años después vuelve a competir. Esta vez otro reloj estará corriendo fuera de la Corte.

Esta vez los respaldos tendrán nombre

Hay una diferencia sustancial respecto de 2022.

La votación que terminó llevando a Orlando Aguirre a la Presidencia fue secreta. Durante aquella misma jornada incluso se intentó hacerla pública, pero la moción recibió diez votos favorables y doce contrarios, según consta en el registro del Poder Judicial.

La legislación cambió después.

Una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en noviembre de 2022, estableció la votación pública para designar a la Presidencia y Vicepresidencia de la Corte. La Presidencia se ejerce durante cuatro años y existe posibilidad de reelección.

La diferencia es enorme para la rendición de cuentas. Si Solano consigue la Presidencia, el país podrá conocer públicamente quiénes dentro de Corte Plena construyeron esa mayoría. Si no la consigue, también quedará registrado cómo se repartieron los respaldos.

Para ACR, la votación del 26 de octubre no será solamente un resultado.

Será un mapa público de poder dentro de la Corte.

No está en juego una silla decorativa

La Presidencia de la Corte tiene atribuciones concretas que permiten medir el tamaño de la elección.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que quien preside la Corte también preside el Poder Judicial y ejerce su representación.

Entre sus funciones están tramitar los asuntos que deben resolver Corte Plena y el Consejo Superior, presidir ambas instancias, fijar sus órdenes del día, convocarlas extraordinariamente, dirigir los debates, delimitar las cuestiones sometidas a discusión y poner los asuntos a votación cuando corresponda.

No se trata únicamente de representación protocolaria.

Quien alcance esa silla queda al frente institucional del Poder Judicial y adquiere funciones directas en la conducción de dos de sus principales órganos de gobierno.

Solano ya conoce una parte importante de esa estructura. Fue vicepresidenta de la Corte, preside Sala Tercera desde 2020 y disputó la Presidencia en 2022. Ahora pretende pasar de dirigir el máximo tribunal penal a encabezar todo el Poder Judicial.

Mientras intenta construir esa mayoría dentro de la Corte, otra cifra estará pendiente en la Asamblea Legislativa.

Doce para subir, 38 para impedir que siga

Aquí aparece el contraste que resume los dos procesos.

Para convertirse en presidenta de la Corte, Solano necesita la mayoría de Corte Plena. Con una integración completa de 22 magistraturas, 12 votos pueden llevarla a la Presidencia.

Para permanecer como magistrada después del 6 de noviembre, la lógica constitucional funciona de manera distinta.

Solano no necesita conseguir 38 diputados que voten afirmativamente para otorgarle otros ocho años. El artículo 158 de la Constitución dispone que los magistrados se consideran reelectos por períodos iguales salvo que dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea acuerden lo contrario.

Doce votos pueden hacerla presidenta. Treinta y ocho son necesarios para impedir que siga siendo magistrada.

Las cifras pertenecen a procesos jurídicamente distintos. Durante once días, sin embargo, estarán midiendo dos dimensiones del futuro de una misma candidata.

Dentro de la Corte, Solano tendrá que construir una mayoría para subir.

En la Asamblea, quienes pretendan impedir su continuidad tendrán que construir una mayoría calificada para que salga.

Ahí está el verdadero tamaño de octubre para Patricia Solano.

¿Y si gana primero y después no continúa?

El calendario deja una pregunta que no conviene responder más allá de lo que permite la ley.

¿Qué ocurriría si Corte Plena eligiera a Solano presidenta el 26 de octubre y posteriormente la Asamblea reuniera los 38 votos necesarios para impedir su reelección como magistrada?

La Ley Orgánica del Poder Judicial permite responder una parte. La Presidencia se elige por cuatro años y la legislación contempla expresamente la posibilidad de tener que reponer a quien ocupa el puesto “por cualquier causa”. En ese supuesto, la persona escogida para sustituirla inicia un nuevo período completo.

Eso demuestra que el ordenamiento contempla que una Presidencia pueda quedar vacante antes de completar sus cuatro años.

ACR no encontró en las disposiciones revisadas una respuesta específica que describa paso por paso el escenario particular que podría presentarse con Solano si fuera elegida presidenta pocos días antes de concluir su período como magistrada y posteriormente no resultara reelecta.

Por eso no corresponde inventar qué ocurriría.

Sí corresponde mirar el calendario. Cuando Corte Plena vote para escoger a quien podría dirigir el Poder Judicial durante cuatro años, faltarán apenas once días para que venza el nombramiento actual de una de las candidatas.

La candidatura llega mientras la Corte está bajo presión política

Solano tampoco lanza su candidatura en un momento neutro para el Poder Judicial.

Durante 2026 ha participado públicamente en discusiones sobre independencia judicial, presupuesto, funcionamiento de la justicia y señalamientos provenientes del poder político. Su candidatura aparece, además, mientras la Asamblea debe tomar decisiones sobre la continuidad de distintas magistraturas.

Eso no permite concluir que haya decidido competir por la Presidencia como consecuencia de sus enfrentamientos con el Ejecutivo. No existe base para establecer esa causalidad.

Sí permite entender la institución que pretende dirigir.

La próxima Presidencia recibirá un Poder Judicial atravesado por discusiones sobre presupuesto, mora, seguridad, independencia y renovación de magistraturas. Solano no ha observado esas disputas desde afuera. Ha participado en varias de ellas como presidenta de Sala Tercera.

Si gana, dejará de hablar únicamente desde la cabeza del máximo tribunal penal.

Pasará a representar institucionalmente al Poder Judicial.

Una carrera iniciada en 1988 llega a dos votaciones en 2026

Vista solamente desde esta semana, la historia podría reducirse a una candidatura más por la Presidencia de la Corte.

El archivo cuenta bastante más.

Patricia Solano comenzó su carrera judicial en 1988. Se jubiló en 2017. Regresó como magistrada en 2018 después de conseguir exactamente 38 votos legislativos. Poco más de dos meses después alcanzó la Vicepresidencia de la Corte. Desde 2020 preside Sala Tercera. En 2022 estuvo en la disputa por la Presidencia. En 2024 fue nuevamente escogida para dirigir Sala Tercera. Ahora quiere permanecer otros ocho años como magistrada y vuelve a buscar la silla que no consiguió cuatro años atrás.

Si supera el proceso legislativo, su permanencia como magistrada puede extenderse hasta 2034.

Si consigue además la Presidencia, iniciará un período de cuatro años al frente del Poder Judicial.

Nada de ese recorrido demuestra que deba ser elegida ni que deba ser rechazada. Una trayectoria extensa puede ser defendida como experiencia institucional o discutida desde la necesidad de renovación. Son valoraciones diferentes de los mismos hechos.

El archivo sí permite quitarle a esta candidatura su apariencia de acontecimiento aislado.

Patricia Solano no llega al 26 de octubre solamente con una candidatura. Llega con 38 años de historia judicial, una jubilación, un regreso a la Corte, una Vicepresidencia, seis años al frente de Sala Tercera, una elección presidencial perdida y una reelección como magistrada todavía pendiente.

Esta vez cada voto dentro de Corte Plena será público.

El 26 de octubre podremos saber quiénes consideran que Patricia Solano debe dirigir el Poder Judicial.

El 6 de noviembre vencerá el período que actualmente le permite integrar la Corte.

Entre ambas fechas habrá apenas 11 días.

Doce votos pueden llevarla hasta la Presidencia. Treinta y ocho pueden impedir que continúe como magistrada.

La silla más alta de la Corte y la permanencia de quien quiere ocuparla quedaron separadas por once días.

El 26 de octubre empieza la votación. ACR no va a mirar solamente quién gana. Vamos a guardar quién votó, cómo votó y qué ocurre cuando llegue el segundo reloj.

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MUNDO ACR | El archivo no cambia de bando.
Programas, votos y cuatro años de decisiones puestos uno al lado del otro.

Durante años, el Frente Amplio cuestionó la forma en que Costa Rica permite que una persona permanezca durante largos períodos en la Corte Suprema de Justicia. Lo llevó a su propuesta electoral, respaldó una reforma constitucional para modificar el mecanismo, votó contra reelecciones concretas y en 2024 toda su bancada llegó a abandonar el Plenario durante la juramentación de un magistrado cuya continuidad había intentado impedir. El archivo permite seguir esa posición durante varios años sin necesidad de interpretar qué pensaba el partido. Texto pegado

En 2026 una pieza importante cambió y fue el propio José María Villalta quien lo reconoció. “Antes teníamos más objeciones a la reelección de magistrados”, afirmó al explicar que, ante lo que el Frente Amplio considera una utilización de los nombramientos judiciales por parte del oficialismo para bloquear el funcionamiento de la Corte, “nuestra posición ha cambiado”. Para la bancada, abrir vacantes puede facilitar ese bloqueo y ese riesgo pesa ahora en sus decisiones sobre las reelecciones. Texto pegado La modificación de posición fue explicada públicamente por Villalta en julio. Declaraciones de José María Villalta sobre el cambio de posición

Dos meses después llegó una votación capaz de medir cuánto significaba ese cambio. Julia Varela ocupaba una magistratura de Sala Segunda desde 2002 y acumulaba 24 años en el cargo. Pueblo Soberano intentó impedir su continuidad y 31 diputados votaron en esa dirección, mientras 25 no respaldaron la no reelección. Como la Constitución exige 38 votos para impedir que una magistratura continúe, Varela quedó reelecta por otros ocho años y puede llegar a 2034 con 32 años como magistrada. Votación legislativa sobre la reelección de Julia Varela

El Frente Amplio estuvo esta vez del lado de su continuidad. Ese resultado permite mirar hacia atrás porque Varela pudo permanecer precisamente mediante la lógica constitucional que diputados frenteamplistas habían respaldado cambiar.

Cuando el FA quería cambiar quién debía conseguir los 38

El Plan de Gobierno 2022-2026 del Frente Amplio planteaba reformar el mecanismo de elección de magistraturas y “reglar la reelección ilimitada de los cargos”. El cuestionamiento escrito entonces iba más allá de la duración de una persona en la Corte. El partido vinculaba el diseño de los nombramientos con riesgos de tráfico de influencias y politización. Texto pegado

La posición pasó después del documento electoral a una reforma constitucional. El 5 de octubre de 2022, Ariel Robles, Sofía Guillén, Rocío Alfaro, Antonio Ortega y Jonathan Acuña estuvieron entre quienes respaldaron la admisibilidad de una iniciativa para modificar el artículo 158. El 9 de noviembre hubo nuevamente apoyo frenteamplista a su trámite. La propuesta pretendía permitir una sola reelección y cambiar algo fundamental en la forma de permanecer en la Corte. Texto pegado El texto posteriormente dictaminado puede consultarse en la publicación oficial de La Gaceta.

La diferencia parece técnica hasta convertirla en votos. Actualmente una persona necesita una mayoría calificada para entrar como magistrada, pero al finalizar sus ocho años no necesita volver a construir esa misma mayoría para permanecer. La Constitución establece que continuará salvo que dos terceras partes de la totalidad de los diputados acuerden lo contrario. La reforma respaldada por diputados frenteamplistas pretendía darle vuelta a esa carga. Quien quisiera quedarse tendría que conseguir nuevamente la mayoría calificada y solamente podría ser reelecto una vez. Texto pegado

Cuatro años después, esa diferencia dejó de ser una discusión jurídica abstracta. Julia Varela no obtuvo 38 votos favorables para continuar porque no los necesitaba. Fueron quienes pretendían impedir su permanencia los que debían conseguirlos. Reunieron 31 y, al faltar siete, la magistrada continuó.

En 2024 toda la bancada se levantó de la curul

Luis Porfirio Sánchez permite observar dónde estaba colocado el Frente Amplio dos años antes. El entonces presidente de Sala Segunda enfrentó su reelección en 2024 y la agrupación anunció que votaría contra su continuidad. La bancada mencionó cuestionamientos relacionados con su desempeño y señalamientos públicos existentes en aquel momento. Sánchez negó las acusaciones y manifestó disposición a renunciar a su inmunidad para que fueran investigadas. Texto pegado

La votación terminó con 25 diputados a favor y 25 en contra. Como los votos negativos tampoco alcanzaron los 38 exigidos constitucionalmente, Sánchez quedó reelecto. Los seis diputados del Frente Amplio habían votado contra su permanencia y una semana después Ariel Robles, Sofía Guillén, Jonathan Acuña, Priscilla Vindas, Antonio Ortega y Rocío Alfaro abandonaron el Plenario junto con legisladores de otras agrupaciones durante su juramentación. Texto pegado La protesta quedó documentada en la cobertura de aquella sesión. Diputados abandonaron el Plenario durante la juramentación de Sánchez

La escena importa porque no obliga a ACR a calificar la posición del partido. En 2024 una reelección producida por ese mecanismo llevó a los seis diputados frenteamplistas a votar contra la continuidad y después a levantarse de sus curules durante la juramentación.

En 2025 volvieron a intentar impedir una continuidad

Fernando Castillo fue el siguiente caso. Había llegado a Sala Constitucional en 2009, fue reelecto en 2017 y en noviembre de 2025 buscó un tercer período que podía extender su permanencia hasta 2033. Integrantes del Frente Amplio volvieron a colocarse contra su reelección y entre sus cuestionamientos apareció que Castillo no hubiera comparecido ante la Asamblea durante el proceso para rendir cuentas. El magistrado se encontraba incapacitado después de una intervención quirúrgica y había solicitado reprogramar la audiencia. Proceso de reelección de Fernando Castillo

Aquí ACR hace una precisión sobre el registro inicial de esta investigación. En la votación definitiva del 10 de noviembre hubo 20 votos contra la continuidad de Castillo. Entre ellos aparecen Ariel Robles, Rocío Alfaro, Priscilla Vindas, Antonio Ortega y Jonathan Acuña. Sofía Guillén figura ausente. Registro de la votación sobre Fernando Castillo Los 20 votos tampoco alcanzaron la mayoría necesaria para impedir la continuidad y Castillo fue posteriormente juramentado para otro período de ocho años. Juramentación de Fernando Castillo por un nuevo período

Hasta ese momento había una línea reconocible. El Frente Amplio no había sido históricamente contrario a toda reelección individual, pero sí cuestionaba el mecanismo que permite acumular períodos, respaldó una reforma para limitarlo y en casos recientes utilizó sus votos para intentar impedir determinadas continuidades. Texto pegado

Lo que estaba escrito en 2022 ya no apareció igual en 2026

Para las elecciones siguientes, el Frente Amplio volvió a disputar la Presidencia con Ariel Robles y presentó oficialmente ante el Tribunal Supremo de Elecciones su Plan de Gobierno 2026-2030. El documento forma parte de los planes oficiales publicados por el TSE para las elecciones nacionales. Planes de Gobierno oficiales publicados por el TSE

ACR comparó ambos documentos. La propuesta de 2022 para “reglar la reelección ilimitada” no aparece reproducida en el programa 2026-2030 y tampoco encontramos allí una propuesta equivalente destinada a limitar el número de reelecciones de magistraturas. Texto pegado

La ausencia no permite afirmar que el Frente Amplio haya renunciado definitivamente a reformar el mecanismo. Un partido puede modificar sus prioridades electorales, presentar posteriormente otra iniciativa o conservar una posición que no incluyó en su programa. Lo que sí puede afirmarse es bastante concreto. Una propuesta que en 2022 estaba escrita dentro de su oferta electoral para limitar aquellas permanencias ya no apareció en esos términos en el programa con el que volvió a pedir el voto en 2026.

Y después ocurrió algo que ya no depende de comparar documentos.

Villalta reconoció el cambio antes de la votación de Varela

El 19 de julio, José María Villalta reconoció que el Frente Amplio tenía anteriormente más objeciones a las reelecciones y explicó que la nueva coyuntura había modificado la posición de su bancada. Texto pegado

No fue una explicación construida después de conocer el resultado del caso Varela. Durante una reunión de jefaturas de fracción del 28 de mayo, Villalta ya había señalado que permitirían determinadas reelecciones porque, desde la lectura frenteamplista, abrir nuevas vacantes podía conducir a una paralización del sistema judicial. Texto pegado

La defensa del Frente Amplio debe quedar completa. El partido no ha dicho que ahora considere conveniente la reelección ilimitada ni que cualquier magistrado deba permanecer. Su argumento es que Pueblo Soberano estaría utilizando los nombramientos y las vacantes de una manera que amenaza la integración y el funcionamiento de la Corte. Bajo esa lectura, impedir determinadas vacantes puede resultar menos riesgoso que abrirlas. Explicación del cambio planteada por Villalta

La explicación permite entender la nueva estrategia, pero también fija con precisión qué cambió. El FA no dice que haya cambiado la regla. Dice que cambió el riesgo político que considera prioritario.

Julia Varela puso el cambio frente al espejo

Varela llevaba 24 años como magistrada cuando volvió a discutirse su permanencia. La Comisión de Nombramientos recomendó que no continuara. Cuatro diputados de Pueblo Soberano respaldaron esa recomendación, mientras Antonio Trejos, del Frente Amplio, junto con dos legisladores del PLN, votó contra recomendar su salida. Texto pegado

En el Plenario, Pueblo Soberano se colocó contra la continuidad y el Frente Amplio quedó del otro lado. Villalta defendió que no existían razones individualizadas suficientes relacionadas con idoneidad o desempeño para sacar a Varela y volvió a señalar el riesgo que, según su bancada, implicaba abrir otra vacante bajo las condiciones políticas actuales. Texto pegado

El resultado fue 31 votos contra la continuidad y 25 que no respaldaron la no reelección. Una mayoría de los diputados presentes quiso impedir que Varela continuara, pero la mayoría simple no basta para sacar a una magistratura. Hacían falta 38 y faltaron siete. Varela quedó reelecta por otros ocho años y puede llegar a 2034 con 32 años como magistrada. Resultado de la votación sobre Julia Varela

Aquí es donde los expedientes de 2022 y 2026 chocan directamente. La reforma respaldada por diputados frenteamplistas buscaba que quien quisiera permanecer tuviera que construir nuevamente una mayoría calificada. En el caso Varela ocurrió exactamente lo contrario. Los 38 los necesitaban quienes querían que saliera y el Frente Amplio quedó colocado del lado político al que le bastaba con impedir que esos 38 aparecieran.

El límite no desapareció, pero la vacante se volvió más peligrosa

Reducir esta historia a decir que “el FA antes estaba contra las reelecciones y ahora está a favor” sería cómodo, pero no resistiría el archivo. Villalta ha recordado que el Frente Amplio nunca votó automáticamente contra todas las personas que buscaban reelegirse y que históricamente ha evaluado cada caso. Paralelamente defendía mayor renovación y cambios al mecanismo. Texto pegado

Precisamente ese matiz hace más importante lo ocurrido en 2026. La evaluación ya no depende solamente de los méritos, resultados o años acumulados por quien ocupa una magistratura. También entra en la ecuación quién podría disputar esa silla si queda vacante.

El Frente Amplio sostiene que las vacantes pueden ser utilizadas por Pueblo Soberano para bloquear o alterar el funcionamiento de la Corte. Desde esa lectura, conservar determinadas magistraturas funciona como una barrera defensiva. La estrategia tiene una explicación política reconocible, pero produce una tensión que el archivo permite observar sin atribuir intenciones ocultas. El partido que quería limitar un mecanismo por las permanencias prolongadas y advertía riesgos de politización ahora utiliza el efecto de ese mismo mecanismo porque teme la politización que podría producir una vacante. Texto pegado

La explicación justifica ante sus seguidores por qué modificó la estrategia. No elimina el hecho de que la estrategia cambió.

Pueblo Soberano tampoco queda fuera del archivo

Esta reconstrucción no convierte automáticamente a Pueblo Soberano en defensor histórico de la renovación judicial. En la reelección de Luis Porfirio Sánchez de 2024, diputados del entonces oficialismo y el Frente Amplio coincidieron contra su continuidad. En noviembre de 2025 volvieron a existir votos oficialistas y frenteamplistas contra Fernando Castillo. Texto pegado

Con Julia Varela la fotografía fue distinta. Pueblo Soberano se colocó contra su continuidad y el Frente Amplio entre quienes no respaldaron la no reelección. Votación nominal del caso Julia Varela

Ese voto no demuestra que Pueblo Soberano haya adoptado las reformas que históricamente planteó el Frente Amplio ni prueba que ambos partidos hayan actuado por las mismas razones cuando coincidieron anteriormente. Lo que permite documentar es una inversión de posiciones alrededor de una regla que sigue siendo exactamente la misma.

Y esa diferencia importa para ACR. Si mañana los partidos vuelven a intercambiar lugares, el estándar no puede moverse con ellos.

Cuando renovar también depende de quién puede llegar

El caso supera a Julia Varela porque plantea una pregunta sobre el sistema. ¿Qué ocurre cuando la valoración de una reelección deja de depender únicamente de si una persona merece otros ocho años y comienza a depender también de quién podría disputar su silla si queda libre?

Eso es parte de lo que introduce la explicación frenteamplista de 2026. Villalta sostiene que las condiciones actuales son excepcionales y que nuevas vacantes podrían facilitar una estrategia de Pueblo Soberano para bloquear o ganar influencia sobre la integración del Poder Judicial. Posición de Villalta sobre las nuevas vacantes judiciales

Ese riesgo puede investigarse y discutirse. No corresponde a ACR presentarlo como un hecho demostrado simplemente porque lo afirma el Frente Amplio. Pero la consecuencia de esa posición sí puede observarse. La renovación que antes podía defenderse como respuesta a permanencias prolongadas puede convertirse en un riesgo cuando el partido desconfía de quién tendrá poder para participar en el reemplazo.

Entonces la discusión deja de limitarse a cuántos años lleva alguien sentado en la Corte. También obliga a mirar quién podría sentarse después.

Cuatro años de archivo caben en la misma historia

En 2022, el Frente Amplio llevó a campaña una propuesta para regular las reelecciones ilimitadas de magistraturas y diputados de su bancada respaldaron una reforma constitucional que pretendía limitar la continuidad y cambiar quién debía conseguir los 38 votos. Texto pegado En 2024, sus seis diputados votaron contra Luis Porfirio Sánchez y posteriormente abandonaron el Plenario durante su juramentación. Texto pegado En 2025, cinco diputados frenteamplistas votaron contra Fernando Castillo y Sofía Guillén estuvo ausente en la votación definitiva. Registro legislativo de esa votación

Para las elecciones de 2026, ACR no encontró en el nuevo programa aquella propuesta específica destinada a limitar el número de reelecciones. Texto pegado En mayo y julio, Villalta explicó que la posición práctica frente a las continuidades estaba cambiando por el riesgo que su partido atribuye a las nuevas vacantes. Texto pegado En septiembre llegó Varela y una magistrada que llevaba 24 años en el cargo enfrentó 31 votos contra su continuidad. La regla que el FA había respaldado modificar hizo que esos 31 fueran insuficientes y el Frente Amplio quedó entre quienes permitieron que la magistrada pudiera sumar otros ocho años.

No hace falta llamar al FA incoherente ni presentar a Pueblo Soberano como héroe de la renovación judicial. Basta con conservar todas las fechas, todos los votos y las explicaciones de ambos lados.

Los 38 no cambiaron

Los partidos pueden cambiar de posición cuando consideran que cambiaron las circunstancias. También pueden concluir que una coyuntura excepcional obliga a hacer hoy algo distinto de lo que defendieron anteriormente. El Frente Amplio ha dado su explicación. Considera que mantener determinadas magistraturas puede proteger a la Corte de un riesgo mayor asociado con las vacantes.

Pero los 38 votos no cambiaron. Tampoco cambió el mecanismo constitucional que el FA había respaldado modificar ni desapareció la posibilidad de acumular períodos. Lo que cambió fue cuál de los efectos de esa regla considera hoy más peligroso.

En 2022 preocupaban las permanencias prolongadas y la politización alrededor del mecanismo. En 2026 también preocupa quién podría acercarse a una silla cuando esa permanencia termina. Julia Varela permite ponerle números al cambio. Llevaba 24 años como magistrada, 31 diputados intentaron impedir que continuara y no pudieron porque necesitaban 38. El Frente Amplio estuvo del lado de su continuidad y Varela puede llegar ahora a 32 años en la Corte. Votación completa del Plenario

Por eso la pregunta no es si el Frente Amplio tiene derecho a modificar su estrategia. Lo tiene. Tampoco corresponde concluir que Pueblo Soberano tiene razón simplemente porque esta vez votó por renovar una magistratura. Un voto no demuestra por sí solo las motivaciones de un partido.

La pregunta que deja el expediente es otra.

Si una regla preocupaba porque podía prolongar magistraturas y alimentar la politización de la Corte, ¿qué ocurre cuando esa misma regla empieza a resultar útil porque el partido teme quién podría ocupar la silla vacía?

El Frente Amplio ya explicó por qué cambió su posición. Los programas, los votos y cuatro años de archivo permiten al ciudadano medir cuánto cambió.

Los partidos pueden cambiar de posición. El archivo también permite recordar desde dónde cambiaron.

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MUNDO ACR | Criterio independiente. No verificamos bandos. Verificamos lo que dicen.

Fernando Cruz estaba este lunes frente a los números de cuatro años de gestión del Poder Judicial cuando la conversación llegó a la mora. El magistrado de la Sala Constitucional habló de falta de personal, vacaciones sin sustituciones, incapacidades, juicios suspendidos y problemas que nacen fuera de los tribunales pero terminan convertidos en expedientes judiciales. Entonces lanzó una pregunta que cambió el tono de la rendición de cuentas.

“Yo no sé si es como un poquito perverso cuando reclaman que hay mora judicial, pero tenemos cinco años que no se crean plazas. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Es con buena intención o es ignorancia?”, dijo Cruz.

La falta de personal que señala tiene respaldo. El propio Poder Judicial presentó su anteproyecto presupuestario para 2026 con “crecimiento cero en plazas nuevas” y necesidades que quedaron sin contenido económico. Entre ellas aparecían 1.335 plazas para despachos penales y siete para reforzar Sala Constitucional. Poder Judicial

Pero ese lunes había otros números en la misma sala.

Según la exposición del director de Planificación, Allan Pow Hing, el Poder Judicial tenía alrededor de 800.000 expedientes en trámite en 2021 y reportaba unos 746.000 al 30 de junio de 2026. También aseguró que actualmente termina aproximadamente 144.000 asuntos más por año que en 2021, un crecimiento de productividad cercano al 27%.

Es ahí donde la pregunta de Cruz deja de caber cómodamente entre “buena intención” e “ignorancia”.

Si el Poder Judicial afirma que produce considerablemente más con recursos limitados, si redujo su circulante general y si además se presenta como líder latinoamericano en tasa de resolución, el reclamo ciudadano por la mora admite una tercera posibilidad mucho más sencilla: querer saber qué parte del atraso se explica por lo que falta y qué parte todavía depende de lo que ocurre adentro.

Cinco años sin plazas, pero no cero plazas en todo el Poder Judicial

La precisión aquí importa porque fortalece, en vez de debilitar, el reclamo legítimo de Cruz.

La Corte efectivamente formuló su presupuesto 2026 con crecimiento cero en plazas nuevas. Las necesidades que dejó sin financiamiento eran enormes. Solo los 1.335 puestos estimados para despachos penales representaban más de ₡44.118 millones, mientras que las siete plazas solicitadas para Sala Constitucional rondaban los ₡415 millones. Poder Judicial

Pero “tenemos cinco años que no se crean plazas” no puede trasladarse sin explicación al lector como si durante ese período no hubiera aparecido ningún puesto nuevo en ninguna dependencia del Poder Judicial.

El presupuesto 2026 finalmente aprobado incorporó recursos para 46 puestos en el Ministerio Público, otros 53 puestos en esa misma institución y 176 en el OIJ. Los documentos presupuestarios del propio Poder Judicial registran esas incorporaciones. Planificación PJ

Eso no significa que los juzgados hayan recibido el personal que reclaman. Tampoco que Sala Constitucional haya obtenido las siete plazas que pidió ni que desaparezca el congelamiento de crecimiento ordinario denunciado por la Corte.

Significa algo más preciso.

Faltan plazas, pero saber que faltan todavía no dice cuánto de la mora producen.

Para responder eso habría que conocer dónde faltan, cuántos expedientes soportan esos despachos y cuánto cambiarían sus tiempos si recibieran el personal solicitado.

Hay 746.000 expedientes en trámite, pero esa cifra tampoco es “la mora”

Aquí también conviene evitar un golpe fácil.

Según los datos presentados por Planificación, el circulante pasó de aproximadamente 800.000 expedientes en 2021 a unos 746.000 al 30 de junio de este año. La caída ronda el 7%.

Pero 746.000 expedientes en trámite no equivalen a 746.000 expedientes atrasados. Un proceso puede estar activo y encontrarse dentro de tiempos normales.

La cifra importante que todavía falta es otra.

¿Cuántos llevan más tiempo del razonable?

¿Cuántos superan uno, dos, cinco o diez años?

¿En cuáles materias?

¿En cuáles despachos?

¿Y por qué?

Sin esa radiografía, hablar simplemente de “mora judicial” mezcla bajo una misma palabra desde un expediente que apenas comienza hasta otro que lleva años esperando.

El mismo Poder Judicial dice que ahora produce 27% más

El dato presentado por Pow Hing vuelve más interesante el argumento de las plazas. Si actualmente se terminan alrededor de 144.000 asuntos adicionales por año respecto de 2021, pese a las restricciones de recursos, algo cambió en la capacidad del sistema para producir.

Eso tampoco demuestra que sobren funcionarios.

Demuestra que el número de funcionarios no es la única variable capaz de mover la aguja.

El Poder Judicial trabaja también con tecnología, indicadores, reorganización, automatización y modelos dirigidos a reducir rezago. De hecho, la institución ha defendido públicamente que, aun con recursos limitados, ha realizado esfuerzos para disminuir atrasos y aumentar eficiencia. Poder Judicial

La discusión deja entonces de ser “plazas sí o plazas no”.

La pregunta útil es cuánto atraso requiere más personal y cuánto puede reducirse mediante cambios de gestión.

Porque si administrar distinto ayudó a producir 27% más, la administración también forma parte de la ecuación.

El Poder Judicial también celebró ser primero en América Latina

Hace pocas semanas la propia institución difundió otro resultado.

Costa Rica obtuvo una tasa de resolución judicial de 1,07 durante 2024 y quedó en primer lugar entre los 13 países latinoamericanos estudiados por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. Fue además el único país que superó el umbral 1 en ese indicador. Poder Judicial

El dato favorece al Poder Judicial.

Y hay que decir exactamente qué significa.

La tasa mide la relación entre asuntos terminados y asuntos ingresados durante un período. Superar 1 significa que el sistema logró resolver al menos tantos asuntos como recibió. El estudio también ubicó a Costa Rica dentro de un rango aceptable de congestión para 2024. Poder Judicial

Pero 1,07 no significa que desapareció la mora.

No dice que todos los expedientes se resuelvan rápidamente, no borra casos acumulados de años anteriores y tampoco impide que determinadas jurisdicciones tengan problemas mucho más graves que el promedio nacional.

Ahí aparecen dos fotografías del mismo Poder Judicial.

Una institución que puede exhibir el mejor resultado regional de resolución entre los países comparados y una institución cuyo magistrado pregunta si reclamar por la mora, ante la falta de plazas, puede ser “un poquito perverso”.

No hace falta escoger una de las dos.

Las dos pueden ser ciertas.

Precisamente por eso la mora merece números más finos.

Cruz ya había señalado dónde se concentra buena parte del problema

La explicación de este lunes tampoco nació este lunes.

Meses atrás, en Corte Plena, Cruz defendió al Poder Judicial frente a cuestionamientos sobre su funcionamiento y reconoció que la institución tenía deficiencias. En aquella discusión sostuvo además que más del 60% de la mora correspondía a materia de cobro y volvió sobre las restricciones presupuestarias que enfrenta la institución. El planteamiento consta en el acta de Corte Plena. Nexus PJ

Ese 60% es probablemente más útil para entender el problema que cualquier discusión abstracta sobre si existe o no mora.

Porque si buena parte del atraso está concentrada en una materia concreta, la siguiente pregunta deja de ser ideológica.

¿Qué está pasando en cobro?

Cuánto corresponde al volumen de asuntos que ingresan, cuánto a personal, cuánto al diseño del proceso, cuánto al comportamiento de las partes, cuánto a organización interna y cuánto podría reducirse con tecnología o cambios de gestión.

Ubicar el atraso es el primer paso.

Explicar sus causas es el siguiente.

El Poder Judicial no decide cuántos casos recibe

Pow Hing introdujo otra distinción necesaria durante la presentación. Para entender el rezago hay que mirar al menos tres variables: lo que estaba pendiente, lo que ingresa y lo que logra terminarse.

Los tribunales no controlan cuántas personas denuncian, demandan o presentan recursos.

Según su exposición, actualmente ingresan aproximadamente 43.000 asuntos adicionales al año frente a períodos anteriores, un crecimiento cercano al 7,58%. Pow Hing relacionó ese aumento con fenómenos como criminalidad, conflictividad social, desigualdad y endeudamiento.

Eso puede producir una situación aparentemente contradictoria sin que exista contradicción alguna.

El Poder Judicial puede trabajar más y recibir todavía más trabajo.

Puede elevar productividad y no eliminar el rezago.

Puede reducir el circulante nacional mientras algunos despachos empeoran.

Por eso el promedio vuelve a quedarse corto.

El ciudadano necesita saber dónde se está ganando tiempo y dónde se está perdiendo.

Para Sala Constitucional, Cruz tiene una solución

Cuando habló específicamente de la mora constitucional, Cruz defendió la creación de tribunales de amparo que descarguen parte del trabajo que actualmente llega directamente a Sala Constitucional.

La preocupación por la capacidad de respuesta de la Sala tampoco es abstracta. En junio, su Presidencia informó que existían 87 expedientes afectados por inhibitorias ante la falta de designación de magistraturas suplentes y advirtió que la situación incidía directamente en la tutela efectiva de derechos y en la respuesta oportuna del órgano. Sala Constitucional

Cruz sostiene que los tribunales de amparo podrían resolver la mora en esa materia y atribuye a decisiones legislativas el fracaso de intentos anteriores para crearlos.

Ahí deben separarse dos cosas.

La propuesta existe y puede discutirse.

Que resuelva efectivamente la mora requiere una cuenta.

¿Cuántos recursos absorbería? ¿Cuántas plazas necesitaría? ¿Cuánto costaría? ¿Qué proporción del trabajo actual de Sala Constitucional trasladaría? ¿Cuánto bajarían los tiempos?

Decir cuál es la solución es distinto de demostrar cuánto solucionaría.

Parte de los expedientes nace por atrasos ajenos

Cruz utilizó otro ejemplo que sí ayuda a separar responsabilidades.

Una persona puede esperar una respuesta relacionada con el Régimen No Contributivo, cansarse de esperar y acudir a Sala Constitucional. En ese caso, el expediente judicial nació por un atraso producido fuera del Poder Judicial.

Eso cuenta.

Pero no termina la cuenta.

Una vez recibido el recurso aparece otra pregunta independiente: cuánto tarda la justicia en resolverlo.

La institución que provocó el amparo responde por la demora administrativa. El Poder Judicial responde por la tramitación judicial posterior.

No hay que escoger un culpable único.

Hay que separar los tiempos.

Vacaciones, incapacidades y abogados enfermos

Cruz habló también de causas mucho más cotidianas. Funcionarios que salen de vacaciones y no son sustituidos, incapacidades que dejan expedientes detenidos y juicios que deben suspenderse porque alguno de sus participantes enferma. Incluso mencionó el caso de un abogado que habría enfermado cinco veces.

Todo eso puede retrasar un proceso.

Pero un ejemplo demuestra cómo puede ocurrir un atraso, no cuánto del atraso nacional explica.

Si las vacaciones sin sustitución pesan en la mora, debería ser posible medir cuántos expedientes afectan. Si las incapacidades tienen un impacto considerable, debería conocerse cuántos días agregan. Si las suspensiones provocadas por abogados o partes representan una porción relevante, debería poder calcularse.

Ahí está una diferencia que atraviesa buena parte de la intervención de Cruz.

Enumerar causas no es todavía medirlas.

Y después aparecieron las carreteras

Antes de terminar, Cruz amplió la comparación.

Preguntó por las “moras en carreteras”, habló de atrasos en operaciones médicas y recordó que otras instituciones públicas también acumulan demoras. Lo resumió con una expresión conocida: “en todos lados cuecen habas, y bastantes”.

Es cierto.

La lentitud estatal no pertenece exclusivamente a los tribunales.

Pero una carretera atrasada no permite saber cuánto debería tardar una sentencia. Una operación pendiente tampoco explica por qué un expediente judicial lleva determinado tiempo sin resolverse.

Las comparaciones muestran que el Estado costarricense arrastra problemas de demora en muchos frentes.

No explican la mora del Poder Judicial.

Para eso hacen falta sus números.

Cuando el número mejora, la gestión sí cuenta

Aquí aparece la parte más incómoda de toda la discusión.

Cuando Costa Rica obtiene 1,07 y encabeza la tasa de resolución entre los países estudiados, el Poder Judicial presenta el resultado como señal de su capacidad institucional. Cuando aumenta la productividad, habla de eficiencia. Cuando baja el circulante, la mejora forma parte del balance de gestión.

Es razonable.

Pero la misma vara tiene que funcionar cuando el número va en la otra dirección.

Si tecnología, organización, seguimiento e indicadores pueden ayudar a explicar una mejora, entonces la gestión también tiene que entrar en el análisis del atraso.

Eso no convierte toda la mora en responsabilidad del Poder Judicial.

Obliga a saber cuánto sí lo es.

Y esa cifra es precisamente la que no apareció.

La tercera posibilidad que faltó en la pregunta de Cruz

Fernando Cruz preguntó si reclamar por la mora mientras faltan plazas podía ser “un poquito perverso”. Después planteó si detrás del reclamo había “buena intención o ignorancia”.

Sus explicaciones no son inventadas.

El Poder Judicial documentó necesidades de personal sin financiar. Recibe más asuntos. Hay funcionarios que no siempre pueden ser sustituidos. Existen incapacidades y suspensiones. Parte de la carga de Sala Constitucional nace en atrasos de otras instituciones. La falta de integración adecuada de la propia Sala ya ha afectado expedientes. Y una parte importante del rezago, según Cruz, se concentra en cobro.

Pero los números institucionales dicen algo más.

El Poder Judicial afirma que aumentó alrededor de 27% su productividad frente a 2021. Dice que termina aproximadamente 144.000 asuntos adicionales por año. Reporta una reducción de su circulante general. Costa Rica alcanzó una tasa de resolución de 1,07 y encabezó la comparación regional de 2024. La propia institución atribuye parte de sus avances a eficiencia y mejoras de gestión. Poder Judicial

Entonces hay una tercera posibilidad que no necesita perversidad ni ignorancia.

Que el ciudadano esté haciendo una pregunta legítima.

¿Qué porcentaje de la mora judicial corresponde a falta de plazas?

¿Qué porcentaje nace del aumento de casos?

¿Cuánto producen las incapacidades, vacaciones y suspensiones?

¿Cuánto llega provocado por atrasos de otras instituciones?

¿Cuánto puede corregirse con tecnología y reorganización?

Y, finalmente, ¿qué porcentaje depende de decisiones que el propio Poder Judicial puede cambiar?

Mientras esa cuenta no esté sobre la mesa, decir que faltan plazas explica una parte. Hablar de carreteras y operaciones demuestra que existen otras moras. Señalar a la Asamblea identifica responsabilidades que también deben examinarse.

Pero ninguna responde la pregunta completa.

Porque cuando el Poder Judicial mejora, la institución tiene derecho a mostrar sus resultados.

Cuando el ciudadano espera, también tiene derecho a saber qué parte de esa espera sí depende del Poder Judicial.

Esa es la cifra que falta.

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