Esta narrativa no es periodismo; es manipulación fiscal y desinformación intencionada. La verdad es que la tarifa alta no es una “opción política”, sino una obligación legal y financiera ineludible que protege al país de una crisis de endeudamiento perpetuo. El verdadero debate no es entre un boleto barato y uno caro, sino entre la sostenibilidad fiscal y la irresponsabilidad del cheque en blanco.

La única promesa que el Gobierno está obligado a cumplir, según la Constitución y la legalidad presupuestaria, es la responsabilidad fiscal del Estado. El modelo anterior (PAC, 2018-2022) fracasó no por política, sino porque la tarifa propuesta de ₡600 creaba un “Mamotreto Fiscal” insostenible.

La ilegalidad del subsidio perpetuo: El veredicto inapelable

El diseño del tren PAC (un modelo de concesión de obra pública con tarifa baja) obligaba al Estado a una deuda operativa garantizada, lo que lo hacía ilegalmente inviable:

1. Garantía de Ingresos Mínimos al Privado: El contrato de concesión exigía que el Gobierno garantizara a la empresa privada un nivel mínimo de ingresos por la venta de boletos.
2. El Cheque en Blanco Anual: Dado que el costo operativo anual del tren superaba masivamente el ingreso por la tarifa de ₡600, el Estado se comprometía a pagar la diferencia en subsidios: US50aUS150 millones ANUALES de fondos públicos durante la duración del contrato (30 años).
3. El Veradero Riesgo Fiscal: Este compromiso representaba una deuda operativa acumulada de cientos de millones de dólares que hipotecaba el presupuesto nacional.
4. Veredicto Legal Irrefutable: El tren PAC fue declarado fiscalmente insostenible por la Contraloría General de la República (CGR) y los bancos internacionales (BCIE y BEI). Ningún Gobierno podía legalmente firmar un contrato que obligara al Estado a esa deuda operativa masiva e indefinida.

La única manera de cumplir la ley costarricense y obtener el financiamiento internacional para un tren eléctrico era eliminar completamente el subsidio operativo estatal, lo que obligó a adoptar el diseño racional actual.

Titular de crhoy: Engaño y omisión deliberada.

El titular que enarbola la oposición (“Tren sin subsidio pero con tarifa de $2.30″) utiliza el conector “pero con” para establecer una falsa disyuntiva y desviar el foco del debate.

Al centrarse solo en la tarifa y contrastar los ₡1.150 del tren con los ₡705 del bus actual, el medio ignora la principal pregunta que los costarricenses deben hacerse:

¿Qué es más caro para el ciudadano: pagar ₡445 más en un boleto (un dólar menos) o pagar cientos de millones de dólares en subsidios con sus impuestos, reduciendo los fondos para salud, educación y seguridad?

La tarifa de $2.30 no es un capricho; es el punto de equilibrio financiero mínimo que asegura que los ingresos por boletos cubran la Operación y Mantenimiento (O&M) del tren sin comprometer el Presupuesto Nacional.

El precio de la responsabilidad fiscal.

El Gobierno actual no rompió la promesa de tener tren; rompió la trampa fiscal de la oposición.

La tarifa de $2.30 es el precio de la Responsabilidad Fiscal. Es el costo de construir un sistema de transporte moderno, necesario y con tecnología limpia, sin hipotecar el futuro de las finanzas públicas.

El Estado costarricense está obligado por ley a no comprometer fondos públicos en una deuda operativa perpetua. Esta obligación legal (respaldada por la CGR) hace que la tarifa actual, aunque más alta que el bus, sea la única opción legal y fiscalmente responsable para el país. El verdadero beneficio no es la longitud de la vía, sino el blindaje de las finanzas públicas que este modelo asegura a largo plazo.

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