Los firmantes, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez (candidata a diputada por el Partido Pueblo Soberano) y Roy Thompson Chacón, solicitan al TSE anular la Asamblea Nacional celebrada el pasado 13 de septiembre de 2025.

Las Omisiones que Justifican el Recurso

La gestión presentada por Esquivel y Thompson se dirige también contra tres resoluciones emitidas previamente por el TSE. Los recurrentes sostienen que el órgano electoral está permitiendo el incumplimiento del Artículo 60 del Código Electoral y el Artículo 98 Constitucional.

Los hechos clave presentados se centran en la supuesta omisión de procedimientos internos obligatorios del partido:

• El PLN no habría realizado la asamblea cantonal de San Ramón de Alajuela.
• El PLN tampoco habría llevado a cabo la asamblea provincial de la Provincia de Alajuela.

Los abogados afirman que esta serie de omisiones “implica que no se constituyó la asamblea nacional del partido” de forma válida.

La Diferencia entre Quórum e Integración

Los recurrentes señalan que existe una diferencia legal crucial entre el quórum (el número mínimo de asistentes necesario para sesionar) y la integración (el cumplimiento de los requisitos legales y representativos para conformar la asamblea).

• Sostienen que la Asamblea Nacional no se integró conforme a la ley, pues se omitió la “indispensable participación de los 10 integrantes obligatorios de la Provincia de Alajuela”.
• Aducen que, al no estar designados los miembros de las asambleas de base (cantonales y provinciales), cualquier Asamblea Nacional celebrada acarrea la “nulidad de pleno derecho”.

El recurso cita múltiples resoluciones de la Sala Constitucional que reiteran la obligación de los partidos políticos de respetar los principios democráticos y de participación política, incluso en su estructura interna.

La pretensión final de los ciudadanos es que se anulen tanto la Asamblea Nacional del 13 de septiembre de 2025, como las resoluciones del TSE que, según ellos, son contrarias a los principios constitucionales de democracia representativa y participativa.

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La Asamblea Nacional de Ecuador dio luz verde este martes al proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, una normativa que, según sus defensores, es una herramienta esencial para combatir el crimen organizado y anticipar amenazas a la seguridad del Estado. Sin embargo, su aprobación ha desatado una ola de controversias y preocupaciones en diversos sectores del país.

El proyecto fue respaldado con 77 votos a favor, provenientes principalmente del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), algunos asambleístas del partido indigenista Pachakutik, y legisladores independientes.

Durante la sesión, Inés Alarcón, asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, defendió el proyecto con firmeza. “Esta es una ley conectada con la realidad que vive el país y que resalta la importancia de la obtención de información oportuna y eficaz para evitar que se materialicen hechos terroristas en territorio nacional”, manifestó Alarcón, según una nota de prensa del Parlamento. Con la aprobación de esta ley, Ecuador establecerá “por primera vez” un Sistema Nacional de Inteligencia y siete subsistemas integrados a nivel policial, militar, de análisis financiero y económico, de la Casa Militar Presidencial, tributario, aduanero, penitenciario y de rehabilitación social, además de otros que el presidente Daniel Noboa decida incorporar.

Las Sombras de la Vigilancia: Dudas y Cuestionamientos

A pesar del apoyo oficialista, la normativa ha generado profundas dudas en sectores críticos. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), que votó en contra del proyecto —a excepción del legislador David Arias, quien fue expulsado por su voto—, ya se habían advertido que la ley contiene artículos que implican “espionaje, vulneración de datos personales, filtración legalizada” y que “expone a las y los ciudadanos”.

La asambleísta Victoria Desintonio (RC) fue contundente: “La seguridad del Estado no puede convertirse en excusa para vulnerar la intimidad de la ciudadanía”. En este sentido, destacó puntos clave de la normativa que “permite interceptar comunicaciones y acceder a datos personales sin orden judicial”.

Según Radio Pichincha, que tuvo acceso al documento, la ley faculta a la máxima autoridad del Sistema Nacional de Inteligencia a solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones. Asimismo, obliga a los operadores de servicios de telecomunicaciones a proporcionar al Sistema Nacional de Inteligencia la información requerida para sus actividades, incluyendo datos históricos y en tiempo real de comunicaciones, conexiones de abonados telefónicos, información técnica, informática, y localización de terminales, aunque con un límite de solicitud a un período máximo de cinco años.

El Sistema Nacional de Inteligencia también podrá requerir la entrega y actualización permanente de bases de datos e información a entidades públicas por razones de seguridad integral del Estado, con el fin de identificar y alertar sobre riesgos y amenazas.

Otro punto controvertido es la gestión de los fondos para operaciones de inteligencia. La ley establece un fondo permanente de gastos especiales “cuyo uso no se someterá a las normas previstas en la ley que regla el sistema nacional de contratación pública”. Se especifica que el Contralor General del Estado tendrá la potestad exclusiva de control sobre esos gastos, sin que ninguna otra entidad pueda intervenir en su fiscalización o requerir información. Además, se le otorga a este funcionario la potestad de incinerar la documentación. La normativa también prevé que los servidores públicos que realizan operaciones de inteligencia y contrainteligencia reciban documentos con nueva identidad para proteger su vida, identificación que solo deberán usar en el ejercicio de sus funciones.

“Poderes Omnímodos” y Riesgo para la Privacidad

Para el abogado y analista político Mauro Andino, la aprobación de esta normativa legaliza el espionaje “como instrumento de persecución, chantaje y hostigamiento político”. “La máxima autoridad del sistema de inteligencia -designada por el presidente- tendrá poderes omnímodos para espiar, recopilar y capturar información e interceptar comunicaciones y mensajes, acceder a la lista de abonados y a los registros telefónicos. También podrá exigir a las instituciones públicas las bases de datos que dispongan. Todo esto sin la autorización de un juez”, explicó.

La legisladora Jahiren Noriega (RC) expresó con contundencia: “Hasta acá llegó tu derecho a la privacidad”. A ella se sumó el asambleísta Xavier Lasso, quien señaló que esta ley “plantea un espionaje sin ningún tipo de control” y, además, “implica un retroceso de derechos porque vulnera la privacidad de los ecuatorianos”.

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