En una entrevista exclusiva con Líderes del Mundo Hispano de Epoch TV, Scharffenorth detalló cómo el gobierno venezolano ha utilizado las nuevas tecnologías para ejercer su dominio, logrando controlar el 90% de los medios de comunicación, aunque no siempre de forma directa.

Estrategia de control y censura digital

Scharffenorth explicó que, si bien Venezuela no vive un “oscurantismo” total como Corea del Norte, sigue un camino similar al de China en el aspecto tecnológico. Esto se manifiesta en el bloqueo de direcciones IP de sitios de internet considerados “opositores o disidentes”.

El experto mencionó que la mayoría de los canales de televisión de Estados Unidos y los portales de periodistas venezolanos en el exilio están bloqueados, aunque los ciudadanos logran sortear estas restricciones usando redes VPN. Sin embargo, el gobierno ha encontrado un desafío en el control de las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram. Para contrarrestar esto, se ha implementado una estrategia de “mensaje de terror” a través de supuestas leyes antiterrorismo, permitiendo a las autoridades detener a personas y revisar sus celulares en busca de mensajes que vayan en contra del gobierno.

Esta táctica, según Scharffenorth, tiene como objetivo generar miedo en la población y “causar inacción” para evitar que se organice la oposición.

Contexto internacional y tensiones con Estados Unidos

El control de los medios y el supuesto uso de la propaganda se enmarcan en las tensas relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, la relación ha estado marcada por conflictos.

Actualmente, el gobierno estadounidense tiene a Maduro en la mira, acusándolo de utilizar organizaciones terroristas extranjeras para “traer drogas mortales y violencia” a Estados Unidos. Por esta razón, el gobierno de Donald Trump ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por su captura y ha desplegado activos navales y aéreos en el sur del Mar Caribe para combatir las rutas de narcotráfico. En respuesta, el gobierno venezolano ha convocado al alistamiento de la milicia nacional para defender al país ante cualquier amenaza.

Puntos clave del control de medios en Venezuela:

• Control del 90%: El gobierno venezolano ha logrado dominar la mayoría de los medios de comunicación.
• Censura digital: Se bloquean sitios web opositores, aunque los venezolanos usan VPN para acceder a la información.
• Tácticas de terror: Se usan leyes antiterrorismo para detener a personas y revisar sus celulares, generando miedo en la población.
• Tensión internacional: El control de los medios es parte de un contexto de tensas relaciones con Estados Unidos, que ha acusado a Maduro de tener nexos con el narcotráfico.

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A partir de la entrada en vigor de la resolución n. º 4190-E8-2025, ninguna institución del Poder Ejecutivo, administración descentralizada, empresa del Estado, municipalidad o concejo municipal podrá difundir mensajes que exalten los logros de su gestión, ni utilizar la imagen de sus jerarcas en publicaciones oficiales. Esta prohibición aplica tanto para medios de comunicación tradicionales como para redes sociales y plataformas digitales institucionales, independientemente de si hay pago o no.

El objetivo declarado del TSE es salvaguardar la equidad en la competencia electoral y evitar el uso del aparato estatal con fines proselitistas. La medida se basa, además, en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en particular en los casos Capriles vs. Venezuela y Mantilla vs. Nicaragua, que advierten sobre el riesgo de que los gobiernos utilicen los canales oficiales como vitrinas de propaganda política.

Un principio legítimo: evitar ventajas del oficialismo

Desde el punto de vista legal y doctrinal, la decisión del TSE está respaldada por normas constitucionales y tratados internacionales. La Constitución costarricense prohíbe expresamente la beligerancia política de los funcionarios durante el proceso electoral. A su vez, Costa Rica, como signataria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está obligada a acatar las resoluciones de la Corte IDH, que en estos fallos señala que los gobiernos no deben aprovecharse del aparato estatal para favorecer electoralmente a un partido o candidato.

El TSE busca garantizar una contienda justa, donde ninguna agrupación política tenga ventaja sobre otras por ocupar cargos en el poder público. La medida también responde a la necesidad de frenar el uso de recursos públicos con fines electorales y proteger el principio de imparcialidad del Estado.

Pero, ¿dónde termina la información y comienza la exaltación?

Sin embargo, el cambio en la interpretación del artículo 142 genera interrogantes importantes. El principal: ¿puede una administración pública abstenerse de comunicar sus acciones durante varios meses del año, sin afectar el derecho ciudadano a estar informado?

La línea entre “informar” y “exaltar” puede ser difusa. Por ejemplo, si el Ministerio de Obras Públicas publica que se inauguró un puente o se pavimentó una carretera, ¿es un hecho noticioso o una exaltación de logros? Si un jerarca visita una comunidad y se documenta esa visita en redes institucionales, ¿es propaganda o rendición de cuentas?

El riesgo aquí es que se caiga en una interpretación excesivamente restrictiva que limite el derecho a la información y provoque autocensura institucional, bajo amenaza de sanciones. La resolución establece que los funcionarios que infrinjan esta norma podrán ser destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos por un mínimo de dos años.

Impactos potenciales y reacciones esperadas

El efecto inmediato será una disminución considerable en la comunicación institucional, especialmente en redes sociales. Muchos jerarcas podrán optar por no publicar nada durante el período electoral para evitar denuncias o controversias.

Esto puede traducirse en:

• Vacíos informativos sobre programas y proyectos en ejecución.
• Incremento de versiones incompletas o distorsionadas provenientes de actores políticos.
• Desbalance comunicativo si medios privados con afiliaciones ideológicas sí pueden difundir narrativas, mientras el Estado debe permanecer en silencio.

Desde la perspectiva ciudadana, esto podría generar confusión y desinformación sobre el estado real de la gestión pública.

Conclusión: el equilibrio sigue siendo el reto

La resolución del TSE se inscribe en un esfuerzo por garantizar elecciones limpias, evitando el abuso del poder institucional. No obstante, plantea el desafío de encontrar un justo equilibrio entre evitar la propaganda estatal y asegurar el acceso a información de interés público.

La clave estará en la interpretación y aplicación de esta norma por parte del TSE. Si el criterio se torna excesivamente riguroso o se aplica de forma selectiva, podría vulnerarse la libertad de expresión institucional y, por ende, afectar también el derecho ciudadano a informarse.

Costa Rica, como democracia consolidada, debe seguir avanzando en mecanismos que garanticen la equidad electoral, pero sin caer en excesos que limiten innecesariamente la transparencia o la rendición de cuentas.

La vigilancia ciudadana y el periodismo independiente serán fundamentales para monitorear los efectos prácticos de esta resolución, y para asegurar que el equilibrio entre información, transparencia y equidad no se rompa en ninguna dirección.

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Estados Unidos ha lanzado una nueva política. Busca limitar las visas para extranjeros que censuren la libertad de expresión de ciudadanos estadounidenses fuera del país. Esta medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, el 28 de mayo. Rubio sugirió que la política podría afectar también a funcionarios que regulen demasiado a las empresas tecnológicas de EE. UU.

“Durante demasiado tiempo, los estadounidenses han sido multados, acosados e incluso acusados por autoridades extranjeras por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, afirmó Rubio en X (antes Twitter).

El Caso de Brasil: Bolsonaro, Moraes y la Tensión Digital

Un ejemplo claro de esta tensión surge con Brasil. El 21 de mayo, Rubio ya había mencionado posibles sanciones al juez Alexandre de Moraes. Moraes, del Tribunal Supremo de Brasil, supervisa un caso contra el expresidente Jair Bolsonaro. Se le acusa de un intento de golpe tras las elecciones de 2022.

Bolsonaro, quien alega fraude en las elecciones de 2022, es comparado con Donald Trump por muchos conservadores. Esto le ha ganado la simpatía de seguidores de Trump.

Trump y otros críticos acusan a Moraes de exceder su poder. Dicen que ha intentado bloquear plataformas con sede en EE. UU. en Brasil. Esto ocurrió al enfrentarse a X y Rumble. El juez les pidió suspender cuentas de Allan dos Santos, un aliado de Bolsonaro. Santos está acusado de difundir información falsa.

Moraes ordenó el bloqueo nacional de X en Brasil en agosto de 2024. Esto fue porque la plataforma no eliminó ciertas cuentas. Elon Musk, dueño de X, al principio se negó. Luego cumplió la orden. Sin embargo, el 25 de febrero, Moraes multó a X con 1.42 millones de dólares por no cumplir inicialmente.

A principios de año, el 19 de febrero, un juez de EE. UU. falló a favor de Trump Media & Technology Group y su plataforma Rumble. Su demanda era contra Moraes. La disputa era por órdenes de eliminar cuentas con sede en EE. UU. de su plataforma.

Europa y la DSA: Choque de Ideologías sobre la Libertad de Expresión

El debate sobre la libertad de expresión frente a la moderación de contenido llega también a Europa. La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea es un punto clave. Esta ley, que entró en vigor en febrero de 2024, modera cómo las plataformas digitales muestran su contenido.

Esto choca con el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda de EE. UU. Por ello, hay tensiones entre ambos. En Estados Unidos, la libertad de expresión es una base de la democracia. En Europa, la libertad de expresión se ve como algo a proteger con pautas claras.

JD Vance, vicepresidente, criticó a la UE el 11 de febrero en París. Acusó a la Unión Europea de “exportar censura autoritaria” a EE. UU. Dijo que la DSA está “estrangulando” a las plataformas digitales estadounidenses.

Empresas como Meta, X y Google están siendo investigadas por la UE por la moderación de sus contenidos. Hasta ahora, no hay sanciones. Pero la tensión es alta. Hay amenazas de sanciones o aranceles. La UE no parece dispuesta a ceder.

Samuel Samson, asesor del Departamento de Estado, también cuestionó los métodos de censura en el Reino Unido y Alemania. Describió la DSA como “moderación de contenidos orwelliana”. Señaló casos como los de Adam Smith-Connor y Livia Tossici-Bolt. Ambos fueron detenidos en el Reino Unido por rezar en silencio cerca de clínicas abortivas.

Samson y figuras como Elon Musk han especulado sobre ataques de Europa al conservadurismo. Por ejemplo, el partido alemán Alternative für Deutschland fue calificado de “organización extremista”. Esto por su postura antiinmigración, entre otras políticas. Esto lo enfrenta a los intereses de la UE y podría llevar a su exclusión como partido.

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