La exdiputada María Marta Carballo aseguró que el principal problema del sistema no es la falta de edificios o equipos médicos, sino la escasez de especialistas dentro de la CCSS.

A través de una publicación en Facebook, Carballo respondió a declaraciones de la diputada Yanis Sandí y cuestionó que se siga defendiendo la idea de que las listas de espera se explican principalmente por infraestructura.

Según afirmó, existen hospitales y servicios que actualmente trabajan por debajo de su capacidad debido a la falta de especialistas en distintas áreas médicas.

Durante su intervención mencionó casos como el Hospital Tony Facio en Limón, donde aseguró que hay salas de ultrasonido sin radiólogos, quirófanos que no operan a plena capacidad y servicios médicos que permanecen parcialmente cerrados.

También señaló situaciones similares en Guápiles y en el nuevo hospital de Puntarenas.

Para Carballo, el problema no es únicamente construir más infraestructura, sino garantizar personal especializado suficiente para utilizar la capacidad ya existente dentro del sistema de salud.

La exdiputada también lanzó críticas hacia los procesos de formación de especialistas en Costa Rica.

Según afirmó, muchos médicos generales enfrentan dificultades para acceder a especialidades y existen cuestionamientos sobre cómo se manejan actualmente esos procesos.

En su publicación incluso hizo referencia a observaciones realizadas anteriormente por auditorías institucionales relacionadas con criterios y mecanismos de formación médica.

El intercambio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que cada vez aparece con más fuerza dentro del tema de salud pública: si el principal cuello de botella en las listas de espera está en la infraestructura, en la formación de especialistas o en una combinación de ambos factores.

Mientras tanto, miles de pacientes continúan esperando citas, cirugías y procedimientos dentro del sistema público de salud.

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La Sala Constitucional presentó esta semana un informe en el que destaca que el 95,13% de sus sentencias con órdenes concretas han sido cumplidas entre 2018 y el primer trimestre de 2026.

A primera vista, la cifra proyecta una imagen de fuerte acatamiento institucional.

Sin embargo, el mismo informe incorpora otro dato que matiza esa narrativa: los desacatos a resoluciones de la Sala han venido creciendo de forma sostenida en los últimos años.

La cifra pasó de 196 casos en 2021 a 389 en 2022.
Luego subió a 533 en 2023, 659 en 2024 y alcanzó 788 en 2025.

Es decir, mientras el tribunal destaca un alto porcentaje global de cumplimiento, sus propios números muestran que el incumplimiento a sus órdenes también viene aumentando de manera importante.

La tendencia abre una pregunta de fondo sobre el peso práctico de las resoluciones constitucionales: qué tan sólida es la autoridad real de un tribunal cuando los desacatos aumentan de forma sostenida y las sanciones severas siguen siendo excepcionales.

El propio informe indica que, frente al incumplimiento, la Sala ha optado principalmente por insistir antes que sancionar.

La medida más utilizada ha sido la figura de “se reitera”, aplicada en 3.317 ocasiones.

En contraste, apenas se reportan:

• 20 procedimientos administrativos abiertos, y
• 31 testimonios de piezas enviados al Ministerio Público.

La diferencia entre miles de reiteraciones y un número reducido de acciones punitivas alimenta otra lectura institucional, la Sala parece privilegiar la presión progresiva sobre el castigo directo como mecanismo de cumplimiento.

Ese modelo puede interpretarse como prudencia institucional.

Pero también plantea interrogantes sobre si la insistencia reiterada, sin mayor uso de sanciones, termina erosionando la percepción de fuerza coercitiva detrás de sus resoluciones.

El fenómeno adquiere mayor relevancia considerando que entre las entidades con más incidencias de incumplimiento figuran precisamente instituciones centrales del aparato estatal, como la CCSS, el Poder Ejecutivo y gobiernos locales.

Más que una crisis de autoridad, los datos sugieren un escenario más complejo: una institución que mantiene alta capacidad de cumplimiento general, pero que al mismo tiempo enfrenta señales crecientes de resistencia, saturación o desgaste en la ejecución práctica de sus órdenes.

En otras palabras, el informe no solo muestra cuánto se cumple.

También deja entrever cuánto debe insistir la Sala para que se cumpla.

Y en política institucional, esa diferencia también importa.

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La Comisión Especial que analizó presuntas irregularidades enviará dos documentos. Uno será presentado por la diputada Andrea Álvarez y el otro por el diputado Daniel Vargas.

El informe que obtenga mayoría dentro de la comisión será el primero en discutirse en el Plenario. En la práctica, ese documento servirá como base inicial para mociones, recomendaciones o eventuales acuerdos legislativos.

El segundo quedará como informe de minoría y también podrá debatirse, pero necesitará respaldo adicional para avanzar.

Durante más de un año, los informes comisión CCSS se construyeron a partir de audiencias sobre la administración de Ebais, el sistema ERP, listas de espera, médicos especialistas y el portafolio de inversiones.

Álvarez ha señalado que, desde su perspectiva, decisiones adoptadas hasta 2024 implican responsabilidad política en ese periodo administrativo. Otros diputados no han detallado públicamente el contenido final de sus conclusiones.

Una vez en el Plenario, los informes comisión CCSS podrán discutirse y votarse. De ese proceso podrían derivarse recomendaciones políticas o traslados a otras instancias.

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Las listas de espera en la Caja no comenzaron en 2024. Son un fenómeno acumulado de varios años que involucra consultas, procedimientos y cirugías pendientes.

Actualmente, el sistema reporta 1,3 millones de personas en listas de espera y cerca de 200.000 pendientes de cirugía. En ese contexto se discute el proyecto 24.015, que busca modificar cómo la CCSS forma, incorpora y retiene a los médicos especialistas.

La iniciativa parte de un planteamiento concreto: cuando la formación de un especialista se financia con recursos públicos, debe existir un mecanismo que permita que esa inversión se traduzca en prestación efectiva de servicios dentro del sistema.
Hoy el modelo permite cumplir con la retribución social trabajando tres años para la institución o pagando un monto equivalente al 8% del salario.

La diputada proponente considera que ese esquema debe revisarse para asegurar mayor permanencia en el sistema público.

Según datos oficiales, desde agosto de 2024 se han registrado más de 200 renuncias de especialistas. Esto ha reducido la disponibilidad de horas médicas en distintas áreas.

Sin embargo, las listas de espera responden a múltiples factores acumulados a lo largo del tiempo, entre ellos la demanda creciente de servicios, la disponibilidad histórica de especialistas y la capacidad operativa del sistema. El proyecto plantea tres modificaciones principales:
Crear un examen nacional único para regular el ingreso a especialidades. Ajustar el esquema de retribución social. Permitir declarar escasez en determinadas especialidades para habilitar mecanismos extraordinarios de contratación, incluso de médicos formados en el extranjero.

Las posiciones en torno a la propuesta están divididas. El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas ha expresado objeciones al proyecto. Otras voces advierten que cualquier reforma debe considerar condiciones laborales que favorezcan la permanencia de los profesionales en el mediano plazo.

Quienes respaldan la iniciativa sostienen que es necesario revisar el modelo actual para fortalecer la capacidad de atención del sistema público.
El expediente acumula más de 200 mociones y su avance dependerá de acuerdos legislativos en las próximas semanas o de su continuidad en la siguiente legislatura.

El debate gira en torno a cómo equilibrar inversión pública en formación médica, estabilidad profesional y reducción progresiva de las listas de espera.

Lo importante no es el titular. Es lo que cambia en su bolsillo.

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