Ramírez señala que la acción del TSE ha provocado una “gravísima e inédita crisis entre poderes” al intervenir en el proceso político por “hechos absolutamente intrascendentes” que contravienen la Constitución.

La crítica del analista, emitida en video, se centra en la fragilidad de los argumentos legales utilizados por el Tribunal:

1. Vulneración Constitucional: Según Ramírez, la acción del TSE constituye una “violación flagrante de la Constitución”, al intentar crear un procedimiento de destitución o desafuero sin el debido sustento.
2. Desmantelamiento de la “Beligerancia”: El experto cuestiona el uso del término “beligerancia”, indicando que la palabra “no está en ningún artículo de la Constitución ni en el Código Electoral”. Recalca que esta palabra posee una “precisa connotación bélica” que no tiene relación con la parcialidad política.
3. Ilícito Administrativo: Ramírez enfatiza que la parcialidad política en la legislación electoral costarricense “no es un delito”, sino un “ilícito de naturaleza administrativa”.

El analista concluye que la acción del Tribunal es una “insensatez” y un “desvarío”, y señala que “lo bueno” o “lo único bueno de esta insensatez” es que obligará al país a discutir y “eliminar del cuajo” algunas “aberraciones” del sistema electoral costarricense.

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La consulta se enmarca en el expediente legislativo N.° 25.230, generado por la solicitud del TSE al Congreso para remoción del fuero presidencial por presuntos actos de beligerancia política.

El debate entre la Constitución y el Código Electoral

El documento, fechado el 9 de octubre de 2025, plantea que, si bien el TSE sostiene que el artículo 270 del Código Electoral le otorga la competencia para actuar como juez electoral y definir sanciones (pérdida de credencial o inhabilitación) por casos de beligerancia, existe una aparente limitación expresa en la Constitución Política.

Cisneros alega que el inciso 5) del artículo 102 constitucional indica que al TSE solo le compete informar a la Asamblea Legislativa.

El texto señala que la Asamblea Legislativa “no tiene, ni constitucional ni reglamentariamente, dispuesto procedimiento alguno para levantamiento del fuero del Presidente sino es por casos de delitos comunes”. La diputada concluye que esta norma se constituye en un límite expreso a la actuación del TSE.

Las preguntas centrales de la diputada

La consulta formula varias preguntas específicas que buscan clarificar las normas de rango constitucional que legitiman la actuación del TSE y la competencia del Congreso en este proceso.

Entre las interrogantes planteadas, se encuentran:

• ¿Cuál es la norma constitucional que dispone y legitima la competencia del Tribunal para solicitar el levantamiento del fuero al Presidente por presuntos actos de beligerancia?
• ¿Puede el TSE vía interpretación de norma expresa constitucional (art. 102 inc. 5) arrogarse competencias de relación entre poderes, con sustento únicamente en una norma de rango legal (el Código Electoral) que excede lo constitucionalmente dispuesto?
• ¿Cuál es la norma competencial concreta y específica de rango constitucional que faculta a la Asamblea Legislativa para abrir un procedimiento de remoción de fuero contra el presidente de la República en casos que no constituyan la comisión de un delito?
• ¿La beligerancia jurídica es considerada un delito o una falta electoral por el TSE?

Finalmente, Cisneros solicitó al Tribunal indicar cuántos expresidentes y diputados fueron investigados por beligerancia en los últimos 20 años y cuáles fueron las sanciones interpuestas.

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