Polémico Proyecto de Ley en Panamá Podría Facilitar Indulto de Martinelli.
El diputado panameño Luis Eduardo Camacho, del partido oficialista Realizando Metas (RM), ha presentado ante la Asamblea Nacional un controvertido anteproyecto de ley que busca facilitar el indulto del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). Martinelli, condenado por lavado de activos, actualmente se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua.
Camacho, citado por el diario local La Gaceta, afirmó: “Es momento de que esta Asamblea asuma su papel en la conciliación nacional, aprobando mecanismos para restaurar la justicia que los panameños desean, libre de intereses económicos y políticos”.
Propuesta Integral
El anteproyecto incluye disposiciones sobre amnistía, indulto, rebaja de penas y libertad condicional, además de modificaciones al Código Penal y el Código Procesal Penal. Aunque el legislador asegura que el texto no beneficiará inmediatamente a Martinelli, establece un marco para regular amnistías e indultos, definiendo qué constituye un delito político.
Impacto en la Justicia
Camacho argumentó que la justicia panameña ha sido afectada por la judicialización de la política y la creación de organismos de investigación paralelos. Según él, esta ley es necesaria para superar estas problemáticas y restaurar la confianza en el sistema judicial del país.
Contexto Político
El pasado 7 de febrero, Martinelli se refugió en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá para evitar su detención, tras agotar los recursos judiciales que buscaban anular su condena de casi once años de prisión. El gobierno del entonces presidente Laurentino Cortizo le negó el salvoconducto para viajar a Nicaragua. José Raúl Mulino, actual presidente de Panamá, asumió el poder el 1 de julio, después de ganar los comicios en los que sustituyó a Martinelli como candidato de RM, y se comprometió durante su campaña a ayudar al expresidente.
El proyecto de ley ha generado controversia y debate en Panamá, ya que podría abrir la puerta a indultos en casos políticos. La discusión sobre su aprobación promete ser intensa, reflejando las divisiones políticas y las percepciones sobre la justicia en el país.