POR MUNDO ACR | Política explicada sin enredos.

La presidente Laura Fernández salió al paso de los cuestionamientos surgidos tras el nombramiento del empresario Boris Marchegiani como representante de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, más allá de la defensa de una persona específica, sus declaraciones dejaron ver una visión más amplia sobre el rumbo que pretende impulsar en la política exterior costarricense durante su administración.

Fernández aseguró que la mayor parte del servicio diplomático del país continuará en manos de funcionarios de carrera, pero sostuvo que existen determinados cargos donde considera válido recurrir a perfiles externos cuando las circunstancias así lo requieran.

Según explicó, el nombramiento de Marchegiani responde a esa lógica.

La mandataria destacó la experiencia empresarial del nuevo representante y señaló que busca fortalecer la presencia de Costa Rica en temas relacionados con competitividad, energía, inversión, turismo y seguridad internacional.

Durante sus declaraciones, Fernández también manifestó que desea ver una participación más activa del país en asuntos vinculados al desarrollo económico y la generación de oportunidades.

El tema adquiere relevancia porque la representación ante Naciones Unidas suele convertirse en uno de los espacios donde Costa Rica proyecta posiciones sobre asuntos globales que van desde derechos humanos y desarrollo sostenible hasta seguridad, cooperación internacional y comercio.

Por esa razón, los nombramientos diplomáticos suelen generar debate sobre las prioridades que cada gobierno desea impulsar en escenarios internacionales.

Más allá de las opiniones a favor o en contra del nombramiento, la discusión abre una pregunta más amplia sobre el papel que Costa Rica busca desempeñar en organismos multilaterales durante los próximos años.

Las decisiones que se adopten en materia de política exterior no solo influyen en la imagen internacional del país, sino también en su capacidad para atraer inversión, fortalecer relaciones estratégicas y participar en debates que terminan teniendo impacto dentro de sus propias fronteras.

Con el nuevo gobierno apenas iniciando funciones, la representación internacional se convierte en otro de los espacios donde comenzarán a verse las prioridades y el estilo que marcarán la administración de Laura Fernández.

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POR MUNDO ACR | Lecturas de poder que explican lo que otros pasan por alto.

Cuando una de las voces estratégicas del Tribunal Supremo de Elecciones sale públicamente a defender la estabilidad de los magistrados electorales, la discusión deja de ser únicamente jurídica.

También se vuelve institucional, política y ciudadana.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con la reciente columna publicada por Gustavo Román Jacobo, Director General de Estrategia y Gestión Política del TSE, quien dedicó varias páginas a defender una idea central, la independencia de los magistrados requiere estabilidad en el cargo y mecanismos que los protejan de las presiones del poder político.

Su planteamiento no es menor.

Tampoco se trata de un asunto técnico reservado para abogados o especialistas en derecho constitucional.

Lo que está en discusión es algo mucho más profundo, quién protege la independencia del árbitro electoral y cuáles son los controles que existen sobre quienes ejercen ese poder.

La tesis de Román

La columna sostiene que un magistrado cuya permanencia dependa del agrado de una mayoría política difícilmente puede actuar con plena independencia.

Por esa razón, Román recurre a ejemplos internacionales, a la Constitución Política, al Código Electoral y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender la existencia de garantías reforzadas de estabilidad para los jueces supremos y magistrados electorales.

Su razonamiento es sencillo.

Si un juez teme perder el cargo por una resolución incómoda, corre el riesgo de dejar de decidir conforme al Derecho y empezar a decidir conforme a los intereses de quienes tienen el poder para removerlo.

Pocas democracias modernas discutirían seriamente ese principio.

La independencia judicial y electoral constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.

Sin árbitros independientes, las instituciones terminan expuestas a las presiones de los gobiernos, los partidos políticos o las mayorías circunstanciales.

Sin embargo, la propia fuerza del argumento abre una pregunta que merece atención.

Cuando el árbitro habla

La columna resulta especialmente llamativa porque no fue escrita por un académico observando la realidad desde afuera.

Tampoco por un comentarista político.

Fue escrita por uno de los funcionarios estratégicos de la institución encargada de arbitrar los procesos electorales del país.

Y ese detalle importa.

Porque los artículos de opinión rara vez aparecen en el vacío.

Normalmente responden a una preocupación, a una tensión o a una discusión que el autor considera relevante.

En este caso, Román no solo explica por qué considera legítimo el modelo actual de estabilidad para los magistrados electorales.

También responde, aunque sea de manera indirecta, a quienes consideran que esos mecanismos deberían revisarse o interpretarse de forma distinta.

La señal más evidente aparece cuando advierte sobre quienes tendrían “muchas ganas de sustituir a los magistrados electorales por otros que sean dóciles al poder político”.

A partir de ese momento, la columna deja de ser únicamente una explicación jurídica.

Se convierte también en una defensa institucional.

Y precisamente por eso genera preguntas que van más allá del debate legal.

La otra mitad de la conversación

Román dedica gran parte de su texto a explicar cómo proteger a los magistrados del poder político.

Pero dedica mucho menos espacio a otra inquietud que también existe en cualquier democracia moderna.

¿Cómo se fortalece la confianza ciudadana en quienes ejercen tanto poder institucional?

El ciudadano común no elige magistrados electorales.

No participa directamente en su nombramiento.

No decide sobre su permanencia.

No tiene mecanismos equivalentes a los que existen en los procesos electorales para premiar o castigar decisiones.

Y aun así, las resoluciones de esos órganos pueden influir sobre procesos políticos, derechos fundamentales y controversias nacionales de enorme trascendencia.

Por eso la confianza pública se vuelve tan importante como la independencia.

No porque una sustituya a la otra.

Sino porque ambas se necesitan mutuamente.

La independencia protege al árbitro de los políticos.

La confianza protege la legitimidad del árbitro ante los ciudadanos.

Una pregunta legítima

Nada de esto significa que los magistrados deban quedar expuestos a las presiones partidarias.

Tampoco significa que las mayorías políticas deban tener la capacidad de remover jueces o árbitros electorales según las conveniencias del momento.

La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de por qué ese camino puede terminar debilitando la democracia.

Pero la estabilidad de quienes ejercen ese poder tampoco elimina las preguntas sobre confianza, legitimidad y rendición de cuentas.

Porque una institución puede ser jurídicamente independiente y, al mismo tiempo, enfrentar cuestionamientos ciudadanos.

Puede estar protegida de los políticos y aun así verse obligada a fortalecer su legitimidad pública.

Puede gozar de amplias garantías constitucionales y seguir enfrentando preguntas legítimas de una sociedad que exige cada vez más transparencia.

Y esas preguntas no desaparecen por el simple hecho de invocar la independencia institucional.

La conversación pendiente

La discusión de fondo no parece ser si los magistrados deben ser independientes.

Pocas democracias serias cuestionarían ese principio.

La discusión pendiente parece otra.

Cómo garantizar que instituciones diseñadas para estar protegidas de las presiones políticas mantengan también la confianza de quienes les entregan esa autoridad.

Porque una democracia necesita árbitros independientes.

Eso difícilmente está en discusión.

Lo que sigue abierto es cómo fortalecer la legitimidad, la transparencia y la confianza pública alrededor de esos árbitros.

Y ahí es donde la conversación apenas comienza.

Porque cuando una voz del propio sistema sale a defender la independencia de quienes ejercen ese poder, inevitablemente surge una pregunta que ninguna democracia puede darse el lujo de ignorar.

¿Quién vigila al árbitro?

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POR MUNDO ACR | Información para entender las decisiones que mueven al país.

La relación entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa volvió al centro de la escena política. Esta vez, la advertencia llegó de una figura que durante los últimos años se convirtió en una de las voces más visibles del oficialismo, la exdiputada Pilar Cisneros.

Su mensaje llega en un momento donde el nuevo Congreso apenas comienza a definir alianzas, prioridades y la forma en que enfrentará algunos de los proyectos más sensibles para el país.

Según la exlegisladora, algunas de las tensiones que marcaron el cuatrienio anterior comienzan a reaparecer en momentos donde Costa Rica enfrenta decisiones importantes en materia de seguridad, energía, infraestructura y reforma institucional.

Durante su mensaje, Cisneros recordó que el oficialismo gobernó durante cuatro años con una representación reducida en la Asamblea Legislativa y sostuvo que esa realidad dificultó el avance de varias iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, más allá del balance que hace sobre la administración anterior, el centro de su intervención estuvo en el papel que debe asumir la oposición dentro del Congreso.

Para la exdiputada, existe una diferencia entre fiscalizar las acciones del Gobierno y bloquear proyectos que consideran relevantes para el desarrollo del país.

Uno de los ejemplos que mencionó fue la armonización eléctrica, una iniciativa que continúa generando posiciones encontradas dentro de distintos sectores políticos, empresariales y sociales.

Mientras algunos defienden una mayor participación del sector privado para fortalecer la capacidad de generación eléctrica, otros mantienen reservas sobre los efectos que esa apertura podría tener sobre el modelo energético costarricense y el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El desacuerdo alrededor de este proyecto muestra cómo distintas visiones sobre desarrollo, energía y papel del Estado siguen marcando diferencias dentro de la política costarricense.

El mensaje de Cisneros también dejó una advertencia política, considera que los ciudadanos observan con atención el comportamiento de los distintos actores dentro del Congreso y que eventualmente evaluarán esos resultados en las urnas.

La intervención ocurre en una etapa temprana del nuevo periodo legislativo, cuando todavía se están definiendo prioridades y formas de trabajo dentro de la Asamblea Legislativa.

Más allá de las diferencias entre gobierno y oposición, el resultado de estas discusiones terminará midiendo algo mucho más simple para los costarricenses, si los proyectos avanzan, se modifican o vuelven a quedar atrapados durante años en negociaciones políticas.

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MUNDO ACR | Redacción Política

La discusión sobre la armonización del mercado eléctrico ya dejó de moverse únicamente alrededor del ICE, las tarifas o la apertura energética.

Ahora también se convirtió en una pelea política por algo mucho más sensible, quién representa realmente el modelo de país que quiere defender Costa Rica.

Y en medio de ese choque, el PLN empezó a quedar atrapado en una posición particularmente incómoda.

Porque mientras el oficialismo intenta pegarle la etiqueta de “comunistas” a quienes frenaron el proyecto, Liberación Nacional responde reivindicando precisamente conceptos históricamente ligados a su identidad.
Estado Social de Derecho, educación pública, equilibrio social y defensa institucional.

Ahí fue donde el debate dejó de ser solamente eléctrico.

El PLN intentó responder… pero terminó entrando al terreno que abrió el oficialismo

El presidente liberacionista Ricardo Sancho reaccionó después de que la presidenta Laura Fernández calificara de “comunistas” a diputados del PLN y del Frente Amplio por oponerse al proyecto.

Sancho aseguró que usar el término comunismo “para asustar” es un discurso “añejo” y afirmó que si defender el Estado Social de Derecho es ser comunista, entonces “toda Costa Rica es comunista”.

Y ahí fue donde el debate empezó a enredarse todavía más.

Porque gran parte del país puede defender, instituciones públicas, educación estatal o programas sociales sin necesariamente considerarse comunista.

Ahí el PLN intentó sacar la discusión del terreno ideológico, pero terminó hablando precisamente de ideología, mercado, derechos y modelo económico.

Y eso dejó una sensación política complicada, el Gobierno terminó llevando toda la discusión al terreno ideológico.

El partido que ayudó a negociar el proyecto ahora intenta frenarlo

Otro de los puntos incómodos para Liberación es que durante años sectores del partido participaron en negociaciones alrededor de la modernización eléctrica.

Incluso desde el Gobierno se insiste en que parte importante de la estructura del proyecto fue ajustada precisamente para acercarse a posiciones históricamente defendidas por el PLN.

Pero ahora el partido se distancia argumentando que el proyecto, favorece grandes consumidores, abre espacio a un “mercado salvaje” y no garantiza reducción de tarifas para las familias.

Ahí es donde empieza a crecer una pregunta incómoda para Liberación, si sectores del partido participaron durante años en conversaciones alrededor del proyecto, ¿Qué cambió realmente ahora?

Porque la discusión ya no parece únicamente técnica.

También empieza a sentirse como cálculo político y una pelea por quién se queda con el relato frente al país.

Villalta intentó mover la discusión hacia otro lado

Por su parte, el jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, trató de regresar el debate hacia otro punto,
la incapacidad del Gobierno para construir acuerdos políticos.

Villalta aseguró que el proyecto “iba destinado al fracaso” y calificó al Ministerio de la Presidencia como “inoperante”, acusándolo de dedicar más tiempo al ataque político que a negociar consensos.

Sin embargo, el problema político del PLN sigue siendo distinto al del Frente Amplio.

Porque Villalta nunca ha ocultado su posición de izquierda.

Liberación, en cambio, históricamente intentó venderse como una fuerza de centro socialdemócrata y equilibrio político.

Y ahí es donde la armonización eléctrica terminó abriendo una grieta particularmente sensible para el partido.

Porque mientras intenta defender su identidad histórica, también quedó votando junto al mismo bloque político al que el oficialismo intenta colocar como izquierda radical dentro del Congreso.

La pelea ya no parece solo eléctrica

Lo que empezó como una discusión sobre modernización energética terminó convertido en una batalla política por el relato del país.

Ahora todos intentan venderse como los verdaderos defensores de Costa Rica, unos hablando de empleo, inversión y crecimiento; otros diciendo que están protegiendo el modelo social, las tarifas y a las familias.

Pero en medio de esa guerra narrativa, el PLN ahora enfrenta un reto mucho más complejo, explicar no solo por qué rechaza el proyecto…

sino también qué modelo quiere defender y hasta dónde está dispuesto a diferenciarse tanto del oficialismo como de la izquierda tradicional.

Porque la pelea ya no parece solo sobre electricidad.

También empieza a parecer una disputa por quién logra convencer al país de que realmente está defendiendo el futuro del modelo costarricense.

En MUNDO ACR seguimos explicando las disputas políticas que terminan definiendo el rumbo económico, institucional y energético de Costa Rica. Unite también a nuestro canal de WhatsApp para seguir nuestras coberturas y análisis.

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