Fiscalía: De amenaza de Estado a “reality” de víctimas.
La Fiscalía convierte una amenaza de Estado en un “reality” de víctimas…
Una amenaza contra la vida del Presidente de la República no es un tema de tertulia. Es una alarma de Estado. Ayer 13 de enero, la DIS llevó al Ministerio Público una denuncia sobre un supuesto plan para atentar contra Rodrigo Chaves. En menos de 12 horas, el país ya discutía nombres, capturas de pantalla y versiones contradictorias. Esa velocidad no es señal de eficiencia. Es, más bien, la marca de una investigación expuesta, y eso es justamente lo que no debería ocurrir.
Hechos ya confirmados por prensa.
Los medios nacionales coinciden en tres puntos. Primero, existe un expediente abierto en Fiscalía General a partir de la denuncia de la DIS. Segundo, la Fiscalía ha confirmado que hay personas bajo investigación y que el expediente se amplió. Tercero, parte del material atribuido a la denuncia circuló públicamente, incluso en televisión, lo cual alimentó una narrativa de espectáculo antes de que el caso alcance la madurez mínima que exige una investigación penal seria.
Al 14 de enero por la tarde, prensa nacional reportó que al menos seis personas figuran en la investigación, con delitos denunciados como tentativa de homicidio y conspiración. Paralelamente, algunas de las personas señaladas se apersonaron a la Fiscalía para dar declaraciones o presentar denuncias propias, en un giro predecible (convertir la condición de investigado en show de victimización).
La ley exige reserva y el sistema exige prioridad.
El Código Procesal Penal no deja margen para la improvisación. La investigación preparatoria no es pública para terceros y existe un deber de secreto para quienes, por cualquier motivo, conozcan las actuaciones. Esa reserva no es un lujo formalista. Es una condición técnica de eficacia. Si la prueba se filtra, la evidencia se contamina, los teléfonos se limpian, los chats se borran y los planes se adaptan.
Además, la gravedad es objetiva. El Código Penal agrava el homicidio cuando la víctima es miembro de los Supremos Poderes en razón de sus funciones. No hay un bien jurídico más obvio que proteger. La vida del Jefe de Estado no compite en la fila con casos menores. Si el Estado no puede reaccionar con rigor cuando se amenaza al máximo representante del Poder Ejecutivo, el problema no es de presupuesto. Es de voluntad y de dirección.
Carlo Díaz y la tentación del protagonismo.
En ese contexto, resulta francamente imprudente que el fiscal general Carlo Díaz haya salido a dar declaraciones que, según reportes, incluían perfiles y valoraciones sobre el caso el mismo día en que inicia. Un fiscal general no está para narrar expedientes, sino para conducirlos. Cuando el jefe del Ministerio Público convierte una denuncia de seguridad nacional en un tema de micrófonos, envía el peor mensaje posible (que la prioridad es controlar el relato, no blindar la prueba).
La consecuencia es inmediata. Con declaraciones y filtraciones, los investigados reciben alerta temprana y margen para coordinarse, borrar rastros o construir coartadas públicas. A la vez, se instala un guión de víctimas. En cuestión de horas, hubo conferencias, solidaridades políticas y acusaciones de persecución. Ese teatro es rentable para quien busca capital político, pero es tóxico para la investigación y peligroso para la seguridad del país.
La pregunta que no se puede esquivar.
Al cierre de esta columna, no se ha informado públicamente de allanamientos, secuestro de dispositivos o medidas cautelares. Es posible que existan diligencias bajo reserva. Perfecto. Eso es lo normal. Lo anormal es que el expediente parezca reservado para la ciudadanía y sorprendentemente poroso para la filtración. Si el material llegó a manos de terceros, alguien dentro del sistema falló. Y la responsabilidad política de ese fallo recae en la jefatura del Ministerio Público.
El país entra a una campaña electoral donde, según una encuesta divulgada hoy por medios nacionales, Laura Fernández aparece liderando la intención de voto. En ese clima, una amenaza al Presidente se convierte en munición para quienes quieren deslegitimar al Gobierno y, a la vez, en prueba de fuego para el Poder Judicial. La institución que pierde credibilidad no es Casa Presidencial. Es la Fiscalía, si insiste en el guión de selectividad, silencio operativo y protagonismo declarativo.
En suma, la exigencia ciudadana es simple. Reserva real, diligencia visible en resultados, y castigo interno a la filtración. El fiscal general debe entender que en este tipo de casos el error no es un mal titular. Es una vida en riesgo y un Estado debilitado. Si el Ministerio Público quiere recuperar confianza, el camino no es la conferencia. Es el expediente trabajando en serio.
El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica
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