El constitucionalista Dr. Fabián Volio ha señalado en una entrevista en [CRC ochenta y nueve punto uno radio y cadena radial costarricense, El programa Alto Voltaje] que el procedimiento que el TSE ha utilizado para sancionar a todos los funcionarios públicos desde 2016 es cuestionable y podría ser anulado por completo.

La defensa: El primer paso para el presidente

Volio enfatiza que la primera línea de defensa para el Presidente (o para cualquier otra persona en el futuro) es una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento que creó la Sección Especializada del TSE.

Según el experto, un recurso ante la Sala Constitucional debería pedir dos cosas clave para poner “bola al centro” y anular el proceso:

1. Anulación del Reglamento: Que la Sala declare que el TSE no tenía autoridad para crear ese “tribunal de primera instancia” dentro de su estructura por medio de un reglamento.
2. Inexistencia de la Norma: Que declare que la figura de la beligerancia política no es un delito desarrollado y, por lo tanto, no se puede usar para sancionar ni destituir.

El riesgo que corre el TSE (El efecto retroactivo)

El Dr. Volio fue enfático al señalar la grave consecuencia de una posible anulación del reglamento del TSE, un riesgo que la institución ha asumido por su proceder:

“Cuando se ha publicado un reglamento con el que se juzgó a 20 o 30, no sé cuántas personas, y ese reglamento es anulado, la anulación tiene efecto retroactivo.”

Esto significa que, si la Sala Constitucional anula el reglamento del 2016 que creó el tribunal interno, TODAS las sanciones que el TSE impuso a otros funcionarios públicos por beligerancia desde ese año quedarían anuladas.

El experto advierte que esto abre un precedente jurídico masivo: “todos los sancionados tienen derecho al recurso de revisión para anular todas las sanciones… y pedir los daños y perjuicios correspondientes.”

La Asamblea: La última trinchera de la constitución

Finalmente, Volio insistió en que la Asamblea Legislativa debe evitar “el golpe de Estado que quiere dar el Tribunal Supremo de Elecciones.”

El Dr. Volio propone que la Asamblea debe negarse a hacerle el juego al TSE y, en cambio:

• Trasladar el Asunto a la Corte: Enviar el caso a la Corte Suprema de Justicia para que se inicie el procedimiento penal previsto (aunque el delito no exista).
• Plantear Conflicto de Competencias: Enviar el caso a la Sala Constitucional para que decida, como árbitro de los conflictos constitucionales, quién tiene la competencia para juzgar al Presidente.

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Quirós se refirió a la explicación previa del jurista Andrei Cambronero sobre un caso de 1995, y resaltó que la diferencia de criterios se debe a la ruptura del equilibrio legal que existió por 57 años.

La beligerancia política y el sistema de 1952-2009

El análisis explica que entre 1952 y 2009, el Código Electoral reguló la beligerancia política bajo un diseño coherente:

1. Prohibición Expresa: La conducta estaba prohibida por el artículo 88.
2. Sanción Penal: La violación era tipificada con una sanción penal de inhabilitación (artículo 152 y posteriores).
3. Competencia Judicial: La autoridad competente para imponer la sanción era de los tribunales penales, siguiendo la ruta del artículo 121.9 de la Constitución para funcionarios con inmunidad.

Quirós asegura que este modelo era compatible con la Constitución y cumplía con el estándar de la Convención Americana.

Crítica a la Sentencia 38-96 del TSE

El analista cuestiona el uso de la Sentencia 38-96 por parte del TSE como fundamento de su actuación. Quirós afirma que esta resolución no tiene ninguna relación con la beligerancia política.

Según el análisis, en 1996 la beligerancia era un delito, por lo que el TSE no podía “asumir” una competencia que la ley asignaba a otro Poder del Estado. La sentencia trataba sobre un vacío legal distinto (incompatibilidades de diputados).

Quirós puntualiza que, meses después de ese fallo, la Asamblea Legislativa reformó el Código Electoral y reafirmó que la sanción por beligerancia era penal y la competencia correspondía a los tribunales.

El “Paciente Cero”: La reforma de 2009

El analista ubica el origen del conflicto actual en la reforma legislativa de 2009, la cual despenalizó la beligerancia y la convirtió en un ilícito electoral-administrativo.

Esta reforma generó, según Quirós, dos conflictos cruciales con la Constitución:

1. Conflicto con la Inmunidad (Art. 121.9): Al no ser una falta penal, el artículo 270 del nuevo Código pide a la Asamblea levantar la inmunidad para una falta que ya no es competencia exclusiva de la “formación de causa penal”.
2. Conflicto con la Competencia del TSE (Art. 102.5): La ley otorga al TSE una potestad de sancionar que la Constitución limita a “dar cuenta a la Asamblea Legislativa” en estos casos específicos.

Quirós concluye que la solución no es forzar la Constitución, sino reformar la ley para que vuelva a respetar los límites constitucionales.

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El pronunciamiento se centra en la jerarquía de las normas en el ordenamiento jurídico costarricense, señalando que la Constitución Política prevalece sobre las leyes y reglamentos. Vargas solicitó a los magistrados del TSE “recapacitar” para evitar un precedente que considera riesgoso para la democracia.

La Constitución: “Formación de Causa Penal, ninguna otra”

El diputado subrayó que el mecanismo para levantar el fuero presidencial está limitado por el texto constitucional.

• Artículo 151 (Inmunidad Presidencial): El diputado citó la norma que indica que el presidente solo podrá ser perseguido o juzgado después de que la Asamblea Legislativa haya declarado “haber lugar a formación de causa penal, ninguna otra”.
• Artículo 121 (Asamblea Legislativa): Mencionó los incisos 9 y 10 que establecen el mecanismo para la remoción de fuero a miembros de los supremos poderes únicamente en el marco de delitos comunes.

Vargas afirmó categóricamente que la beligerancia política “no está tipificada como delito en nuestro ordenamiento jurídico” y, por lo tanto, no cumple con el requisito constitucional para iniciar el proceso de desafuero.

Límite al TSE: Solo potestad de “informar”

El pronunciamiento plantea un conflicto directo entre la potestad que el TSE se arroga mediante el Código Electoral y lo que establece la Constitución.

El diputado hizo referencia al inciso 5) del artículo 102 de la Constitución, que circunscribe la potestad del TSE exclusivamente a la posibilidad de presentar un informe a la Asamblea Legislativa ante denuncias de beligerancia presentadas por partidos políticos.

Vargas denunció que el uso de este “ilícito, no delito” podría usarse para “finalmente y sin fundamento, y muy probablemente, destituir al Señor Presidente”.

Finalmente, el diputado advirtió que abrir esta “puerta” sentaría un precedente peligroso para que futuros magistrados puedan “quitarse de enmedio miembros de los supremos poderes que les incomoden”.

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Villalobos, quien también se desempeña como abogado, indicó que el TSE quiere sancionar al presidente por dos razones:

1. Usar el “pin del jaguar”.
2. Expresar públicamente su deseo de que el partido mayoritario tenga “38 o 40 diputados” en el próximo Congreso.

“Histrionismo y estulticia”

El candidato argumentó que las razones no justifican una causa legal. Señaló que al momento de usar el pin, no existía un partido registrado con el logo del jaguar y que “es evidente que todos los partidos desean tener una mayoría calificada en la Asamblea”.

Para el abogado, la pretensión de abrir una causa por estas razones es “histrionismo, estulticia, mala fe y persecución política”.

“El pueblo es más listo de lo que cree la clase política y no permitiremos que el TSE use su poder para perseguir al presidente de la República”, concluyó Villalobos, añadiendo que defender estas acciones es propio de “malandrines”.

El mensaje de Villalobos ocurre poco después de que la abogada Sonia Sandí y la dirigente Rocío Ramírez confirmaran que el TSE había admitido y acumulado cerca de 15 denuncias por beligerancia política contra el presidente Chaves, lo que motivó la solicitud de levantamiento de inmunidad.

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