LA CRISIS DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica atraviesa, sin lugar a duda, una de sus crisis más profundas de legitimidad, eficacia y prestigio institucional. Lo que antaño fue considerado el bastión de la democracia costarricense, el foro donde la razón pública prevalecía sobre los intereses particulares, se ha convertido en un espectáculo que oscila entre lo grotesco y lo patético. No es exageración retórica, los datos empíricos confirman una realidad que los ciudadanos perciben cotidianamente con desazón y hartazgo.

Según las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), la Asamblea Legislativa recibe una calificación de apenas 4,5 sobre 10, ubicándose consistentemente en los últimos lugares de confianza institucional junto con los partidos políticos. Un 72% de la población confía poco o nada en quienes integran el Congreso cuando se trata de información sobre temas nacionales. Estos números no son meras estadísticas frías, representan el colapso de la fe ciudadana en la institución que debería encarnar la soberanía popular. El período 2022-2026 ha resultado ser el clímax de un proceso de deterioro institucional que venía gestándose desde los años noventa. Giovanni Sartori lo advirtió con crudeza, la democracia se vuelve frágil cuando la representación pierde densidad y la política se reduce a espectáculo. Lo ocurrido en Cuesta de Moras durante estos años confirma esa alerta.

ANATOMÍA DE LA DECADENCIA PARLAMENTARIA

El espectáculo como sustituto del debate

Los medios de comunicación han documentado con precisión (y hasta la saciedad) los episodios que han convertido al Plenario en una suerte de circo mediático: gritos destemplados, acusaciones cruzadas de pertenecer a “«cárteles”, golpes sobre los escaños, amenazas veladas entre colegas, y sesiones que se asemejan más a un espectáculo de confrontación que a un órgano deliberativo de altura. En septiembre de 2024, el país presenció atónito cómo legisladores del Partido Liberación Nacional y del oficialismo protagonizaban un altercado que incluyó gritos y golpes en la mesa, mientras se lanzaban mutuamente acusaciones de corrupción sin prueba alguna. Como señalaba Jürgen Habermas en su teoría de la acción comunicativa, la legitimidad de las instituciones democráticas descansa en la calidad del discurso público y en la posibilidad de alcanzar consensos racionales. Cuando el debate parlamentario degenera en confrontación tribal, cuando las mociones de orden se convierten en armas de obstrucción sistemática, y cuando los diputados abandonan el recinto como “protesta” en lugar de argumentar sus posiciones, se erosiona el fundamento mismo de la representación democrática.

La confrontación sistémica entre poderes.

El período ha estado marcado por una confrontación sin precedentes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El presidente Rodrigo Chaves ha hecho de la crítica y denuncia del Congreso una política comunicacional permanente, mientras que la mayoría opositora (articulada en torno al Directorio presidido por Rodrigo Arias) ha respondido con el control político como instrumento de desgaste gubernamental. Esta dinámica de suma cero ha paralizado iniciativas de interés nacional y ha convertido cada proyecto de ley en un campo de batalla ideológico. La investigación sobre supuestos vínculos entre el Gobierno y el narcotráfico, aprobada con 38 votos a favor y solo 6 en contra en octubre de 2024, ilustra perfectamente esta dinámica. Independientemente del mérito de las acusaciones, el proceso se ha desarrollado en un ambiente de polarización extrema que dificulta cualquier búsqueda de la verdad objetiva. Como advertía Guillermo O’Donnell en sus estudios sobre democracias delegativas, cuando los poderes del Estado se perciben mutuamente como enemigos antes que, como contrapesos institucionales, la democracia entra en una zona de riesgo.

La falacia de la productividad legislativa.

Para no perder el hilo del absurdo, la Presidencia se ufana de que el Congreso aprobó 435 proyectos de ley en tres años, una cifra alta en términos históricos. Pero la productividad bruta no equivale a calidad normativa. Cuando la agenda se llena de declaratorias, homenajes y reformas menores, y se posterga la cirugía mayor del Estado, la estadística se convierte en cosmética institucional. Esta “inflación legislativa” de baja calidad no es un fenómeno exclusivamente costarricense. Como documentaron Luna Pla y Puente Martínez en su estudio sobre parlamentos latinoamericanos, la cantidad de leyes aprobadas no es un indicador fiable de eficacia parlamentaria. Lo relevante es la calidad normativa, la coherencia sistémica del
ordenamiento jurídico y, sobre todo, la capacidad del parlamento para abordar los problemas estructurales que afectan a la sociedad.

La fragmentación partidaria y el transfuguismo.

Las encuestas del CIEP-UCR revelan que el 75% de la población no tiene afinidad con ningún partido político. Esta desafección se refleja en una Asamblea fragmentada donde las alianzas son volátiles y el transfuguismo se ha normalizado. Diputados que abandonan sus fracciones, bloques informales que se reconfiguran según conveniencias coyunturales, y una ausencia total de disciplina partidaria que hace imposible cualquier planificación legislativa a mediano plazo. Como advertía Giovanni Sartori en su obra clásica sobre partidos políticos, cuando el sistema de partidos se atomiza hasta el punto de volverse inoperante, la democracia representativa pierde su capacidad de agregar preferencias ciudadanas y traducirlas en políticas públicas coherentes. Costa Rica está experimentando precisamente esta patología
institucional.

LOS FUNDAMENTOS DE UN PARLAMENTO DEMOCRÁTICO.

Antes de proponer reformas, es necesario establecer los principios normativos que deben guiar la renovación parlamentaria. La ciencia política contemporánea identifica cuatro dimensiones fundamentales de calidad parlamentaria que todo proceso de reforma debe considerar:

Transparencia: Siguiendo los estándares del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL), un parlamento transparente es aquel que publica en tiempo real sus agendas, votaciones, gastos y la actividad de sus integrantes. Costa Rica obtuvo apenas 50,74% en la última medición, ocupando el cuarto lugar regional pero muy lejos de los estándares de democracias consolidadas.

Participación ciudadana: Como establece la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, la legitimidad parlamentaria requiere mecanismos efectivos de incidencia ciudadana que vayan más allá de la consulta pasiva. Chile, líder regional con su plataforma “Congreso Virtual”, demuestra que es posible integrar a la ciudadanía en el proceso legislativo de manera sustantiva.

Rendición de cuentas: Un parlamento democrático debe someterse a escrutinio público permanente. Esto incluye no solo la publicación de información, sino mecanismos efectivos de sanción ética y legal para quienes incumplen sus deberes representativos.

Eficacia institucional: Como señalaba Robert Dahl, la democracia requiere instituciones capaces de traducir las preferencias ciudadanas en decisiones colectivas vinculantes. Un parlamento inoperante, aunque formalmente democrático, traiciona su razón de ser.

MIS DIEZ PROPUESTAS PARA LA RENOVACIÓN PARLAMENTARIA

Con base en las mejores prácticas internacionales y la doctrina parlamentaria contemporánea, propongo las siguientes reformas estructurales:

Parlamento Abierto con impacto real.
Más allá de la adhesión formal a los principios de Parlamento Abierto, se requiere la implementación de una plataforma tecnológica que permita: publicación en tiempo real de agendas, proyectos y votaciones; transmisión de todas las sesiones de comisión (no solo del Plenario); registro de asistencia y participación de cada diputado en formato abierto y descargable; y mecanismos de participación ciudadana vinculante en la agenda legislativa, siguiendo el modelo chileno del “Congreso Virtual”.

Oficina Técnica de Presupuesto y Análisis Legislativo
Creación de una oficina independiente, al estilo del Congressional Budget Office estadounidense o la Parliamentary Budget Office canadiense, que realice análisis técnicos previos a la discusión de todo proyecto de ley. Esta oficina debe evaluar el impacto fiscal, social, ambiental y de género de cada iniciativa, proporcionando a los diputados información objetiva para la toma de decisiones. Su independencia debe estar garantizada constitucionalmente para evitar presiones políticas.

Programa obligatorio de capacitación parlamentaria
Los legisladores deben cumplir con un programa de inducción y actualización certificada en: derecho constitucional y parlamentario, procedimientos legislativos, ética pública, derechos humanos, finanzas públicas y técnica legislativa. Esta formación debe ser impartida por las universidades públicas en convenio con la Asamblea, y su cumplimiento debe ser condición para el ejercicio pleno de las
funciones legislativas. Como señala la UCR, que recibió 218 consultas legislativas solo en 2024, existe capacidad académica instalada para profesionalizar la función parlamentaria.

Concursos públicos para plazas interinas y asesorías
El clientelismo en la contratación de personal parlamentario es un cáncer institucional que debe erradicarse. Todas las plazas interinas y asesorías deben cubrirse mediante concursos públicos transparentes, con criterios técnicos verificables y tribunales evaluadores externos. Los asesores de fracción deben contar con credenciales académicas mínimas en áreas relevantes para la función legislativa.

Registro de lobby y transparencia en la influencia externa
Como ha documentado la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, Costa Rica carece de regulación efectiva del lobby parlamentario. Se requiere un registro obligatorio de todas las reuniones de diputados con representantes de intereses particulares, declaración de conflictos de interés antes de votar proyectos que afecten a sectores específicos, y publicación de obsequios y beneficios recibidos.

La opacidad en estas materias alimenta la desconfianza ciudadana.

Código de ética parlamentario con sanciones efectivas
El actual régimen disciplinario parlamentario es inexistente. Se requiere un código de ética riguroso que regule las conductas dentro y fuera del parlamento, con un órgano autónomo de investigación y sanción integrado por ciudadanos de reconocida trayectoria ética. Las sanciones deben incluir desde amonestaciones públicas hasta la suspensión temporal de funciones y la pérdida de dietas. La impunidad ética es incompatible con la dignidad del cargo representativo.

Agenda legislativa estratégica con metas claras
El diseño de una agenda estratégica legislativa, con metas claras, plazos específicos y evaluación pública, permitiría que la Asamblea tenga un norte definido y sea evaluada con base en indicadores de desempeño. Esta agenda debe construirse al inicio de cada legislatura con participación de todas las fracciones, estableciendo prioridades nacionales que trasciendan las disputas coyunturales.

Participación ciudadana efectiva y vinculante
Incorporar mecanismos de participación ciudadana que no se limiten a consultas pasivas, sino que permitan la iniciativa popular legislativa con requisitos accesibles, audiencias públicas obligatorias para proyectos de impacto nacional, y respuestas formales a las peticiones ciudadanas. La tecnología debe aprovecharse para facilitar estos procesos y reducir la distancia entre representantes y representados.

Evaluación institucional externa anual
La Asamblea debe someterse a una evaluación externa anual de desempeño, realizada por organizaciones independientes como las universidades públicas o la Contraloría General de la República. Los informes de evaluación deben ser públicos y utilizados para ajustar los procesos internos. Ninguna institución democrática puede estar exenta de rendición de cuentas.

Reforma integral del Reglamento Interno
Es imperativo actualizar el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, alineándolo con las mejores prácticas internacionales. La reforma de 2018 fue un avance, pero insuficiente. Se requieren mecanismos que agilicen el trámite legislativo sin sacrificar el debate democrático, regulen el filibusterismo abusivo,
modernicen los procesos de votación, y establezcan consecuencias claras para las conductas obstruccionistas.

UN LLAMADO A LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Las reformas propuestas no son utopías académicas sino necesidades institucionales urgentes. La situación actual de la Asamblea Legislativa no es irreversible. Es posible restaurar la confianza ciudadana si se implementan medidas claras y transparentes que mejoren la calidad legislativa y profesionalicen la función parlamentaria. Como recordaba Norberto Bobbio, la democracia es, ante todo, un conjunto de reglas que determinan quién decide y bajo qué procedimientos se decide. Cuando el Parlamento se
degrada, esas reglas se vuelven letra muerta. Por eso, la ciudadanía no debe resignarse.

Debe exigir una Asamblea que piense, legisle y controle con seriedad, porque la democracia no se hereda, se construye todos los días. El futuro de la democracia costarricense depende de la renovación estructural de sus instituciones, y la Asamblea Legislativa es el lugar donde debe comenzar. Los ciudadanos exigen respuestas y los diputados tienen la obligación de actuar con responsabilidad, dejando atrás el clientelismo político, el espectáculo mediático y la confrontación estéril. La
alternativa (como nos recuerda Montesquieu en el epígrafe de este artículo) es el camino
hacia el despotismo. Porque una democracia no se destruye de golpe. Se descompone poco a poco, desde adentro. Y si no lo entendemos ahora, quizás cuando despertemos ya no haya nada digno que salvar.

M.Sc. Milton Madriz Cedeño
Politólogo, experto en gobernanza y política pública.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Nota editorial – MUNDO ACR

Este artículo corresponde a una columna de opinión firmada.
Las valoraciones, juicios y enfoques expresados pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Su publicación se ampara en el derecho a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege de forma reforzada el debate y la crítica sobre asuntos de interés público y actores políticos.

MUNDO ACR promueve el pluralismo, el análisis crítico y el debate democrático, sin asumir ni adoptar como propias las opiniones de sus colaboradores.

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Costa Rica está viviendo un espectáculo digno de la comedia política más burda, en la que
la oposición se ha convertido en una caricatura de sí misma. No hay debate, no hay propuestas, solo gritos vacíos, ataques de pánico y estrategias de obstrucción. Los partidos tradicionales han dejado de ser los mediadores entre la sociedad y el poder. Han renunciado a su tarea más elemental: ofrecer ideas, identidad, programas claros y, sobre todo, responsabilidad. Como advertía Sartori, sin partidos sólidos, sin doctrinas consistentes, lo que queda es el ruido, la facción y la total quiebra de la representación.

Lo más revelador, sin embargo, es que este desastre ya no se debate en cafés políticos, sino
que se mide en números. Según la encuesta de OPol (5 al 8 de diciembre de 2025, muestra de 2.965 personas, margen de error ±2,24% y 95% de confianza), Laura Fernández lidera con un 38,01% entre los votantes decididos, mientras que el resto de candidaturas queda muy atrás. Álvaro Ramos, por ejemplo, apenas alcanza el 6,12%. Lo más grave es el 32,67% de indecisos, lo que desnuda la carencia absoluta de una propuesta real que entusiasme al electorado. El panel del CIEP UCR (1.759 entrevistas telefónicas, del 19 al 26 de noviembre, error muestral ±2,3%) confirma este escenario. Laura Fernández mantiene su liderazgo con alrededor de un 30%, seguida por Álvaro Ramos con 8%, y los indecisos se acercan al 45%, lo que representa el bloque más grande. A su vez, el estudio de IDESPO UNA refuerza el diagnóstico: la indecisión sigue siendo la tónica dominante, con un 43,9%, mientras que Laura Fernández lidera con un 32,8%.

¿Qué nos dicen estos datos? Que no existe una “oleada opositora”. La mayoría de los costarricenses aún no se deciden, no por falta de alternativas, sino porque lo que la oposición ofrece es lo mismo de siempre, con el añadido de una retórica vacía y oportunista. Este “anti-chavismo” exacerbado y perverso que se ha convertido en su único mensaje no es una estrategia; es una pobreza intelectual absoluta. Reducir la competencia política a un ataque visceral y enfermizo, esperando que la gente lo confunda con un proyecto de Estado, es una trampa peligrosa. Ahora, vayamos por partes, como quien desarma un reloj suizo para entender cómo se construye el fraude.
El PLN, antaño referente de la socialdemocracia, hoy se ha convertido en una franquicia electoral que lucha por sobrevivir en el pasado. Ha olvidado su fundación ideológica (la de la mano con la rosa) y, lo que es peor, su conexión con la ciudadanía. Los escándalos de rechazo a este partido aumentan, y no es para menos: su desprestigio se ha cimentado en la traición de sus propios principios y el desdibuja miento de lo que una vez representó.

El PUSC, que se había erigido como el heredero de una doctrina social cristiana, ha mutado en un club pragmático, que negocia poder sin ningún escrúpulo. En tiempos en que la inseguridad y la alta inflación exigen reformas estructurales, el PUSC se limita a ser un administrador de cuotas, perdiendo completamente el rumbo. El PAC, en su momento una promesa ética, hoy está reducido a un cadáver político. Su historia es la de una caída estrepitosa: comenzó con un supuesto compromiso con la ética y
terminó como una advertencia de lo que sucede cuando la arrogancia intelectual y la falta
de gestión se encuentran.

Por otro lado, el Frente Amplio ha perdido su coherencia ideológica. Lo que alguna vez fue un espacio combativo por los derechos de los trabajadores, ha sucumbido a una agenda cultural importada. Hoy, su “izquierda woke” se ha alejado completamente de los problemas reales de la gente, como la seguridad, la educación y la salud.

Y los libertarios, que se llenan la boca con promesas de reducir el Estado, son tan estatistas
como el resto cuando les conviene. La incoherencia es tal que se les ve más como un
marketing electoral que como un proyecto genuino de libertad. La Asamblea Legislativa se ha convertido en la vitrina de la orfandad política. No hay debate de ideas, solo un espectáculo vacío, donde las fracciones no tienen una propuesta ideológica coherente. En lugar de hacer control democrático, se reduce a una guerra de trincheras, sin un propósito claro.

De cara a 2026, la pregunta no es quién grita más fuerte, sino qué representa realmente cada
partido. Y la respuesta es dolorosa: nada. Son fantasmas de un pasado olvidado que no
tienen ni la capacidad ni la voluntad de ofrecer un futuro para Costa Rica.

Lo que el país necesita es una oposición seria, responsable, con propuestas claras, con
doctrina, con una visión de Estado. No más cascarones vacíos que se creen la alternativa
solo porque odian al adversario. Como bien señalaba Sartori, los partidos son la intermediación entre el pueblo y el poder, pero solo cuando tienen contenido. Lo demás es teatro, y Costa Rica ya ha pagado demasiadas veces por ver la misma obra del Circo de Moras.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

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Este artículo corresponde a una columna de opinión firmada.
Las valoraciones, juicios y enfoques expresados pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

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Los cinco funcionarios que anunciaron su salida el pasado jueves son: Laura Fernández Delgado (Presidencia), Mauricio Batalla Otárola (Obras Públicas y Transportes), Anna Katharina Müller Marín (Educación Pública), Francisco Gamboa (Economía) y Osvaldo Artavia (Instituto de Desarrollo Rural). Este cambio en el Gabinete Ejecutivo ha desencadenado una ola de críticas por parte de los diputados de diferentes bancadas.

Diputados expresan su preocupación por la inestabilidad del Gobierno

Vanessa Castro Mora, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue una de las primeras en reaccionar, asegurando que los jerarcas salientes “se van con una gran deuda con el país”. Castro señaló que los funcionarios no lograron cumplir adecuadamente con sus responsabilidades y lamentó la falta de diálogo con la Asamblea Legislativa.

Por su parte, Óscar Izquierdo Sandí, jefe de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó su preocupación por la inestabilidad que este tipo de movimientos genera, especialmente en el último año de gestión del presidente Chaves. Izquierdo instó a los jerarcas a asumir su responsabilidad en lugar de centrarse en intereses electorales.

Gloria Navas Montero, diputada independiente, no tardó en calificar el anuncio de renuncia como un acto de propaganda política. Aseguró que los jerarcas que dejaron el gobierno no rindieron cuentas de su gestión, y en su lugar ofrecieron solo “mensajes distractores” a la opinión pública.

Críticas a la gestión educativa

Uno de los cambios más comentados fue la salida de la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller Marín, quien recibió duras críticas por parte de varios legisladores. Diego Vargas Rodríguez, jefe de la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), celebró su renuncia, asegurando que la gestión de Müller Marín llevó al país a una crisis educativa. Vargas manifestó que la salida de la jerarca no les causó sorpresa, dado que consideraron su mandato como insuficiente en el ámbito educativo.

El contexto político y las elecciones de 2026

El hecho de que varios de los jerarcas renunciantes estén ligados a proyectos políticos ha aumentado las especulaciones sobre sus intenciones de participar en las elecciones nacionales de 2026. Si bien las autoridades del Gobierno no han confirmado estas versiones, la cercanía con el proceso electoral ha acentuado las críticas sobre el manejo político y las prioridades de la Administración Chaves Robles.

Los diputados opositores, tanto del PUSC, PLN y PLP, han dejado en claro su descontento con la falta de resultados y la inestabilidad generada por estos cambios. A medida que nos acercamos a las elecciones de 2026, será crucial observar cómo estos movimientos afectarán tanto al gobierno como al panorama político de Costa Rica.

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