“Fiscalía investiga a Desyfin por alterar registros contables,”
Fiscalía investiga a cúpula de Desyfin por presuntas irregularidades contables.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual del Ministerio Público está investigando a la cúpula de la Financiera Desyfin S.A. por presuntamente alterar registros contables y brindar informes falsos a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Según las autoridades, estas acciones habrían generado condiciones crediticias alteradas que afectaron a ahorrantes, inversionistas y al ente supervisor.
Detalles de la investigación
Las acciones judiciales se desplegaron en octubre de 2024, cuando la Fiscalía ejecutó allanamientos en las oficinas centrales de Desyfin, su arrendadora Grupo Desyfin, dos despachos legales y cinco residencias en Escazú y Santa Ana. La investigación abarca el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y agosto de 2024 e involucra a seis imputados, entre ellos personas apellidadas Lacayo, González, Montero, Corrales y Salazar.
Manipulación de registros contables
De acuerdo con la orden judicial, la entidad financiera habría presentado inconsistencias en registros contables que alteraron la composición de activos, pasivos y resultados de los estados financieros. Se identificaron montos erróneos en la subcuenta “Gastos Diferidos” por ₦1187 millones, lo que infló el activo de manera inadecuada.
Entre las anomalías encontradas se incluyen:
- Registro de asientos contables falsos o inexactos.
- Diferencias entre facturas y registros contables.
- Asientos contables incorrectos en pagos de impuestos municipales y estimaciones de intereses.
- Errores en reportes de suficiencia patrimonial, inicialmente presentados con indicadores positivos, pero posteriormente corregidos con cifras negativas tras revisiones de la Sugef.
Decisión de Conassif y consecuencias para Desyfin
El 9 de octubre de 2024, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) resolvió la intervención de Desyfin tras determinar su inviabilidad financiera. Según el informe presentado, la entidad acumuló pérdidas por ₦21.968 millones y sufrió un déficit patrimonial del -158% al 31 de agosto de 2024. Además, se identificaron incumplimientos en suficiencia patrimonial, gestión crediticia deficiente y obstrucción en la supervisión regulatoria.
Defensa de los imputados
El abogado penalista Federico Campos, representante de la familia Lacayo, aseguró que existen “graves vicios de ilegalidad” en la intervención de Conassif y denunció violaciones al debido proceso. Afirmó que el equipo legal presentará impugnaciones en las vías penal, civil, administrativa y constitucional.
La investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos meses se determinen las responsabilidades legales de los involucrados.
Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia en la gestión financiera y el impacto que pueden tener las irregularidades contables en la estabilidad económica de una entidad.
