La diputada electa Claudia Dobles solicitó explicaciones al Gobierno por la revocatoria de visas a miembros de la junta directiva de La Nación y planteó preocupación por el posible impacto del caso sobre la libertad de prensa.

Su oficio, dirigido a Casa Presidencial y Cancillería, incluso consulta si existió algún tipo de gestión del Gobierno costarricense ante autoridades estadounidenses que pudiera haber incidido en la decisión.

Sin embargo, su intervención no cayó en terreno neutral.

La postura de Dobles reabrió de inmediato un debate político que trasciende el retiro de visas, la histórica relación entre el PAC y Grupo Nación durante la administración de Carlos Alvarado, gobierno en el que ella fungió como primera dama.

Y es que el tema no surge en el vacío.

Durante esa administración, figuras del propio entorno oficialista llegaron a lanzar denuncias públicas sobre presuntas dinámicas de influencia política vinculadas a cobertura mediática.

Una de las más recordadas fue la de la entonces diputada independiente Paola Vega, exintegrante del PAC, quien afirmó en 2021 que desde Casa Presidencial se habrían movido negociaciones políticas donde el respaldo legislativo de diputados se relacionaba con beneficios territoriales y hasta con supuestas gestiones para obtener portadas favorables en Grupo Nación.

Aquellas declaraciones generaron amplio debate político sobre la relación entre poder político y poder mediático, aunque nunca derivaron en una resolución judicial concluyente.

A eso se sumó otro episodio altamente cuestionado: el convenio de cooperación entre Incofer y Grupo Nación durante el proyecto del Tren Eléctrico Metropolitano.

Dicho acuerdo incorporó el trazado hacia el sector de Parque Viva, propiedad de Grupo Nación, dentro de la planificación ferroviaria, en medio de cuestionamientos por el aumento posterior en el costo global del proyecto.

Ese contexto explica por qué el pronunciamiento de Dobles no es leído por todos como una simple defensa institucional de principios democráticos.

Para sectores críticos, su intervención revive inevitablemente el debate sobre si existe una preocupación puramente institucional por la libertad de prensa o si el caso reactiva viejas cercanías políticas con un conglomerado mediático que durante años ha sido señalado por sus vínculos e influencia dentro de las estructuras de poder.

Nada de esto prueba por sí mismo motivaciones ocultas.

Pero en política, la credibilidad de quien habla también depende de su historial, su contexto y sus relaciones previas.

Y cuando una figura vinculada a una administración marcada por cuestionamientos sobre su cercanía con un grupo mediático sale a encabezar su defensa pública en un momento de alta tensión política, las preguntas no tardan en aparecer.

El debate de fondo, entonces, ya no gira únicamente sobre la visa de directivos de un medio.

También gira sobre quién habla, desde qué historial habla… y con qué credibilidad.

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Este 8 de enero de 2026, Carlos Alvarado publicó un video para “regañar” al presidente Rodrigo Chaves y, de paso, pedir perdón por haberlo nombrado ministro de Hacienda. El gesto no es nuevo. Es el viejo truco del político en retirada: cuando el balance de su gobierno lo persigue, intenta reescribirlo con un monólogo moralizante y un par de frases bien ensayadas para redes.

Pero la política no es un escenario para confesiones terapéuticas. Es un registro público de decisiones y resultados. Y en ese registro, Carlos Alvarado no aparece como árbitro moral de nada. Aparece como un expresidente que terminó su mandato con una percepción ciudadana adversa y con un país cansado de un estilo de gobierno que confundió “gestión” con “control” y “comunicación” con “realidad”.

Empecemos por lo elemental: la autoridad para pontificar no se declara, se gana. En marzo de 2022, mediciones del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR) reportaron que la administración Alvarado se acercaba al cierre con una mayoría de opiniones negativas. En paralelo, una encuesta del IDESPO (UNA) consignó una valoración promedio de 5,03, una nota “media-baja” para un gobierno que pretendía presentarse como moderno, técnico y superior. Eso no es un detalle cosmético. Es el veredicto social de un cuatrienio.

Ahora miremos el país real que ese cuatrienio dejó. En materia social, la pobreza por ingresos saltó a 26,2% en 2020 (un año crítico, sí, pero también un año de decisiones). En 2021 bajó a 23,0%, todavía con casi uno de cada cuatro hogares en pobreza. En empleo, el INEC reportó una tasa de desempleo nacional de 19,1% a inicios de 2021. La pandemia golpeó, sin duda. Lo imperdonable fue la manera en que el gobierno administró la crisis: con un aparato regulatorio pesado, cambiando reglas, imponiendo controles y comunicando “éxitos” mientras el ciudadano promedio intentaba sobrevivir entre cierres, trámites, incertidumbre y un mercado laboral en ruinas.

En finanzas públicas, Alvarado quiso vestir de heroísmo lo que fue, en buena parte, un ejercicio de supervivencia política. En octubre de 2020 el país ardió en protestas y bloqueos por la propuesta inicial de negociación con el FMI. El gobierno tuvo que retirar esa propuesta y convocar a un “diálogo nacional” para apagar el incendio que él mismo había alimentado. Meses después, en marzo de 2021, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó para Costa Rica un acuerdo ampliado (SAF/EFF) por alrededor de USD 1.778 millones. Esa aprobación vino atada a la narrativa de “reformas indispensables” y a una agenda fiscal que terminó negociándose, como casi siempre en Costa Rica, con los partidos del viejo sistema: pactos, mayorías armadas a empujones y costos políticos trasladados al ciudadano.

¿Ejemplo? La Ley Marco de Empleo Público. Se aprobó en segundo debate el 7 de marzo de 2022 con 39 votos a favor y 13 en contra, y fue presentada como parte de la agenda vinculada al acuerdo con el FMI. Es legítimo debatir su contenido, a favor o en contra. Lo que no es legítimo es que Alvarado se venda como “outsider” o “renovador” cuando su gobernabilidad dependió de negociaciones con las mismas estructuras partidarias que hoy pretende señalar con condescendencia. Si el país quiere claridad, empecemos por llamar las cosas por su nombre.

En transparencia y manejo institucional, el episodio UPAD fue un parteaguas. El 28 de febrero de 2020 la Fiscalía allanó Casa Presidencial, Mideplán y viviendas por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, investigando posibles delitos vinculados con tratamiento de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. A partir de ahí, el gobierno pasó de la pose tecnocrática a la defensiva permanente. Esa es la clase de “incidente” que no se borra con un video de dos minutos y un tono de “yo sí soy decente”.

Y en pandemia, el país vivió una gobernanza más obsesionada con el decreto que con la persuasión. Hubo medidas como el uso del código QR como requisito de acceso en ciertos contextos y la vacunación obligatoria para funcionarios públicos. La Sala Constitucional, por ejemplo, rechazó una acción contra el decreto que establecía la vacunación obligatoria en el sector público (comunicado del 6 de enero de 2022). El punto no es reabrir una guerra sanitaria. El punto es recordar el estilo: un gobierno que prefería el “se ordena” antes que el “se convence”, y que confundió legitimidad con legalidad.

Así que cuando hoy Alvarado sale a decir, con cara de mármol, que “si en algo se equivocó fue en traer a Chaves al país”, lo que hace no es asumir responsabilidad. Lo que hace es un intento de traslado de culpas: convertir un nombramiento en chivo expiatorio para esquivar el balance total de su administración. El país no necesita esa gimnasia moral. Necesita honestidad intelectual, porque el deterioro que vivimos no nació ayer ni se arregla con un video oportunista.

Alvarado tiene derecho a hablar. Nadie lo ha exiliado. Pero si va a reaparecer, que sea con algo más que un sermón. Que explique, con la misma vehemencia con que hoy acusa, por qué su gobierno terminó con un respaldo tan frágil, por qué su ruta fiscal detonó protestas, por qué su administración cargó con el lastre del caso UPAD, y por qué su modelo de gobernanza se percibió como distante, reglamentarista y, en demasiados momentos, soberbio.

Porque lo verdaderamente ofensivo no es que critique a Chaves. Lo verdaderamente ofensivo es que intente hacerlo desde una superioridad moral que los datos, los hechos y la memoria pública no le conceden. Si va a salir de las sombras, que sea para rendir cuentas, no para repartir indulgencias. Y si lo que busca es “dar lecciones”, entonces que empiece por la primera: en democracia, la credibilidad no se improvisa. Se paga. Y él dejó la factura sobre la mesa.

Fuentes consultadas (selección)
 INEC (04/03/2021). “Desempleo nacional es de 19,1 %”.
 INEC (15/10/2020). “Pobreza por ingresos alcanzó un 26,2 %”.
 INEC (21/10/2021). “Incidencia de pobreza en hogares es de 23,0 %”.
 FMI (01/03/2021). Comunicado: acuerdo ampliado de 36 meses para Costa Rica por USD
1.778 millones (SAF/EFF).
 El Financiero (04/10/2020). Retiro de la propuesta inicial de negociación con el FMI y
anuncio de diálogo nacional.
 France 24 (06/10/2020). Protestas y bloqueos contra plan de financiamiento con el FMI.
 Semanario Universidad (28/02/2020). Allanamientos por caso UPAD.
 Asamblea Legislativa (Informe UPAD). Documentación de la comisión investigadora (Exp.
21818).
 Sala Constitucional (06/01/2022). Comunicado: rechazo de acción contra decreto de
vacunación obligatoria para funcionarios públicos.
 Delfino.cr (07/03/2022). Aprobación de la Ley Marco de Empleo Público en segundo debate
(39 a favor, 13 en contra).
 CIEP-UCR (22-23/03/2022). Resultados: valoración negativa alta al cierre de la
administración Alvarado.
 IDESPO-UNA (2022). Informe: valoración promedio 5,03 para el presidente Carlos
Alvarado.
 Teletica y CRHoy (08/01/2026). Cobertura del video público de Carlos Alvarado dirigido a
Rodrigo Chaves.

Nota editorial – MUNDO ACR

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#VOCESDEOPINION El Lloriqueo en las Trincheras Mediáticas. Cuando el agua les llega al cuello y el eco de los escándalos propios no se disipa, los exfuncionarios se van a las trincheras de los medios tradicionales a llorar por la ‘erosión democrática’. La más reciente en salir del silencio cómodo es Fiorella Salazar Rojas, exministra de Justicia y Paz del gobierno del Charly Alvarado PAC,

que nos regala una columna titulada “Hora de comprar la silla de montar”. Una frase, un llamado a la alarma, que resulta de un cinismo tan exquisito que solo puede ser producto de la amnesia selectiva más severa. Ella, que sirvió en una administración que puso la ética en liquidación, ahora nos da cátedra sobre moralidad institucional.

La señora Salazar nos recuerda la máxima: si la evidencia es abundante, hay que comprar la silla de montar y aceptar la realidad. ¡Y tiene toda la razón! La evidencia es abundante. Lo que a la exministra se le olvida es que la mayor abundancia de evidencia de desorden institucional la vimos precisamente bajo la sombrilla del Partido Acción Ciudadana (PAC) en el que ella fungió.

Ella denuncia, con tono de tragedia griega, que el país vive un momento inédito: dos Poderes pidiendo el levantamiento de la inmunidad al Presidente. ¡Qué alarma tan conveniente! ¿Dónde estaba su columna sobre el silencio cómplice cuando el país descubrió que, bajo su responsabilidad, los presos disfrutaban de un “hotel con spa” en las cárceles, con privilegios de lujo y comodidades que ni el ciudadano honrado puede costear?.

El problema con la señora Salazar es que su alarma no es por la salud de la democracia, es por la salud del statu quo que su partido ayudó a construir. Habla de instituciones sólidas, de equilibrio de poderes y de que la ley es el escudo, pero lo hace con la misma seriedad con la que un pirómano vende extintores después de quemar un edificio.

La Exministra, que estuvo a cargo de la Justicia y la Paz, advierte sobre los peligros del autoritarismo por una “sugerencia de destierro” de un diputado. ¡El terror! Ella prefiere atacar un dicho verbal de un opositor que los hechos concretos de su propio partido: ¿Dónde estaba su columna sobre el silencio cómplice cuando el país aplaudía la indiferencia de su gobierno ante el despilfarro de recursos o cuando la confianza en el sistema judicial estaba por el suelo a causa de los escándalos que salpicaron a sus colegas?. Señora Salazar, cuando usted estaba en el puesto, la erosión democrática no anunció su llegada; ella ya estaba cenando en Zapote. Y se sentó a la mesa con el permiso de su administración.

El mensaje final de la Exministra es una joya de la ironía: “Las democracias no solo mueren con golpes de Estado; mueren también con aplausos, con indiferencia y con silencios cómplices.”

La ciudadanía, con la inteligencia bien puesta, responde: La democracia en Costa Rica estuvo en cuidados intensivos durante ocho años, no por un ataque externo, sino por el abandono y la negligencia interna de la administración en la que usted participó. Su utopía de hoy, “que no se confunda la justicia con revancha”, es la defensa clásica del derrotado que no puede aceptar que la justicia, a veces, simplemente cobra la factura que su partido dejó pendiente. Antes de pedir que otros compren una silla de montar, la exministra debería explicar por qué su gestión y su partido dejaron las instituciones tan débiles y el país tan desorientado durante su periodo en el poder.

Crítica por Aníbal Newman

Nota del editor:

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La génesis del problema se remonta a 2020, bajo la administración de Carlos Alvarado Quesada, cuando el BCR y su subsidiaria, BCR SAFI, realizaron la compra de una propiedad industrial conocida como Parque Empresarial del Pacífico (PEP). Lo que se vendió como un negocio de alto rendimiento, resultó ser una inversión con fuertes cuestionamientos. Años después, la propiedad, por la que se pagó un valor de $70 millones, ha sido tasada en apenas $34,7 millones, revelando una significativa pérdida de valor.

La exigencia de protección para miles de inversionistas

Ante la evidente afectación al fondo de inversión, la Sugeval intervino para proteger a los inversionistas. El superintendente general de Valores, Tomás Soley, ordenó al BCR compensar la pérdida con fondos propios. La decisión busca resguardar el dinero de miles de costarricenses, ya que el fideicomiso no solo incluye a individuos, sino que los fondos de pensiones tienen una participación superior al 30%.

Sin embargo, el BCR ha rechazado la orden de la Sugeval, dando inicio a una compleja batalla legal. Tras apelar, sin éxito, ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el banco optó por llevar el caso al Tribunal Contencioso Administrativo. Este movimiento, según Soley, prolongará el proceso para los afectados.

Un futuro financiero incierto

La Junta Directiva del BCR ha argumentado que es la orden de la Sugeval la que pone en riesgo los fondos públicos, al obligar al banco a transferir su capital. Esta postura es rechazada por la Sugeval, que insiste en que el riesgo fue creado por la decisión inicial del BCR.

Mientras la disputa legal avanza, los inversionistas afectados han exigido transparencia al BCR para conocer el plan de acción y el futuro de sus fondos. Por ahora, el desenlace del conflicto sigue siendo incierto, dejando en vilo a quienes confiaron su patrimonio en la entidad bancaria.

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