“Dios no es un programa de gobierno y Costa Rica no es un púlpito”

Hay una forma muy barata de intentar ganar una elección. No exige equipo técnico, no requiere diagnósticos serios, no obliga a entender economía, seguridad o educación. Solo pide una tarima emocional, un par de palabras totémicas y un villano de utilería. Esa forma se llama política de superioridad moral. En Costa Rica, Fabricio Alvarado la ha perfeccionado como si fuera un producto de franquicia, repetible en campaña, inmune al rendimiento real y peligrosamente eficaz para polarizar.

El libreto es simple. Él se presenta como custodio de la “pureza”, define a sus adversarios como “los otros”, les pega una etiqueta que suena tóxica, “progre”, y acto seguido convierte la contienda electoral en una prueba de fe. Esa maniobra no es cristianismo, es mercadeo político con sotana prestada y biblia en la mano. Es usar a Dios como pancarta y a la ciudadanía como clientela cautiva.

Lo grave no es que haya conservadores. Lo grave es el fraude intelectual de vender conservadurismo como si fuera sinónimo de monopolio moral. La política democrática no es un concurso de santidad. Es, o debería ser, una competencia programática para resolver prioridades nacionales, seguridad, educación, empleo, inversión, turismo, salud, infraestructura. Cuando un candidato sustituye esas variables por una liturgia de “buenos contra malos”, lo que ofrece no es gobierno. Ofrece una guerra cultural permanente que distrae al país de lo urgente y le entrega al crimen organizado el beneficio de la
desatención.

“La trampa del ungido y el veneno del etiquetado”.

En su propio plan de gobierno, el Partido Nueva República habla del “derecho sagrado al sufragio”. Esa palabra no es inocente. “Sagrado” no es un tecnicismo democrático, es una forma de reencantar la política para presentarla como templo, no como institución civil. Luego, en el mismo documento, se construye una narrativa de desprecio hacia la arquitectura partidaria con expresiones como “partidos revueltos, como dirían en Venezuela, el arroz con mango”, y se advierte contra “liderazgos personalistas y
populistas”, mientras se impulsa un estilo de confrontación moral que vive precisamente de personalismos y de antagonismos. Ese tipo de discurso es la política convertida en teatro, con una diferencia, el teatro termina. El fanatismo electoral, no. La etiqueta “progre” funciona como comodín retórico. No es un argumento, es un atajo.
Evita la discusión de fondo y reemplaza evidencia por señalización tribal. El objetivo no es
demostrar, es deslegitimar. Y cuando ese etiquetado viene acompañado de una auto
investidura moral, el resultado es una ecuación peligrosa, “yo represento lo bueno, el otro representa lo malo”. Eso es exactamente lo que, históricamente, ha permitido persecuciones, censuras y abusos en nombre de “la virtud”. Cambian las épocas, la tentación es la misma.

“La religión en campaña como herramienta de poder”.

Costa Rica aprendió, con siglos de historia occidental como lección, que el Estado no puede ser un brazo del clero, ni el clero un brazo del Estado. Precisamente porque cuando la política se convierte en religión, el adversario deja de ser adversario. Se convierte en hereje. Y cuando el adversario es hereje, la negociación se ve como pecado y la pluralidad como amenaza. Nueva República no oculta su enfoque en la agenda religiosa. En su plan se incluye una “Política de protección de la vida y la familia” con lenguaje de guerra cultural, “cultura de la muerte”, “ideología de género”, y se presenta un marco moralizante que pretende dictar el eje del debate público. Además, en su acción legislativa reciente, el jefe de fracción, Fabricio Alvarado, presentó un proyecto para garantizar la continuidad de medios “evangélicos y católicos” en frecuencias sin fines de lucro, con requisitos centrados en programación “predominantemente religiosa” y promoción de “fe y valores religiosos”. Se puede defender la libertad religiosa sin convertir al Estado en un patrocinador de trinchera confesional. El problema no es la fe. El problema es el uso del aparato público, del voto, del miedo moral y de la culpa como combustible electoral.

“La religión en campaña como herramienta de poder”.

Ahora viene la parte incómoda para el marketing moral. Fabricio Alvarado y su partido no son outsiders vírgenes en la arena institucional. Son actores con historial parlamentario, con capacidad de negociar, pactar y ocupar puestos. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se documentó muchas veces un directorio pactado por PLN, PUSC, el oficialismo y Nueva República, en un esquema de reparto de puestos. Entonces, cuidado con el discurso de pureza. Cuando conviene, se sientan con la “vieja política”, la casta que tanto se ha criticado. Cuando no conviene, la denuncian como si fueran monjes ofendidos. Esa gimnasia moral no es virtud, es oportunismo del más barato. Y si el país está ardiendo por seguridad, empleo y educación, la pregunta es brutalmente simple. ¿En estos años, qué prioridad real han puesto sobre la mesa y qué resultados verificables pueden exhibir? Es perfectamente legítimo impulsar proyectos de su interés, claro. Pero si su carta de presentación está dominada por símbolos religiosos y guerra
cultural, entonces están admitiendo, sin querer, que su oferta no es un plan nacional. Es una agenda identitaria. La propia lista divulgada por su fracción incluye iniciativas como “Promover el estudio de
la Biblia” y reformas penales asociadas a delitos con armas. Lo primero revela prioridades simbólicas. Lo segundo puede ser debatible, pero no sustituye una estrategia integral de seguridad, prevención, persecución financiera, control portuario, reforma de gestión policial, coordinación judicial y recuperación territorial. Un país no se gobierna con versículos y titulares. Se gobierna con política pública pura.

“El ataque a Laura y el regreso de la inquisición electoral”.

Y aquí hay un punto de ética política mínima, de caballerosidad democrática, y sí, de respeto elemental. Convertir a una mujer candidata en caricatura moral, tacharla de “progre” como si esa palabra fuera un pecado, y hacerlo además con tono de superioridad religiosa, es un gesto que huele a inquisición, no a estadismo. La democracia no necesita fiscales de fe. Necesita líderes que discutan propuestas con honestidad. Si alguien va a acusar, que lo haga con precisión, con hechos, con citas programáticas, con
votaciones concretas, con evidencia. Si no puede, entonces no es crítica política. Es difamación envuelta en moralina. Y eso, para un líder que se presenta como portavoz de valores, es un bumerán ético.

“Lo que de verdad está en juego”.

El mayor riesgo de este tipo de discurso no es que gane o pierda un candidato. El riesgo es que normalice la idea de que la mitad del país es moralmente inferior. Que el pluralismo es decadencia. Que el Estado debe ponerse del lado de una ortodoxia. Ese camino es conocido, empieza con consignas y termina con persecuciones administrativas, censuras culturales y parálisis legislativa, porque cuando la política se vuelve religión, la negociación se interpreta como traición. Costa Rica no necesita una contienda de iglesias y fundamentalismos extremos. Necesita una contienda de soluciones.

La fe, para quien la tiene, se vive con dignidad en el fuero íntimo y comunitario. La democracia, para todos, se construye con instituciones, argumentos, resultados y límites al poder. Mezclarlas como si fueran la misma cosa no es piedad. ¡Es instrumentalización inmoral! Fabricio Alvarado está equivocado de arena. Está peleando una cruzada imaginaria mientras el país real pide seguridad, educación, empleo, inversión, turismo, salud y gestión pública seria. Y cuando un candidato se aferra a Dios como sustituto de programa, lo que confiesa, aunque no quiera, es que no trae un plan para gobernar la complejidad. Trae un guion para dividir.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

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La declaración de la denunciante fue publicada por Amelia Rueda, donde se detalla que los hechos habrían ocurrido en el año 2006, mientras Alvarado trabajaba como periodista en Noticias Repretel y participaba en actividades musicales dentro de una iglesia evangélica.

De acuerdo con el relato divulgado, Fabricio Alvarado mantenía una relación cercana con la madre de la denunciante, quien era la pastora y líder de la congregación en la que el actual diputado participaba como músico y líder del grupo de alabanza.
La víctima tenía 13 años al momento de los presuntos hechos.

Según la denuncia, los abusos habrían ocurrido en diferentes lugares, entre ellos la casa de la familia y un vehículo.
El documento señala que el legislador se habría prevalecido de una relación de confianza con la familia para cometer los actos atribuidos.

Detalles de la declaración

La mujer relató que los primeros acercamientos ocurrieron cuando Alvarado visitaba frecuentemente la casa de su familia.
En su declaración, afirmó que los hechos se desarrollaron entre febrero y noviembre de 2006.
Describió varios episodios de tocamientos y besos sin consentimiento, además de encuentros en los que, según su versión, el acusado habría realizado actos de índole sexual.

El testimonio de la ofendida incluye una descripción de los presuntos abusos cometidos en su vivienda y en el interior de un automóvil.
La denunciante indicó que durante esos hechos se sentía “paralizada” y sin capacidad de reacción, expresando que era una niña de 13 años que no comprendía lo que estaba ocurriendo.

Según el medio CRHoy, propiedad del empresario Leonel Baruch, actualmente sin Visa. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República en febrero de 2025 y ampliada en agosto del mismo año.
El 5 de marzo de 2025, la mujer acudió al Ministerio Público para brindar una ampliación de su declaración, acompañada por su abogado, el Fiscal General, una psicóloga y personal de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima (OAPVD).

La denunciante aseguró que decidió presentar la acusación después de conocer otra denuncia interpuesta contra el mismo legislador en diciembre de 2024, esta vez por presunto abuso sexual contra una persona adulta.
Indicó que ese hecho le dio confianza para hablar públicamente sobre su experiencia.

Investigación a cargo del Fiscal General

Por tratarse de un miembro de un Supremo Poder, el caso debe ser analizado por el Fiscal General de la República, Carlo Díaz, quien decidirá si procede solicitar el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal que protege al legislador.
Esta figura constitucional impide procesar penalmente a los diputados sin la autorización del Congreso.

En septiembre pasado, el Plenario Legislativo rechazó el levantamiento del fuero presidencial solicitado contra el mandatario Rodrigo Chaves en el caso BCIE-Carñitos, una votación en la que Alvarado y la bancada de Nueva República votaron en contra.
La situación actual del diputado será evaluada en un contexto similar, dado su estatus como integrante del Poder Legislativo.

La investigación continúa en la Fiscalía General de la República, bajo supervisión del Ministerio Público.
El proceso permanece en fase de análisis y las autoridades aún no han confirmado si solicitarán el levantamiento del fuero parlamentario.

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