Inmigrantes en EEUU afectados por decreto sobre inglés.
El 1 de marzo de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece al inglés como el idioma oficial del país. Esta medida revierte una política implementada durante la administración de Bill Clinton en 2000, que garantizaba a las agencias federales proporcionar asistencia en múltiples idiomas, especialmente para quienes no dominan el inglés.
Con este cambio, las instituciones gubernamentales financiadas con recursos federales ahora tendrán la autoridad para decidir si mantienen o eliminan los servicios en idiomas distintos al inglés, lo que podría tener un impacto significativo en las comunidades migrantes y de habla no inglesa, especialmente las hispanohablantes. Según datos de la Oficina del Censo de EE. UU., más de 41 millones de personas hablan español como lengua principal en sus hogares, y la medida podría dificultar su acceso a servicios públicos esenciales.
El impacto en la comunidad hispana
Líderes comunitarios y organizaciones defensoras de derechos civiles han expresado su preocupación por las implicaciones que esta orden podría tener para millones de personas, quienes dependen de la asistencia en español para acceder a servicios esenciales, como la atención médica o la información sobre seguridad pública. María Cardona, analista de asuntos migratorios, señaló que eliminar estos servicios podría poner en desventaja a muchos migrantes que ya enfrentan barreras lingüísticas.
Además, las escuelas y universidades que reciben fondos federales podrían quedar exentas de ofrecer apoyo en otros idiomas. Esto podría dificultar la integración de estudiantes inmigrantes, afectando su desempeño académico y su adaptación en el sistema educativo estadounidense. La comunidad también podría enfrentar dificultades en situaciones de emergencia, ya que la información oficial sobre desastres naturales podría distribuirse exclusivamente en inglés, excluyendo a quienes no dominan el idioma.
Reacciones políticas y económicas
La medida también ha generado reacciones políticas y económicas. El representante Adriano Espaillat, del Partido Demócrata, criticó la orden ejecutiva, subrayando que la comunidad latina es un motor fundamental de la economía en muchas ciudades y estados. Según los análisis, esta política podría obstaculizar la participación de los latinos en la sociedad estadounidense.
Desde el punto de vista económico, algunos empresarios han manifestado preocupaciones sobre cómo este cambio afectará el acceso al mercado laboral para personas con dominio limitado del inglés, especialmente en sectores como la construcción y la agricultura, que dependen de mano de obra hispanohablante.
Efectos en la justicia y la economía
Grupos de derechos humanos han advertido que la falta de servicios en otros idiomas podría agravar las desigualdades en el acceso a la justicia. Las personas que no dominan el inglés ya enfrentan obstáculos significativos en el sistema judicial, lo que podría empeorar con la eliminación de asistencia en su idioma natal.
A nivel económico, se prevé que algunas empresas, especialmente aquellas con una base de clientes hispanohablantes, podrían enfrentar dificultades si los servicios en español se reducen. Esto afectaría tanto a la relación de las empresas con estos consumidores como a su rendimiento en mercados clave.
La administración Trump ha defendido la medida como una forma de promover la unidad nacional y mejorar la eficiencia gubernamental, argumentando que una lengua común fortalece la identidad nacional y facilita la comunicación en todos los niveles del gobierno.
