Por Redacción MUNDO ACR

Un podcast financiado con recursos de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) terminó bajo revisión ante la Contraloría General de la República y volvió a poner sobre la mesa una discusión más amplia dentro del ambiente universitario, cómo se manejan fondos estudiantiles y qué controles existen sobre contrataciones y proyectos financiados con dinero público.

El caso gira alrededor del podcast “La vara está así”, un espacio enfocado en temas sociales, políticos y educativos, del cual actualmente aparecen publicados cuatro episodios en el canal oficial de la FEUNA.

La denuncia presentada ante la Contraloría cuestiona el procedimiento utilizado para contratar el proyecto, los pagos realizados y la forma en que se aprobó el financiamiento.

Según la documentación aportada, el productor Daniel Jiménez recibió pagos por ₡2,45 millones mediante facturas electrónicas emitidas a nombre de la Universidad Nacional.

Meses después también apareció una propuesta de ajuste económico donde se planteaba elevar el costo total del proyecto a más de ₡5 millones con IVA incluido.

Dentro de la información incluida en la denuncia aparecen además conversaciones internas donde miembros del directorio estudiantil discutían dudas relacionadas con el procedimiento utilizado para financiar el podcast y la ausencia de un concurso formal.

En esos intercambios también se menciona que el proyecto habría sido tramitado mediante un procedimiento extraordinario debido a limitaciones de tiempo.

Sin embargo, hasta este momento no existe una resolución oficial que determine irregularidades administrativas, malversación o actos de corrupción relacionados con el caso.

La FEUNA respondió, mediante la Oficina de Prensa de la Universidad Nacional, que la contratación fue realizada durante la administración anterior y aseguró que el actual directorio decidió no continuar financiando el proyecto.

Además, la organización rechazó que investigaciones preliminares o denuncias en trámite sean presentadas como hechos ya comprobados y afirmó que colaborará con las instancias correspondientes mientras avanzan las revisiones del caso.

Más allá del podcast, el caso empieza a abrir una discusión más profunda dentro del ámbito universitario, cómo se administran recursos públicos dentro de organizaciones estudiantiles, qué tan sólidos son los mecanismos internos de supervisión y hasta dónde debe fortalecerse la transparencia cuando se manejan fondos que representan a miles de estudiantes.

Porque el tema ya no gira únicamente alrededor de un proyecto audiovisual o de una denuncia en trámite, sino también sobre la confianza que existe en las estructuras que administran recursos públicos y representan a comunidades estudiantiles dentro de las universidades estatales.

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Por Unidad de Análisis Político ACR.

La destitución definitiva de Randall Zúñiga como director del OIJ llegó la noche de este lunes, pero el golpe institucional venía acumulándose desde mucho antes.

Y el momento político en que ocurrió tampoco pasó desapercibido.

Horas antes, la cúpula judicial había enfrentado una de las jornadas más incómodas de los últimos meses tras la reunión sostenida con el Ejecutivo, donde el Poder Judicial quedó bajo cuestionamientos relacionados con presupuesto, estructura institucional, salarios, permanencia de magistrados y resultados frente a la crisis de seguridad que vive Costa Rica.

En medio de ese escenario institucional delicado, Corte Plena acordó por unanimidad revocar el nombramiento de Zúñiga por falta gravísima.

La decisión se basó en un expediente disciplinario relacionado con desatención de deberes del cargo, afectación a la imagen institucional y divulgación de información confidencial de investigaciones.

El caso había estallado desde octubre de 2025, cuando comenzaron las denuncias administrativas y penales alrededor del entonces director policial.

Según las investigaciones preliminares, Zúñiga habría compartido información sensible del OIJ, detalles de reuniones y datos sobre operativos con mujeres ajenas al Poder Judicial.

Además, enfrenta denuncias penales por presuntos delitos sexuales presentadas por mujeres mayores de edad, aunque esos procesos continúan en investigación y no forman parte directa de la causa administrativa que terminó provocando su salida definitiva.

La decisión de Corte Plena llegó justo el día en que vencía la segunda prórroga de suspensión del jerarca policial.

En lugar de extender nuevamente la medida cautelar, los magistrados optaron por removerlo definitivamente del cargo.

Y aunque el Poder Judicial insistió en que las labores del OIJ continuaron funcionando de manera ininterrumpida durante todo el proceso, el impacto institucional terminó siendo inevitable.

Porque la caída del director del principal cuerpo de investigación criminal del país no ocurre en cualquier momento.

Ocurre precisamente cuando el Poder Judicial atraviesa cuestionamientos públicos alrededor de: eficiencia, credibilidad, presupuesto, estructura, y capacidad de respuesta frente al crimen organizado.

Durante la reunión de este lunes, figuras como Patricia Solano y Orlando Aguirre defendieron públicamente la necesidad de más recursos para enfrentar la violencia y sostuvieron que el sistema judicial continúa realizando esfuerzos importantes pese a las limitaciones presupuestarias.

Sin embargo, desde el Ejecutivo también crecieron los cuestionamientos sobre funcionamiento institucional, salarios, estructura interna y resultados visibles para la ciudadanía.

La propia presidenta Laura Fernández incluso dejó abierta la posibilidad de revisar si algunas funciones actualmente concentradas dentro del Poder Judicial deberían separarse de esa estructura.

Pero la destitución tampoco parece marcar el cierre del conflicto.

Horas después de la decisión de Corte Plena, la defensa de Randall Zúñiga confirmó que presentará un recurso de reconsideración y eventualmente acudiría a la vía contencioso administrativa o laboral para cuestionar la legalidad de las actuaciones tomadas por los magistrados.

Según el abogado Saúl Umaña, la defensa sostiene que existían pruebas incorporadas al expediente que, a su criterio, no fueron valoradas adecuadamente antes de la destitución.

La salida de Zúñiga además implica la pérdida total de su plaza en propiedad dentro del Poder Judicial, por lo que no regresaría a la institución en ningún otro cargo.

Y aunque el caso del exdirector del OIJ tiene dimensiones administrativas, penales e incluso personales todavía bajo investigación, el impacto político e institucional ya trascendió el propio expediente disciplinario.

Porque la discusión que hoy rodea al Poder Judicial ya no gira únicamente alrededor de recursos o plazas.

También empieza a tocar algo mucho más delicado para el país, la confianza pública en las instituciones encargadas de investigar, juzgar y enfrentar la violencia y el crimen en Costa Rica.

En Mundo ACR seguimos explicando las decisiones, tensiones y movimientos que están marcando la seguridad, la justicia y el rumbo institucional de Costa Rica.

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La estrategia de seguridad del nuevo gobierno ya no se concentra únicamente en policías, patrullajes o cárceles.

Ahora también apunta hacia otro terreno mucho más sensible: la manera en que se aplican las leyes dentro del proceso penal.

Durante sus primeras declaraciones como presidenta, Laura Fernández defendió la idea de impulsar reformas para “cerrar portillos” y evitar criterios que, según su visión, terminan permitiendo que personas detenidas recuperen la libertad en poco tiempo.

Ese detalle cambia el foco del debate.

La conversación ya no gira solamente alrededor de capturar delincuentes, sino de lo que ocurre después dentro de tribunales, juzgados y procesos penales.

Fernández adelantó que prepara varios proyectos relacionados con endurecimiento de penas, vacíos legales y funcionamiento de la justicia penal. Entre ellos mencionó un decreto ligado al llamado “año carcelario”, aunque el texto todavía no ha sido publicado oficialmente.

Cuando el gobierno habla de “cerrar portillos”, el mensaje apunta a reducir espacios donde ciertos criterios legales puedan traducirse en beneficios, reducciones o flexibilidades que el Ejecutivo considera excesivas.

Desde la visión oficialista, esto forma parte de una estrategia de mano dura contra el crimen organizado y la reincidencia.

Pero el tema también abre una conversación delicada.

Hasta dónde puede llegar una reforma enfocada en endurecer reglas sin afectar el margen que tienen jueces y tribunales para aplicar la ley según cada caso.

Ahí aparece una de las tensiones más importantes de esta nueva etapa política.

El gobierno insiste en que respeta la división de poderes, pero al mismo tiempo plantea cambios para hacer más eficiente la respuesta penal del Estado y limitar lo que considera vacíos que favorecen impunidad.

Eso empuja el debate de seguridad hacia un terreno mucho más complejo que el de aumentar policías o construir cárceles.

Ahora la discusión también toca cómo funciona la justicia, cuánto margen debe existir para interpretar normas penales y hasta dónde puede intervenir el poder político en ese equilibrio.

Por ahora, el decreto todavía no se conoce públicamente.

Pero el mensaje político ya quedó claro, el nuevo gobierno quiere mover parte de la lucha contra la criminalidad hacia las reglas y criterios que determinan qué ocurre después de una detención.

Y ese debate apenas comienza.

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El vehículo circulaba por vía pública cuando llamó la atención de los oficiales. No fue una persecución ni un operativo anunciado. Fue un control que se volvió distinto cuando el conductor empezó a comportarse de forma inusual.

Decidieron revisar. El perro marcó el punto. Los oficiales buscaron mejor.

Debajo de la estructura del carro había un espacio oculto. No era visible a simple vista. Ahí estaban los paquetes. Doscientos cincuenta en total.

Según el reporte preliminar, se trataría de cocaína. El peso exacto lo confirmarán las pruebas del Organismo de Investigación Judicial, que asumió el caso desde ese momento.

El conductor quedó detenido.
No es común que una policía municipal tope con un cargamento de esa magnitud en plena zona urbana.

Escazú no suele aparecer en titulares por este tipo de hallazgos. Por eso el dato no es menor para el cuerpo policial local, que calificó el decomiso como el más grande que han realizado.

Ahora el expediente pasa a manos judiciales. Lo demás lo dirán las pericias.
Por ahora queda una imagen concreta: un doble fondo, 250 paquetes y un control que no terminó como empezó.

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