POR MUNDO ACR | Los números también necesitan contexto.

Costa Rica aparece en el primer lugar de Centroamérica en una nueva evaluación sobre comercio ilícito.

El dato suena positivo, pero el resto del informe obliga a mirarlo con más cuidado.

El país obtuvo 51,2 puntos en el Índice de Comercio Ilícito utilizado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito, conocida como TRACIT, y superó al resto de naciones centroamericanas.

Fuera de la región, la posición es distinta.

Costa Rica ocupa el puesto 68 entre 158 economías evaluadas.

El país sale mejor que sus vecinos, aunque el mismo documento señala fallas importantes en controles, vigilancia del mercado y supervisión de las cadenas por donde circulan los productos.

Ser primero en Centroamérica no significa tener el problema resuelto

El informe reconoce que Costa Rica cuenta con marcos legales e institucionales relativamente sólidos. También señala que una economía formal más robusta ayuda a reducir la demanda de bienes ilícitos frente a otros países de Centroamérica.

Eso explica parte del primer lugar regional.

Pero las reglas no siempre alcanzan.

TRACIT identifica debilidades en los controles aduaneros y en la supervisión de la cadena de suministro. También señala una vigilancia gubernamental fragmentada que deja espacios para que productos ilícitos o falsificados circulen junto a mercancías legales.

Por eso, el primer lugar regional no cuenta toda la historia.

Centroamérica obtuvo un promedio de 43,7 puntos.

Costa Rica alcanzó 51,2.

Hay una diferencia clara frente a la región. También quedan problemas importantes por resolver dentro del país.

Falsificaciones y economía sumergida siguen pesando

El informe recoge una estimación según la cual el comercio de productos falsificados representa alrededor del 2% del producto interno bruto de Costa Rica.

Además, sitúa la economía sumergida cerca del 24% del PIB.

El comercio ilícito no se limita al contrabando visible.

También puede mezclarse con cadenas legales de distribución y llegar al mercado junto a productos legítimos.

Según la evaluación, las debilidades en aduanas, la supervisión fragmentada y una capacidad limitada de control abren espacios que pueden ser aprovechados por redes criminales organizadas.

Costa Rica no aparece señalada por carecer completamente de leyes.

El problema identificado por TRACIT está en la aplicación de los controles y en la vigilancia de toda la cadena de suministro.

Tener reglas es una parte.

Lograr que funcionen en cada punto por donde pasa un producto es otra.

¿Qué mide realmente este índice?.

El índice no mide únicamente decomisos ni la cantidad de mercancía ilegal encontrada en un país.

La evaluación estudia 158 economías mediante seis categorías y 37 indicadores relacionados con el entorno económico, las regulaciones, la capacidad de control, las aduanas, las fronteras y las cadenas de suministro.

El resultado busca mostrar qué tan preparado está un país para enfrentar distintas formas de comercio ilícito.

También conviene conocer quién realiza la evaluación.

TRACIT es una organización independiente, no gubernamental y sin fines de lucro que trabaja sobre los efectos económicos y sociales del comercio ilícito.

No es una agencia de Naciones Unidas ni una institución del Gobierno de Costa Rica.

El comercio ilícito va mucho más allá del contrabando.

El informe incluye productos falsificados, mercancías sujetas a impuestos que ingresan por vías ilegales, productos farmacéuticos ilícitos y delitos ambientales como la tala y la minería ilegal.

En Centroamérica aparece además otra dificultad: la región funciona como corredor de tránsito para distintas actividades ilícitas.

Eso obliga a mirar el problema más allá de las fronteras de cada país.

Entre las recomendaciones planteadas por TRACIT están mejorar la cooperación entre naciones vecinas, reforzar los controles aduaneros mediante capacitación y tecnología, proteger mejor las cadenas de suministro y facilitar la formalización de trabajadores y empresas.

Costa Rica encabeza la región, pero todavía tiene brechas por cerrar.

Costa Rica sí ocupa el primer lugar de Centroamérica en esta evaluación.

El dato es real.

También lo son las advertencias del informe.

El puesto 68 a nivel mundial, las estimaciones sobre productos falsificados y economía sumergida y las fallas señaladas en supervisión y control muestran que el liderazgo regional no equivale a tener el comercio ilícito bajo control.

El país parte de una mejor posición que sus vecinos centroamericanos.

Pero el propio informe advierte que todavía existen espacios que permiten que productos ilícitos circulen junto a mercancías legales.

El primer lugar regional cuenta una parte de la historia.

Los problemas pendientes cuentan la otra.

¿Qué opinás sobre estos datos?.

En MUNDO ACR revisamos qué hay detrás de los números para que cada lector pueda entender qué dicen realmente y formar su propio criterio.

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Por Hannibal Newman

Hay partidos que pierden elecciones.

Y hay partidos que, mucho antes de perder votos, empiezan perdiéndose a sí mismos.

El reciente pacto impulsado por el PLN volvió a despertar una inquietud incómoda, ¿qué ocurre cuando una organización política deja de ser reconocida por sus convicciones y empieza a ser recordada únicamente por sus alianzas?.

Las alianzas no son un pecado. En democracia se negocia, se dialoga y se construyen acuerdos. Así funciona cualquier sistema político serio.

La señal de alerta aparece cuando el pacto necesita más explicaciones que convicciones.

Una cosa es unir fuerzas para impulsar proyectos concretos. Otra muy distinta es presentar una fotografía política que deja más dudas que certezas sobre el rumbo que pretende seguir un partido.

Ahí es donde comienza el desgaste.

El PLN fue durante décadas una de las principales referencias políticas del país. Precisamente por eso, hoy esa duda resulta imposible de ignorar: ¿qué representa realmente en este momento de la historia?.

No se trata de descalificar por descalificar. Se trata de observar un fenómeno que tarde o temprano termina pasándole factura a cualquier partido. Cuando la identidad pierde claridad, también empieza a perderse la confianza.

Antes los partidos buscaban convencer.

Hoy, algunos parecen concentrar buena parte de su esfuerzo en mantenerse vigentes.

Y eso cambia completamente la relación con el electorado.

El ciudadano observa. Compara. Recuerda. Y cuando encuentra posiciones que cambian con demasiada facilidad, inevitablemente aparece la duda.

Porque la confianza no nace de los discursos. Nace de la coherencia.

El PLN puede firmar los acuerdos que considere necesarios. Está en todo su derecho.

Lo que no puede pedir es que la ciudadanía haga de cuenta que esos movimientos no significan nada.

En política, las alianzas no solo construyen mayorías.

También revelan prioridades.

Y cada fotografía termina diciendo mucho más de lo que algunos discursos intentan explicar.

Cuando una organización necesita explicar constantemente por qué está donde está, quizá el verdadero diálogo ya no sea con quién decidió caminar.

Quizá la interrogante más importante sea otra.

¿Sigue caminando hacia algún lugar… o simplemente está tratando de no quedarse atrás?.

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POR MUNDO ACR | Cuando una pregunta merece respuesta.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

En ellas aparecen buses identificados con la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) cerca de la marcha Pride realizada en San José.

No pasó mucho tiempo para que surgiera una inquietud entre algunos ciudadanos.

El punto no es la marcha.

El punto son los buses.

Si esos vehículos oficiales fueron utilizados para trasladar participantes, la pregunta cae por su propio peso.

¿En qué casos pueden usarse recursos de universidades públicas para movilizar personas hacia actividades de carácter social, ideológico o reivindicativo?.

La misma duda existiría si el destino hubiera sido una marcha política, una actividad religiosa, una protesta ambiental o cualquier otra concentración.

El criterio no puede depender de si una causa nos gusta o no.

Tiene que depender de reglas claras.

Las imágenes, por sí solas, no explican si hubo autorización institucional, cuál fue el propósito del traslado ni bajo qué normativa se realizó.

Ahí aparece el interés público.

Cuando se utilizan bienes de instituciones financiadas con recursos públicos, los ciudadanos tienen derecho a conocer por qué se usaron, quién lo autorizó y cuáles fueron los criterios aplicados.

Responder esas preguntas no solo aclararía este caso.

También ayudaría a marcar un límite necesario para cualquier actividad futura.

Porque los recursos públicos no deberían moverse por simpatía, presión o conveniencia.

Deberían moverse por reglas claras, aplicables para todos.

En temas donde aparecen recursos públicos, la discusión no debería depender de simpatías o rechazos hacia una causa. Lo que corresponde es saber bajo qué reglas se autorizan, quién toma esas decisiones y si esos mismos criterios se aplican por igual en todos los casos.

📲 Si querés recibir en tu celular esta y otras informaciones, seguí nuestro grupo de WhatsApp y nuestras redes sociales. En MUNDO ACR buscamos hacer las preguntas que ayudan a entender lo que ocurre, con contexto, criterio y sin enredos.

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POR MUNDO ACR | Las historias que siguen moviendo a San Carlos.

Crucitas lleva años ocupando titulares por la minería ilegal, la extracción de oro y los problemas de seguridad que rodean la zona.

Sin embargo, en los últimos días una parte de la atención se trasladó a la Asamblea Legislativa por una razón muy distinta.

No se trata de nuevos hallazgos de oro.

No se trata de operativos policiales.

Tampoco de un cambio de rumbo en el proyecto que busca regular la actividad minera en Cutris.

Lo que ha llamado la atención son varias mociones que proponen sustituir palabras dentro del texto del expediente.

La diputada Mayuli Ortega, de Pueblo Soberano, divulgó en sus redes sociales algunos ejemplos de esas modificaciones y cuestionó el tiempo que se dedica a discutirlas mientras la situación en Crucitas continúa sin una solución definitiva.

Entre las mociones publicadas aparecen cambios como sustituir “autorización” por “permiso”, “se regirá” por “se administrará” o “aprovechamiento racional” por “uso racional”.

A simple vista pueden parecer cambios menores.

Sin embargo, cada moción forma parte del trámite legislativo y debe seguir su propio proceso de discusión y votación.

Ahí es donde surge una de las preguntas que comienza a ganar espacio alrededor del proyecto.

Si existe consenso en que Crucitas representa un problema urgente para el país, ¿qué tanto aportan estas modificaciones al fondo de la propuesta y cuánto tiempo consumen dentro del proceso legislativo?

Quienes respaldan este tipo de mociones suelen sostener que en una ley cada palabra tiene peso y que una variación aparentemente pequeña puede influir en la forma en que una norma se interpreta y aplica en el futuro.

Quienes las cuestionan consideran que cambios como los mostrados públicamente terminan desplazando la atención de asuntos que consideran más urgentes dentro del expediente.

Las imágenes divulgadas por Ortega reflejan precisamente esa diferencia de criterios.

Para algunos son ajustes normales dentro del trabajo legislativo.

Para otros son ejemplos de una discusión que avanza más despacio de lo que la situación en Crucitas demanda.

Mientras el proyecto sigue avanzando palabra por palabra, también permanece abierta una inquietud que trasciende a los partidos políticos.

Si todos coinciden en que la situación de Crucitas requiere atención urgente, ¿cuánto tiempo debe dedicarse a cambios de redacción y cuánto a los aspectos de fondo de una iniciativa que busca responder a un problema que lleva años sin resolverse?.

Mientras la minería ilegal sigue siendo una realidad en Crucitas, dentro de la Asamblea también continúa esa interrogante.

No sobre el oro.

No sobre la extracción minera.

Sino sobre cómo se distribuye el tiempo dentro de un proceso legislativo que intenta encontrar una salida para uno de los conflictos más complejos que enfrenta actualmente la zona norte del país.

¿Qué opinás sobre este tema?

Los documentos divulgados por la diputada Mayuli Ortega permiten observar directamente algunas de las modificaciones planteadas dentro del expediente legislativo sobre Crucitas.

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