“Diputados y Sindicatos supuestamente Desmienten Acusaciones de Chaves por Retraso en el Despliegue de la Red 5G.
¿Culpables o Chivos Expiatorios?”.
Si quieres recibir esta y otras informaciones en tu celular, descarga Telegram y únete a nuestro canal a través de este enlace, donde podrás encontrar contenido sin censura.
En medio de la controversia por el retraso en el despliegue de la red 5G en Costa Rica, varios diputados y sindicatos han rechazado las acusaciones del presidente Rodrigo Chaves, quien los señaló como responsables de este retraso. En una reciente conferencia de prensa, el mandatario culpó directamente a los legisladores Johana Obando, Vanessa Castro, y José Pablo Sibaja por el atraso en la implementación de la red de quinta generación en el país, una declaración que no tardó en generar reacciones.
Chaves insinuó que los legisladores estaban favoreciendo los intereses de una empresa transnacional en lugar de proteger al pueblo costarricense y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Sin embargo, los diputados no tardaron en responder desde el plenario, calificando las declaraciones del presidente como inexactas y carentes de fundamento.
Respuestas desde el Plenario
Johana Obando, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), fue una de las primeras en rechazar las afirmaciones de Chaves, calificándolas como un “circo” y acusando al mandatario de “mentirle al pueblo de Costa Rica”. Obando destacó que el despliegue de la red 5G será una realidad en el país, pero que el mérito no corresponde al presidente, sino a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), que ha trabajado arduamente en este proyecto. Además, invitó públicamente a Chaves a debatir sobre el tema, mostrando disposición para discutirlo abiertamente en Casa Presidencial y ante la prensa.
Por su parte, José Pablo Sibaja, de Nueva República, criticó duramente al presidente, afirmando que el verdadero obstáculo para el avance de la red 5G es el decreto emitido por el propio Gobierno, el cual ha frenado el desarrollo. “Si alguien quiere quebrar al ICE, son ustedes, no nosotros”, declaró Sibaja en una clara referencia a la administración de Chaves.
Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue más allá, advirtiendo que llevará a Chaves a los Tribunales de Justicia por los ataques que ha lanzado en su contra. Castro enfatizó que su trabajo en telecomunicaciones ha sido siempre en beneficio de los costarricenses, defendiendo la competencia justa entre las empresas y la correcta evolución del ICE. “Mi única medida es lo que les interese a los costarricenses”, concluyó Castro, dejando claro que su labor está guiada por principios y no por intereses particulares.
La Respuesta de los Sindicatos
Los sindicatos también se sumaron al rechazo de las declaraciones presidenciales. La Federación Frente Interno de Trabajadoras y Trabajadores del ICE y la Industria de Telecomunicaciones y Energía (FIT) emitió un comunicado en el que desmienten las acusaciones de Chaves. En él, aclaran que las medidas cautelares sobre el decreto de ciberseguridad no han sido un obstáculo para el avance del 5G, como lo mencionó el presidente.
Según el sindicato, el ICE ha detenido voluntariamente el desarrollo de la red 5G Non Stand Alone (NSA), que aprovecha las inversiones ya realizadas en la red 4G, y ha optado por esperar a implementar una red 5G Stand Alone (SA). Esta decisión, argumentan, podría llevar a productos y servicios menos accesibles para los costarricenses, además de dar ventaja a los competidores del ICE.
Los trabajadores del ICE consideran que, a pesar de esta situación, la institución aún tiene la capacidad de avanzar en el despliegue de la red 5G NSA, pero las políticas internas del Gobierno han obstaculizado este proceso. En lugar de frenar el progreso, el sindicato instó al Gobierno a actuar con celeridad para que Costa Rica no quede rezagada en la carrera tecnológica.
La disputa por el retraso en la implementación del 5G en Costa Rica ha generado una fuerte confrontación entre el presidente Rodrigo Chaves, los legisladores, y los sindicatos del ICE. Mientras que Chaves busca responsabilizar a los diputados y los sindicatos por la demora, estos últimos señalan que las políticas gubernamentales y el propio decreto de ciberseguridad han sido los verdaderos frenos para el avance de esta tecnología crucial para el desarrollo del país.
La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿quién tiene la razón en este debate? Mientras la discusión sigue escalando, lo cierto es que el despliegue de la red 5G en Costa Rica sigue siendo un tema prioritario que requiere soluciones inmediatas para que el país no pierda competitividad en el ámbito tecnológico.
