La Fiscalía convierte una amenaza de Estado en un “reality” de víctimas…

Una amenaza contra la vida del Presidente de la República no es un tema de tertulia. Es una alarma de Estado. Ayer 13 de enero, la DIS llevó al Ministerio Público una denuncia sobre un supuesto plan para atentar contra Rodrigo Chaves. En menos de 12 horas, el país ya discutía nombres, capturas de pantalla y versiones contradictorias. Esa velocidad no es señal de eficiencia. Es, más bien, la marca de una investigación expuesta, y eso es justamente lo que no debería ocurrir.

Hechos ya confirmados por prensa.

Los medios nacionales coinciden en tres puntos. Primero, existe un expediente abierto en Fiscalía General a partir de la denuncia de la DIS. Segundo, la Fiscalía ha confirmado que hay personas bajo investigación y que el expediente se amplió. Tercero, parte del material atribuido a la denuncia circuló públicamente, incluso en televisión, lo cual alimentó una narrativa de espectáculo antes de que el caso alcance la madurez mínima que exige una investigación penal seria.

Al 14 de enero por la tarde, prensa nacional reportó que al menos seis personas figuran en la investigación, con delitos denunciados como tentativa de homicidio y conspiración. Paralelamente, algunas de las personas señaladas se apersonaron a la Fiscalía para dar declaraciones o presentar denuncias propias, en un giro predecible (convertir la condición de investigado en show de victimización).

La ley exige reserva y el sistema exige prioridad.

El Código Procesal Penal no deja margen para la improvisación. La investigación preparatoria no es pública para terceros y existe un deber de secreto para quienes, por cualquier motivo, conozcan las actuaciones. Esa reserva no es un lujo formalista. Es una condición técnica de eficacia. Si la prueba se filtra, la evidencia se contamina, los teléfonos se limpian, los chats se borran y los planes se adaptan.

Además, la gravedad es objetiva. El Código Penal agrava el homicidio cuando la víctima es miembro de los Supremos Poderes en razón de sus funciones. No hay un bien jurídico más obvio que proteger. La vida del Jefe de Estado no compite en la fila con casos menores. Si el Estado no puede reaccionar con rigor cuando se amenaza al máximo representante del Poder Ejecutivo, el problema no es de presupuesto. Es de voluntad y de dirección.

Carlo Díaz y la tentación del protagonismo.

En ese contexto, resulta francamente imprudente que el fiscal general Carlo Díaz haya salido a dar declaraciones que, según reportes, incluían perfiles y valoraciones sobre el caso el mismo día en que inicia. Un fiscal general no está para narrar expedientes, sino para conducirlos. Cuando el jefe del Ministerio Público convierte una denuncia de seguridad nacional en un tema de micrófonos, envía el peor mensaje posible (que la prioridad es controlar el relato, no blindar la prueba).

La consecuencia es inmediata. Con declaraciones y filtraciones, los investigados reciben alerta temprana y margen para coordinarse, borrar rastros o construir coartadas públicas. A la vez, se instala un guión de víctimas. En cuestión de horas, hubo conferencias, solidaridades políticas y acusaciones de persecución. Ese teatro es rentable para quien busca capital político, pero es tóxico para la investigación y peligroso para la seguridad del país.

La pregunta que no se puede esquivar.

Al cierre de esta columna, no se ha informado públicamente de allanamientos, secuestro de dispositivos o medidas cautelares. Es posible que existan diligencias bajo reserva. Perfecto. Eso es lo normal. Lo anormal es que el expediente parezca reservado para la ciudadanía y sorprendentemente poroso para la filtración. Si el material llegó a manos de terceros, alguien dentro del sistema falló. Y la responsabilidad política de ese fallo recae en la jefatura del Ministerio Público.

El país entra a una campaña electoral donde, según una encuesta divulgada hoy por medios nacionales, Laura Fernández aparece liderando la intención de voto. En ese clima, una amenaza al Presidente se convierte en munición para quienes quieren deslegitimar al Gobierno y, a la vez, en prueba de fuego para el Poder Judicial. La institución que pierde credibilidad no es Casa Presidencial. Es la Fiscalía, si insiste en el guión de selectividad, silencio operativo y protagonismo declarativo.

En suma, la exigencia ciudadana es simple. Reserva real, diligencia visible en resultados, y castigo interno a la filtración. El fiscal general debe entender que en este tipo de casos el error no es un mal titular. Es una vida en riesgo y un Estado debilitado. Si el Ministerio Público quiere recuperar confianza, el camino no es la conferencia. Es el expediente trabajando en serio.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

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La Fiscalía General solicitó a la Sala Tercera, desde el 18 de setiembre, la desestimación de la causa 23-000065-0033-PE, que tramitaba contra los diputados independientes Johanna Obando y Luis Diego Vargas, y que mencionaba al empresario José Luis Liu Paniagua.

Origen y ausencia de indicios

La investigación se inició por un reporte confidencial del Centro de Información Confidencial (CICO) del OIJ. El reporte alegaba que Liu Paniagua (identificado también como “Bayron”) había financiado las campañas de los diputados con $25 millones provenientes del crimen organizado desde Colombia.

Sin embargo, el Ministerio Público consultó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para verificar el origen de los fondos. El TSE descartó que José Luis Liu Paniagua se hubiese registrado como financista del Partido Liberal Progresista (PLP), agrupación a la que pertenecían los diputados en ese momento.

Causa del empresario también desestimada

Respecto al empresario, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales investigó a Liu Paniagua en la causa 23-000064-0033-PE, la cual fue remitida al Juzgado Penal de San José con solicitud de desestimación en noviembre de 2024.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concluyó que las diligencias establecieron la “ausencia de indicios” consecuentes a acciones típicas de legitimación de capitales. Además, el análisis señaló que los movimientos migratorios de Liu Paniagua, con pocos viajes a Colombia y Nicaragua, no reflejaban un comportamiento habitual en personas dedicadas al crimen organizado, según el expediente judicial. La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico confirmó no registrar procesos contra esta persona.

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El fracaso de la votación en la Asamblea Legislativa para levantar el fuero presidencial del mandatario Rodrigo Chaves abrió un debate que el Fiscal Adjunto Carlo Díaz no dudó en internacionalizar. Tras el revés, Díaz no habló con medios nacionales, sino que apareció en la cadena CNN. Su declaración fue directa: la negativa al desafuero “fue una decisión política.”

Esta jugada de comunicación, más que un simple acto de informar, fue una estrategia audaz que buscó legitimidad global, pero que desató serios cuestionamientos sobre la imparcialidad.

“Fue una Decisión Política”.

La entrevista en CNN con Fernando del Rincón se centró en la esencia de la derrota legislativa. El Fiscal Díaz fue contundente: aunque afirmó ser respetuoso de la decisión de la Asamblea, aseguró que esta fue, en el fondo, “política para evitar que el mandatario en ejercicio sea juzgado” por el presunto delito de concusión.

Esta declaración tiene un doble filo:

1. Presión al Legislativo: Es una crítica frontal y pública a los 21 diputados que votaron en contra, acusándolos implícitamente de priorizar la política sobre la justicia.
2. Ratificación de la Causa: Al mismo tiempo, el Fiscal afirmó que la investigación continuará, reforzando que la derrota en el plenario no es el fin del proceso legal.

La aparición de Díaz en un medio internacional es una táctica de mitigación de daños y una búsqueda por el prestigio ante su imagen desgastada en la opinión pública nacional.

• Internacionalización: Al hablar con CNN, el caso se eleva de un “pleito local” a un tema de interés regional sobre el Estado de Derecho, ejerciendo presión sobre las esferas de poder nacionales.
• Desvío del Foco: En una cadena internacional, el Fiscal evita el escrutinio local sobre su propia gestión, permitiéndole presentarse como el defensor de la ley que persevera, desviando la atención de los cuestionamientos internos.

Percepción de Sesgo.

La decisión del Fiscal vino con un alto costo de credibilidad, especialmente ante el lector costarricense que demanda equilibrio.

• La Carga de Del Rincón: La elección de Fernando del Rincón, conocido por su estilo confrontativo, alineó al Fiscal con una postura crítica, lo que es visto por muchos como una estrategia política más que un acto de imparcialidad legal.
• La Cuestión del Equilibrio: La falta de una voz de la otra parte (el Presidente o su vocero, quienes han negado los cargos y alegado persecución política) fue el punto más débil de la jugada. La ausencia de un derecho a réplica transformó la entrevista de CNN en un ataque político unilateral, erosionando la credibilidad del Fiscal como un actor puramente imparcial.

La jugada de Díaz fue una respuesta desesperada ante una derrota política. Buscó la autoridad global de CNN para legitimar su posición ante una derrota local.

No obstante, al optar por una plataforma internacional cuestionada y al presentarse sin una voz de la contraparte, el Fiscal corre el riesgo de que el público local no perciba esta acción como una defensa de la legalidad, sino como una táctica política para evadir la rendición de cuentas ante su propio país.

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Un nuevo capítulo de tensión se ha abierto en el ámbito judicial y político de Costa Rica. El diputado independiente Gilbert Jiménez ha oficializado una denuncia penal contra el Fiscal General, Carlo Díaz. Esta acción legal surge como respuesta a una investigación que el propio Díaz instruyó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciar contra el legislador.

El motivo de la controversia es un reciente contacto que Jiménez mantuvo con la pareja de un abogado cuya figura está ligada a Celso Gamboa Sánchez, un exministro actualmente en proceso de extradición a Estados Unidos por cargos de tráfico internacional de drogas.

Desde su espacio de control político, el diputado Jiménez no dudó en expresar su firme postura: “El día de hoy he presentado denuncia formal ante los Tribunales de Justicia, con el número 7707-2025, denunciando al señor Carlo Díaz”. Dirigiéndose directamente al Fiscal General, Jiménez añadió: “Señor Fiscal General, yo creo que uno tiene que tener un poquito de dignidad y señoría. No dejarse ir por ese tipo de mentiras y, mucho menos, ceder a presiones de esa índole que nada ayudan a la institucionalidad”.

El legislador defendió su accionar, minimizando el encuentro que desató la polémica. “Ahora resulta que no puedo saludar a una persona conocida”, manifestó, insistiendo en que su interacción se limitó a un simple saludo.

El Corazón del Caso: Un Encuentro en un Restaurante

La cadena de eventos que llevó a esta denuncia inició con una publicación del medio Portavoz este lunes. Dicho reporte reveló que el diputado Jiménez se había reunido con una mujer. Esta persona mantiene una relación sentimental con el abogado Agustín Corrales Chavarría, conocido por ser socio de Celso Gamboa y mencionado en expedientes penales vinculados a actividades de narcotráfico.

El encuentro, que ahora está bajo el escrutinio de las autoridades, tuvo lugar en el restaurante Hacienda Salitrillos, en Aserrí. Curiosamente, este local es propiedad del mismo abogado Corrales.

Demanda de Transparencia y la Firmeza del Diputado

La situación ha resonado en el Plenario Legislativo. Varios diputados, miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, presentaron una moción para que Jiménez brindara explicaciones detalladas sobre lo ocurrido. En la audiencia correspondiente, el legislador sostuvo su versión: la mujer era una conocida, le compartió una situación personal y su interacción duró, según su relato, apenas tres minutos.

A pesar de las solicitudes de algunos de sus colegas para que dejara la presidencia de la comisión legislativa, Jiménez fue enfático en su decisión de mantenerse en el cargo. “Jamás voy a aceptar que se me juzgue, que se me venga a sentenciar y que se presuma una situación irregular donde no la hay”, declaró. El diputado argumentó que ceder a esa petición podría interpretarse como un indicio de culpabilidad o de algo que ocultar. “Y yo no tengo que ver, ni mucho menos. Y seguiré en la presidencia (de la comisión) como corresponda”, concluyó, reafirmando su postura de no dimitir.

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