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El ganado y el lavado de dinero en Costa Rica

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Bajo el Radar: Cómo el Ganado Facilita la Ruta del Dinero Sucio

Costa Rica enfrenta un desafío persistente en su lucha contra el lavado de dinero: la utilización del sector ganadero como un canal ideal para blanquear capitales ilícitos. La reciente operación Caso Venus, que desarticuló una presunta red criminal, ha puesto de manifiesto cómo la compraventa de animales, especialmente a través de subastas ganaderas, se convierte en un eslabón vulnerable en la cadena de control financiero. Con al menos 169 reses decomisadas y la vinculación de la Subasta Ganadera Nahael, la facilidad con la que el crimen organizado invierte sus ganancias, particularmente del narcotráfico, revela una preocupante ausencia de controles efectivos.

Estos establecimientos, donde caballos, vacas y terneros cambian de manos mediante pujas y ofertas, se han transformado en una “puerta abierta” para estructuras delictivas que buscan legitimar fondos de dudosa procedencia, aprovechando la actual legislación nacional.


Millones en Patas: El Rastro del Efectivo Incontrolado

La magnitud del problema se refleja en las cifras. Desde que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comenzó a registrar estos casos en 2019, hasta 2024, se han incautado 3.721 cabezas de ganado, cuyo valor total asciende a ₡2.084 millones en los últimos seis años, según datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). El año 2022 marcó un pico, con 1.263 reses confiscadas, valoradas en más de ₡1.001 millones.

La “ventaja” que la ganadería ofrece a los delincuentes es clara: las transacciones son a menudo en efectivo, sin intermediarios que verifiquen la identidad de los clientes o el origen de los fondos. Esto contrasta fuertemente con otros sectores regulados, como bancos, joyerías o bienes raíces, que están obligados por ley (Ley N.º 8204) a conocer a sus clientes y reportar operaciones sospechosas. Las subastas ganaderas carecen de sanciones y controles similares.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ICD ha documentado cómo, en la búsqueda de vacíos legales, el crimen ha encontrado un nicho propicio en la cría y venta de ganado. Un caso investigado en 2023 ilustró la capacidad de una sola red criminal para mover aproximadamente $1,5 millones mediante la cría y venta de ganado. El esquema es simple: dinero ilícito se invierte en hatos, el ganado se vende en subastas, y los criminales obtienen dinero “limpio” respaldado por una factura, legitimando así el origen de sus fondos.


La Lucha por la Trazabilidad: Una Propuesta Archivada

Fernando Ramírez, director del ICD, ha señalado que el quid del problema no reside en la validez de la documentación que las subastas entregan, sino en la frecuencia de las transacciones en efectivo y la ausencia de trazabilidad sobre la fuente real del dinero. Aunque el gremio ganadero a menudo opera de forma lícita, este vacío es explotado por organizaciones criminales cuyo único fin es la legitimación de activos.

Para cerrar esta brecha, el ICD propuso en diciembre pasado un proyecto de ley que buscaba convertir a las subastas ganaderas en sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UIF. De haberse aprobado, estas subastas habrían tenido que implementar controles más rigurosos, aprovechando su posición para rastrear fondos y detectar a potenciales lavadores. Sin embargo, esta iniciativa fundamental fue archivada en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.


El Caso Venus: Un Modelo de Operación Ilícita

La Operación Venus sirve como un vívido ejemplo de esta problemática. En el marco de este caso, el OIJ realizó tres decomisos, incautando un total de 169 bovinos que ahora están bajo custodia del ICD. Las ventas de estos animales generaron alrededor de ₡70 millones, fondos que la Tesorería Nacional resguarda mientras avanza el proceso penal.

La Subasta Ganadera Nahael era propiedad de César Augusto Melgar Sandoval, un ciudadano guatemalteco nacionalizado costarricense, actualmente prófugo. Melgar, quien cumplió una condena por tráfico de drogas, generó sospechas por su rápido enriquecimiento tras salir de prisión. Se presume que formó una alianza con los hermanos Álvarez Alfaro, empresarios de talleres mecánicos y una cancha de pádel en Belén, negocios que habrían sido instrumentalizados para blanquear dinero del narcotráfico.

Los tres presuntos cabecillas se reunían en un bar llamado Venus en Zapote, que inspiró el nombre del caso. Llevaban una vida de opulencia, con residencias en condominios exclusivos y una flota de vehículos de alta gama, incluyendo un Maserati. Se estima que esta alianza criminal, consolidada desde 2023, podría haber procesado hasta ₡3.000 millones anuales a través de unas 20 sociedades.

El OIJ y el Ministerio Público llevaron a cabo 20 allanamientos en diversas localidades del país, resultando en varias detenciones. La búsqueda de Melgar Sandoval por parte de las autoridades continúa.