PJ rechaza topes a pensiones: Sindicato alega inconstitucionalidad
Sindicato Judicial de Costa Rica Cuestiona Proyecto que Topa Pensiones
El Sindicato del Poder Judicial de Costa Rica ha manifestado su firme oposición al expediente legislativo 24.786. Esta iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca establecer un tope a las pensiones del sector público, incluyendo las del Poder Judicial, el Magisterio Nacional y otros regímenes financiados con el presupuesto nacional. Durante su comparecencia ante la Comisión Ordinaria de Asuntos Sociales, Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario general del sindicato, expresó serias preocupaciones sobre el impacto del proyecto.
Cartín enfatizó los motivos de la objeción del sindicato. “Venimos a plantear porque consideramos que no es un proyecto adecuado para nuestra institución”, señaló. Argumentó que la propuesta es “inconstitucional, es desproporcionada y también atenta contra los principios básicos y fundamentales de lo que da independencia al Poder Judicial: los derechos laborales que las personas de buena fe han adquirido y, por supuesto, aspectos sociales del Estado social de derecho”.
Comparación de Regímenes y Sostenibilidad Financiera
El diputado Leslie Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana, consultó sobre la compatibilidad entre los distintos regímenes de pensiones y los porcentajes de cotización patronal en el Poder Judicial. Cartín Elizondo fue claro en su respuesta: “No es comparable porque las cargas que se dan en cotización tanto del patrono como del trabajador son distintas”.
El secretario general detalló que, en el régimen del Poder Judicial, los trabajadores aportan un 13%, el patrono un 14.36% y el Estado un 1.57%. Explicó que estos porcentajes respetan el principio de proporcionalidad constitucional entre los aportes de trabajadores y patronos.
Por su parte, la diputada Katia Rivera, de Liberación Nacional, preguntó sobre la sostenibilidad del fondo de pensiones del Poder Judicial y si el sindicato poseía estudios propios al respecto. Cartín respondió citando el último estudio actuarial del fondo del Poder Judicial, pero aprovechó para cuestionar la metodología de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
“El Poder Judicial, erróneamente por una reglamentación de la SUPEN, lo miden obligadamente con un sistema cerrado, lo cual es incorrecto”, explicó Cartín. Argumentó que un sistema cerrado asume que cada vez que una persona se jubila o fallece, esa plaza desaparece, lo cual no es cierto. “Cuando alguien se jubila o renuncia, una persona nueva entra a sustituir. La plaza no muere. Por lo tanto, es un sistema de evaluación actuarial abierto, y es ahí donde tenemos que medir la solvencia de nuestro fondo actuarial”, concluyó.
El expediente 24.786 propone que las pensiones del sector público se alineen con el tope establecido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
¿Crees que la discusión sobre la metodología actuarial será un punto clave para la viabilidad de este proyecto de ley?
