Diputados de cartón: la farsa legislativa que asfixia a Costa Rica.

VOCES DE OPINION: En esta columna, el politólogo Milton Madriz Cedeño expone una crítica frontal y fundamentada sobre la degradación institucional de la Asamblea Legislativa, el deterioro de la función representativa y la urgente necesidad de reformas que devuelvan la dignidad al que debería ser uno de los pilares de la democracia costarricense.

En los últimos tres años y medio, la Asamblea Legislativa de Costa Rica no solo ha tocado fondo institucional, se ha convertido en un circo de mediocridad profesional, ética y política que avergüenza a la democracia. Lejos de ser un pilar de gobernanza, el Parlamento es hoy un escenario donde “payasos legislativos” despilfarran recursos públicos en espectáculos vacíos mientras el país clama por soluciones serias. Esta no es una crisis pasajera; es la evidencia de un sistema político que premia la ineptitud y castiga la competencia, comenzando por un mecanismo de elección que privilegia lealtades partidarias sobre la idoneidad técnica y la integridad.

Los partidos políticos, como guardianes de listas cerradas y opacas, seleccionan candidatos no por su capacidad para legislar con rigor, sino por su obediencia a cúpulas clientelares, perpetuando un ciclo de representantes desconectados de la realidad nacional y ajenos a principios básicos de accountability y transparencia.

La desaprobación popular no es un rumor, es un veredicto implacable. Según la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR, septiembre 2025), la Asamblea Legislativa ostenta uno de los niveles de confianza más bajos, con apenas un 12% de aprobación, solo superada por los partidos políticos (10%) como las instituciones peor valoradas del país. Este dato no sorprende: la ciudadanía percibe un Parlamento incapaz de responder a las demandas de una Costa Rica golpeada por la desigualdad, el estancamiento económico y la erosión institucional.

En un contexto donde el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (2024) coloca a Costa Rica en el puesto 42 de 180 países, con una puntuación de 58 que refleja un estancamiento en la lucha contra la opacidad, la desconfianza en los diputados no es solo comprensible, sino justificada. La Asamblea ha fallado en su rol constitucional de fiscalización y legislación equilibrada, convirtiéndose en un engranaje más de un sistema que prioriza el corto plazo político sobre la sostenibilidad gubernamental.

La ineptitud parlamentaria no se limita a discursos vacíos; se manifiesta en un desprecio sistemático por las normas de gobernanza. Proyectos de ley ingresan sin estudios de impacto, con mociones mal redactadas o sin sustento jurídico, violando principios básicos de técnica legislativa. La Sala Constitucional ha señalado repetidamente estas fallas: en 2024, muchas resoluciones revelaron vicios procedimentales que invalidaron normativas enteras, exponiendo la fragilidad de un proceso legislativo improvisado.

Los debates, cuando los hay, son caricaturas: frases grandilocuentes, argumentos populistas y una alarmante ausencia de rigor analítico. Este no es un Parlamento que legisla; es una máquina de generar ruido, donde los diputados, elegidos a través de un sistema que ignora competencias mínimas, perpetúan errores que cuestan caro al erario y a la credibilidad institucional.

La crisis ética es aún más grave, erosionando los fundamentos mismos de la representación democrática. Los conflictos de interés son moneda corriente: desde diputados que promueven proyectos beneficiando a grupos cercanos hasta comisiones investigadoras que se convierten en plataformas de autopromoción mediática. El clientelismo legislativo florece en un sistema donde la lealtad partidaria pesa más que el interés público.

Un ejemplo reciente: en 2025, la Contraloría General de la República identificó irregularidades en contrataciones públicas, incluyendo fondos para asesores y servicios relacionados con entidades como RACSA, con casos que cuestionan hasta el 25% de los contratos por falta de idoneidad o nexos personales con los diputados. La ética, en esta Asamblea, no es un principio; es un accesorio prescindible.

Legislar requiere conocimiento técnico, económico y jurídico, pero esta Asamblea parece alérgica a la competencia. Leyes aprobadas sin análisis de impacto fiscal, sin consulta a expertos o sin evidencia empírica son la norma. En 2024, el Ministerio de Hacienda reportó que una porción significativa de las iniciativas legislativas con implicaciones presupuestarias carecían de estudios de sostenibilidad financiera, lo que agrava el desequilibrio fiscal del país.

Los diputados, en muchos casos, no entienden los proyectos que votan, delegando su responsabilidad a asesores igual de improvisados e inhábiles. El resultado es un cuerpo legislativo que opera como una asamblea de “analfabetos funcionales”, incapaz de responder a los retos de una sociedad compleja, y todo ello potenciado por un sistema electoral que no filtra por formación ni experiencia, dejando al país con representantes que priorizan el “show” sobre la sustancia.

El costo de esta farsa es un país que paga caro. El presupuesto de la Asamblea Legislativa para 2025 supera los ₡49.543 millones, según el Ministerio de Hacienda. Este dinero cubre salarios, asesores, comisiones, sesiones extraordinarias y una logística que, en teoría, debería traducirse en leyes efectivas. Sin embargo, el retorno es miserable: en el período 2022-2025, solo una fracción de los proyectos aprobados ha tenido un impacto medible en indicadores sociales o económicos, según el Programa Estado de la Nación.

Cada sesión inútil, cada moción frívola, cada ley mal diseñada es un robo al erario público y una traición a la confianza ciudadana.

La gobernanza efectiva exige representantes competentes, no marionetas de partido. Por ello, propongo un paquete de reformas para rescatar la Asamblea de su decadencia:

• Pruebas de idoneidad obligatorias para candidatos a diputado en temas de derecho constitucional, economía básica y políticas públicas.
• Requisitos de capacitación técnica para integrar comisiones especializadas, como Hacienda o Asuntos Jurídicos.
• Publicación obligatoria de los procesos de selección de candidatos dentro de los partidos, con auditorías externas.
• Indicadores públicos y periódicos para medir la productividad y calidad legislativa de cada diputado.
• Mecanismos vinculantes para suspender o destituir a diputados que incurran en conflictos de interés o faltas éticas comprobadas.

Estas medidas no son utopías; son estándares mínimos en democracias avanzadas que Costa Rica, alguna vez modelo en la región, debería imitar para romper con un sistema de elección que perpetúa la mediocridad.

La Asamblea Legislativa 2022-2026 no solo ha fracasado; ha traicionado su mandato. No es víctima de fuerzas externas, sino resultado de su propia inercia y degradación, donde una élite política prioriza el espectáculo sobre el servicio, seleccionada a través de un proceso electoral que ignora la meritocracia y fomenta el clientelismo.

La ciudadanía merece un Parlamento técnico, ético y eficaz, no un circo de cartón que se burla de sus necesidades. Es hora de cerrar el telón de esta farsa y construir una legislatura que honre la democracia costarricense. Porque estos diputados no merecen gobernar; merecen ser relevados.

Nota del editor:
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