El informe de auditoría detalla “múltiples fallos significativos” en la planificación, el uso de recursos y el control interno del CCDRA. La CGR concluye que la gestión del Comité no cumple con los criterios del marco normativo y técnico aplicable, operando sin una “ruta clara” y con “debilidades estructurales”.

Falta de Planificación y Control en la Gestión del CCDRA

Entre los hallazgos más relevantes presentados por el órgano contralor se destaca la ausencia de planificación estratégica y de controles básicos. El Comité no posee un plan institucional ni un diagnóstico que le permita identificar y atender de forma efectiva las necesidades reales del cantón en materia deportiva y recreativa.

Las deficiencias también se extienden a la administración de los espacios deportivos. El CCDRA no ha formalizado convenios de cesión con la Municipalidad sobre las instalaciones que gestiona. Además, carece de planes de mantenimiento y de medidas de seguridad adecuadas. Se verificó que muchas de estas instalaciones se encuentran en deterioro y presentan condiciones inseguras para su uso.

Anomalías en Donaciones y Uso de Recursos Públicos

El informe de la Contraloría también puso en evidencia irregularidades en el manejo de donaciones. En 2023 y 2024, se realizaron 35 donaciones. Un 65% del monto total otorgado, equivalente a ₡13.6 millones, fue entregado a personas físicas u organizaciones que no están autorizadas como beneficiarias según la normativa vigente.

Adicionalmente, no se ejecutaron acciones para verificar si esos recursos donados fueron utilizados para el fin público pretendido, lo que aumenta la preocupación sobre la correcta aplicación de los fondos.

Disposiciones y Plazos para Corregir las Fallas

Ante estos señalamientos, la Contraloría ha emitido una serie de disposiciones con plazos específicos. Estas directrices están dirigidas a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, al Concejo Municipal y a la alcaldesa de Alajuelita.

Se exige la elaboración de normativa interna, la definición de mecanismos de control, la regularización de la situación jurídica de las instalaciones y la aplicación estricta de la legislación vigente en todas las futuras contrataciones. La CGR advierte que, si no se implementan los correctivos, persistirán los riesgos de un uso ineficiente de los recursos, decisiones discrecionales y una oferta limitada de actividades recreativas en un cantón que requiere una intervención institucional efectiva.

Respuesta de las Autoridades de Alajuelita

Sobre los señalamientos, la Municipalidad de Alajuelita indicó que “la institución no se estará refiriendo al tema” y sugirió contactar directamente al presidente del Comité Cantonal de Deportes.

Por su parte, Modesto Alpízar, presidente del CCDRA, afirmó que las actuales autoridades ya están implementando los cambios. Alpízar explicó que los hallazgos de la Contraloría corresponden a un periodo anterior a su toma de posesión, ocurrida “en los últimos meses de año 2024”.

Sobre la falta de uso de Sicop y las donaciones, Alpízar mencionó que los fondos se entregaron a “grupos del cantón que tienen sus proyectos con niños, niñas y jóvenes que hacen una gran labor como una opción para evitar que tomen malas decisiones”. Respecto a la administración de instalaciones, indicó que se están mejorando los controles y la seguridad, aunque señaló que la implementación de cámaras y dispositivos de control está ligada al presupuesto del Comité.

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Un intenso intercambio durante una audiencia entre la regidora Andrea Rudín y Karen Porras, directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), ha puesto en el ojo del huracán el destino de los recursos públicos de esta organización. La polémica central gira en torno al presunto intento de la UNGL de usar fondos públicos para revertir la reforma que frenó la reelección continua de alcaldes. Esta situación genera un debate nacional sobre la transparencia municipal.

Cuestionamientos sobre la Contratación Legal

La discusión se enfoca en un episodio ocurrido alrededor de 2021. En ese momento, la UNGL habría considerado contratar asesoría legal. El objetivo de esta asesoría sería impugnar, ante la Sala Constitucional, el límite a la reelección indefinida de alcaldes.

Según la regidora Andrea Rudín, la contratación no se concretó finalmente. Esto se debió a la presión de diversas voces dentro del sector municipal. Estas voces se opusieron al uso de fondos públicos —provenientes tanto del gobierno central como de aportes municipales— para un recurso de amparo. Rudín argumenta que el uso de dinero para tal fin era improcedente.

La directora de la UNGL, Karen Porras, se defendió afirmando que “al final no se gastó en esa contratación”. No obstante, Rudín y otros actores insisten en que la intención de destinar los recursos sí existió. Atribuyen a la presión interna el hecho de que el gasto se evitara.

Origen y Fiscalización de los Fondos de la UNGL

La UNGL se financia principalmente de dos fuentes. Recibe transferencias del gobierno central, incluyendo parte del impuesto sobre licores. También se sustenta con las cuotas que pagan las municipalidades miembros.

La fiscalización del uso de estos recursos es un tema de debate a nivel nacional. Existe preocupación sobre la pertinencia y transparencia en la aplicación de los fondos asignados a entidades municipales y organismos relacionados como la UNGL.

El Éxodo Municipal y la Postura de San José

Andrea Rudín utilizó el debate para explicar por qué varias municipalidades han decidido dejar la UNGL en los últimos años. Ella citó un creciente descontento. Los municipios disconformes señalan decisiones de la organización y un manejo de intereses que no representan a todos sus integrantes.

En el caso específico de la Municipalidad de San José, Rudín aclaró su permanencia. La capital no ha formalizado su salida debido a la falta de respaldo necesario en el Concejo Municipal. Se requieren al menos seis votos a favor para concretar la desafiliación.

Contexto Legal y Llamado a la Transparencia

En 2021, la iniciativa para revertir la reforma de reelección de alcaldes generó gran controversia en Costa Rica. El tema incluso llegó a la Sala Constitucional, con recursos promovidos por gremios municipales, aunque sin éxito definitivo.

Este debate sobre el posible uso de fondos públicos en acciones legales renueva la discusión sobre la ética y la legalidad. Se busca asegurar una administración responsable de los recursos que provienen de impuestos y aportes municipales.

Este nuevo capítulo enfatiza la importancia de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana. Especialmente en entidades que reciben financiamiento directo del erario y de los gobiernos locales. El objetivo es velar por el interés colectivo y el correcto destino de los recursos.

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