El origen de la disputa se remonta al año 2020, cuando exjerarcas de la SAFI pagaron $70 millones por el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), una propiedad en Puntarenas. El negocio ya es objeto de una investigación judicial por presunto sobreprecio, ya que el inmueble, que no estaba completamente construido, se revaloró posteriormente en solo $34,7 millones.

La batalla legal y la protección de los fondos

La Sugeval determinó que el BCR debe asumir la responsabilidad por el daño causado. La orden, que exige al banco utilizar sus fondos propios para la compensación, fue apelada sin éxito ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Ante la negativa del BCR de acatar la resolución, la entidad acudió al Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar una medida cautelar y no realizar el traslado.

El superintendente Tomás Soley expresó a este medio que el banco tiene suficiente información sobre lo que pudo haber ocurrido con la inversión inicial y que el proceso judicial solo prolongará la resolución para los inversionistas afectados. Sugeval, cuya función es proteger a los ahorrantes, rechaza el argumento del BCR de que su orden pone en riesgo fondos públicos. Soley fue enfático al decir que “es imposible echarle el muerto a la Sugeval”, ya que la entidad no administró los recursos en ningún momento.

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La génesis del problema se remonta a 2020, bajo la administración de Carlos Alvarado Quesada, cuando el BCR y su subsidiaria, BCR SAFI, realizaron la compra de una propiedad industrial conocida como Parque Empresarial del Pacífico (PEP). Lo que se vendió como un negocio de alto rendimiento, resultó ser una inversión con fuertes cuestionamientos. Años después, la propiedad, por la que se pagó un valor de $70 millones, ha sido tasada en apenas $34,7 millones, revelando una significativa pérdida de valor.

La exigencia de protección para miles de inversionistas

Ante la evidente afectación al fondo de inversión, la Sugeval intervino para proteger a los inversionistas. El superintendente general de Valores, Tomás Soley, ordenó al BCR compensar la pérdida con fondos propios. La decisión busca resguardar el dinero de miles de costarricenses, ya que el fideicomiso no solo incluye a individuos, sino que los fondos de pensiones tienen una participación superior al 30%.

Sin embargo, el BCR ha rechazado la orden de la Sugeval, dando inicio a una compleja batalla legal. Tras apelar, sin éxito, ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el banco optó por llevar el caso al Tribunal Contencioso Administrativo. Este movimiento, según Soley, prolongará el proceso para los afectados.

Un futuro financiero incierto

La Junta Directiva del BCR ha argumentado que es la orden de la Sugeval la que pone en riesgo los fondos públicos, al obligar al banco a transferir su capital. Esta postura es rechazada por la Sugeval, que insiste en que el riesgo fue creado por la decisión inicial del BCR.

Mientras la disputa legal avanza, los inversionistas afectados han exigido transparencia al BCR para conocer el plan de acción y el futuro de sus fondos. Por ahora, el desenlace del conflicto sigue siendo incierto, dejando en vilo a quienes confiaron su patrimonio en la entidad bancaria.

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Un reciente criterio de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) señala que la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) no ha cumplido diligentemente con sus responsabilidades tras la controvertida compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP). La crítica de la Sugeval se dirige a los actuales funcionarios de la subsidiaria del BCR, y no a quienes aprobaron la compra en 2020.

La entidad reguladora sostiene que, a pesar de las acciones penales y laborales iniciadas por la SAFI, la empresa ha fallado en determinar el costo financiero vinculado a la adquisición de la propiedad. La Sugeval también advierte que la SAFI continúa cobrando intereses y comisiones a los inversionistas, a pesar de las dudas que persisten sobre la operación.

Conassif respalda a Sugeval y confirma la orden

La posición de la Sugeval recibió el respaldo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) a finales de junio de 2025. El Conassif confirmó la orden de la Sugeval a la BCR SAFI, en la que se le exige trasladar $70 millones de fondos propios al fondo de inversión y retirar el Parque Empresarial del Pacífico de su portafolio.

Esta medida se tomó luego de que la Sugeval encontrara que la BCR SAFI pagó $70 millones por una propiedad que posteriormente fue valorada en $34.7 millones. El Conassif señaló que la orden se basa en “elementos objetivos y verificables”, y busca tomar medidas correctivas para proteger a los inversionistas de un perjuicio económico evidente.

BCR SAFI convoca a asamblea para acatar la orden

En respuesta a la resolución, la BCR SAFI ha convocado a una asamblea extraordinaria de inversionistas para el 26 de septiembre de 2025. En esta reunión, la compañía presentará un plan de regularización del fondo, tal como lo ordenó la Sugeval.

El plan, que debe ser acatado por la entidad pública y su subsidiaria, incluye la salida del activo PEP, la reducción de la deuda del fondo mediante los nuevos fondos aportados por la SAFI y el BCR, y la asunción de todos los costos financieros derivados de la compra. Este encuentro busca informar a los inversionistas sobre los pasos a seguir y los plazos estimados para resolver la situación.

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