“Ramos y Superávit de CCSS: Una cifra real, una solución falsa”.
Análisis de la propuesta de Álvaro Ramos: El Marketing Político de una cifra millonaria.
En el fragor de la contienda electoral, las promesas de campaña a menudo brillan por su simplicidad y su aparente solución a problemas complejos. La propuesta de Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), de utilizar un supuesto superávit de $3 mil millones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para construir hospitales y clínicas, es un claro ejemplo de este fenómeno. Aunque la cifra es real, la promesa es un espejismo que no resiste un análisis riguroso de la realidad jurídica y financiera de la institución. Nuestro medio, fiel a su compromiso con la verdad, desmantela esta propuesta punto por punto para informar a la ciudadanía.
El factor de la credibilidad: La duda de los analistas
A este análisis técnico, se suma el escepticismo sobre la credibilidad de la cifra misma. Analistas financieros han señalado que un superávit de $3 mil millones es un monto tan astronómico que su aparición repentina, justo en medio de una campaña electoral, genera sospechas. Se cuestiona por qué una cifra de tal magnitud no trascendió antes, especialmente cuando la persona que la presenta estuvo al frente de la institución, lo que sugiere un posible tinte político más que una revelación financiera genuina.
Punto 1: El Superávit Oculto y su Naturaleza Legal
Álvaro Ramos afirma que la CCSS ha acumulado más de $3 mil millones en superávit durante los últimos dos años. Lo que el candidato no detalla es la procedencia de la mayoría de ese dinero. La CCSS, a nivel contable, opera dos grandes seguros que tienen sus propios estados financieros: el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El superávit al que hace referencia Ramos proviene, en su inmensa mayoría, del IVM. Este no es un fondo de libre disposición para que la junta directiva de la Caja decida gastar en lo que considere pertinente. Por el contrario, la Ley de Protección al Trabajador (Ley N° 7983), así como el propio reglamento del IVM, establecen claramente que los superávits generados deben ser utilizados para fortalecer las reservas actuariales del seguro. Dicho en términos sencillos: este dinero es el ahorro de la Caja para poder pagar las pensiones de las futuras generaciones. Desviarlo para la construcción de hospitales sería un acto ilegal y una irresponsabilidad financiera sin precedentes que comprometería la estabilidad del sistema de pensiones costarricense.
Punto 2: El Portafolio de Inversión y las Fuentes de Financiamiento Reales
El candidato insiste en retomar el portafolio de inversión de la CCSS para proyectos de infraestructura. Si bien es cierto que la Caja tiene una necesidad apremiante de construir y modernizar su red de hospitales y clínicas, la financiación para estos proyectos no se contempla a partir del superávit del IVM.
Proyectos como el del nuevo Hospital de Cartago, el de Limón o la Torre de la Esperanza del Hospital de Niños, cuentan con fuentes de financiamiento específicas y aprobadas, tales como préstamos internacionales con entidades como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El freno en estas obras no se debe a la falta de dinero “guardado”, sino a la lentitud en la ejecución de proyectos, la burocracia, y los complejos procesos de licitación y aprobación que han caracterizado la gestión de la administración pública en los últimos años. Ramos, al culpar de la inacción a la falta de voluntad política del actual gobierno, simplifica un problema que es estructural.
Punto 3: La Deuda del Estado vs. la Sostenibilidad de la CCSS
Ramos también aborda la deuda del Estado con la CCSS, que supera los ¢4 billones, y la compara con la deuda externa del país. Aunque la deuda del Estado es un problema real y urgente, la comparación es populista. El impago a los bonistas internacionales tiene consecuencias catastróficas para la economía nacional, mientras que la deuda interna, aunque perjudicial, no conlleva el mismo riesgo de colapso financiero global.
La propuesta de Ramos de un plan de pago a 10 años, aunque sensata en teoría, ha sido una discusión constante en los últimos gobiernos. El verdadero obstáculo para su implementación no es la falta de voluntad, sino la severa restricción fiscal que enfrenta el Estado costarricense, el cual tiene un margen de maniobra muy limitado para destinar esos fondos sin afectar otras áreas críticas como educación o seguridad.
Una Falacia Técnica que no Resiste la Verdad
La promesa de Álvaro Ramos de usar el superávit de la CCSS para construir hospitales es, en esencia, un ejemplo de cómo se utiliza una cifra real para vender una solución irreal. Su propuesta es una falacia técnica que no tiene cabida en el marco legal costarricense y que, de ser implementada, comprometería la sostenibilidad del sistema de pensiones del país.
El ciudadano costarricense debe entender que el problema de la infraestructura de salud no se resuelve con atajos financieros, sino con una gestión eficiente, la ejecución de los planes de inversión ya existentes y el respeto por el marco legal que protege los fondos de la seguridad social. La promesa de Ramos no es un plan de gobierno, sino un espejismo que busca capturar el voto del ciudadano que, legítimamente, clama por una mejor atención médica.
