Fiscal en la mira: ¿es intocable?
En un reciente cruce de declaraciones, la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, expresó su preocupación por la respuesta del fiscal general, Carlo Díaz, ante su vinculación a una sociedad anónima con Segura Duarte, un individuo señalado por narcotráfico y lavado de dinero. Aunque Díaz aclaró que no tiene vínculos legales o financieros con la sociedad, Cisneros no se mostró satisfecha con su justificación.
Críticas y cuestionamientos
Cisneros subrayó que, a pesar de que el fiscal alegó que su nombre aparecía en registros debido a funciones administrativas en su juventud, la situación es “absolutamente inapropiada”. La legisladora cuestionó por qué el fiscal no revisó su participación en dicha sociedad tras enterarse de que la Sala Constitucional y otros magistrados estaban al tanto de su existencia. Para Cisneros, el hecho de que el fiscal haya permanecido en esa situación durante tantos años sin buscar desvincularse plantea serias dudas sobre su responsabilidad y compromiso con su función.
“Imagínese por un momento que en lugar de ser el fiscal hubiera sido un ministro o un jerarca. Esto ya habría incendiado el Plenario”, afirmó, sugiriendo que la gravedad de la situación cambiaría dependiendo de la figura involucrada. Esto apunta a una percepción de doble moral en la política costarricense, donde ciertos actores parecen gozar de un trato preferencial.
La demanda de rendición de cuentas
Cisneros también enfatizó que es fundamental que el fiscal general se presente ante la Asamblea Legislativa para dar explicaciones. “El trabajo del fiscal es delicado. Es el acusador del Estado y, por lo tanto, debe rendir cuentas a la ciudadanía”, insistió. La legisladora también criticó la falta de respuestas a los medios de comunicación que han intentado indagar sobre este asunto, sugiriendo que el fiscal obstaculiza la labor periodística al no proporcionar declaraciones claras.
Implicaciones y el futuro
La situación del fiscal general plantea interrogantes sobre la transparencia en el sistema judicial y la rendición de cuentas en el país. La presión pública y política puede influir en cómo se desarrollan estos acontecimientos en el futuro.
Mientras tanto, los ciudadanos continúan observando con atención cómo se manejan estos casos, esperando que los responsables asuman la responsabilidad necesaria para preservar la integridad del sistema judicial en Costa Rica.
