La televisora, a través de Rodolfo Brenes, afirmó que el verdadero objetivo del Gobierno no es el dinero, sino atacar a un medio por ser “libre e independiente”.

El conflicto se centra en el canon de frecuencias Costa Rica, el pago anual que las empresas de comunicación hacen al Estado por el uso de las frecuencias.

Canal 7 manifestó que todas las televisoras y radios del país, incluyendo a Repretel, Trivisión y OPA, pagan el mismo monto de canon. Por ello, la empresa sostiene que el ataque del Gobierno es una excusa.

La Televisora de Costa Rica también abordó el proceso de subasta de las frecuencias de radio y televisión.

Canal 7 desmintió que la subasta sea un mérito del actual Gobierno. Afirmaron que es una obligación legal que debe cumplirse debido al vencimiento de las concesiones, según la Ley General de Telecomunicaciones.

La empresa acusó al Gobierno de ineficiencia, pues la subasta pudo haberse realizado antes del 2024.

Canal 7 confirmó que participará en el proceso ante SUTEL. Celebran que este concurso ponga fin a las amenazas de un posible “apagón” de la radio y la televisión.

La empresa negó rotundamente cualquier insinuación de “favores” o “arreglos por debajo de la mesa”.

Canal 7 aseguró que obtuvieron su concesión de forma legal y han operado siempre “en estricto apego a la ley”. La empresa concluyó retando a la Ministra del MICITT: si conoce algún acto ilegal, tiene la obligación pública de denunciarlo sin miedo.

La reacción en redes sociales

El comunicado generó fuerte rechazo en redes sociales. Los usuarios cuestionaron a la empresa, comparando el bajo canon que, según ellos, se paga, con los altos ingresos publicitarios.

Los comentarios de los usuarios se resumen en dos puntos críticos:

• Crítica al Canon: Los usuarios señalaron que la televisora paga cerca de ₡600 mil colones por año de canon.
• Costo Publicitario: Esto contrasta con los ₡2 millones o más que, según afirman, cobra Canal 7 por un anuncio de 30 segundos.

Usuarios en las plataformas sociales calificaron a la empresa de “corruptos” y aseguraron que llevan “70 años robando al pueblo“. La empresa deberá “pagar lo que realmente corresponde“, según los comentarios en línea.

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La reciente denuncia penal presentada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, contra dos periodistas de Canal 7 ha generado una ola de comentarios, debates y dudas legales sobre la protección de la privacidad en la era digital.

El conflicto surgió luego de que los comunicadores Álvaro Sánchez Córdoba y Christian Montero Ulate compartieran en sus redes sociales personales el número telefónico del mandatario. Esta acción fue denunciada como una violación a la privacidad y está siendo analizada bajo el marco del Código Penal costarricense.

📘 ¿Qué dice la legislación costarricense?

Según el artículo 196, párrafo segundo del Código Penal, divulgar información privada sin autorización puede constituir un delito penal, sancionado con prisión de uno a tres años. En este caso, el número de teléfono personal del presidente se considera un dato sensible y de acceso restringido, según la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB).

Sin embargo, aunque la norma es clara, la aplicación práctica del castigo suele tomar un camino menos severo.

⚖️ ¿Van a terminar tras las rejas?

Según el abogado penalista Eduardo Blanco, entrevistado por el medio El Mundo, la posibilidad de que los periodistas enfrenten prisión efectiva es prácticamente nula.

Esto se debe a que, al tratarse de un delito con pena menor a tres años, la ley permite opciones procesales como:

• Conciliación entre las partes (art. 36 del Código Procesal Penal).
• Proceso abreviado (art. 373).
• Ejecución condicional de la pena (art. 59 del Código Penal), siempre que no existan antecedentes penales.

En palabras del experto: “La pena más probable sería mínima, y en ese caso se ejecutaría de forma condicional”. Es decir, sin ingreso a prisión.

🏛️ Posición institucional y contexto mediático

La situación provocó reacciones dentro de Televisora de Costa Rica. Tanto el presidente del canal, René Picado, como el director de Telenoticias, Ignacio Santos, solicitaron una reunión con el presidente Chaves. En un comunicado oficial, Teletica subrayó que la publicación fue realizada en perfiles personales y que la empresa no tiene control ni responsabilidad sobre el contenido publicado por sus colaboradores fuera del ámbito profesional.

Por su parte, la PRODHAB respaldó al Gobierno, indicando que incluso tratándose de figuras públicas, los datos personales como un número telefónico deben resguardarse legalmente.

📌 Conclusión

Aunque el caso está en manos del sistema judicial, todo indica que los implicados enfrentarán un proceso sin mayores repercusiones penales. Aun así, el incidente abre un debate crucial sobre los límites entre la privacidad y el interés público, especialmente cuando los hechos ocurren en plataformas digitales de uso personal.

🔎 ¿Hasta dónde llega el derecho a informar? ¿Y cuándo se cruza la línea de lo personal?

El juicio todavía no ha empezado, pero la discusión pública ya está más que encendida 🔥.

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En medio de la controversia generada por la reciente filtración del número de teléfono del presidente Rodrigo Chaves por parte de un periodista de Canal 7, la exministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, rompió el silencio para recordar un episodio personal en el que, según afirma, vivió una situación similar a manos del mismo medio y, específicamente, del director de Telenoticias, Ignacio Santos.

Chacón utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo y sin rodeos. “Don Ignacio, yo esperaba nunca más referirme al tema, pero escuchando su versión y la carta de respuesta por la denuncia de seguir con esas mañitas de ventilar telefonía privada, le recuerdo que hace 2 años y medio usted hizo lo mismo conmigo”, señaló la exministra.

La denuncia no se queda en el ámbito personal. Chacón afirma que no solo fue expuesta ella, sino también su familia e incluso su correo electrónico, lo cual —según su testimonio— sucedió en un momento sumamente delicado: la pérdida de su madre. “Usando la plataforma del canal en un momento inhumano para cualquier hija que pierde a su mamá le digo que el karma existe”, escribió.

La exjerarca criticó lo que considera una actitud hipócrita por parte de Santos, especialmente por haber responsabilizado a sus subalternos en lugar de asumir una posición autocrítica. “Si el jefe hace estas cosas, ¿cómo no van a seguir los subalternos?”, cuestionó.

Chacón, quien dejó la política activa, fue clara en que su pronunciamiento no responde a un ataque personal ni a la defensa de terceros. Sin embargo, expresó que no podía quedarse callada ante lo que considera una nueva muestra de manipulación y falta de ética en el manejo de información privada.

“Esto no es personal, pero ahora fuera de la política puede que no esté a favor de algunos temas, pero tolerar esto no, y no”, concluyó.

Este nuevo episodio revive un debate constante en el país: la responsabilidad de los medios de comunicación, la protección de la privacidad y el impacto de la información publicada en la vida de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de figuras públicas.

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