Costa Rica paga más de ¢13 mil millones anuales en alquileres.
El Poder Ejecutivo enfrenta un gasto anual superior a los ¢13.341 millones en alquileres para oficinas de diversas instituciones públicas. Esta cifra, proporcionada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), subraya la urgencia de buscar soluciones más eficientes para reducir los gastos estatales. Una de las propuestas clave en la agenda gubernamental es el proyecto Ciudad Gobierno, que busca centralizar las operaciones de al menos 16 carteras ministeriales en un solo espacio, eliminando la necesidad de arrendamientos.
¿Cómo funcionaría Ciudad Gobierno?
El proyecto contempla la construcción de un complejo en terrenos estatales, diseñado y financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según Mideplán, los beneficios van más allá del ahorro en alquileres, abarcando también una reducción en los costos de servicios públicos, operación y mantenimiento. Además, se facilitaría el acceso a los ciudadanos, quienes encontrarían todas las entidades estatales en un solo lugar.
Pilar Cisneros, diputada oficialista, destacó la importancia del proyecto al señalar:
“Esto no solo es un ahorro multimillonario, sino que además le facilita la vida al ciudadano que tiene que ir a hacer cualquier gestión.”
Desde el inicio de su mandato, el presidente Rodrigo Chaves ha abogado por abandonar los contratos de arrendamiento, enfatizando la necesidad de un modelo más eficiente y sostenible.
Dificultades y controversias
En 2023, la Contraloría General de la República (CGR) cuestionó la viabilidad del proyecto bajo el esquema propuesto. Según el ente contralor, no es posible aplicar el mecanismo de compra y arrendamiento planteado por el Ejecutivo, lo que obliga a realizar modificaciones legislativas. Ante esto, el Gobierno presentó una reforma al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública bajo la llamada “Ley Jaguar”.
A pesar de estos esfuerzos, no se vislumbra una solución tangible a corto plazo. El proyecto, que se gestiona desde 2014 y cuenta con estudios de factibilidad desde 2021, aún enfrenta retos financieros significativos. El costo estimado asciende a $450 millones, de los cuales el préstamo con el BCIE solo cubriría el 30%.
Avances en la reducción de alquileres
En los últimos años, el Gobierno ha logrado ciertos avances. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública abandonó inmuebles alquilados como el edificio Raventós y otro en fideicomiso con el BCT en 2022. De igual forma, el Ministerio de Hacienda dejó las instalaciones de La Llacuna en 2024, priorizando espacios más rentables.
Sin embargo, estas medidas aún son insuficientes para enfrentar el gasto generalizado.