Seis magistrados quieren que Corte Plena deje de nombrar determinados jueces y que esa responsabilidad pase al Consejo Superior del Poder Judicial.

La razón expuesta es agilizar los nombramientos y hacer más eficiente la administración de justicia.

Pero el proyecto va bastante más lejos.

No cambiaría únicamente quién nombra.

También trasladaría competencias sobre ascensos, traslados, permutas, periodos de prueba, becas, aprobaciones y rechazos relacionados con jueces y juezas.

La reforma puede tener solo tres artículos. El poder que cambiaría de manos no es pequeño.

Mucho más que nombramientos.

La iniciativa fue presentada por los magistrados Paul Rueda, Luis Fernando Salazar, Jorge Leiva, Patricia Vargas, Porfirio Sánchez y Jorge Olaso.

Olaso sostiene que la intención es descentralizar funciones actualmente ejercidas por Corte Plena.

Para conseguirlo se modificarían la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial.

Parte de la reforma elimina referencias legales que mantienen determinados nombramientos y decisiones bajo responsabilidad de Corte Plena.

El cambio más amplio aparece en el tercer artículo.

La propuesta pretende que las referencias contenidas en otras normas que otorguen a Corte Plena competencias sobre estas materias pasen al Consejo Superior.

Eso alcanzaría nombramientos, remoción durante el periodo de prueba, aprobación, rechazo, ascensos, permutas, traslados y becas.

Ya no estamos hablando simplemente de mover un trámite de un escritorio a otro.

Estamos hablando de trasladar buena parte de las decisiones que acompañan la carrera de una persona juzgadora.

La eficiencia necesita números.

Agilizar los procesos suena razonable.

Pero una reforma sustentada en eficiencia también debería permitir medir el problema que pretende corregir.

¿Cuánto tardan actualmente estos nombramientos?

¿Cuántos están atrasados?

¿Cuánto de ese atraso es provocado directamente por la intervención de Corte Plena?

¿Cuánto tiempo se ahorraría trasladando las competencias?

La información conocida hasta ahora no aporta esas cifras.

Sin esos datos resulta difícil saber si estamos ante una solución diseñada para un problema medido o ante una redistribución de competencias cuya mejora todavía debe demostrarse.

El Consejo Superior ganaría mucho poder sobre la carrera judicial

Nombrar a un juez importa.

También decidir sobre su ascenso.

Su traslado.

Su periodo de prueba.

Una permuta.

Una beca.

La reforma colocaría ese conjunto de competencias en el Consejo Superior.

Eso no demuestra ninguna irregularidad ni significa que el órgano vaya a utilizarlas indebidamente.

Pero obliga a mirar algo más importante que la velocidad de los trámites.

¿Qué controles tendrá quien concentre esas decisiones?

¿Qué posibilidades tendrá un juez de cuestionar una resolución que considere injustificada?

¿Quién revisará esas actuaciones?

¿Con qué niveles de publicidad y transparencia se tomarán?

Si el proyecto amplía el poder de un órgano sobre la carrera judicial, las garantías deberían conocerse con la misma claridad con la que se promete eficiencia.

La independencia también se juega dentro del Poder Judicial

Cuando se habla de independencia judicial, casi siempre se piensa en presiones provenientes del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa o actores externos.

Existe otra dimensión.

La carrera de un juez también se desarrolla dentro de una estructura que decide nombramientos, ascensos, traslados y otras condiciones profesionales.

Un juez debería poder resolver conforme al derecho sin temor a que el contenido de sus decisiones pueda convertirse en un factor arbitrario para su futuro profesional.

Nada de lo conocido hasta ahora demuestra que el Consejo Superior vaya a actuar de esa manera.

Ese no es el cuestionamiento.

La pregunta es qué garantías tendrá el sistema para impedirlo.

Porque una reforma institucional no debería diseñarse pensando únicamente en que quienes administran esas competencias actuarán correctamente.

También debe funcionar cuando exista una controversia, una decisión cuestionada o un posible abuso.

Un artículo capaz de alcanzar otras leyes

El tercer artículo merece especial atención.

No se limita a modificar las disposiciones expresamente identificadas en las dos leyes principales.

Pretende abarcar referencias existentes en otras normas que todavía atribuyan esas competencias a Corte Plena.

Eso obliga a conocer el alcance completo antes de medir la reforma por sus tres artículos.

¿Cuántas disposiciones legales quedarían alcanzadas?

¿Qué procedimientos cambiarían?

¿Qué competencias concretas dejaría de ejercer Corte Plena?

Una cláusula amplia puede simplificar una reforma.

También exige saber exactamente hasta dónde llega.

¿Qué dicen quienes serán afectados?

La propuesta deberá ser revisada por la Dirección Jurídica del Poder Judicial y posteriormente conocida por magistrados, magistradas y organizaciones sindicales.

Los jueces y juezas estarán directamente sometidos al sistema que resulte de esos cambios.

Su criterio no debería ser secundario.

¿Consideran que el Consejo Superior ofrece mejores condiciones para administrar estas competencias?

¿Ven suficientes controles?

¿Existen alternativas que permitan reducir tiempos sin reunir tantas decisiones en un mismo órgano?

Escuchar esas respuestas permitiría evaluar la reforma más allá de la explicación de quienes la propusieron.

Tres artículos pueden mover mucho poder

Jorge Leiva describió la iniciativa como una reforma puntual.

Puede ser puntual en extensión.

No necesariamente en sus efectos.

El verdadero tamaño del cambio está en las atribuciones que dejaría Corte Plena y en las que asumiría el Consejo Superior.

Agilizar nombramientos puede ser necesario.

Descongestionar Corte Plena también puede serlo.

Pero antes de entregar a otro órgano competencias sobre nombramientos, ascensos, traslados, periodos de prueba, permutas y becas, hay dos respuestas que todavía hacen falta.

Cuánto mejorará realmente el sistema.

Y qué controles acompañarán el poder que cambia de manos.

Porque este proyecto no trata solamente de quién nombra a los jueces.

Trata de quién tendrá poder sobre buena parte de su carrera después de nombrarlos.

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Este 10 de agosto de 2026 se decretó como secreto de Estado la información de tres estructuras de seguridad: la DIS, el Consejo Nacional de Seguridad y la Fuerza Élite.

La justificación central es precisamente evitar que el crimen organizado pueda aprovechar información sensible, más ahora que se vincularon 116 policías con organizaciones criminales. Conocemos algunas por su nombre, pero son como las greñas de la Medusa: le cortan una y crecen diez.

Los diputados expresan su preocupación, y es válido cuestionar lo siguiente: su validez jurídica y democrática, los argumentos de ambos lados y el punto de fondo más importante de todos: ¿declarar el secreto de Estado realmente mejora la seguridad o simplemente reduce la fiscalización, como señala Miguel Guillén, secretario del PLN?

No hay una respuesta sencilla, y no la tengo. Pero reconozco que la dimensión tecnológica del narcotráfico nos da vuelta y media en temas de comunicación cifrada, drones, transporte marítimo y fluvial, armamento, geolocalización, ciberseguridad e infiltración de sistemas y de personas.

Todo esto nos lleva a considerar el tema del “secreto de Estado”, concebido como una excepción restrictiva a los principios de transparencia y publicidad. La propia Procuraduría señala que existe información ultrasensible cuya divulgación puede poner en peligro la seguridad y defensa de nuestro país.

Entonces, ¿qué información concreta debe ser secreta, durante cuánto tiempo, quién puede fiscalizarla y qué cosas NO pueden quedar escondidas bajo esa categoría?

Aquí creo que Guillén mezcla dos cosas diferentes.

Ocultar corrupción o incompetencia.B. Proteger información operativa de inteligencia.

Si tuviera la mente de una organización narco, buscaría lo siguiente: integrantes de las unidades de inteligencia; capacidades tecnológicas y sistemas de vigilancia más recientes; fuentes y topos que puedan filtrar información; policías investigados; rutas bajo vigilancia para crear rutas alternas; infiltraciones y protocolos detectados.

Toda esa información puede tener un valor enorme para quienes operan en la acera del frente. Y entonces nos acercamos a ese debate central: secreto no es ausencia de control, ni información secreta es sinónimo de “todo es secreto”.

La noticia versa sobre declarar secreto “toda la documentación, archivos e información” vinculados con esos organismos.

Si esa formulación se interpreta literalmente como un paraguas prácticamente absoluto, la crítica de la oposición adquiere mucha más fuerza, porque no toda la información producida por un organismo de inteligencia tiene necesariamente el mismo nivel de sensibilidad.

Un principio sano podría ser clasificar la información sensible, no blindar institucionalmente a la institución.

La existencia de infiltración policial, que puede abortar trabajos de años en materia de seguridad, es un argumento a favor de cierta reserva. Y ese elemento falta en el discurso de la oposición: la transparencia mal administrada puede convertirse en inteligencia gratuita para el adversario.

También existe el peligro inverso. Si se permite que el Ejecutivo diga: “Todo esto es seguridad nacional; por tanto, no puedo explicar nada”, podría desencadenarse una caja negra en la que nadie mire y alguien pueda dar rienda suelta al abuso.

Aquí la ecuación no es transparencia total vs. secreto total.

La solución madura es: secreto operativo + fiscalización institucional.

Por último, dos críticas a las afirmaciones de Guillén.

“El Gobierno quiere ocultar sus debilidades”: no está demostrado.

Y “Todo esto debe ser secreto porque es seguridad nacional”: tampoco basta con afirmarlo.

La discusión debería estar precisamente ahí: qué se protege, por qué se protege, durante cuánto tiempo y bajo qué mecanismos de fiscalización.

Porque en seguridad nacional, como en democracia, ambos frentes importan.

Nota editorial – MUNDO ACR

Este artículo corresponde a una columna de opinión firmada.Las valoraciones, juicios y enfoques expresados pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Su publicación se ampara en el derecho a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege de forma reforzada el debate y la crítica sobre asuntos de interés público y actores políticos.

MUNDO ACR promueve el pluralismo, el análisis crítico y el debate democrático, sin asumir ni adoptar como propias las opiniones de sus colaboradores.

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Por Ana Virginia Argüello.

De Upala para Costa Rica, una voz por el agua y los derechos humanos y las futuras generaciones.

Hay historias que comienzan en un pequeño pueblo y que, con los años, encuentran espacios más grandes desde donde alzar la voz. Pero por muy lejos que llegue una persona, hay algo que nunca cambia… sus raíces.

La Dra. Anna Virginia Argüello Bustos es una hija upaleña.

Upala es la tierra que la vio nacer, la tierra de sus padres y sus abuelos, de su familia, de sus amigos de escuela, de sus primeros recuerdos y de una historia que lleva profundamente arraigada en su identidad. También lleva con orgullo la descendencia indígena proveniente de su abuela materna y ellegado de generaciones de mujeres fuertes que forman parte de su historia familiar.

Hablar de quién es Ana Virginia implica necesariamente regresar a esas raíces.

Es nieta de doña Nila Espinoza Romero quien fue propietaria del reconocido “Marakabú” una mujer ampliamente recordada en el pueblo de Upala por sugenerosidad y hospitalidad. Su hogar fue durante muchos años un lugar depuertas abiertas. Según recuerda la familia, por allí pasaban personas que sedirigían hacia comunidades del interior, viajeros que no tenían dónde quedarse y familias que llegaban con niños enfermos y necesitaban un lugar donde pasar la noche. Doña Nila no preguntaba de dónde venían para brindarles ayuda: en su mesa siempre podía encontrarse un bocado para compartir y en su casa un espacio para quien verdaderamente lo necesitara.

Su abuelo materno Héctor Bustos, también dejó una profunda enseñanza de servicio. En una época en que las distancias y las condiciones de acceso a la atención médica hacían particularmente difícil atender una emergencia en las comunidades rurales, era reconocido por acudir cuando recibía noticias de alguna persona gravemente enferma. Visitaba pacientes, realizaba curaciones y auxiliaba a familias ante diferentes emergencias, incluidas las mordeduras de serpiente, que representaban un serio peligro en la zona.

Aquella generación dejó una enseñanza sencilla pero poderosa, cuando alguien necesita ayuda, hay que procurar llegar hasta donde está.

Anna Virginia pertenece además a una familia vinculada con parte de la historia de la aviación costarricense, siendo sobrina de reconocidos pioneros de la aviación, entre ellos César Romero, Antonio Espinoza Romero y Alejandro Romero Talavera, cuyas trayectorias forman parte del orgullo y la memoria de su familia.

Por su línea paterna también lleva consigo una profunda historia upaleña. Es descendiente de doña Clementina Ruiz Navarro, quien es una mujer muy querida, trabajadora y de gran fortaleza, que luchó por sacar adelante a sus hijos y a su familia; y de Luis Adán Argüello, cuyo nombre también formaparte de las raíces familiares que la unen a esta tierra.

Por eso, cuando Ana Virginia habla de servicio, solidaridad o defensa de lascomunidades, no se trata solamente de conceptos aprendidos con los años. Son valores que reconoce en las generaciones que estuvieron antes que ella.

Pero la vida también le regaló otro hogar: Liberia, Guanacaste.

Aunque Liberia no fue la ciudad que la vio nacer, fue la ciudad que la acogió. Allí ha construido una parte fundamental de su vida; allí han crecido sus hijos, ha trabajado, estudiado y desarrollado muchos de sus proyectos. Por eso habla de Liberia con un profundo sentimiento de gratitud.

“Upala es mi raíz y Liberia es mi hogar. Upala me vio nacer y Liberia me abrió sus brazos. En Liberia han crecido mis hijos y allí he construido una parte muy importante de mi historia. Por eso llevo a ambos pueblos profundamente en mi corazón”.

Y precisamente desde esas raíces llegó hasta un escenario internacional con un mensaje profundamente costarricense.

Durante su participación junto a Youth for Human Rights, en el marco de supresencia en Naciones Unidas, Anna Virginia llevó consigo una preocupación que nace desde su propia tierra, la protección del agua y de nuestros ríos como elemento indispensable para garantizar la dignidad humana y el futuro de las próximas generaciones.

Su voz hizo especial énfasis en la situación del Río Zapote, en Upala, y en la necesidad de atender las preocupaciones de las comunidades sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos mediante las instituciones, la legislación y los mecanismos nacionales e internacionales correspondientes.

Pero su mensaje trascendió un solo río.

Habló del Zapote y del Pisote, de los ríos de Upala, del Río Frío y de los sistemas hídricos que recorren Guatuso, Guanacaste y tantas otras comunidades de Costa Rica. Porque detrás de cada río existe una comunidad, un ecosistema, una historia y generaciones enteras que dependen de él.

Proteger el agua no es solamente una causa ambiental. Es una causa humana.

El acceso al agua potable y al saneamiento está reconocido internacionalmente como un derecho humano. Por eso, hablar de derechos humanos también significa hablar de agua, de ambiente, de salud, decomunidades y de responsabilidad intergeneracional.

Costa Rica ha construido internacionalmente una importante trayectoria en materia ambiental y de derechos humanos.

Precisamente por ello, los compromisos y convenciones internacionales que el país asume deben encontrar correspondencia en acciones concretas.

Las convenciones no pueden quedarse únicamente sobre el papel. Desde Naciones Unidas, su mensaje se convirtió también en una promesa:

“Seguiré utilizando cada espacio legítimo de participación que tenga a mi alcance para defender el Río Zapote, pero también para defender nuestros ríos y nuestros recursos hídricos. Seguiré insistiendo en que proteger el agua es proteger la vida y en que los compromisos internacionales asumidos por nuestro país deben convertirse en acciones reales para nuestras comunidades”.

Porque quienes crecieron cerca de ríos como el Zapote conocen algo que difícilmente puede explicarse únicamente mediante cifras o documentos.

Conocen el sonido del agua. Conocen las tardes junto al río. Conocen lo que significa crecer viendo correr agua limpia por una comunidad.

Y existe una responsabilidad moral de procurar que esa experiencia no sea solamente un recuerdo de quienes tuvieron la fortuna de vivirla.

Nuestros niños y jóvenes también merecen heredar ríos vivos.

Merecen poder conocer el Río Zapote, acercarse a sus aguas y disfrutar responsablemente de ellas, como lo hicieron generaciones anteriores. Merecen recibir un país donde el agua limpia continúe siendo fuente de vida y no una historia que sus padres y abuelos tengan que contarles en pasado.

Por eso, esta lucha mira fundamentalmente hacia el futuro.

Hacia el niño que hoy comienza a descubrir Costa Rica.

Hacia el joven que algún día tendrá que administrar sus recursos.

Y hacia generaciones que todavía no han nacido, pero que tienen derecho a recibir de nosotros un patrimonio natural protegido.

La participación de Anna Virginia también estuvo dedicada a otras causas esenciales de los derechos humanos, las personas con discapacidad, la protección de la niñez, la dignidad de las mujeres, la prevención de las violaciones y los abusos, la inclusión y la construcción de una cultura mundial de paz.

Junto a jóvenes y líderes de diferentes países participó en iniciativas desensibilización y recolección de firmas en favor de los derechos humanos y la paz mundial, reafirmando una convicción fundamental: las diferencias deben encontrar respuesta en el diálogo, la diplomacia, el respeto y la paz.

Hoy este camino continúa con una nueva oportunidad de crecimiento mediante su incorporación al U.S. Institute of Diplomacy and Human Rights(USIDHR), desde donde espera continuar fortaleciendo conocimientos y herramientas para trabajar por la dignidad humana y llevar las necesidadesde las comunidades a espacios donde puedan ser escuchadas.

En este recorrido también recibió un gesto muy especial desde el Perú la obra literaria Flor, obsequio de su amigo Walter Zavaleta, Vicerrector de la Universidad César Vallejo, símbolo de cómo la cultura, la educación y la amistad pueden tender puentes entre nuestros pueblos.

Sin embargo, detrás de los escenarios internacionales, los reconocimientos y las nuevas oportunidades, permanece aquella mujer que recuerda de dónde viene.

Una hija de Upala.

Nieta de hombres y mujeres que hicieron del servicio, la hospitalidad, el trabajo y la solidaridad una forma de vida.

Una mujer agradecida con Liberia, la tierra que la acogió y donde han crecido sus hijos.

Una costarricense convencida de que defender los derechos humanos también significa proteger aquello sin lo cual ningún otro derecho puede disfrutarse plenamente: la vida, la dignidad y el agua.

Y desde Naciones Unidas, el mensaje regresa nuevamente a casa:

Que el Río Zapote siga corriendo. Que nuestros ríos permanezcan vivos. Que nuestros niños puedan conocerlos y disfrutarlos con agua limpia. Que nuestros jóvenes comprendan el deber de protegerlos. Y que las generaciones que todavía no han nacido reciban de nosotros una Costa Rica en la que el agua continúe siendo vida.

Porque para quien lleva a Upala en sus raíces y a Liberia en su corazón, defender el agua significa defender su casa.

Y defender los ríos de Costa Rica significa defender el futuro de todos.

Gracias, Dra. Anna Virginia Argüello Bustos, por representar con orgullo a nuestra querida Upala y a Costa Rica.

Gracias por alzar la voz por nuestros ríos, nuestros jóvenes y las futuras generaciones. El pueblo que la vio nacer se siente orgulloso de contar con una digna representante que, sin importar hasta dónde llegue, nunca olvida sus raíces. ¡Gracias por llevara Upala siempre en el corazón! 💧

Nota editorial – MUNDO ACR

Este artículo corresponde a una columna de opinión firmada. Las valoraciones, juicios y enfoques expresados pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

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El ajuste al Poder Judicial, las nuevas órdenes dentro de las cárceles y las respuestas a la oposición fueron presentados por el Gobierno como partes de una misma forma de ejercer el poder: reducir el gasto, reforzar el mando institucional y cerrar filas alrededor de Rodrigo Chaves.

La presidenta Laura Fernández y varios integrantes del Ejecutivo utilizaron la conferencia para dejar claro que no contemplan suavizar sus decisiones ante las críticas políticas o institucionales.

El mensaje fue repetido desde distintos frentes: el Gobierno considera que el país debe abandonar prácticas del pasado, imponer límites al gasto y recuperar espacios donde, según su lectura, la autoridad pública se ha debilitado.

El presupuesto como prueba de fuerza.

Rodrigo Chaves colocó el choque con el Poder Judicial dentro de una discusión más amplia sobre las finanzas públicas.

El ministro de la Presidencia y Hacienda rechazó las advertencias sobre las consecuencias de un menor presupuesto judicial y afirmó que esa institución deberá ajustarse, al igual que el resto del país.

Su argumento no se limitó al monto del recorte.

Chaves sostuvo que durante años decisiones políticas, programas públicos y gastos de distintas administraciones fueron financiados con deuda que ahora debe pagar la ciudadanía. Bajo esa lectura, mantener la disciplina fiscal no sería una elección del Gobierno, sino una obligación con las generaciones futuras.

Para defender esa posición, volvió sobre los gobiernos de Óscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, a quienes atribuyó parte del deterioro fiscal acumulado.

También criticó a exdiputados que integraron la Comisión de Asuntos Hacendarios y aseguró que varias iniciativas enviadas durante su anterior administración fueron archivadas sin avanzar.

Así, la discusión sobre el presupuesto judicial terminó convertida en una revisión política de las últimas décadas y en una advertencia al Congreso actual, el Ejecutivo no pretende financiar nuevas exigencias mediante más deuda.

En las cárceles, el Gobierno quiere mandar sin intermediarios.

Mientras Hacienda defendía límites al gasto, el Ministerio de Justicia presentó un paquete de decisiones destinado a modificar la vida interna de los centros penitenciarios.

El ministro Gabriel Aguilar anunció el retiro de los televisores instalados en las celdas, nuevas restricciones para las visitas íntimas y el traslado de privados de libertad identificados como figuras de poder dentro de los módulos.

También ordenó rotaciones entre directores y policías penitenciarios, especialmente en áreas sensibles como máxima seguridad de La Reforma.

La Unidad de Inteligencia Penitenciaria y la Dirección de Inteligencia y Seguridad deberán revisar posibles enriquecimientos injustificados, estilos de vida y conductas sospechosas entre funcionarios.

El anuncio más severo se dirigió al personal penitenciario que sea detenido colaborando con bandas o introduciendo artículos prohibidos. Según Aguilar, esos funcionarios serán ubicados en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro.

Más que una lista de medidas, el planteamiento del jerarca fue una disputa directa por el control de las cárceles.

Aguilar afirmó que las decisiones dentro del sistema penitenciario corresponden al Poder Ejecutivo y rechazó que grupos criminales, funcionarios corruptos u otras instituciones condicionen su administración.

Algunas de esas afirmaciones podrían abrir nuevas discusiones sobre las competencias de los jueces de ejecución de la pena y de otras entidades de control.

Laura Fernández cierra filas alrededor de Chaves

La conferencia también sirvió para responder a quienes cuestionan la permanencia de Rodrigo Chaves en dos ministerios.

La diputada Claudia Dobles había criticado su ausencia en el Congreso, la falta de acercamiento con las fracciones opositoras y su actuación durante la visita presidencial a Crucitas.

Laura Fernández no entró a discutir cada señalamiento.

Respondió que la evaluación de los ministros le corresponde a ella mientras ocupe la Presidencia y aseguró que Chaves cumple las metas fijadas por su administración.

La mandataria utilizó el mismo argumento frente a las críticas de José María Villalta y añadió que espera que el diputado frenteamplista nunca llegue a la Presidencia.

La respuesta confirmó algo que ya era visible dentro del Ejecutivo: los cuestionamientos externos no están debilitando la posición política de Chaves. Por el contrario, Fernández aprovechó la conferencia para ratificarlo públicamente.

De la explicación al enfrentamiento personal.

El tono cambió cuando las respuestas dejaron de concentrarse en las decisiones del Gobierno y pasaron a referirse a quienes las critican.

Chaves descalificó los conocimientos de Villalta sobre el sector privado y recurrió a la expresión “¿qué sabe una gallina de astronomía?” para responderle.

También atacó al director ejecutivo del Poder Judicial, Jorge Araya, por describir el ajuste presupuestario como un golpe de Estado presupuestario.

Laura Fernández, por su parte, calificó la reacción del Poder Judicial como un “berrinche” y afirmó que las instituciones que no quieran acompañar al Gobierno deberían evitar obstaculizar su trabajo.

Estas frases dominarán probablemente la conversación pública por su dureza.

Sin embargo, debajo del intercambio verbal quedó una definición política más importante: el Ejecutivo no trata las críticas como simples diferencias sobre presupuesto, cárceles o coordinación institucional. Las presenta como resistencia de sectores que, según su discurso, quieren conservar privilegios o impedir cambios.

Una conferencia para marcar quién toma las decisiones.

La conferencia dejó menos espacio para el diálogo que para la delimitación de autoridad.

En el Poder Judicial, el mensaje fue que también deberá ajustarse.

En las cárceles, que el Ministerio de Justicia pretende recuperar el control interno.

En el gabinete, que Rodrigo Chaves conserva el respaldo pleno de la presidenta.

Y frente a la oposición, que el Gobierno no modificará su rumbo para evitar confrontaciones.

La discusión que queda abierta no es únicamente si cada medida resulta popular.

También será necesario observar hasta dónde puede avanzar el Ejecutivo en su intención de reforzar el mando sin provocar nuevos choques legales, institucionales y políticos.

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