Documentos de la Corte del Distrito Este de Nueva York y de la Corte de Dallas, Texas, han puesto al descubierto la supuesta participación del exmagistrado costarricense Celso Gamboa Sánchez en una red de narcotráfico a gran escala. Según los expedientes, Gamboa era el enlace para Centroamérica entre dos de las mayores organizaciones criminales del hemisferio: el Cártel de Sinaloa de México y el Clan del Golfo de Colombia.

Las pruebas del FBI y la DEA contra Gamboa

La acusación formal de Estados Unidos, que ha llevado a la solicitud de extradición de Gamboa, se basa en una serie de pruebas contundentes. Una declaración jurada de un agente especial del FBI, presentada ante el Tribunal Penal de San José, revela operaciones de tráfico de cocaína y transacciones millonarias.

• Pagos millonarios: Un testigo colaborador reveló que estuvo a cargo de coordinar un pago de $16 millones a México, parte de las ganancias del trasiego de cocaína. El agente encubierto del FBI asegura que Gamboa participó en estas transferencias.
• Evidencias en audio y video: La documentación presentada incluye “pruebas electrónicas legalmente obtenidas”, como grabaciones de audio y video que vinculan a Gamboa con las operaciones delictivas.
• Testimonios clave: Dos exsocios de Gamboa, extraditados a Estados Unidos, han brindado revelaciones a la DEA y aportado pruebas para vincularlo con la red transnacional.

El rol de Gamboa: “Miembro y líder” de la OTD

Los documentos estadounidenses describen a Celso Gamboa como un “miembro y líder de la OTD (Organización de Tráfico de Drogas) con sede en Costa Rica”. Su rol, según la investigación, era coordinar la recepción de cocaína del Clan del Golfo en Costa Rica y redistribuirla a socios en Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos.

La sofisticación de la organización queda de manifiesto en los métodos de transporte utilizados: lanchas rápidas, embarcaciones sumergibles, aeronaves y camiones. Un expediente incluso lo vincula a una pista clandestina en Sixaola, cerca de la frontera con Panamá. La acusación también detalla la supuesta corrupción, indicando que Gamboa habría garantizado el ingreso de droga a Costa Rica gracias a sus contactos en el gobierno y el Servicio Nacional de Guardacostas.

Vínculos directos con “El Mayo” Zambada

Un elemento clave de la investigación es la conexión directa con el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada. La acusación contra “El Mayo”, que se declarará culpable en los próximos días en Nueva York, señala su uso de rutas en Centroamérica para el tráfico de cocaína. De forma simultánea, el expediente de Dallas acusa a Gamboa de ser el enlace para la región. Esta coincidencia en la forma de operar, incluyendo el uso de rutas aéreas y marítimas, refuerza la tesis de las autoridades de Estados Unidos.

Actualmente, Gamboa se encuentra en prisión provisional, a la espera de la resolución de su proceso de extradición.

Resumen del caso Celso Gamboa:

• Acusación: Es señalado como líder de una red de narcotráfico y enlace entre el Cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo.
• Pruebas: El FBI y la DEA tienen grabaciones de audio y video, así como testimonios de colaboradores y pruebas documentales.
• Millonario monto: Se revelan transacciones de hasta $16 millones a México, supuestamente coordinadas por Gamboa.
• Estado actual: Gamboa está en prisión provisional mientras se resuelve su extradición a Dallas, Texas.

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De los supremos poderes e institucionalidad para ponerlos a su entero servicio en medio del mayor abandono, burla y desprecio hacia el ciudadano común. Todo, ejecutado con maestría bajo el signo abracadabrante de la demagogia, las falsas promesas, la retórica de celofán, los pactos bajo la mesa y los egos alucinados.

Desde improvisando modelos económicos y sociales diseñados, a la mala, para perpetuarse en el poder y enriquecerse, hasta articulando un Estado con ínfulas imperiales y absolutismo macabro. Con servidores, aduladores, cómplices y demás arribistas en puestos clave para asegurarse privilegios, influencias, votos, nombramientos a dedo y reformas a la medida de su angurria política.

Haciendo de la ley su fusil contra el pueblo y, del patrimonio de este, su arca y bacanal para atropellar derechos, consumar negocios turbios, hipotecar al país y comprometer la justicia, libertad y democracia de sus ciudadanos.

Una autocracia «made in» PLN diseñada para uso exclusivo suyo y de sus aliados a través de un vasto elenco de diputados, magistrados, fiscales y mandos medios que se cuidan y chinean entre ellos bajo la divina gracia de la institucionalidad.

La Instrumentalización Institucional: De Arias a Gamboa

Lo vimos esta semana en la Asamblea Legislativa con Rodrigo Arias jalándole el pescuezo a la ley para ponerle piedras y palos a la renuncia de Stephan Brunner como vicepresidente de la república. Basta espigar un poco en la jurisprudencia sobre la materia para preguntarse si, bajo la premisa de Arias, Laura Chinchilla no habrá sido una presidenta inconstitucional. ¿Se estará comiendo el pobre Brunner el manjar que Arias le tenía preparado más bien al presidente Chaves si renunciaba al alto cargo? Sí, es el mismo don Rodrigo Arias que un día sí y otro también proclama la defensa de la institucionalidad.

Lo vemos con el Tribunal Supremo de Elecciones mirando para otro lado ante los recurrentes errores, ilegalidades e incumplimientos del PLN en los actuales procesos de inscripción y asambleas electorales.

Lo vemos en las resoluciones de la Sala Cuarta privilegiando programas de farándula en la televisión, tan triviales como insultantes, en detrimento del sano uso de los recursos del Estado.

Lo vemos en casos como el de Celso Gamboa, cuestionado por lavado y narcotráfico, quien se paseaba mondo y lirondo por los tres poderes de la república en medio del silencio cómplice y sepulcral de todo el mundo.

La Lucha por el Poder: Un Final Anunciado

¿Cuántos «pesos pesados» del PLN vinculados a presuntos fraudes, estafas, malversación de fondos y narco han ido a la cárcel? Cero, y los pocos que han estado a punto de, en segundos se declaran con cáncer terminal.

La instrumentalización que ha hecho el PLN de la institucionalidad se aprecia también con claridad en el caso del TSE cuya presidenta actual es la gran bendecida de Oscar Arias desde 1986. ¿Qué confianza o credibilidad nos puede merecer ese supuesto santuario de la democracia con estructuras vulnerables o tan expuestas a la subjetividad, el padrinazgo y el «te doy, me das»?

De ahí que, al aparecer en escena una figura como la del presidente Rodrigo Chaves, ajena al PLN y enemiga acérrima de su red de cuido, la institucionalidad lo quiera aniquilar del poder a cualquier precio. Lo que explica que esta fauna política de oposición, histérica ante la derrota de 2022 y ante la que ahora teme en 2026, desenfunde todo su arsenal de odio, rencor y venganza contra el actual gobierno y, por ende, del ciudadano común.

Porque, a falta de inteligencia, insulta; a falta de ética, asalta y, a falta de razón, agrede. Presagio de que ya se huele el final. De que ya siente el sainete de la masiva condena popular contra tanta vileza, pequeñez y ruindad.

¡Qué alegría imaginar que ya pronto esas curules, tribunas y estrados podrían ser, al fin, honrados por patriotas genuinamente identificados con la esencia del ser costarricense! Toda una plataforma de lanzamiento para la nueva Costa Rica.

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Un torbellino político sacude a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. La razón: la investigación que el Ministerio Público mantiene abierta contra el diputado Gilberth Jiménez. La pesquisa se centra en supuestos vínculos entre el legislador y personas cercanas al ahora extraditable Celso Gamboa. Esta situación ha desatado una ola de presión, con una mayoría de diputados exigiendo la salida de Jiménez de la presidencia de este foro vital.

Fuentes internas de Diario Extra confirmaron el creciente impulso para presentar una moción formal. Esta buscaría reemplazar al diputado independiente. Sin embargo, la vía para su remoción no es sencilla; expertos legales aclaran que la salida de Jiménez solo puede concretarse si él presenta su renuncia voluntariamente, a lo que, hasta el momento, se niega.

Voces por el Cambio y la Defensa del Señalado

La diputada independiente Gloria Navas, quien previamente encabezó la comisión, es una de las voces más firmes en esta demanda. Navas sostiene que, ante la información que ha emergido sobre el narcotráfico, Gilberth Jiménez debe apartarse de la presidencia. Aclara que no pide su salida de la comisión, sino un cambio en la dirección.

Navas también enfatizó la relevancia del mandato del plenario: investigar la posible penetración del narcotráfico en el Gobierno y sus políticas públicas. Esto, a su juicio, hace aún más riesgoso que Jiménez continúe al frente. “El tema es delicado, es un tema no solo de tipo jurídico-político, sino también de protección a la nación”, afirmó Navas, recalcando la seriedad del caso Celso Gamboa y sus implicaciones.

Desde el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el diputado Horacio Alvarado indicó que su fracción analizará la situación.

Por su parte, Gilberth Jiménez, representante de Desamparados, ha respondido calificando las acciones en su contra como una “persecución”. El congresista mantiene su postura de inocencia y asegura que buscan “manchar su imagen”. Afirma que, bajo su liderazgo, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico sigue trabajando con normalidad. “Seguiré trabajando con la mayor fuerza, con el mayor ímpetu, jamás he sacrificado ni mucho menos traicionado a mi país y tampoco a mis principios y valores”, aseveró Jiménez, defendiendo su integridad.

Entre Dudas y Acusaciones: El Contraste de Versiones

A pesar del receso de la Asamblea Legislativa, el caso sigue generando intensos cuestionamientos y se anticipa una escalada de la presión política. Jiménez insiste en su transparencia y niega cualquier vínculo con las personas ligadas a Celso Gamboa. No obstante, varios legisladores, incluida Priscilla Vindas del Frente Amplio, han manifestado sus dudas. Vindas señala que las explicaciones del presidente de la comisión “generan muchas dudas” y existen inconsistencias en su discurso.

Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), confirmó que su fracción está valorando la situación de la presidencia de la comisión.

Priscilla Vindas también comentó sobre la situación que originó la investigación, donde Jiménez se habría apartado a una mesa con las personas en cuestión: “Yo perfectamente puedo entender que alguien conocido llega a una mesa y se intercambian saludos, lo que yo creo que aquí genera recelo es el hecho que se hayan apartado a una mesa.”

Como respuesta a la investigación del Ministerio Público, Gilberth Jiménez ha presentado una denuncia ante la Corte Plena contra el Fiscal General de la República, Carlo Díaz. Jiménez alega que la investigación en su contra carece de sustento jurídico y se basa en “presunciones subjetivas”. Según el diputado, estas presunciones son alimentadas por presiones externas, manipulación mediática y campañas de desprestigio. Solicita una sanción administrativa contra el fiscal, convencido de que se están violentando sus derechos sin pruebas concluyentes. Este nuevo capítulo añade un matiz de complejidad y tensión al ya delicado ambiente dentro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

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Un nuevo capítulo de tensión se ha abierto en el ámbito judicial y político de Costa Rica. El diputado independiente Gilbert Jiménez ha oficializado una denuncia penal contra el Fiscal General, Carlo Díaz. Esta acción legal surge como respuesta a una investigación que el propio Díaz instruyó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciar contra el legislador.

El motivo de la controversia es un reciente contacto que Jiménez mantuvo con la pareja de un abogado cuya figura está ligada a Celso Gamboa Sánchez, un exministro actualmente en proceso de extradición a Estados Unidos por cargos de tráfico internacional de drogas.

Desde su espacio de control político, el diputado Jiménez no dudó en expresar su firme postura: “El día de hoy he presentado denuncia formal ante los Tribunales de Justicia, con el número 7707-2025, denunciando al señor Carlo Díaz”. Dirigiéndose directamente al Fiscal General, Jiménez añadió: “Señor Fiscal General, yo creo que uno tiene que tener un poquito de dignidad y señoría. No dejarse ir por ese tipo de mentiras y, mucho menos, ceder a presiones de esa índole que nada ayudan a la institucionalidad”.

El legislador defendió su accionar, minimizando el encuentro que desató la polémica. “Ahora resulta que no puedo saludar a una persona conocida”, manifestó, insistiendo en que su interacción se limitó a un simple saludo.

El Corazón del Caso: Un Encuentro en un Restaurante

La cadena de eventos que llevó a esta denuncia inició con una publicación del medio Portavoz este lunes. Dicho reporte reveló que el diputado Jiménez se había reunido con una mujer. Esta persona mantiene una relación sentimental con el abogado Agustín Corrales Chavarría, conocido por ser socio de Celso Gamboa y mencionado en expedientes penales vinculados a actividades de narcotráfico.

El encuentro, que ahora está bajo el escrutinio de las autoridades, tuvo lugar en el restaurante Hacienda Salitrillos, en Aserrí. Curiosamente, este local es propiedad del mismo abogado Corrales.

Demanda de Transparencia y la Firmeza del Diputado

La situación ha resonado en el Plenario Legislativo. Varios diputados, miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, presentaron una moción para que Jiménez brindara explicaciones detalladas sobre lo ocurrido. En la audiencia correspondiente, el legislador sostuvo su versión: la mujer era una conocida, le compartió una situación personal y su interacción duró, según su relato, apenas tres minutos.

A pesar de las solicitudes de algunos de sus colegas para que dejara la presidencia de la comisión legislativa, Jiménez fue enfático en su decisión de mantenerse en el cargo. “Jamás voy a aceptar que se me juzgue, que se me venga a sentenciar y que se presuma una situación irregular donde no la hay”, declaró. El diputado argumentó que ceder a esa petición podría interpretarse como un indicio de culpabilidad o de algo que ocultar. “Y yo no tengo que ver, ni mucho menos. Y seguiré en la presidencia (de la comisión) como corresponda”, concluyó, reafirmando su postura de no dimitir.

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