Funcionarios del PANI bajo la lupa: Detenidos por sospecha de trata de personas con fines de adopción irregular.
En un operativo realizado este martes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a cinco funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por su presunta participación en un esquema de trata de personas con fines de adopción irregular. Los detenidos, tres mujeres y dos hombres, laboraban en diferentes sedes del PANI en el país y ahora enfrentan graves acusaciones que han conmocionado a la opinión pública.
La investigación se inició en octubre de 2022, luego de que Kennly Garza Sánchez, presidenta ejecutiva del PANI, elevara un informe al Ministerio Público en agosto de ese año. En el documento, Garza Sánchez alertó sobre una serie de irregularidades administrativas en los procesos de adopción de menores en la Oficina Local del PANI en Cariari de Pococí. Estas sospechas encendieron las alarmas y condujeron a una minuciosa investigación.
Los agentes del OIJ, especializados en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, descubrieron que los procesos administrativos relacionados con las adopciones no se estaban realizando conforme a la ley. Se identificaron casos donde se ofrecía falso testimonio para alejar a los menores de sus familias biológicas y colocarlos en hogares adoptivos que, supuestamente, participaban en programas irregulares. Además, se constató que algunos de estos hogares recibían ayudas económicas del PANI mientras se resolvía la situación legal de los menores.
La operación incluyó allanamientos en varias sedes del PANI, incluyendo las oficinas en Cariari de Pococí, Puerto Jiménez, Alajuela, Orotina, y un centro integral en Santa Ana. El objetivo era recolectar pruebas clave que ayuden a esclarecer los hechos.
Las detenciones se llevaron a cabo en distintos puntos del país: Guácimo, Siquirres, Pococí, Puerto Jiménez y Orotina. Los detenidos, identificados como Hernández (31 años), Fernández (42 años), Chavarría (48 años), Barrantes (61 años) y Chacón (39 años), ya fueron presentados ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en los próximos días.
Este caso ha generado un profundo malestar en la sociedad, al poner en entredicho la integridad de una institución encargada de velar por el bienestar de la niñez en Costa Rica. Las investigaciones continúan, y se espera que se esclarezcan si los funcionarios detenidos recibieron algún tipo de beneficio a cambio de su participación en estos actos.
