Tras la votación del lunes, que finalmente no alcanzó los 38 votos requeridos, la mandataria de la comisión enfatizó que durante el proceso siempre insistió en que las decisiones debían basarse en el análisis legal y no en consideraciones de costo político.

La discrepancia: Argumento legal versus electoral

Álvarez fue clara en señalar que la parte jurídica debía ser el criterio prevaleciente, lo cual guio su trabajo y el de la mayoría de la comisión. Sin embargo, su crítica se dirige a quienes utilizaron la plataforma del Plenario para exponer estrategias electorales.

Un ejemplo de esta postura fue la del diputado Fabricio Alvarado de Nueva República, cuya bancada votó en contra. Alvarado argumentó que retirar la inmunidad al mandatario podría convertirlo en un “mártir político” y favorecer al chavismo en las elecciones de 2026.

La diputada resaltó, no obstante, el trabajo serio de la comisión que presidió, en la que también participaron la frenteamplista Rocío Alfaro y el oficialista Daniel Vargas, asegurando que todos se apegaron a la seriedad y responsabilidad del proceso.

Votos finales y el destino judicial del mandatario

El resultado final de la votación en la Asamblea Legislativa fue de 34 votos a favor de acoger el informe y 21 en contra de levantar el fuero. Al no alcanzar la mayoría calificada, el presidente Rodrigo Chaves mantiene su inmunidad.

La decisión implica que las autoridades judiciales a cargo del caso deberán esperar a que el mandatario finalice su periodo presidencial para llevarlo a juicio.

Álvarez también se refirió a las presiones denunciadas por otros diputados. Afirmó que solo conversó con su fracción del PLN para exponer el trabajo realizado, negando haber ejercido cabildeo en el resto de bancadas. Por otro lado, reconoció la valentía de legisladores como Óscar Izquierdo del PLN, quien denunció presiones relacionadas con la eliminación de su plaza en el AyA, pero aun así mantuvo su voto a favor de levantar el fuero.

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La controversia se centra en las posturas políticas y las acciones públicas de los asesores de las dos diputadas que votaron a favor del desafuero, lo que ha generado un debate sobre la posible influencia de sus posiciones en una decisión de tan alto impacto para el país.

El informe de mayoría, que será votado por el Plenario Legislativo, fue respaldado por las diputadas Andrea Álvarez del Partido Liberación Nacional (PLN) y Rocío Alfaro del Frente Amplio (FA). Sin embargo, el análisis del entorno de ambas legisladoras revela antecedentes que podrían, según algunos analistas, poner en entredicho la neutralidad del proceso.

El caso del asesor del PLN: La comparación con el chavismo

El politólogo y asesor especializado de la diputada Andrea Álvarez, Giancarlo Casasola Chaves, ha expresado públicamente una postura crítica hacia la administración del presidente Chaves. En un artículo de opinión publicado en un medio de comunicación, Casasola trazó un paralelismo entre el presidente de Costa Rica y el fallecido mandatario venezolano, Hugo Chávez.

De Chávez a Chaves. Por Giancarlo Casasola Chaves

En su texto, el asesor señaló: “De Chávez a Chaves. Pareciera lejano, incluso extremista, pensar que Hugo Chávez y Rodrigo Chaves podrían tener paralelismos de estilo en sus formas de gobernar que, aunque no son equiparables en todo, presentan similitudes preocupantes”.

El artículo profundiza en varios puntos de coincidencia, entre ellos:

• La retórica para descalificar: El autor comparó las conferencias de prensa de Chaves con las cadenas nacionales de TV de Hugo Chávez, señalando el uso de una retórica planificada para descalificar a adversarios.
• Debilitamiento institucional: El texto argumenta que ambas figuras han buscado socavar la institucionalidad, concentrando el poder y enfrentando a instituciones como la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial.
• Ataques a la prensa: Casasola menciona que, al igual que en el caso venezolano, el presidente de Costa Rica ha utilizado un lenguaje hostil contra los medios, tildando a la prensa de “canalla” y “sicarios políticos”.

Casasola, quien también fue candidato a regidor por el PLN en las elecciones municipales de 2020, evidencia una postura abiertamente antichavista en su análisis, lo que para algunos críticos podría ser un indicio de falta de imparcialidad en su rol de asesoramiento en una comisión tan sensible.

La asesora del Frente Amplio: Observadora en las elecciones de Venezuela

Por su parte, la asesora de la diputada Rocío Alfaro, Vianey Mora Vega, también ha sido objeto de escrutinio. Mora, quien labora para la jefa de fracción del FA, fue candidata a la alcaldía de Desamparados en las elecciones municipales de 2024 y recientemente ganó una candidatura a diputada en la convención interna del partido.

La controversia en su caso surge a raíz de un viaje realizado en julio de 2024 a Venezuela, donde fungió como observadora de las elecciones presidenciales. El viaje de Mora fue financiado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, un ente controlado por el régimen de Nicolás Maduro.

La invitación original fue para la diputada Rocío Alfaro, quien delegó en su asesora. Este hecho es relevante, ya que las elecciones venezolanas fueron calificadas como fraudulentas por diversos países, incluyendo Costa Rica. La aceptación de un viaje financiado por una entidad de un gobierno cuestionado plantea dudas sobre la objetividad de la asesora de cara a su trabajo en la Asamblea Legislativa.

¿Puede un asesor influir en una decisión política?

Si bien la decisión de votar a favor del desafuero recae exclusivamente en las diputadas, el rol de los asesores es fundamental en la investigación, el análisis y la redacción de informes que fundamentan las decisiones políticas. La existencia de un manifiesto sesgo político, como en el caso de Casasola, o de un vínculo con un régimen cuestionado, como en el caso de Mora, puede generar legítimas preguntas sobre si la recomendación se basó únicamente en criterios jurídicos o si también fue influenciada por posturas ideológicas preexistentes.

A medida que el informe de mayoría avance al Plenario Legislativo, la discusión sobre la imparcialidad del proceso podría intensificarse, con los ojos puestos en la influencia de quienes asesoraron la decisión.

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Chaves Arremete Contra Diputadas por Tema 5G y Cuestiona a Canara por Frecuencias

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha elevado el tono de sus críticas hacia las diputadas Johana Obando y Vanessa Castro por su postura respecto al desarrollo de la red 5G en Costa Rica. Chaves las calificó de “desvisadas” y acusó de “seguir de necias tratando de favorecer intereses ajenos al bienestar general del país”.

El mandatario hizo un llamado a ambas legisladoras para que “hagan lo correcto por la patria”, incluso ironizando sobre sus salarios. “Ya, tengan paz, hagan lo que les paga el pueblo de Costa Rica, en términos generosos, cuatro milloncitos cada una, en lugar de hacer lo que ustedes hacen en la Asamblea”, expresó. El presidente, quien ha afirmado no participar en las próximas elecciones, insistió en que su motivación es el beneficio del país.

Paralelamente, el presidente también lanzó fuertes cuestionamientos a la Cámara Nacional de Radio (Canara). Esto ocurre tras una campaña de la Cámara contra los aumentos que el Gobierno busca establecer en las tarifas de las frecuencias de radio y televisión. Chaves tildó la campaña de “falta de respeto al pueblo de Costa Rica”. Recalcó que medios como las estaciones de FM pagan sumas irrisorias, alrededor de ₡120.000 al año, por frecuencias que luego utilizan para generar ingresos significativos por pauta publicitaria.

El presidente desafió directamente a Andrés Quintana, representante de Canara, a tener “decencia”. Argumentó que el Gobierno busca cobrar un porcentaje de los ingresos facturados por las estaciones de radio, en un intento por hacer “lo correcto para el pueblo de Costa Rica”, tal como se hizo con las frecuencias 5G. Chaves enfatizó que la libertad de expresión en el país “está sana y salva”, pero que el Gobierno busca evitar que se “regalen” las frecuencias.

La ministra del Micitt, Paula Bogantes, respaldó al presidente, señalando que el Gobierno ya firmó un decreto para evitar el “apagón” de títulos habilitantes vencidos. Además, destacó la política de democratización de la pauta publicitaria. Mientras que en la administración anterior (Carlos Alvarado) el 85% de los fondos se destinaron a cuatro medios principales, esta administración ha distribuido la pauta a más de 80 medios en todo el territorio nacional, según Bogantes.

Chaves Desestima Llamado a Comparecer ante Comisión de la CCSS

En otro frente, el presidente Chaves desestimó la insistencia de la diputada del Partido Liberación Nacional, Andrea Álvarez, para que comparezca ante la Comisión Investigadora de la CCSS. La diputada presentó un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa que sugería que la ausencia de una convocatoria al presidente podría violar su derecho de defensa y que las comisiones investigadoras sí tienen competencia para llamarlo.

Ante esto, Chaves calificó la situación como un “gran ejemplo de lo absurdo que opera el Poder Legislativo”. Argumentó que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es constitucionalmente independiente y que él no tiene por qué defenderse en un asunto que no le concierne directamente.

El mandatario ironizó sobre el informe de Servicios Técnicos, sugiriendo que “ellos escriben lo que les diga Liberación Nacional”. Concluyó que la decisión de llamarlo o no recae en los diputados de la comisión, y si lo hacen, él “se va a dar gusto” compareciendo.

Incidente en la DIS: Asunto Personal, Según Chaves

Finalmente, el presidente Chaves se refirió al reciente encontronazo entre el diputado oficialista Manuel Morales y el exdirector de la DIS, Hans Sequeira, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Morales preguntó si la DIS “persigue diputados o allegados de los diputados”, a lo que Sequeira respondió con evasivas.

El presidente minimizó el incidente, asegurando que “eso no tiene nada que ver con política, son temas personales” entre Morales y el exfuncionario de la DIS, involucrando también a una tercera persona. Chaves declinó referirse a los detalles por ser “temas absolutamente privados del ámbito íntimo”, comparando la situación con “dos gallos picándose la cresta”, una expresión popular para describir una disputa personal.

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