Denuncia contra alcalde de San José por presuntas irregularidades
Asesor legal denuncia al alcalde de San José por presuntos actos irregulares ante la Contraloría y la Procuraduría.
El subdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José, Marvin Daniel Torres Labardini, ha presentado denuncias ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública contra el alcalde Diego Miranda, a quien acusa de presuntos actos irregulares y de violar principios éticos en el ejercicio de su cargo.
Según lo informado, el 8 de enero, Torres presentó ante la Contraloría y otras autoridades una denuncia señalando que el alcalde Miranda ha lesionado el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas adecuadas. En la denuncia, se asegura que la conducta del alcalde compromete la ética pública y la probidad del funcionario.
La controversia pública
El 14 de enero, en una sesión ordinaria del Concejo Municipal, el alcalde Miranda hizo comentarios despectivos sobre Torres, cuestionando si este no debía asesorarlo antes de presentar una denuncia, y tildándolo de “carebarro”. Según Torres, estos comentarios fueron irresponsables, violentos e imprudentes, no solo exponiéndolo públicamente como denunciante, sino también dañando la integridad ética del cargo.
Torres explica que las palabras de Miranda no solo atacan su desempeño profesional, sino que generan un ambiente de hostilidad y peligro hacia él y su familia:
“Todo aquel funcionario municipal que denuncie hechos presuntamente irregulares será sometido a conductas acosadoras y amenazas”.
Este tipo de conductas, según Torres, reflejan un uso indebido del poder por parte del alcalde, buscando amedrentar a quienes denuncian irregularidades. También destaca que tales actitudes se asemejan a las de un “delincuente de cuello blanco”, pues el abuso de poder se utiliza para silenciar las denuncias legítimas.
Abuso de poder y amenaza a la integridad
Torres subraya que las amenazas y ataques públicos pueden generar consecuencias graves, como violencia física hacia él y su familia. Además, señala que estos actos son una clara violación al deber de probidad del alcalde, quien está obligado a actuar con responsabilidad y respeto hacia los funcionarios subalternos.
Torres concluye que esta conducta represiva e inmoral no tiene justificación y resalta que quien no tiene nada que ocultar no debe temer a las denuncias.
