Rudín calificó el intento de sanción como “espuria” y sostuvo que obedece a “intereses particulares” y a un presunto clientelismo heredado de la anterior administración municipal.

“Nueve regidores de San José priorizan la compra de 16 carros eléctricos de lujo… e intentan castigar al alcalde municipal por no despilfarrar casi 500 millones de colones”, afirmó la regidora.

Conflicto por competencias y uso de fondos

La regidora explicó que, tras la asunción del nuevo alcalde, la administración determinó que los recursos debían enfocarse en maquinaria operativa, mantenimiento de calles y servicios directos a la ciudadanía.

Rudín indicó que la compra, que se intentó adjudicar en enero de 2024, destinaba vehículos a la Auditoría Municipal y a la Segunda Vicealcaldía, entre otras áreas.

La regidora enfatizó en el marco legal del municipio.

“El Concejo Municipal no tiene competencias para sancionar al alcalde. No existe una jerarquía entre ambos, al ser un órgano bifronte, por lo que un órgano no puede sancionar al otro”, detalló Rudín sobre la ilegalidad de la medida.

Críticas al Auditor y antecedentes del Caso Diamante

Rudín formuló una crítica directa al Auditor Municipal. La regidora cuestionó que, en el contexto del Caso Diamante (investigación por presuntas dádivas y sobreprecios en obra pública), el auditor no recomendara la suspensión del exalcalde.

La regidora preguntó de forma retórica al funcionario municipal sobre la selectividad de sus acciones.

“¿Por qué por no querer despilfarrar el dinero público sí recomienda sanciones al actual alcalde, pero por presuntas dádivas y sobreprecios no? ¿A quién responde él?”, cuestionó Rudín.

Los nueve regidores señalados por votar a favor de la sanción pertenecen a diversas fracciones, incluyendo el PLN, Frente Amplio, PUSC y regidores independientes. La regidora denunció que un regidor le hizo una amenaza personal al finalizar la sesión.

La sanción será conocida formalmente en las próximas sesiones del Concejo. El alcalde mantiene la postura de priorizar la inversión en beneficio directo de la población.

@rudinjuntossjo

9 regidores de San José priorozan la compra de 16 carros eléctricos de lujo valorados en 500 Millones de colones que NO se necesitan e intentan castigar al Alcalde Municipal por NO despilfarrar casi 500 millones de colones en carros de lujo que NO son necesarios

♬ original sound – Andrea Rudín SJO

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El Partido Liberación Nacional (PLN) se alista para definir a sus candidatos a diputados este sábado 13 de septiembre. La selección, que tendrá lugar en una Asamblea Nacional, ha delineado una lista de figuras prominentes, con el exalcalde de Siquirres, Mangell McLean, en el primer lugar por la provincia de Limón. A pesar de su posición destacada, la trayectoria de McLean se encuentra ensombrecida por un historial de controversias que han motivado investigaciones legales y escrutinio público.

Irregularidades presupuestarias por ¢1.387 Millones

Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado que Mangell McLean, en su rol como alcalde de Siquirres, autorizó ilegalmente modificaciones presupuestarias por un total de ¢1.387,42 millones durante los ejercicios económicos de 2020, 2021 y 2022. La CGR determinó que estas acciones contravienen el artículo 109 del Código Municipal, el cual otorga la potestad exclusiva de aprobación presupuestaria al Concejo Municipal.

• En 2021, McLean autorizó ajustes por ¢540 millones, representando el 58% de las modificaciones de ese año, superando los ¢390 millones aprobados por el Concejo.
• En 2020, el alcalde aprobó 11 de 16 modificaciones, sumando ¢694,2 millones.
• McLean admitió a La Nación haber realizado estos cambios, justificándolos como un “error de interpretación” de un reglamento interno municipal. La CGR, sin embargo, reiteró que ningún reglamento local puede prevalecer sobre el Código Municipal.

Acusaciones de Enriquecimiento Ilícito

A esta situación se suman las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. Según una investigación, McLean y su vicealcaldesa, Sara Méndez Morales, habrían cobrado compensaciones salariales de manera presuntamente ilegal. Ambos, educadores de profesión, recibieron pagos por prohibición para ejercer profesiones liberales, a pesar de que la Procuraduría General de la República ha reiterado que la docencia no califica como tal.

Los cálculos indican que McLean habría recibido un sobresueldo de ¢19 millones, lo que elevó su salario mensual a ¢4.888.000. El caso ha sido denunciado ante múltiples instancias, incluyendo la Fiscalía General, donde se investigan los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y prevaricato.

Vínculos con el Caso “Diamante”

El nombre de McLean también aparece en el expediente judicial del caso “Diamante”, una investigación sobre corrupción en obra pública. El Ministerio Público y el OIJ lo señalan por supuestamente negociar dádivas con la Constructora MECO a cambio de favorecer a la empresa en una licitación de ¢968 millones. Una llamada telefónica interceptada el 2 de abril de 2020 hace referencia a la entrega de “un melón” (un millón de colones) al funcionario.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto, McLean negó conocer a los funcionarios de MECO y se negó a comentar sobre las transcripciones telefónicas que lo vinculan con la constructora. La diputada Sofía Guillén destacó en esa misma sesión cómo la concentración de contratos de obra pública en Siquirres se incrementó a favor de MECO, alcanzando el 100% en 2020.

Las múltiples acusaciones de gestión irregular y presunta corrupción plantean un panorama de intensa polémica en torno a la candidatura de Mangell McLean, justo en el momento en que el PLN define a sus representantes para la próxima legislatura.

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El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José anuló resoluciones que clasificaban el Caso Diamante como crimen organizado, poniendo en riesgo pruebas clave como las intervenciones telefónicas. La decisión se basó en errores cometidos por la jueza Juliana Cristina Jiménez Alpízar, quien utilizó resoluciones con textos que no correspondían al caso, afectando la fundamentación del fallo.

El juez Ricardo Alvarado Calderón acogió las apelaciones presentadas por los abogados de los imputados y ordenó devolver el expediente 20-009616-0042-PE al juzgado de origen. Según el fallo, la jueza utilizó “machotes” o formatos preexistentes de otros casos, incluyendo uno relacionado con un homicidio, lo que generó dudas sobre la validez del proceso.

El Caso Diamante investiga una presunta red de sobornos de la empresa Constructora MECO S.A. a alcaldes municipales a cambio de beneficios en proyectos viales. Entre los investigados figuran los alcaldes Johnny Araya (San José), Alfredo Córdoba (San Carlos), Mario Redondo (Cartago), Humberto Soto (Alajuela), Alberto Cole (Osa) y Arnoldo Barahona (Escazú).

Otro punto señalado por los defensores es que, al momento de aprobar el procedimiento especial de crimen organizado, la ley que lo avalaba no estaba vigente, un error que la Fiscalía inicialmente defendió, pero luego reconoció.

Los abogados argumentan que la invalidación de la clasificación como crimen organizado podría afectar pruebas clave, especialmente las intervenciones telefónicas, ya que este tipo de delitos no estaban dentro de la lista autorizada para realizar escuchas. La resolución del tribunal deja al Ministerio Público sin la posibilidad de aplicar este procedimiento especial, lo que podría debilitar la causa contra los imputados.

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