POR MUNDO ACR | Las historias que siguen moviendo a San Carlos.

Crucitas lleva años ocupando titulares por la minería ilegal, la extracción de oro y los problemas de seguridad que rodean la zona.

Sin embargo, en los últimos días una parte de la atención se trasladó a la Asamblea Legislativa por una razón muy distinta.

No se trata de nuevos hallazgos de oro.

No se trata de operativos policiales.

Tampoco de un cambio de rumbo en el proyecto que busca regular la actividad minera en Cutris.

Lo que ha llamado la atención son varias mociones que proponen sustituir palabras dentro del texto del expediente.

La diputada Mayuli Ortega, de Pueblo Soberano, divulgó en sus redes sociales algunos ejemplos de esas modificaciones y cuestionó el tiempo que se dedica a discutirlas mientras la situación en Crucitas continúa sin una solución definitiva.

Entre las mociones publicadas aparecen cambios como sustituir “autorización” por “permiso”, “se regirá” por “se administrará” o “aprovechamiento racional” por “uso racional”.

A simple vista pueden parecer cambios menores.

Sin embargo, cada moción forma parte del trámite legislativo y debe seguir su propio proceso de discusión y votación.

Ahí es donde surge una de las preguntas que comienza a ganar espacio alrededor del proyecto.

Si existe consenso en que Crucitas representa un problema urgente para el país, ¿qué tanto aportan estas modificaciones al fondo de la propuesta y cuánto tiempo consumen dentro del proceso legislativo?

Quienes respaldan este tipo de mociones suelen sostener que en una ley cada palabra tiene peso y que una variación aparentemente pequeña puede influir en la forma en que una norma se interpreta y aplica en el futuro.

Quienes las cuestionan consideran que cambios como los mostrados públicamente terminan desplazando la atención de asuntos que consideran más urgentes dentro del expediente.

Las imágenes divulgadas por Ortega reflejan precisamente esa diferencia de criterios.

Para algunos son ajustes normales dentro del trabajo legislativo.

Para otros son ejemplos de una discusión que avanza más despacio de lo que la situación en Crucitas demanda.

Mientras el proyecto sigue avanzando palabra por palabra, también permanece abierta una inquietud que trasciende a los partidos políticos.

Si todos coinciden en que la situación de Crucitas requiere atención urgente, ¿cuánto tiempo debe dedicarse a cambios de redacción y cuánto a los aspectos de fondo de una iniciativa que busca responder a un problema que lleva años sin resolverse?.

Mientras la minería ilegal sigue siendo una realidad en Crucitas, dentro de la Asamblea también continúa esa interrogante.

No sobre el oro.

No sobre la extracción minera.

Sino sobre cómo se distribuye el tiempo dentro de un proceso legislativo que intenta encontrar una salida para uno de los conflictos más complejos que enfrenta actualmente la zona norte del país.

¿Qué opinás sobre este tema?

Los documentos divulgados por la diputada Mayuli Ortega permiten observar directamente algunas de las modificaciones planteadas dentro del expediente legislativo sobre Crucitas.

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POR MUNDO ACR | Política explicada sin enredos.

La presidente Laura Fernández salió al paso de los cuestionamientos surgidos tras el nombramiento del empresario Boris Marchegiani como representante de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, más allá de la defensa de una persona específica, sus declaraciones dejaron ver una visión más amplia sobre el rumbo que pretende impulsar en la política exterior costarricense durante su administración.

Fernández aseguró que la mayor parte del servicio diplomático del país continuará en manos de funcionarios de carrera, pero sostuvo que existen determinados cargos donde considera válido recurrir a perfiles externos cuando las circunstancias así lo requieran.

Según explicó, el nombramiento de Marchegiani responde a esa lógica.

La mandataria destacó la experiencia empresarial del nuevo representante y señaló que busca fortalecer la presencia de Costa Rica en temas relacionados con competitividad, energía, inversión, turismo y seguridad internacional.

Durante sus declaraciones, Fernández también manifestó que desea ver una participación más activa del país en asuntos vinculados al desarrollo económico y la generación de oportunidades.

El tema adquiere relevancia porque la representación ante Naciones Unidas suele convertirse en uno de los espacios donde Costa Rica proyecta posiciones sobre asuntos globales que van desde derechos humanos y desarrollo sostenible hasta seguridad, cooperación internacional y comercio.

Por esa razón, los nombramientos diplomáticos suelen generar debate sobre las prioridades que cada gobierno desea impulsar en escenarios internacionales.

Más allá de las opiniones a favor o en contra del nombramiento, la discusión abre una pregunta más amplia sobre el papel que Costa Rica busca desempeñar en organismos multilaterales durante los próximos años.

Las decisiones que se adopten en materia de política exterior no solo influyen en la imagen internacional del país, sino también en su capacidad para atraer inversión, fortalecer relaciones estratégicas y participar en debates que terminan teniendo impacto dentro de sus propias fronteras.

Con el nuevo gobierno apenas iniciando funciones, la representación internacional se convierte en otro de los espacios donde comenzarán a verse las prioridades y el estilo que marcarán la administración de Laura Fernández.

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POR MUNDO ACR | Lecturas de poder que explican lo que otros pasan por alto.

Cuando una de las voces estratégicas del Tribunal Supremo de Elecciones sale públicamente a defender la estabilidad de los magistrados electorales, la discusión deja de ser únicamente jurídica.

También se vuelve institucional, política y ciudadana.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con la reciente columna publicada por Gustavo Román Jacobo, Director General de Estrategia y Gestión Política del TSE, quien dedicó varias páginas a defender una idea central, la independencia de los magistrados requiere estabilidad en el cargo y mecanismos que los protejan de las presiones del poder político.

Su planteamiento no es menor.

Tampoco se trata de un asunto técnico reservado para abogados o especialistas en derecho constitucional.

Lo que está en discusión es algo mucho más profundo, quién protege la independencia del árbitro electoral y cuáles son los controles que existen sobre quienes ejercen ese poder.

La tesis de Román

La columna sostiene que un magistrado cuya permanencia dependa del agrado de una mayoría política difícilmente puede actuar con plena independencia.

Por esa razón, Román recurre a ejemplos internacionales, a la Constitución Política, al Código Electoral y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender la existencia de garantías reforzadas de estabilidad para los jueces supremos y magistrados electorales.

Su razonamiento es sencillo.

Si un juez teme perder el cargo por una resolución incómoda, corre el riesgo de dejar de decidir conforme al Derecho y empezar a decidir conforme a los intereses de quienes tienen el poder para removerlo.

Pocas democracias modernas discutirían seriamente ese principio.

La independencia judicial y electoral constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.

Sin árbitros independientes, las instituciones terminan expuestas a las presiones de los gobiernos, los partidos políticos o las mayorías circunstanciales.

Sin embargo, la propia fuerza del argumento abre una pregunta que merece atención.

Cuando el árbitro habla

La columna resulta especialmente llamativa porque no fue escrita por un académico observando la realidad desde afuera.

Tampoco por un comentarista político.

Fue escrita por uno de los funcionarios estratégicos de la institución encargada de arbitrar los procesos electorales del país.

Y ese detalle importa.

Porque los artículos de opinión rara vez aparecen en el vacío.

Normalmente responden a una preocupación, a una tensión o a una discusión que el autor considera relevante.

En este caso, Román no solo explica por qué considera legítimo el modelo actual de estabilidad para los magistrados electorales.

También responde, aunque sea de manera indirecta, a quienes consideran que esos mecanismos deberían revisarse o interpretarse de forma distinta.

La señal más evidente aparece cuando advierte sobre quienes tendrían “muchas ganas de sustituir a los magistrados electorales por otros que sean dóciles al poder político”.

A partir de ese momento, la columna deja de ser únicamente una explicación jurídica.

Se convierte también en una defensa institucional.

Y precisamente por eso genera preguntas que van más allá del debate legal.

La otra mitad de la conversación

Román dedica gran parte de su texto a explicar cómo proteger a los magistrados del poder político.

Pero dedica mucho menos espacio a otra inquietud que también existe en cualquier democracia moderna.

¿Cómo se fortalece la confianza ciudadana en quienes ejercen tanto poder institucional?

El ciudadano común no elige magistrados electorales.

No participa directamente en su nombramiento.

No decide sobre su permanencia.

No tiene mecanismos equivalentes a los que existen en los procesos electorales para premiar o castigar decisiones.

Y aun así, las resoluciones de esos órganos pueden influir sobre procesos políticos, derechos fundamentales y controversias nacionales de enorme trascendencia.

Por eso la confianza pública se vuelve tan importante como la independencia.

No porque una sustituya a la otra.

Sino porque ambas se necesitan mutuamente.

La independencia protege al árbitro de los políticos.

La confianza protege la legitimidad del árbitro ante los ciudadanos.

Una pregunta legítima

Nada de esto significa que los magistrados deban quedar expuestos a las presiones partidarias.

Tampoco significa que las mayorías políticas deban tener la capacidad de remover jueces o árbitros electorales según las conveniencias del momento.

La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de por qué ese camino puede terminar debilitando la democracia.

Pero la estabilidad de quienes ejercen ese poder tampoco elimina las preguntas sobre confianza, legitimidad y rendición de cuentas.

Porque una institución puede ser jurídicamente independiente y, al mismo tiempo, enfrentar cuestionamientos ciudadanos.

Puede estar protegida de los políticos y aun así verse obligada a fortalecer su legitimidad pública.

Puede gozar de amplias garantías constitucionales y seguir enfrentando preguntas legítimas de una sociedad que exige cada vez más transparencia.

Y esas preguntas no desaparecen por el simple hecho de invocar la independencia institucional.

La conversación pendiente

La discusión de fondo no parece ser si los magistrados deben ser independientes.

Pocas democracias serias cuestionarían ese principio.

La discusión pendiente parece otra.

Cómo garantizar que instituciones diseñadas para estar protegidas de las presiones políticas mantengan también la confianza de quienes les entregan esa autoridad.

Porque una democracia necesita árbitros independientes.

Eso difícilmente está en discusión.

Lo que sigue abierto es cómo fortalecer la legitimidad, la transparencia y la confianza pública alrededor de esos árbitros.

Y ahí es donde la conversación apenas comienza.

Porque cuando una voz del propio sistema sale a defender la independencia de quienes ejercen ese poder, inevitablemente surge una pregunta que ninguna democracia puede darse el lujo de ignorar.

¿Quién vigila al árbitro?

En MUNDO ACR no solo contamos lo que ocurre. También analizamos las preguntas que quedan abiertas cuando terminan los discursos.

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POR MUNDO ACR | Información para entender las decisiones que mueven al país.

La relación entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa volvió al centro de la escena política. Esta vez, la advertencia llegó de una figura que durante los últimos años se convirtió en una de las voces más visibles del oficialismo, la exdiputada Pilar Cisneros.

Su mensaje llega en un momento donde el nuevo Congreso apenas comienza a definir alianzas, prioridades y la forma en que enfrentará algunos de los proyectos más sensibles para el país.

Según la exlegisladora, algunas de las tensiones que marcaron el cuatrienio anterior comienzan a reaparecer en momentos donde Costa Rica enfrenta decisiones importantes en materia de seguridad, energía, infraestructura y reforma institucional.

Durante su mensaje, Cisneros recordó que el oficialismo gobernó durante cuatro años con una representación reducida en la Asamblea Legislativa y sostuvo que esa realidad dificultó el avance de varias iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, más allá del balance que hace sobre la administración anterior, el centro de su intervención estuvo en el papel que debe asumir la oposición dentro del Congreso.

Para la exdiputada, existe una diferencia entre fiscalizar las acciones del Gobierno y bloquear proyectos que consideran relevantes para el desarrollo del país.

Uno de los ejemplos que mencionó fue la armonización eléctrica, una iniciativa que continúa generando posiciones encontradas dentro de distintos sectores políticos, empresariales y sociales.

Mientras algunos defienden una mayor participación del sector privado para fortalecer la capacidad de generación eléctrica, otros mantienen reservas sobre los efectos que esa apertura podría tener sobre el modelo energético costarricense y el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El desacuerdo alrededor de este proyecto muestra cómo distintas visiones sobre desarrollo, energía y papel del Estado siguen marcando diferencias dentro de la política costarricense.

El mensaje de Cisneros también dejó una advertencia política, considera que los ciudadanos observan con atención el comportamiento de los distintos actores dentro del Congreso y que eventualmente evaluarán esos resultados en las urnas.

La intervención ocurre en una etapa temprana del nuevo periodo legislativo, cuando todavía se están definiendo prioridades y formas de trabajo dentro de la Asamblea Legislativa.

Más allá de las diferencias entre gobierno y oposición, el resultado de estas discusiones terminará midiendo algo mucho más simple para los costarricenses, si los proyectos avanzan, se modifican o vuelven a quedar atrapados durante años en negociaciones políticas.

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