El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública ha establecido una fecha para el inicio del juicio contra el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera y cuatro altos exfuncionarios de su gobierno, en el sonado caso Bancrédito. El debate oral y público comenzará el 26 de febrero de 2027, casi una década después de las supuestas irregularidades. Se espera que el proceso se extienda al menos hasta el 18 de mayo de ese mismo año.

Al exmandatario se le acusa de haber participado en acciones para intentar evitar la quiebra del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) a mediados de su administración. Estas maniobras habrían incluido el traslado de ₡100.000 millones y $50 millones desde el Ministerio de Hacienda hacia el banco estatal entre marzo y abril de 2017, con el objetivo de “salvarlo”. Sin embargo, la vía utilizada para estas transferencias no habría sido la correcta, constituyendo posibles actos ilegales en el ejercicio de la función pública.

Las Acusaciones y los Otros Imputados

Un documento de la División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR) señala presuntas irregularidades entre 2016 y 2018. Estas habrían afectado el flujo de caja del Presupuesto de la República de 2018, poniendo en riesgo compromisos de Hacienda y aumentando el déficit fiscal.

Los otros imputados en esta causa son:

• Helio Fallas Venegas: Entonces vicepresidente y ministro de Hacienda.
• Sergio Alfaro Salas: Exministro de la Presidencia.
• Martha Cubillo Jiménez: Exviceministra de Egresos y extesorera nacional.
• Mauricio Arroyo Rivera: Exsubtesorero nacional, acusado de influencia en contra de la Hacienda Pública y falsedad ideológica.

Según el Ministerio Público, los acusados habrían acordado trasladar dinero de la Tesorería Nacional al extinto banco sin sustento técnico y con una baja posibilidad de retorno. La maniobra buscaba que la entidad pareciera tener liquidez, impidiendo que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decretara su intervención y así evitar un impacto negativo en la imagen del gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Un Largo Camino Judicial

El proceso ha sido extenso. El Ministerio Público presentó la acusación y solicitud de apertura a juicio el 6 de julio de 2023, tras una investigación de aproximadamente seis años.

Luego, transcurrió cerca de un año y medio para la audiencia preliminar, que finalmente autorizó la apertura del juicio a mediados de noviembre. Posteriormente, el Tribunal tardó casi un semestre en fijar la fecha, notificando la calendarización a mediados de junio. Ahora, se deberá esperar otro año y medio para que el juicio inicie.

Marvin Carvajal, abogado defensor en el caso, confirmó la notificación y expresó que, aunque preferían una fecha más cercana, entienden que el Tribunal debe haber buscado evitar conflictos con otros señalamientos. “No cabe duda que esperar tanto tiempo por un juicio es prolongar la angustia de las personas que están sometidas a un proceso”, indicó el jurista, aunque confía en un buen resultado, defendiendo que las decisiones fueron legales y permitieron un cierre ordenado del banco.

Reclamo Económico y Defensa de los Acusados

Además de la causa penal, el expresidente Solís y los otros cuatro exfuncionarios enfrentan un reclamo económico y una posible indemnización de ₡57 millones. Este monto, solicitado por la Procuraduría General de la República mediante una acción civil resarcitoria, corresponde a los supuestos daños causados. Los montos específicos a pagar por cada imputado se definirán en el juicio. El Juzgado aceptó como prueba publicaciones de medios de comunicación de 2021 que evidencian el conocimiento público de las “inversiones” anómalas.

Tras la audiencia preliminar, el expresidente Solís manifestó a CR Hoy que las decisiones tomadas por él y su gabinete fueron “adecuadas y responsables, con la intención de salvaguardar el interés general”. Añadió que acude a rendir cuentas “creyendo firmemente en nuestro sistema de administración de justicia, con toda la libertad y entendiendo que los jueces de la República tienen la integridad para juzgar. Hemos venido a expresar nuestro caso y nuestro descargo de forma absoluta de todas las acusaciones que se han formulado en el caso Bancrédito. Con mucha serenidad y confianza”.

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